Combate a la corrupción y a la impunidad

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ENSAYO ANTOLÓGICO DIDÁCTICO

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Héctor Rodríguez Espinoza

“Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo y que las leyes no lo protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto sacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.”

Ayn Rand (1905-1982) La Rebelión de Atlas. N. en San Petersburgo, filósofa y escritora estadounidense (de origen ruso).

“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los de sin ética, lo que más preocupa es el silencio de los buenos…”

Martín Luther King

El pueblo mexicano, desde su vida independiente a principios del siglo XIX, expresó su voluntad de darse su forma de gobierno.

La Carta magna vigente de 1917, dispone que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y que fue voluntad de éste constituirse en una República representativa, democrática y federal. Además, al caracterizar a la educación que imparta el Estado, dispone que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria, y la conciencia de la solidaridad internacional en la justicia; y sabiamente define a la Democracia, no solamente como estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.           

De acuerdo con la teoría más generalmente aceptada del Derecho, éste es un fenómeno cultural que se manifiesta mediante un conjunto de normas coactivas que regulan la conducta social, en cuyo substrato subyacen valores históricamente decantados y socialmente aceptados, en una época y lugar determinados.

¿Cuáles son, entre otros, los valores que soportan nuestra estructura política, forma de gobierno y sistema económico, social y cultural del pueblo? Sin duda son: Independencia, Soberanía, Solidaridad y paz, en lo exterior; y  Democracia, Lealtad, Amor a la patria, Libertad, Honra, Estado de Derecho y Justicia, en lo interior.

            El concepto de corrupción pertenece al campo de la Ética y de la Moral. Como estas dos disciplinas suelen ser usadas en forma indistinta, no está por demás recordar que la palabra ética proviene del griego éthos, que indica un tipo más fijo de costumbres y se utiliza a menudo para designar el carácter del hombre. La palabra latina para costumbres es mores, el equivalente del éthos griego. De mores derivamos moral y moralidad. La ética es llamada también filosofía moral. Por derivación de la palabra, pues, la ética es el estudio de las costumbres humanas. Algunas de éstas, más que maneras o convencionalismos sociales, son más fundamentales, como la de decir la verdad, pagar nuestras deudas, honrar a nuestros ancestros y respetar la vida y derechos de los otros. Estas costumbres, al paso del tiempo, han constituido también un deber ser. Esta es la moral. 

            Los juristas recordamos que una de las cuestiones ineludibles en el estudio de la Filosofía del Derecho y de la Ciencia del Derecho es el de las relaciones entre Moral y Derecho. No hay ius filósofo o jurista de renombre universal que no haya abordado el problema y sostenido su teoría o escuela. Lo mismo las corrientes del Jusnaturalismo de diferente signo, que las del Formalismo y Positivismo, como las Integrativas y Realismo escandinavo, inglés, anglosajón y latinoamericano. Y en consecuencia, una de las primeras lecciones del aprendizaje de nuestra Ciencia en las Facultades de Derecho en México es la distinción entre las esferas de la Moral y la del Derecho, atendiendo a la fuente y al carácter bilateral, heterónomo, externo y coercible de las normas del segundo. Pero sabemos, también, que esta diferencia metodológicamente necesaria no implica irreductible oposición, sino –antes al contrario-, debemos enseñar y dejar muy claro que el Derecho hunde sus raíces y sus fundamentos en la Moral, tanto la religiosa o Teología, como en la denominada laica o convencional.

            Ahora bien, como el Derecho es una disciplina que regula todas las demás actividades del Estado, en particular la Economía y la Política, éstas deben también hundir sus raíces y fundamentos en la savia de las costumbres, las tradiciones y los valores morales del pueblo, su residente original y su destinatario. Ha sido la separación entre Moral y Derecho la que ha causado la distorsión del segundo y de la Economía y la que ha generado la corrupción de la Política.              

Los filósofos  enseñan que  las normas de la conducta persiguen Principios supremos:

El de la Moral es lo bueno, y se formula así: “Házte a ti, lo que quieras que los demás se hagan a sí.”

            El del Derecho es lo justo y se formula así: “No hagas a los demás, lo que no quisieras que te hagan a ti”.

            El de la Política es el decoro y se formula así: ” Haz a los demás, lo que quisieras que los demás te hagan a ti.”

Fortino López Legazpi, al meditar un Lema para la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora, propone: “Iuris preacepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”. “Estos son los preceptos del Derecho: vivir honestamente, no dañar a nadie, dar a cada quien lo suyo”.

Enseguida nos ofrece su exégesis: Vivir honestamente quiere decir que se tiene presente siempre la dignidad de la persona para ajustar la propia conducta y la de los demás buscando su perfección, en lo que consiste la moral. No dañar a nadie corresponde al innato anhelo de no desear a nadie algo que no deseamos para nosotros. Y dar a cada quien lo suyo viene a ser el fruto final y la plena realización de la justicia.

            Nuestra ciencia también debe acudir -porque no puede ser de otra manera- a la ciencia de la comunicación humana escrita, es decir a la lingüística, a la literatura, que tienen su propia lógica,  reglas y métodos epistemológicos. 

            Por ello, la mayor dificultad en el Derecho es la técnica legislativa o formulación de los preceptos y los complejos problemas de su interpretación, el desentrañar el sentido de sus palabras, aquellas que tienen más de una acepción, que nos llevan a ambigüedades del lenguaje, para su aplicación y solución de casos concretos. Estas ambigüedades se explican con lo que Wittgenstein llamaba “juegos del lenguaje”, el conjunto de palabras y expresiones asociadas con determinadas actividades junto con las actividades en cuestión. Estos juegos son muy comunes en el Derecho, dado que con frecuencia se trasladan expresiones vulgares o del ordenamiento moral al jurídico, generando multitud de confusiones.

Es el caso, por ejemplo, del citado art. 3º constitucional que se atreve a formular una extraña combinación de un concepto religioso y otro sociológico: me refiero a “el amor a la patria”. También el art. 35 constitucional, que dispone que es ciudadano quien “tenga un modo honesto de vivir.” En el Juicio de Amparo se dispone que son admisibles todo tipo de pruebas, excepto las contrarias al Derecho y a la moral.  

Estas imprecisiones son inevitables en los ordenamientos jurídicos y utilizadas en muchos casos intencionalmente por el legislador, dada la enorme dificultad de precisar, en la norma, cuestiones de suyo cambiantes en época y lugar. H.L.A. Hart llama a esto “textura abierta”: “Cualquiera que sea la técnica, precedente o legislación, que se escoja para comunicar pautas o criterios de conducta, y por mucho que éstos operen  sin dificultades respecto de la gran masa  de casos ordinarios, en algún punto en que su aplicación se cuestione, las pautas resultarán ser indeterminadas.”

            La ambición de precisión necesaria por efectos de la exigencia de la seguridad jurídica, no puede ser absoluta. Fluctúa entre la seguridad jurídica y la adaptabilidad de éste a  una vida social en permanente cambio.  

            En cuanto a la moral, una peinada de nuestra Carta fundamental, nos arroja que en tres preceptos relevantes se consagra el concepto:

“Artículo 6.- la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en los casos de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el estado.”

            “Artículo 7.- Es inviolable la libertad de escribir o publicar escritos, sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral, y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.”

            “Artículo 94.- Se deposita el ejercicio del poder judicial de la federación en una suprema corte de justicia, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgado de distrito… En los términos que la ley disponga las sesiones del pleno y de la sala serán públicas y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

…”

            En el lenguaje político cotidiano hablamos de autoridad moral y hasta de responsabilidad moral.

            El concepto de corrupción no se encuentra ni en la Constitución política ni en la legislación ordinaria. Donde la encontramos expresamente consagrada, con una connotación sexual, es en la legislación penal al dedicar un Título a los “Delitos contra la moral pública” y su Capítulo I a los delitos de “Ultrajes a la moral pública o a las buenas costumbres” e “Incitación a la prostitución”; su Capítulo II  al delito de “Corrupción de menores”; el Capítulo III al delito de “Lenocinio”; y el Capítulo IV al delito “Provocación de un delito y apología de éste o de algún vicio”.

La moral pública ­cuya concretización externa son las buenas costumbres­ constituye un concepto social autónomo, independiente de cada persona y el Poder judicial lo proyecta socialmente y se constituye en algo normativo-cultural. Pero como todo lo cultural, tal valoración está sujeta al máximo relativismo.(1)

            La etimología del vocablo es: el verbo corromper es echar a perder (el calor corrompe la carne, huele mal); estropear y falsear; depravar (Sócrates fue acusado de corromper a la juventud); seducir: corromper a una mujer. El sustantivo corrupción significa acción y efecto de corromper; el vicio o abuso introducido en las cosas no materiales; putrefacción; alteración; seducción, cohecho a funcionarios.

            ¿Qué debemos entender, entonces, por corrupción en el Derecho y en la Política, particularmente, en la administración pública latu sensu, es decir la que se da en los funcionarios de los tres poderes de los ámbitos federal y local y en la esfera municipal?

            Estado de Derecho, concepto muy abusado en el discurso público, es aquel en el que todas las autoridades, desde la cúspide hasta la base de la pirámide del poder gubernamental, están sometidas a las normas jurídicas constitucionales, internacionales, legales y jurisprudenciales. 

            Se corrompe el Estado de Derecho cuando las autoridades y los ciudadanos actuamos en contra de la letra, del espíritu y de los valores consagrados en la Constitución, Tratados y leyes que de ella emanan. 

En el Prólogo del libro Corrupción y Cambio (Fondo de Cultura Económica1º ed., México, 1999) se asienta: “Las huellas que existen sobre la corrupción confirman que tiene una vieja historia que puede dividirse en las siguientes épocas:

            1º. Entre aproximadamente el año 3000 a. C. y el 1000 d. C., en la que se va desarrollando la idea de no tener que reciprocar por actos gubernamentales, contra las normas de reciprocidad que fundamentaban a las sociedades, cuyos gobernantes eran al mismo tiempo receptores de ofrendas y jueces.

            2º. Sería entre el año 1000 y 1550, en el que el ideal de la no reciprocidad o anticorrupción domina las expresiones religiosas y literarias y se intenta aplicarlo en sucesivas corrientes de reforma.

            3º. Este periodo empieza – por lo que hace al ámbito anglosajón, donde más éxito se logra en esta empresa – en el siglo XVI con esa noble idea incorporada a las biblias editadas por entonces, así como en las obras de teatro y la ley, culminando en el siglo XVIII, al ser proclamada norma para el Imperio Británico.

            Hammurabi, el más famoso legislador de la Antigüedad, aunque no se refiere concretamente a ella, decretó que

 “el fuerte no deberá oprimir al débil y la justicia deberá proteger al huérfano y a la viuda”.

            Lo anterior conlleva una advertencia a quien falte a ese deber, así como en los tiempos del profeta Ezequiel la violación de la regla ética contra el soborno era considerada una ofensa similar al desastre nacional ocasionado por un ejército extranjero y ameritaba el castigo divino.

            San Agustín es contundente en la Carta dirigida al gobernador de Africa, Macedonio, en el año 414, respondiendo a la crítica de éste sobre su intervención en casos penales para solicitar clemencia. Acepta en la misma que todo criminal tiene la obligación de restituir cualquier propiedad adquirida indebidamente, de lo contrario sus pecados no serán perdonados, pero advierte que éstos no lo serán nunca en el caso de otros pagos, por ejemplo los hechos a un Juez o a un testigo.

            La corrupción por medio del soborno es un fenómeno universal, y todas las culturas, con pequeñas excepciones, desaprueban los actos de reciprocidad, las dádivas a cambio del favor de un funcionario.

            En México las narraciones sobre la aplicación del Derecho hispánico en las tierras de la Corona Española dan cuenta de medios de control, consistentes sobre todo en las visitas y en los Juicios de residencia. Las primeras, en el momento en que la sospecha o la denuncia surgieran, mientras que las segundas solo se exigían al terminar su mandato la autoridad residenciada.

            El propio Hernán Cortés, Gobernante de México después de conquistarlo, fue sujeto a un Juicio de residencia, por su irregular forma de actual.

            No siempre fue igual el Juicio de Residencia en la Nueva España. Con el tiempo se fue ampliando y perfeccionando hasta adquirir las características siguientes: podían ser sujetos del mismo los Virreyes, Gobernadores, Militares, Intendentes, Presidentes de Audiencias y Oidores Fiscales, entre otros; la mayor persecución era contra las infracciones administrativas que redundasen en perjuicio para la Real Hacienda, con lo que sobreponía el interés fiscal al político y al buen tratamiento de los particulares, sin que por ello pueda decirse que se olvidaran otros aspectos de la acción gubernativa de los Virreyes, ya que el objeto no era solo fiscalizar lo actuado, sino demostrar, con la sentencia,  el fiel cumplimiento de las obligaciones del cargo, para que así el aludido pudiera acceder a nuevos empleos. El Rey podía dispensar del Juicio de residencia a aquellos funcionarios de quienes le constare su buen actuar público y, finalmente, que el juicio fue un instrumento eficaz para sanear  la burocracia indiana y muestra de ellos son los múltiples casos de funcionarios que fueron condenados a elevadas penas pecuniarias o a la privación de oficio.”

            El primer deber moral, ciudadano, patriótico y jurídico de todo funcionario público es cumplir con el orden jurídico mexicano. Así ha sido  desde la Constitución de Apatzingán. Los artículos 87, 97 y 128 constitucional disponen el deber de guardar la Constitución. El último expresa:

            “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución  y las leyes que de ella emanen.”

             Es éste uno de los pocos preceptos que permanece intocado desde su promulgación y es mucho más que un simple, anacrónico y romántico formulismo del Constituyente. No sólo en el alma popular, sino en la conciencia de los funcionarios públicos, subyacen los valores cívicos y un mínimo sentido de compromiso y de responsabilidad moral.  

            También los Artículos 109, III y 113 constitucionales disponen que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la honradez y lealtad que deban observar en sus puestos.

            Lo más grave es que una de las formas de la corrupción, es la impunidad, la ausencia de voluntad política para averiguar las quejas y denuncias contra la violación del Estado de Derecho y la carencia de penas a los responsables. La impunidad encubridora  incita a la reincidencia. La reincidencia nos lleva al cinismo cómplice. Y el cinismo cómplice cierra el perverso y vicioso círculo de la corrupción.

            ¿Quién debe de romperlo?, el Poder público, sin duda.

            ¿Cómo?, con el ejemplo.

¿Con qué fundamento jurídico?, en lo general ya lo tenemos, ya lo enunciamos.

            ¿Y por qué no ha sido eficaz del todo?. He ahí el problema: tenemos el marco jurídico con supuestos normativos y fundamentos morales necesarios, pero ha sido letra muerta o, en el mejor de los casos, no ha sido suficiente para minimizar la corrupción e impunidad a límites tolerables, según parámetros internacionales, como lo indica y difunde, anualmente, el Organismo Transparencia Internacional, que califica a nuestro país en un deshonroso 7° lugar, entre 200 países.

            El combate a la corrupción y a la impunidad no es un tema nuevo ni mucho menos pacífico en nuestro sistema político. Ha estado, con distintos nombres, en el discurso de los candidatos y de los gobiernos federales desde, al menos, la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, a fines de los 50.

            El más reciente slogan, en la campaña de 1982, del entonces candidato Miguel de la Madrid Hurtado, fue el de la renovación moral de la sociedad, que dio lugar a la creación de la Secretaría de la Contraloría de la Federación y de sus homólogas en los Estados. Desafortunadamente el primer titular fue su secretario particular en la campaña – situación que fue imitada extra lógicamente por algunos gobernadores de los Estados -, lo que, en más de un sentido, desnaturalizó la filosofía y propósito político de su creación.  

En su discurso de 6 de marzo de 1994, el malogrado candidato presidencial Luis Donaldo Colosio expresó: ” Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad”.

            Pero el fenómeno y la demanda social continúan.   

            En un marco estrictamente dogmático, atendiendo al art. 1º constitucional, que declara que todo individuo gozará de las garantías individuales y Derechos Humanos que otorga ese máximo cuerpo normativo; y a que en cada uno de los preceptos que consagran esas libertades fundamentales se disponen las correspondientes obligaciones de los funcionarios y servidores públicos para con los gobernados, podemos deducir que todo individuo tiene la garantía individual de que las autoridades actúen dentro del marco legal y de su concomitante fundamento moral.

En caso de violación de esa parte dogmática de la Carta magna, todo individuo dispone del Juicio de Amparo y del procedimiento no jurisdiccional ante las Comisiones de Derechos Humanos. Pero el Juicio de Garantías es oneroso y prohibitivo para más de la mitad de la población empobrecida y miserable; y el acceso democrático al Ombudsman criollo se topa con la natural falta de fuerza legal de sus Recomendaciones.

            Apenas el pasado jueves 23, la nación mexicana atestigüó, como cada año desde 1994, la abierta de la herida social con motivo del homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, a poca distancia de este recinto de Tijuana. El hecho es que, a pesar de la condena a 43 años de prisión impuesta a un autor material, confeso de asesinato, el pueblo mexicano no está convencido de la verdad judicial; o de que ésta sea toda la verdad judicial ni mucho menos la verdad material, la verdadera y completa verdad. Es éste un caso simbólico de influyentismo, corrupción y de impunidad del sistema de procuración e impartición de la justicia federal mexicana.

            El combate radical a la corrupción y a la impunidad pasa, necesariamente, por una reforma moral, cultural, económica, política y jurídica de la familia, de la escuela, de la sociedad y  del Estado, que recobre el espíritu.

            Para decirlo con las palabras de Napoleón Bonaparte:

            “Lo que más admiro es la impotencia de la fuerza para conservar algo. No hay sino dos poderes en el mundo: el sable y el espíritu. A la larga, el sable siempre es vencido por el espíritu.”

El espíritu de los padres de nuestra nación y patria, que palpita en los últimos  dos Sentimientos de la Nación, de Morelos:

            “Que la patria no será del todo libre y nuestra, mientras no se reforme el gobierno, abatiendo al tiránico, substituyendo el liberal y echando fuera de nuestro suelo al enemigo…, que tanto se ha declarado contra esta Nación.

            Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben de ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto.”

            La idea la inmortalizó el filósofo mexicano José Vasconcelos, en su Lema para la Universidad Nacional Autónoma de México:

 “Por mi raza, hablará el espíritu.”

            El espíritu no es una mercancía ni producto de la mercadotecnia, que avasalla y en realidad lo traiciona.

Esta reforma integral devolverá al pueblo – depositario original de la soberanía -, lo que se le ha quitado: fe, esperanza, credulidad, confianza y seguridad.

            El pueblo ­ en especial las mujeres, los jóvenes y los indecisos – votará, el próximo 2 de julio, por el Partido y candidatos que ofrezcan y garanticen un programa de reforma moral, eficiente, eficaz y convincente, al corto plazo. Ofrézcase.

            La siguiente puede ser la última oportunidad de gobernar para el Partido mayoritario, que custodia la moral de los Sentimientos de la Nación de 1810 y los valores y conquistas de la Revolución de 1910. Honrémoslos.       

                        Como las ideas, ideales e ideología de esta naturaleza no deben quedar sueltas y en el éter filosófico, propongo analizar y criticar una propuesta preliminar sobre lo que pudiera traducirse en una adición constitucional, como segundo párrafo del art. 1º, en los términos siguientes.

“Toda persona gozará del derecho a la ética y moral de los funcionarios y servidores del poder público, quienes deberán cumplir con sus funciones y atribuciones apegados, en todo caso, a los principios y valores morales consagrados en las normas de esta Constitución política y las que de ella emanen, para prevenir y combatir la corrupción y la impunidad. La ley consagrará la promulgación de los Códigos de Ética de cada uno de los Poderes de los niveles federal y local, así como en el ámbito municipal.”

(1) La Jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación establece: Moral pública es la que corresponde a la generalidad de los miembros de una sociedad determinada; se sobrepone a la moral individual y en consecuencia no es lícito que se la ultraje y ultrajarla es un delito. Mediante  la creación de una obra literaria no se le causa ultraje, ya que la obra de arte no es moral ni inmoral, pues su esencia es el desinterés (A.J. t. I, p. 444). Se consideran como ultrajes a la moral pública o a las buenas costumbres la publicación de palabras crudas, de insolencias o frases obscenas, sin que sea excluyente de responsabilidad del hecho de que la exposición, distribución, circulación o publicación se hagan en corta escala y con la intención de que se reduzca a un círculo limitado y en forma de obra artística (A.J., t. I p. 175). La facultad de declarar que un hecho es o no delito e imponer las penas consiguientes es propia y exclusiva de la autoridad judicial conforme al art. 21 Const., y tal facultad no puede ser restringida o invalidada por el hecho de que una dependencia administrativa haya consentido en la distribución de una revista, además de que la naturaleza de ésta pudo sufrir cambios radicales o transformaciones desde el punto de vista de la moral a partir de la fecha de registro y hasta  la de la comisión del delito de ultrajes a la moral pública o a las buenas costumbres. La calificación de que una revista sea obscena cae bajo la apreciación del juez de los autos, sin que sea necesario que haya una prueba especial y directa encaminada a establecer ese extremo; pues siendo obsceno lo contrario al pudor, al recato o al decoro, el juez está capacitado para determinar si es ése el carácter de la revista distribuida y  hecha circular por el acusado, por presumirse que posee el sentimiento medio de moralidad que impera en un momento dado en la sociedad, y tal apreciación  no puede violar garantías  a menos que esté en contraposición con los datos procesales. Dado el carácter variable de la noción de buenas costumbres y de moral pública, según sea el ambiente o grado de cultura de una comunidad determinada, es necesario dejar a los jueces el cuidado de determinar cuáles actos pueden ser considerados como impúdicos, obscenos o contrarios al pudor público. A falta de un concepto exacto y de reglas fijas en materia de moral pública, tiene el juez la obligación de interpretar lo que el común de las gentes entiende por obsceno u ofensivo al pudor, sin recurrir a procedimientos de comprobación que sólo son propios para resolver cuestiones puramente técnicas. Es el concepto medio moral el que debe servir de norma y guía al juez en la decisión de estos problemas jurídicos y no existe, en tan delicada cuestión, un medio técnico preciso que lleve a resolver  sin posibilidad de error lo que legalmente debe conceptuarse como obsceno. Por tanto no es la opinión de unos peritos, que no los puede haber en esta materia, la que debe servir de sostén a un fallo judicial, ni es la simple interpretación lexicológica el único medio de que se pueda disponer para llegar a una conclusión; debe acudirse a la vez a la interpretación  jurídica de las expresiones  usadas por el legislador y a la doctrina, como auxiliares en el ejercicio del arbitrio judicial  que la ley otorga a jueces y tribunales. En suma, a pesar de que no existe una base o punto de partida invariable para juzgar en un momento dado sobre lo que es moral o inmoral, contrario a las buenas costumbres o afín a ellas, sí se cuenta con un procedimiento apropiado para aplicar la ley  y satisfacer el propósito  que ha presidido la institución de esa clase de delitos. Esto no significa que se atribuya a los jueces la facultad omnímoda y arbitraria. Como toda función  judicial, la de aplicar las penas debe sujetarse a determinadas reglas y el juzgador no debe perder de vista que sus decisiones se han  de pronunciar de acuerdo  con el principio ya enunciado, de la moralidad media que impera en un momento dado en la sociedad y en relación con las constancias de autos, pues de otra manera incurriría  en violaciones de garantías en perjuicio del acusado (S.J., t. LVI, pg 133). Por “obsceno” se entiende lo que es torpe u ofensivo al pudor (del latín obscenus); y es torpe lo que es deshonesto, impúdico o lascivo, feo, tosco o falto de ornato, ignominioso, indecoroso o infame (del latín turpis). Teniendo en cuenta que el delito forma parte del Tít. VIII denominado “Delitos contra la moral pública” y del Cap. I de ese Tít., denominado “Ultrajes a la moral pública o a las buenas costumbres” que en la ley penal española, cuyos antecedentes sobre la mexicana permiten dirigir la interpretación del precepto, se denominan “delitos de escándalo público”, el tipo legal de delito que se examina tutela directamente la moral pública en su aspecto sexual, como aparece de los diversos capítulos del mismo título denominados “Corrupción de menores” (Cap. II). “Lenocinio (Cap. III). Los tratadistas coinciden en señalar esa significación al vocablo “obsceno” y al efecto véase Cuello Calón (Derecho Penal, t. II, pg. 504, Barcelona 1936): “Por ofensa al pudor debe entenderse la ofensa a la moralidad sexual de una persona; ofensa a las buenas costumbres equivale a lesión a la moralidad sexual colectiva, pública… El hecho (atentatorio contra el pudor o las buenas costumbres) debe tener carácter sexual; sin él, aun cuando constituya una indecencia grosera, no hay delito” (pg. 506). En consecuencia unos versos que el Ministerio Público considera como obscenos no lo son propiamente porque contengan expresiones groseras, sucias, en que la policía del lenguaje haya estado en absoluto ausente, si acreditan en su autor un ingenio mordaz aunque carente de toda finura, aplicado a la crítica de situaciones concretas, y si se ve en dichos versos una forma de expresión bastante  frecuente en el habla popular, y si revelan que la intención  perseguida por el autor no fue la de describir situaciones de carácter sexual más o menos impúdicas, sino simplemente la de criticar en tono de jocosidad plebeya ciertos hechos a los que se refieren los versos, aunque para ello se empleara un vocabulario que dentro de su propio concepto estético , sobre el cual el tribunal de alzada no tiene competencia para juzgar, y dentro de su especial tipo de cultura, no aspiran a otra cosa que a la crítica que se hace en los versos aludidos como un modo de expresión de opiniones muy personales; y en toda colectividad social la crítica se instrumenta según el nivel media de cultura de cada pueblo, no pudiendo corresponder al Derecho Penal  la función de impedir ni de estorbar con la amenaza de una sanción, la libre expresión del pensamiento crítica. Tanto más explicable es lo anterior cuanto que el acusado ni siquiera reconoce ser el autor de los versos en cuestión sino sólo quien los dio a circular entre varios compañeros (T.S.,6° Sala, feb. 27, 1941).

Tijuana, B.C. 26 de marzo del 2000

Esbozo protocolar de la Tesis doctoral

Necesidad de implementar a plenitud, en México, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Dr. Héctor Rodríguez Espinoza

Junio 2010.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La corrupción en México es grave y elevados sus costos socioeconómicos, políticos y culturales.

Tiene efectos devastadores sobre las economías de situación difícil:

– Vacía sus arcas… – La delincuencia organizada aumenta su participación en los mercados ilegales.

Siendo causa y efecto de la globalización, ¿Es, la Convención de la ONU para combatirla, un primer paso de la solución global?  ¿Es, su incorporación al sistema jurídico mexicano, parte de la solución? De ser así, ¿ha ido más allá que su simple incorporación e implementación parcial?

2. GÉNESIS Y ESTADO DEL ARTE

Sus huellas son antiguas:

1º. Aparecen entre el año 3000 a. C. y el 1000 d. C.! y desde tiempos del profeta Ezequiel.

2ª. San Agustín diserta sobre ella.

3º. En el siglo XVI: La aplicación del Derecho hispánico en México da cuenta de Juicios de residencia.

NO ha sido tratada desde mi enfoque penal internacional

3. MITOS

Los más recurrentes:

– Que es un problema causado exclusivamente por funcionarios y políticos en el sector público, y

– Que únicamente aparece en los países de poco desarrollo económico. (Caso Enron)

4. HIPÓTESIS

 Hay ignorancia general sobre la Convención.

  Persiste el lugar mediocre en el IPC.

3ª  La Ley de Transparencia y el IFAI en 2002 y la adición Constitucional en 2007 implicarán más exigencia al gobierno a rendir cuentas.

4ª No hay estrategia en su contra.

5ª Por: incapacidad para proteger a la población, indiferencia en la aplicación de las leyes y convenios y funcionamiento parcial de las instituciones democráticas, México es un Estado frágil y podría llegar a ser fallido.

5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

            Investigación exploratoria, correlacional, analítica, interpretativa y crítica.

Sus fuentes son bibliográficas, hemerográficas e Internet; encuestas y análisis de la opinión pública y publicada cotidianamente.

6. JUSTIFICACIÓN

Las razones principales que me obligaron a realizar la búsqueda de soluciones para el problema de la corrupción: sus dañinos efectos para nuestro desarrollo y nuestra baja calificación y desprestigio internacional.

            Siendo el mayor de los problemas nacionales, ello me indujo a seleccionar este tema y título, y no otro.

7. ¿QUÉ SE APORTA A LA SOCIEDAD?

Un producto que -desde el Derecho- divulga, críticamente, un instrumento  internacional contra la corrupción.

¿DE QUÉ PUEDE SERVIR?

Para demostrar a la sociedad del conocimiento, a la academia y a la administración pública, que la corrupción tiene efectos devastadores, alimenta la delincuencia organizada y que urge combatirla con energía.

8. OBJETIVOS

General: Analizar la Convención a partir de su importancia intrínseca y la necesidad de su aplicación en México.

      Específicos:

–       Compilar los Informes internacionales y nacionales anuales, …

–       Criticar la filosofía, su normatividad y los delitos que contempla la Convención.

–       Avances en el ámbito internacional e interno. 

–       Recomendar su implementación plena y aplicación eficaz.

9. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES

    Es el Neopositivismo con raíces en la Escuela vienesa (Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen: Orden coactivo de conducta.)

Eduardo García Máynez: Orden jurídico concreto que deriva del sometimiento general de la conducta al mismo.

Concepción pentadimensional con base en la tridimensional de Miguel Reale.

            Aplicación, al lado de las normas jurídicas, de principios morales.

            10. CORRUPCIÓN. Echar a perder, depravar, dañar, podrir; sobornar o cohechar al juez o a cualquiera persona con dádivas u otra manera. Descomposición de la naturaleza de la función del gobierno en un sistema democrático representativo.

11. PERCEPCIÓN, aquella de fenómenos sin mediación normal de los sentidos, pero comprobada estadísticamente.

IPC  TI  Universidad alemana en el 2000.

            12. ESTADO DE DERECHO.

Aquel sometido al Derecho, cuyo poder y actividad vienen regulados por la ley.

Es difícil rebatir la lógica de Kelsen: Estado es la personificación del Derecho.

13. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DE LA JUSTICIA.

Aceptación jurídica y moral laica de un marco jurídico constitucional y legal -previamente promulgado- por los ciudadanos y habitantes de un Estado. Actúa sobre la política nacional del Estado de derecho, pues tiene que ver con la actuación del gobierno.

            Los expertos le atribuyen ocho características: 8ª. Se condena a la delincuencia y a la corrupción.

14. TRANSPARENCIA.

Es lo contrapuesto al de opacidad (eufemismo de corrupción).

            El más conocido es su Índice de Percepción de la Corrupción. Cero corresponde a un país “altamente corrupto expuesto a graves peligros” y 10 a uno “altamente transparente”.

México mantiene un 3.3, lugar 75 en el mundo.

15. CONVENCIONES INTERNACIONALES

La relevancia que México le concede se infiere del Artículo 133 Constitucional: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, serán la ley Suprema de toda la Unión….”

16. NACIONES UNIDAS

Redobló sus esfuerzos para reducir la corrupción y propició la firma de la Convención, en Mérida, del 9 al 11 de diciembre del 2003.

Sin embargo, su combate se sigue haciendo en forma interna y no al través de la incorporación e implementación plena de la Convención.  

Recogió EXPERIENCIAS DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL en Convenciones de OCDE, Consejo de Europa y OEA.

17. EN MÉXICO

Estamos en los antípodas de los ideales de la Revolución Mexicana -1ª Centenario- y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay una corrupción, IMPUNIDAD  e injusticia flagrantes e insoportables. Son el gran problema de nuestro país.

Transparencia Mexicana desarrolló la Encuesta Nacional de Corrupción desde el 2001.

Servicios del Estado; no sólo la ciudadana en las 32 entidades en 38 servicios públicos.

En 2007, destinamos 27 mmp a pagar 197 millones de actos de corrupción por servicios públicos, 8% del ingreso de los hogares y el doble del presupuesto para seguridad pública; y una cuarta parte del costo de sacar de la pobreza a Oaxaca, Chiapas y Guerrero, 11 mmp. Los hogares de jóvenes, y con mayores niveles educativos, los más propensos a participar en ella.

EL CEI CONSULTING RESEARCH estudió el gasto público en infraestructura en los recientes 30 años, desde 1976:  Los estados deberían tener el doble de infraestructura que tienen por el gasto. La entidad peor evaluada es el DF, ha gastado seis veces más de la que tiene.

18. ÉTICA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE JUSTICIA

El 5ª Foro Global Sobre Reinvención del Gobierno en el Siglo XXI:

“Para que las innovaciones y reformas desarrollen raíces fuertes, el papel de la ética en el servicio público, y respeto por el ciudadano, no pueden ignorarse. Incluye un sistema político y administrativo que rinda cuentas y transparente, que asegure su derecho fundamental a la información. Emprender medidas contra la corrupción, crear comisiones capaces de investigar inconsistencias y anomalías, e innovaciones para mejorar la integridad y transparencia”.

19. JUSTICIA

Es preocupante su procuración y administración en AL y en México.

En abril de 2002, el relator de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, presentó en Ginebra, ante la 58 Comisión de Derechos Humanos, el informe sobre su visita al país: Impunidad y corrupción, ”tremendo problema social”. Se nutrió del Diagnóstico sobre la administración de la justicia en las entidades federativas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

20. JERARQUÍA DE LOS TRATADOS EN NUESTRO RÉGIMEN JURÍDICO

Conforme al artículo 133 Constitucional, el Presidente de la República los celebra -de acuerdo con la Constitución-, sobre cualquier materia. …

21. LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA  LA CORRUPCIÓN

Le preocupó la gravedad y amenazas que plantea para la estabilidad y seguridad de sus sociedades, instituciones y valores de la democracia, la ética y la justicia y compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley; por sus vínculos con la delincuencia organizada y la económica.

            Su objetivo es fortalecer la cooperación internacional contra ella – Obliga a los EP de adoptar medidas preventivas, a penalizar una amplia gama de actos,  a la extradición, la asistencia jurídica y el decomiso del producto del delito y un mecanismo para devolver al país de origen los bienes producto de ella.

            Establece una Conferencia de EP, para mejorar la cooperación, sus objetivos y su aplicación.

2006 – 2007

2008: reiteró que combatirla no es sólo responsabilidad de los gobiernos, sino también de la sociedad civil y llama a los gobiernos a una activa participación;

22. INCORPORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN MÉXICO.

Desde siempre, en el servicio público se han instrumentado medidas ….

Imperativo determinar sus índices en: Seguridad pública, Procuración y Administración de justicia y Readaptación social, Trámites administrativos y en Adquisiciones, Control de inventarios, Contratación y pago de servicios y de obra pública.

Diagnóstico grave. ÍPC 2008: la percepción de nuestra corrupción y la inseguridad no han mejorado durante los últimos trece años. Es necesario incrementar su combate para revertirla y superar en 2012, al menos, su valor medio: 5 sobre 10.

23. INSTITUCIONES PARA PREVENCIÓN Y COMBATE

Auditoría Superior de la Federación. Órgano del Poder Legislativo, fiscaliza de carácter externo a los tres Poderes, a los órganos constitucionalmente autónomos, a los estados y municipios, y a los particulares, cuando ejercen recursos federales. Revisarla Cuenta de la Hacienda Pública Federal, su gestión financiera, si se ajustó al Presupuesto de Egresos y a la Ley de Ingresos y su cumplimiento.

Cuenta Pública de 2006 concluyó: “Con Fox, los peores resultados económicos en 18 años: sus ingresos adicionales ascendieron a 310 mil millones de pesos y el crecimiento del PIB fue de sólo 2.3% al año (Salinas a 3.9% y Zedillo a 3.5%). La deuda pública no se redujo y el IPAB fue cubierto con recursos fiscales.

En CFE, PEMEX, educación básica y en el combate a la pobreza hubo los peores resultados.

El 5 de abril del 2009, Arturo González de Aragón: en sus siete años como titular de la ASF había interpuesto 24 denuncias penales por actos de corrupción y “ninguna ha sido resuelta por la PGR.”

24. INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Organismo descentralizado de la APF, no sectorizado, goza de autonomía operativa, presupuestaria y decisoria, a la sociedad. Garantiza nuestro derecho de acceso a la información gubernamental, protege nuestros datos personales en manos del gobierno federal y resuelve sus negativas de acceso.

Sin embargo, está en riesgo por la propuesta presidencial de sus integrantes…

25. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Inhibe y sanciona la corrupción, guía a que la sociedad participe y confíe en la función pública a partir de un gobierno honesto, eficiente y transparente; su visión es renovada con acento en la prevención.

Críticas: Creada como Secretaría de la Contraloría cuando la corrupción era terrible; siguió por otros medios y es instrumento burocrático que regula insaciablemente la administración hasta hacerla irresponsable o ineficaz. El PAN, PRI y PRD demandaron, en septiembre del 2009, su desaparición …

Finalmente, el 7 de septiembre del 2009, el Presidente Felipe Calderón propuso su desaparición, …

26. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

Son objetivos y compromiso con los ciudadanos, rendición de cuentas; base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales. El primero de sus cinco ejes es “Estado de Derecho y seguridad.”

27. LEY PARA DE REFORMA DEL ESTADO DE 2007.

Se propuso analizar, negociar y construir acuerdos para concretar su proceso sobre: I. Régimen de Estado y Gobierno.

En 2009, la Asociación Nacional para la Reforma del Estado advirtió que los partidos incumplieron el 95% de sus 532 compromisos de dos años antes en la ley, sin haber asumido sus responsabilidades.

Pendientes cambios en democracia participativa, federalismo, respeto a la autonomía municipal, derechos sociales, administración pública y al Poder Judicial.

28. ESCASOS RESULTADOS

– Hay una ausencia de sentencias por delitos de corrupción a alto y mediano nivel (asociado al de “lavado de activos”) que surjan de investigaciones patrimoniales.

Sólo un caso en aplicación de la L ext. Dominio…

29 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

El 99% de los 1,000 encuestados ignora la existencia de la Convención.

30. PORCENTAJE

 El 95% de la población encuestada considera a la corrupción como el más grave problema de México, del que derivan la pobreza, migración, desempleo, inseguridad pública, inseguridad social y educación y     

31. PERSISTENCIA

a Presidencia de la República,

al entregar el Plan Nacional de

Desarrollo, advirtió: “recibió el País

con altos índices de impunidad,

corrupción y criminalidad.”

Ver Anexo Opinión publicada,

casuística y editoriales sobre

escándalos de corrupción 2003-2009.

Los Índices de Percepción de la

Corrupción de Transparencia Internacional

desde el año 2000 al 2008, arrojan

que México persiste en reprobar:

en 1997 calificó con 2.66, aunque

al año siguiente avanzó a 3.3, que

repitió en 1998 y 2000.

32. MAYOR TRANSPARENCIA

A ocho años de la aprobación de la Ley Federal de Transparencia, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) informó un crecimiento de más de 1,000% en las peticiones de datos y documentos gubernamentales. El IFAi y los institutos locales son un gran avance

33. SIN ESTRATEGIA

El Capítulo México de Transparencia Internacional: “No obstante los avances en información y transparencia, la persistente reprobación de México en los IPC de TI indican que no hay una estrategia ni en el mediano ni el largo plazo para combatirla, y las acciones del gobierno han sido fallidas. Es grave, la versión “de la cual se parte de que hay un grupo de demonios que serán desplazados por un grupo de santos, no funciona; lo que nos interesa es la parte sistémica; si no hay controles sistémicos, la degradación de los cuadros políticos no tiene fronteras”.

34. ESTADO FRAGIL

5ª Por incapacidad o desgano para proteger a la población, por indiferencia por las leyes y convenios internacionales y por funcionamiento parcial de las instituciones democráticas, México podría ser un Estado fallido.

Aun cuando implica “un concepto vago”, se denomina Estado fallido a los países que reúnen: 1) incapacidad o desgano para proteger a la población de la violencia y quizás incluso la destrucción 2) se consideran más allá del alcance del derecho nacional o convenios internacionales y 3) grave déficit o funcionamiento parcial de las instituciones democráticas, que las priva de sustancia.

Para Noam Chomsky, México califica en la primera y, de aceptarse que también califica en la segunda, a la luz de esta tesis doctoral, podría llegar a ser, en cierta medida, un Estado fallido.

RECOMENDACIONES

Primera.

Colocar la corrupción y el buen gobierno como prioridad en el debate público internacional y en la agenda política del país y de las Universidades, que deben desterrarla, investigarla y enseñarla, así como de los medios de comunicación.

Segunda. Retomar los precarios avances de la reciente estrategia de reforma del estado

Tercera. Desaparecer la Secretarías de la Función Pública, como propuso el presidente Felipe Calderón, pero que permanece en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010.

Cuarta. Crear una Agencia anticorrupción “independiente” autónoma (apartada del control político) con capacidad de prevención y promoción de investigaciones, impulsos, procesamientos de causas penales ligadas a personas físicas y jurídicas (Cap. II de la Convención).

El poder judicial federal y el de cada una de las entidades federativas deberían participar con las fiscalías en la planificación y programación de implementación de las políticas criminales contra la corrupción, delincuencia organizada, asociaciones delictuosas y lavado de dinero.

Quinta. Reformar las atribuciones y publicidad de la Auditoría General de la Federación

Sexta. Que los 5 comisionados del IFAI sean nombrados por el Legislativo e incluir como obligados directos a su información a partidos, organizaciones empresariales, sindicatos, iglesias y al aparato del Estado, todos los órganos de composición colegiada del Estado y en todos los niveles a la plena publicidad.

            Séptima. Un servicio civil de carrera profesional sin criterios políticos.

            OctavaFomentar la participación de la sociedad civil en combatir la corrupción

            NovenaVencer las dificultades para insertarse en la cooperación internacional anticorrupción.

Debemos ver una voluntad real de combatir esa corrupción y delincuencia global. Si no se rompen las barreras entre los gobiernos, hablar de eso no tiene sentido. Hay que darse cuenta que estos fenómenos tocan a todos los países.

Reflexión final

La irrupción reciente de la justicia en los escándalos en los cuales están involucrados magistrados y ministros, muestra la evolución de los poderes a escala secular: el siglo XIX fue el de los Parlamentos, expresión del sufragio universal: el siglo XX fue el de los gobiernos dispensadores del Estados-providencia: el siglo XXI será el de la jurisdicción, última garantía de un mundo más justo.

ODON VALLET

Profesor de Ciencias Políticas en París

ANEXO Y APÉNDICE LEGISLATIVO!

Datos de evaluación de la Convención

Evaluación a través de causas penales, en la práctica (escala 0-10)

-Testigos protegidos (a “whistleblowers”)                                    Art. 32:  = 0.

– Rol técnico-operativo de la sociedad civil, ejemplo: monitoreo de juzgados  a través del acceso a la información:                                Preámbulo y Art. 13: = 3.

– Técnicas de investigación/inteligencia preventiva y de detección adecuadas de las transferencias de recursos financieros ligados a corrupción y/o delincuencia organizada,                                                                          Art. 52 = 0.

– Incautación y decomisos de activos ligados al lavado de dinero producto de la corrupción, art. 23 y 24, derivados de reportes de la UIF, art. 58;  Extinción de dominio por vía no penal y recuperación de activos por vía penal (Cap. V),

                                                                                               Arts. 51-59: = 0.

– Combate a la corrupción de “alto nivel” (control de los recursos para campañas electorales y partidos políticos) que deriven en sentencias penales concluidas,                                                                                       Arts. 7 y 9: = 0.

            México ha promulgado instrumentos jurídicos, cumpliendo con el 87% de las cláusulas de la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada (Palermo) y con el 46% de las de la Convención contra la corrupción (Mérida).

Sin embargo, a través del análisis de expedientes judiciales, en su implementación práctica, cumple con solo el 64 % de las cláusulas de la de Palermo y con el 23 % de las de Mérida.

Reformas y recomendaciones imperativas

Las Convenciones que México ha ratificado, todavía no gozan de una total implementación y urgen medidas correctivas legislativas y en el marco operativo de la investigación y procesamiento de causas. La estrategia de reforma del estado, como premisa básica, es necesaria a través de un pacto político que limite la factibilidad de que aquella delincuencia infiltre al sistema a través de corrupción.

Las innovaciones a adoptarse y de manera práctica al ratificarse la Convención deben ser:

√ Tipificar conductas delictivas ligadas a la corrupción de personas físicas y jurídicas de manera homogénea en entidades federativas (art. 15);

√ Definir jurídicamente y estandarizar la tipificación y aplicación de conductas ligadas a la corrupción (conflicto de intereses y tráfico de influencias, art. 17, 18, y 19, respectivamente);

√ Implementar políticas de prevención en los sectores público y privado (capítulo II).

√ Cooperación internacional, a través de la extradición, investigaciones conjuntas y asistencia judicial recíproca (Capítulo IV y arts. 43, 44, 45 y 46).

√ Mecanismos para la recuperación de activos ligados a ella (art. 53 y 54); y

√ Capacitar a sus funcionarios en la aplicación de mejores prácticas de la Convención, que apoyen la investigación académica aplicada y medidas prácticas para compartir información con la sociedad civil (art 53 y 54).

√ Financiar a partidos y procesos pre-electorales con dineros originados o destinados a propósitos ilícitos (compra de votos, artículos 7 y 9.)

√ Agencia anticorrupción “independiente” autónoma (apartada del control político) con capacidad de prevención y promoción de investigaciones, impulsos, procesamientos de causas penales ligadas a personas físicas y jurídicas (Cap. II).

  √ Mecanismos preventivos en los sectores públicos (servicio civil de carrera, control por resultados y operativo comunal), art. 5 y en el sector privado (art. 12) a través de estándares de auditoría y contables que surjan de las mejores prácticas de OCDE. Capítulo II.

  √ Reformar el art. 400 bis del CPF para tipificar la “conversión de activos patrimoniales” en lavado de dinero e incluir “posesión y utilización de activos patrimoniales” en la tipificación del lavado de dinero. “La posesión y uso de activos patrimoniales” penalizada en un sentido amplio.

   √ Tipificar la manipulación de mercados por accionistas ó empresarios en posesión de información confidencial (insider trading) y la acción penal focalizada en la persona jurídica.

    √ Capacitar al personal especializado en las fiscalías para el más efectivo impulso de investigaciones patrimoniales.

     √ Establecer grupos conjuntos de UIF, fiscales y jueces capacitados, impulsando causas penales de naturaleza patrimonial vinculadas a la delincuencia organizada y asociaciones delictuosas.

      √ Promover mayor homogeneidad normativa sustantiva y procesal entre las legislaciones de las entidades federativas para detectar monitoreo, incautación-decomiso de activos delictivos.

      √ Mayor frecuencia de trabajo operativo entre agencias del estado mexicano (UIF) con las internacionales y con autoridades de estados de la Convención.

       √ Cruzar información a través de una mayor “minería de datos” patrimoniales ligados a indiciados y personas jurídicas vinculadas involucrando las bases de datos de los entes reguladores del sistema financiero, p.e.: la CNBV y SAT, CNSF, CoNSAR y BM.

       √ Legislar la “entrega vigilada  y controlada”.

       √ Ampliar legislativamente las técnicas especiales de investigación para ampliar las “entregas controladas” y de los programas de protección de testigos, con la capacidad de postergar u omitir el arresto de sospechosos, para llegar a sus más altas cúpulas.

       √ Unidades de investigación patrimonial (en red con la UIF) en cada entidad federativa para coadyuvar en el análisis patrimonial, por ejemplo, a través de registro público de la propiedad y el comercio, claves en el mejoramiento de la fundamentación de la investigación.

       √ Ampliar la tipificación del lavado a todos los delitos graves

       √ Aumentar la pena por el incumplimiento de la obligación de informar sobre transacciones financieras sospechosas.

       √ Ampliar la penalización del lavado, para incluir la conducta negligente.

       √­- Reforzarse el intercambio de información entre UIFs y fiscalías.

       √ Asignar fiscales especializados para que operen de manera conjunta con personal de la UIF (y en las entidades federativas) para atender estas investigaciones con mayor capacidad técnica e impacto en el impulso y procesamiento de causas ligadas a corrupción, delincuencia organizada, asociaciones delictuosas y lavado de dinero.

        √ Sistematizar la participación de la SFP y unidades de investigación patrimonial en cada entidad federativa, para el intercambio de información en red y para coordinar estrategias en la lucha y desmantelamiento de la delincuencia organizada y asociaciones delictuosas.

El poder judicial federal y el de cada una de las entidades federativas deberían participar conjuntamente con las fiscalías en planificar y programar políticas criminales contra la corrupción, delincuencia organizada, asociaciones delictuosas y lavado de dinero.

         √ Capacitar a funcionarios de la PGR, UIF, SHCP, SAT, Aduanas, SSP  y SFP para simulacros conjuntos para generar reportes y líneas de investigación, en donde existan indicios de delitos patrimoniales ligados a corrupción. Aduanas, INM, UIF y el sistema de seguridad pública deben interactuar para investigar movimientos transfronterizos de dinero, mercancías y seres humanos.

        √ Asegurarse que la SAT desarrolle un adecuado y acelerado sistema de intercambio y análisis de información con otras entidades federativas e instituciones del gobierno federal (PGR, UIF, FEPADE) para focalizarse en operaciones de alto riesgo a través de registros, inspecciones e inteligencia financiera coordinada con fiscalías.

          √ Aplicar sanciones monetarias mayores (principio de proporcionalidad) cuando las entidades del sector financiero no reportan adecuadamente y legislar la “conspiración para el ocultamiento de activos patrimoniales” (aplicando este tipo a entes todavía no regulados adecuadamente-, ej. casas de cambio/casas de préstamos y remesas).

           √ Asegurar el más acabado registro centralizado de todo ente mercantil (personas físicas que ejercen control y los beneficiarios ligados a toda persona jurídica), requiriendo que existan completos registros de accionistas.

           √ Aplicar marco regulatorio a fideicomisos (creadores o fideicomitentes, entidades financieras ó fiduciarios, beneficiarios ó fideicomisarios y comités técnicos) y a las entidades sin fines de lucro, para que apliquen criterios de debida diligencia y provean información requerida durante investigaciones patrimoniales y/o anti-lavado.

             √- Que las instituciones financieras con sede en México verifiquen y den cuenta de que sus bancos de correspondencia en el exterior no tengan cuentas utilizadas por bancos/empresas pantalla (shell banks) en el interior/exterior.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Tres cortometrajes premiados sobre la corrupción en México

http://www.contactox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2573&Itemid=1

Denuncie demandas de soborno De forma rápida, segura y anónima

www.BRIBEline.org

CORRUPCIÓN EN MÉXICO

DENÚNCIALA …HAGÁMOSLA PÚBLICA

http://www.corrupcion.org.mx/

EN SONORA

http://unnuevosonora.wordpress.com/

Carreño

La nana

http://www.eluniversal.com.mx/wcarton11129.html

La corrupción en nuestro país

Gregorio Guerrero Pozas

Reforma, 12 dic. 2011. Recientemente Transparencia Internacional (TI) publicó los resultados del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2011, donde México nuevamente quedó entre los países peor evaluados. En el 2001 nuestro país fue calificado con 3.7 y en este año con 3.0, esto significa un descenso de casi el 19%; ocupa el lugar 100 de 183 países a nivel mundial y el 20 de 32 latinoamericanos. Estos datos dan una idea de lo que hemos dejado de hacer y la exigua importancia que como nación le hemos dado a un tema tan trascendental.

Este fenómeno, sin duda, acrecienta la preocupación de quienes por años hemos luchado por el combate a la corrupción. Por ello es de la mayor importancia que temas como el combate a la corrupción, el rechazo a la impunidad y la exigencia de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos estén en la agenda de los candidatos a la Presidencia de la República, sin dejar de lado, desde luego, la reestructuración orgánica y de operación de la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada de estas importantes tareas.

Los datos que proporciona TI en los últimos 10 años, indican que la alternancia en el poder no ha contribuido a que mejoren los mecanismos de control; más aún se han difundido resultados de auditorías como grandes logros, pero no se han traducido en castigos ejemplares que brinden confianza y certeza a la sociedad, antes bien el mensaje que se está enviando es de impunidad y que lejos estamos de combatir frontalmente este problema endémico.

Los dos presidentes de la alternancia, en sus respectivas campañas electorales manifestaron la intención de desaparecer la Secretaría de la Función Pública. No obstante, una vez en el gobierno, decidieron su permanencia, pero no plenamente convencidos del alto valor de la institución.

De ahí que la SFP desarrolle su labor de fiscalización en medio de las quejas constantes de los titulares de las dependencias que no gustan de ser fiscalizados, quienes argumentan que la exagerada normatividad existente no les permite ser eficientes y ágiles en la toma de decisiones. Es menester aclarar que los órganos de control revisan basados en las leyes correspondientes y la normatividad elaborada por las propias dependencias.

El apoyo del titular del Ejecutivo en la labor de fiscalización debe ser fundamental. Lamentablemente cuando ese apoyo es nulo, la labor de fiscalización se torna laxa, sobre todo porque en las auditorías se impone la opinión de los titulares de los entes auditados, quienes en la mayoría de las ocasiones, se encuentran más en el ánimo del presidente de la República en turno.

Para evitar las presiones de los titulares de entidades, la SFP ha privilegiado la labor preventiva y de mejoramiento al control interno y se ha dejado de lado la práctica de auditorías y el combate a la corrupción. Tan es así, que derivado de los constantes recortes de personal que han sufrido los órganos internos de control, casi se han desmantelado las áreas de auditoría.

Lo anterior no quiere decir que no se reconozca el valor de la prevención, pero no a costa de dejar de desarrollar el trabajo de fiscalización. No permitamos que se tome el camino más cómodo, el menos desgastante y que represente menos problemas, como la intención de que los procedimientos administrativos y de responsabilidades se desahoguen en el Poder Judicial. No, los órganos de control deben completar todo el proceso de fiscalización: prevención, auditorías y fincamiento de responsabilidades, con las atribuciones señaladas en las leyes correspondientes.
La fiscalización, requiere de especialistas. No puede la SFP y los órganos internos de control convertirse en agencia de colocaciones de los gobiernos en turno, por considerar que es una labor sencilla y que cualquiera la puede desarrollar o porque entre la experiencia y la pertenencia a un partido, es mejor lo segundo. El costo del aprendizaje es muy alto, los resultados magros y la percepción de la sociedad en el combate a la corrupción es que no se actúa o no se quiere actuar.

Las circunstancias actuales imponen la necesidad de hacer un estudio a profundidad de los alcances de la fiscalización, del equilibrio en el cumplimiento de sus atribuciones, de cómo aprovechar la riqueza de información que posee la SFP, de dimensionar el tamaño real de los órganos de control y de respetar los perfiles de puestos de los integrantes de estas áreas tanto en dependencias y entidades, como en la propia Secretaría, para que la fiscalización no sea una simulación más de las tantas que padece la ciudadanía.

Una Contraloría General fuerte, acompañando al Ejecutivo en las tareas que se han mencionado, contribuiría a fortalecer la confianza de la sociedad en las acciones gubernamentales, confianza tan necesaria en estos tiempos difíciles.

El autor es contralor general del Instituto Federal Electoral.

AGENDA CIUDADANA

Corrupción, problema central Lorenzo Meyer

Reforma, 22 Dic. 11

· La naturaleza de la cuestión

Si fuese necesario reducir el complejo conjunto de problemas que afectan hoy a la sociedad mexicana a uno solo, entonces el de la corrupción -pública en primer lugar pero con su contraparte privada- debe ser el elegido. La corrupción es un elemento presente en cualquiera de los otros asuntos que conforman hoy el abanico de nuestros males colectivos, desde el narcotráfico hasta la degradación del medio ambiente, pasando por la debilidad fiscal, lo raquítico del crecimiento económico, la mala calidad de la educación y docenas de temas más.
La corrupción dentro de las estructuras del poder es algo tan antiguo como la política misma. Ya la Biblia menciona el tema. En Roma, al final del segundo siglo A. D., cuando la guardia pretoriana era ya un factor de poder decisivo, la selección de un emperador se parecía a una subasta: el cargo se daba al mejor postor y qué decir de las consecuencias de la venta de puestos públicos por la corona española durante nuestra época colonial.

En México la corrupción es un mal endémico. Dada la naturaleza humana no podemos suponer que no existía aquí antes del siglo XVI aunque es difícil saber cuáles eran sus formas y su extensión, pero el fenómeno ya está bien documentado a partir de la conquista, cuando se instaló como una extensión de las múltiples prácticas de torcer la legalidad, que existían -abundaban- en la metrópoli, aunque con peculiaridades propias debido a la existencia de una amplia población original derrotada, a la que peninsulares, criollos, mestizos y caciques indígenas consideraban materia de explotación.

· Definición

En su sentido más amplio, se entiende como corrupción la perversión o el abandono de un estándar establecido de conducta. En el campo de la política, hoy en día, se le puede definir de manera más específica: como el uso de un puesto público o de autoridad para lograr un beneficio personal no permitido por la ley. Las formas más corrientes de esta corrupción son el soborno, la extorsión y el uso inapropiado de información oficial (The social science encyclopedia, Londres, 1996, p. 142).

Hace medio siglo, la literatura especializada no parecía demasiado preocupada por los efectos de la corrupción. Por un lado, algunos optimistas suponían que el proceso general de crecimiento llevaría a disminuir sus áreas e intensidad de manera tal que en los países desarrollados el tema llegaría a perder relevancia y, sin desaparecer del todo, sería más una excepción que una regla. Por otro lado, en países atrasados como el nuestro, el soborno sí era un problema central aunque también podría tener un elemento funcional, al aceitar los engranes de una maquinaria burocrática ineficiente y eliminar así cuellos de botella administrativos para actores privados discriminados pero dinámicos y con recursos (ver, como ejemplo, a un clásico de la época: Fred W. Riggs, Administration in developing countries, Boston, 1964).

Al consultar el “Índice de Percepción de Corrupción” de 2011 publicado por Transparencia Internacional y que se refiere específicamente a los niveles de corrupción en el sector público en 183 países (cpi.transparency.org/cpi2011/results), se comprueba que los 10 países que encabezan la lista con los mejores resultados son sociedades muy desarrolladas donde efectivamente, la corrupción pública ya no es problema sustantivo: Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, etcétera. Sin embargo, entre los 10 últimos países, hay una mezcla de aquellos donde evidentemente su característica central es la pobreza extrema, como son Somalia, Haití o Sudán, con alguno que combina pobreza y hambruna con uno de los mayores ejércitos del mundo y una industria atómica -Corea del Norte- y con otros poseedores de una gran riqueza petrolera y sectores sociales con niveles de consumo altos pero con una burocracia poco profesional y dada a aceptar o exigir sobornos, como Venezuela e Irak.

Así pues, la corrupción pública ya no está asociada directamente y positivamente con el subdesarrollo en general: Rusia ya no es una gran potencia pero sigue siendo capaz de poner vehículos espaciales en órbita, sin embargo se encuentra cerca del fondo de la escala de corrupción (en lugar 143), al lado de Mauritania. Por otro lado, Estados Unidos -el país más poderoso del mundo y puntero en el avance científico- está, en materia de probidad pública, dos lugares por debajo de Chile. Y, finalmente, México, con un grado de desarrollo no muy distinto de Chile, en materia de corrupción se encuentra en el sitio número 100, es decir ¡78 lugares más abajo que Chile! Esto último muestra que con un grado de desarrollo económico comparable, entre Chile y México hay un mundo de diferencia en materia de honestidad pública que en alguna medida puede explicar el dinamismo del proceso económico chileno y el estancamiento relativo de México. Y esto último arroja dudas sobre la vieja propuesta que sostenía que en algunos casos la corrupción pública podía ser funcional al crecimiento pues hacía que las trabas administrativas dejaran de ser tales para los actores económicos con recursos y proyectos.
·Los costos materiales y morales de la corrupción en el sector público
La percepción de una corrupción extendida en la estructura gubernamental desmoraliza al ciudadano común y corriente, lo transforma en cínico respecto de la cosa pública y le hace percibir al gobierno y al Estado mismo no como organizadores del esfuerzo común, ejes del “proyecto nacional”, sino como estructuras ajenas, parasitarias y finalmente como enemigas de un hipotético interés colectivo. Y las encuestas así nos lo muestran. Por ejemplo, en el caso de México, hace poco más de tres años, al preguntar si el país era gobernado en interés de la mayoría o de unos cuantos, el resultado fue contundente: el 83% de los encuestados respondió que era gobernado por los intereses de unos cuantos y en su propio beneficio (Reforma, 20 de mayo, 2008). Se trataba de una encuesta a nivel mundial que permitía la comparación; el promedio de los ciudadanos que no percibían al gobierno como una fuerza que velaba por el interés de la mayoría era del 63%. Hoy, el grueso de los ciudadanos no se hacen ilusiones sobre la probidad y compromiso de sus gobernantes con los intereses del ciudadano de a pie, pero México está muy por encima del promedio mundial -cuatro de cada cinco tienen esa visión negativa-, aunque sorprende que en Estados Unidos esa visión desilusionada está apenas unos puntos por debajo de la mexicana.

Que la corrupción tiene efectos negativos sobre el desarrollo sano de la economía y del sentido de comunidad, queda claro al examinar los terribles efectos de un ambiente extendido de falta de ética. El ejemplo más significativo es el norteamericano, donde la clase política se empeñó en declarar guerras por motivos falsos -Irak- y en su afán de favorecer a las clases altas, abandonó deliberadamente la vigilancia de las malas prácticas de las instituciones financieras y permitió una acumulación rápida de la riqueza en un sector muy reducido de la población, lo que desembocó en burbujas especulativas, especialmente en el sector inmobiliario, que están en la raíz de la crisis económica de 2008 cuyos efectos negativos se extendieron al resto del mundo y que siguen afectando, sobre todo, a las clases populares y media (al respecto ver los numerosos ensayos del Nobel de economía Paul Krugman en The New York Times). Otro buen ejemplo del alto precio que toda una sociedad debe pagar por la corrupción es Italia -que en el índice de Transparencia Internacional ya citado, ocupó el lugar 69, muy por debajo del conjunto de los países europeos. En Italia, Silvio Berlusconi usó por años su dominio sobre la televisión para ganar y mantener el puesto de primer ministro y blindarse así contra de los cargos de corrupción y seguir aumentando su enorme fortuna personal a costa de llevar a su país a la bancarrota (ver el análisis de Paolo Flores d’Arcais en El País, 21 de noviembre, 2011).

· En síntesis

Poner el combate armado al narcotráfico como el centro de la gran tarea nacional inmediata en vez de enfrentar a la corrupción en general ha sido un error. Hoy, la obligación de todas las fuerzas políticas mexicanas es centrar su energía en el combate a la corrupción de cuello blanco y de cualquier otro color. Es un combate sin fin, pero el llevarlo a cabo tiene dos grandes ventajas: primero, generaría apoyo y relegitimaría a la política. Y segundo, la reducción de la corrupción de la esfera pública abrirá más espacios a las actividades constructivas de la sociedad.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

EN MÉXICO

DENÚNCIALA …HAGÁMOSLA PÚBLICA

http://www.corrupcion.org.mx/

“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los de sin ética, lo que más preocupa es el silencio de los buenos…”

Martín Luther King

La Justicia está de Vacaciones Uncle Daisy http://www.youtube.com/watch?v=WYq-wqT682U

Cidinha Campos – Brasil (subtítulo castellano)

http://www.youtube.com/watch?v=n8-WBvEfdH8

El caso Elba Esther Gordillo y la Etica educativa de México

Los Socios de Elba Esther (1) Aristegui y Ricardo Rafael

Elbas dixit

Tragaluz

Aristegui – Elba Esther Gordillo (Entrevista Luis Hernandez Navarro y Ricardo Raphael) 1/2

http://www.youtube.com/watch?v=gqEwur7y5FA
http://www.youtube.com/watch?v=YmCyoEeeaTs

…Y EL CHAVO DEL 8 …

Irma Eréndira Sandoval

Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coordina el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia.

http://www.irmaerendira.blogspot.com/

Entrevista en Antena Radio con Mario Campos, 23 Febrero 2011

http://irmaerendira.blogspot.com/2011/12/entrevista-irma-erendira-sandoval.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+IrmaErendiraSandoval+%28Irma+Er%C3%A9ndira+Sandoval%29

El túnel, 1

PRESUNTO CULPABLE COMPLETA

Denuncie demandas de soborno De forma rápida, segura y anónima

www.BRIBEline.org

Cidinha Campos – Brasil

https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/130dca2afd30782f

Indocumentado

Raptaron a Pedro

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2011

            El 1 de Diciembre se presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2011  (elaborado por Transparencia Internacional), que recoge una visión panorámica y clasificación de 183 países según su nivel de corrupción, en función de la percepción que tienen sus ciudadanos y muy diversos especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales.

Participaron tres miembros del Comité de Dirección de Transparencia Internacional EspañaD. Jesús Lizcano (Presidente), D.Antonio Garrigues Walker D. Jesús Sánchez Lambás.

http://sp.rian.ru/infografia/20111202/151820285.html

Tabla sintética

http://www.lostiempos.com/media_pdf/2011/12/01/314955_pdf.pdf

Transparency International nos trae su último Índice sobre la percepción de la corrupción para 2011, analizando el nivel de percepción de corrupción en 183 países. El Índice mide los distintos países en base a la percepción del nivel de su corrupción en el sector público.

Toma evaluaciones de percepciones de empresas privadas, incluyendo la necesidad de sobornar a oficiales públicos, de comisiones a oficiales públicos por la concesión de proyectos estatales, la malversación de fondos públicos y, también, analizaron la fortaleza y efectividad de los controles de la lucha contra la corrupción. Como ya he hablado en el pasado sobre cómo elaboran el Indice:

México, el peor de OCDE en corrupción

El país se ubicó en la posición 100 de 183 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2011; obtuvo una puntuación de 3, donde 0 es calificación para sumamente corruptos y 10 para los menos.

CNNExpansión — México se ubicó en la posición 100 de 183 países considerados en el Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparencia Internacional (TI), y es el peor de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ocupando el lugar 34 de la misma cantidad de integrantes.

El país obtuvo una puntuación de 3, un avance de una décima en comparación con 2010, cuando su calificación obtenida fue de 3.1.

En el índice de Transparencia, 0 corresponde a la mayor percepción de corrupción y 10 a la menor.

Este aumento “de acuerdo con Transparencia Internacional no representa un cambio estadísticamente significativo”, dijo Transparencia Mexicana en su comunicado emitido este miércoles.

A nivel mundial, los países mejor evaluados fueron Nueva Zelanda, seguido por Finlandia y Dinamarca. Mientras que los peores lugares los obtuvieron Somalia y Corea del Norte (incluida por primera vez en el índice). En América Latina el país mejor ubicado en el Índice de Percepción de Corrupción es Chile, con una calificación de 7.2, y en la posición 22 a nivel global, casi 80 lugares por encima de México.

Transparencia Internacional señaló que “el índice muestra que algunos Gobiernos no protegen de forma adecuada a sus ciudadanos frente a la corrupción, tanto en el abuso de los recursos públicos, como en la presencia de sobornos o en el hermetismo en la toma de decisiones”.

Además, el organismo advirtió que las manifestaciones en el mundo, relacionadas en muchos casos con casos de corrupción e inestabilidad económica, “son una muestra clara de que los ciudadanos consideran que sus líderes e instituciones públicas no son suficientemente transparentes ni rinden cuentas de manera adecuada”.

“Este año hemos visto referencias a la corrupción en los reclamos de los manifestantes, tanto de origen rico como pobre. En una Europa golpeada por la crisis de la deuda, y en un mundo árabe que se asoma a una nueva era política, los líderes deben tener en cuenta los reclamos que exigen un gobierno más efectivo”, señaló en el texto Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional.

En comparación con otros países del continente americano, México se ubica en la posición 20 de 32 países evaluados por el índice. Comparado con los integrantes del G20, el país está en el lugar 16 de 19 con resultados similares a Argentina e Indonesia, tomando en cuenta que la Unión Europea no es considera en bloque en esta clasificación.

Si la nación se le compara con la BRICS, es la penúltima, sólo seguida por Rusia.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2011evalúa a 183 países y territorios. Utiliza datos de 17 encuestas que analizan factores como aplicación de leyes contra la corrupción, acceso a la información y conflictos de interés.

Dos tercios de los países clasificados obtuvieron una puntuación inferior a 5.

El Gobierno reconoce rezagos

A través de un comunicado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer la posición de la Administración Pública Federal sobre los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2011 elaborado por TI.

“La SFP no elude su responsabilidad en lo relativo al combate a la corrupción: seguirá impulsando acciones para cerrar aún más los espacios a las prácticas de corrupción dentro del Gobierno federal; continuará con las investigaciones y sanciones, consolidará las políticas de prevención y continuará mejorando la prestación de trámites y servicios”, dijo la dependencia a través de un comunicado.

Sin embargo, dijo que estudios recientes señalan la necesidad de que los Gobiernos locales fortalezcan y transparenten sus mecanismos de fiscalización del gasto público, coordinación fiscal, contabilidad gubernamental, compras públicas, eficiencia y prevención de la corrupción en trámites y servicios.

La más reciente “Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno” de TI – Capítulo México señala que los trámites gubernamentales con más incidencia de corrupción pertenecen al ámbito local, destacó la secretaría.

“La SFP exhorta al Poder Legislativo a aprobar las iniciativas que fortalecen el marco legal anticorrupción; al Poder Judicial a impulsar sanciones efectivas y expeditas a funcionarios y particulares que incurran en actos de corrupción; a los Gobiernos estatales y municipales a desarrollar políticas de prevención y combate a la corrupción; al sector privado para fortalecer mecanismos de autorregulación; y a la sociedad en su conjunto a denunciar y condenar los actos de corrupción”, señaló en el documento.

Los resultados del IPC 2011 son un llamado para fortalecer la lucha contra la corrupción, destacó la Secretaría de la Función Pública.

“Mejorar la calificación del país, en su conjunto, depende la suma de los esfuerzos de los tres poderes de la Unión, los tres órdenes de Gobierno, el sector empresarial, sociedad civil organizada y los ciudadanos en general”, recalcó

UN MEXICANO EN SINGAPUR

JORGE RAMOS ÁVALOS

8 Ene. 12
SINGAPUR.- Todo sorprende de Singapur: limpieza, orden, seguridad y arquitectura. Singapur se destaca por ser uno de los países menos corruptos y uno de los más desarrollados. Una pausa. Singapur no es ejemplo de democracia y de respeto a la libertad de expresión pero de eso hablaremos más adelante.

Desde la rueda de la fortuna más grande del mundo (Singapore Flyer) pude apreciar el espectacular centro cultural (Victoria Concert Hall) al lado de una bahía y de los edificios más ambiciosos que he visto, incluyendo Barcelona y París. Se trata de una sociedad multicultural (con tres cuartas partes de origen chino, y el resto malayo y de la India) donde las tensiones raciales, religiosas y étnicas están muy vigiladas y bajo control. Aquí viven y conviven budistas, musulmanes, hinduistas, taoístas y cristianos.

Como mexicano en esta ciudad-estado de 5 millones de habitantes, la pregunta es si México pudiera aprender algo de los singapurenses para controlar la violencia y la corrupción, y para crecer rápida y ordenadamente. Escribo esto al enterarme que 12 mil mexicanos, aproximadamente, fueron asesinados en México el año pasado en la guerra personal del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico y que el gobierno, otra vez, no cumplió su promesa de crear un millón de empleos al año.

Entiendo las diferencias. Singapur es una isla muy pequeña, mientras que México tiene 113 millones de habitantes y una frontera de más de 3 mil kilómetros con el principal mercado de drogas del mundo, Estados Unidos.

Singapur, que alguna vez se dio a conocer por detener a los que tiraran chicles al suelo, ha creado una férrea cultura en contra de la corrupción. Casi nadie rompe las reglas. Ningún taxista se atrevió a llevar a mi grupo de cinco personas en sus amplios autos porque las leyes sólo permiten un máximo de cuatro pasajeros.

Transparencia Internacional declaró a Singapur como el país menos corrupto en 2010 y el número 5 en 2011, mientras que México quedó en el poco honroso número 100 de un total de 182 lugares.

Para entender cómo Singapur pasó del tercer al primer mundo es fundamental ojear y hojear la biografía de su ex primer ministro Lee Kwan Yew. Su economía creció un 14.5 por ciento en 2010 (y 4.8 por ciento en 2011) y tiene a los funcionarios mejor pagados del planeta; el primer ministro Lee Hsien Loong, hijo de Kwan Yew, gana 1.7 millones de dólares al año, mucho más que los 400 mil que recibe Barack Obama.

Desde su independencia en 1965 -fue colonia británica y luego se separó de Malasia-, Singapur no ha dejado de crecer. El Banco Mundial considera a Singapur como el lugar más fácil del mundo para hacer negocios; alberga al segundo puerto de contenedores más activo del orbe y uno de los aeropuertos más modernos (Changi, donde mis maletas llegaron al carrusel antes que yo). Viajar en Singapore Airlines es lo más parecido a estar en una alfombra voladora con asientos que parecen anchas camas en la sección de business.

La efectividad de las Fuerzas Armadas, un estricto sistema judicial que usa y a veces abusa de la pena de muerte y de castigos desproporcionados, según Amnistía Internacional, y una sociedad que se ha acostumbrado a no confrontar a la autoridad han reducido el crimen a su mínima expresión. Las autoridades son particularmente duras contra los sospechosos de narcotráfico aunque el gobierno no da cifras de ejecuciones.

Singapur es, en nombre, una democracia parlamentaria. Sólo en nombre. Un partido, el Partido de Acción Popular, ha controlado el gobierno por medio siglo y las voces de la oposición son muy pocas y con mínima representación en el parlamento unicameral. Los medios de comunicación están subordinados al gobierno, Reporteros Sin Fronteras considera a Singapur como una de las naciones con menos libertad de prensa. Es, en pocas palabras, un Estado autoritario. El éxito de Singapur ha tenido un costo en las libertades individuales.

La mano dura de los gobiernos singapurenses ha dado lugar a una sociedad que funciona pero donde hay poco espacio a las voces disidentes. ¿Es ése el único camino? Desde luego que no. Pero no hay ninguna indicación de que el “experimento Singapur” vaya a cambiar de rumbo.

¿Qué puede aprender México? Lo fundamental es desarrollar una sociedad con cero tolerancia a la corrupción, una policía profesional y un sistema judicial que funcione. ¿Acaso toda la policía mexicana no puede ser como la que impone los alcoholímetros en la Ciudad de México?

Estos cambios en México, al igual que el crear buenos empleos con una economía que mire hacia fuera y aumentar el nivel educativo, tomarían décadas. A Singapur le tomó 45 años. Si un país sin recursos naturales y una extensión de apenas 647 kilómetros cuadrados pudo, no hay ninguna razón para pensar que México y los mexicanos no podrían.

Si México no empieza ahora, corre el riesgo de convertirse en un país irrelevante antes de mediados de siglo. El ejemplo a seguir, sin perder las libertades, está en una pequeñísima isla a 16 mil 722 kilómetros de Acapulco.

Verguenza sonorense

“Verdaderamente Durazo”, documental que retrata la corrupción
Columba Vértiz de la Fuente

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/91030

¡Premio mayor, premio mayor!-Fisgón

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/15/cartones/1

Programa Primer Plano Canal 11 TV

La Corrupción

Corrupción

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/20/cartones/1

La educación en Finlandia I

http://www.jornada.unam.mx/2012/02/21/opinion/018a2pol

Transparencia y rendición de cuentas México: ¿Estado corrupto? (I)

http://www.proceso.com.mx/?p=299856

Corrupción; el ejemplo brasileño

Colaborador Invitado

Alberto J. Olvera

Reforma, 10 agosto 2012. El principal saldo de la elección federal de 2012 es la conciencia pública de que los políticos de todos los partidos, pero sobre todo del PRI, siguen recurriendo a diversos actos ilegales para financiar sus campañas y para incitar el voto por sus candidatos, y que esto es posible por un clima de impunidad, que abarca no sólo los delitos electorales, sino todo tipo de actos delictivos. Vivimos la legalización fáctica de la ilegalidad, lo cual rompe los principios morales de cualquier régimen democrático. En este contexto, podemos aprender de la experiencia reciente de Brasil, donde está dándose una revolución judicial que puede conducir al castigo de los responsables del mayor escándalo de corrupción política de la historia de ese país, “el mensualazo”, e impedir a políticos acusados de corrupción que vuelvan a competir por cargos de elección popular. El caso es muy relevante para México por obvias razones.

En 2005, dos años después de la ascensión de Lula a la presidencia de Brasil, estalló el escándalo del “mensalâo”. Se trataba de una trama compleja, dirigida por el principal operador político de Lula, José Dirceu, que consistía en un mecanismo de compra de votos de los diputados de varios partidos políticos, que sólo de esa manera acompañaban al gobernante Partido de los Trabajadores en sus iniciativas y conseguían garantizarle una mayoría parlamentaria. Las investigaciones demostraron que para pagar a casi cien diputados un sustancioso sueldo mensual ilegal se recurrió al blanqueo de dinero, la evasión de divisas, el peculado y actos de delincuencia organizada, mecanismos ilegales ya usados en el financiamiento de la campaña de Lula (y de sus contrincantes) en 2002 (cabe anotar que en Brasil todos los partidos recurren a estas prácticas en ausencia de financiamiento público).

En 2005 toda la plana mayor del PT tuvo que renunciar a sus cargos y el Presidente Lula se dijo “engañado” por sus operadores. Gracias a su habilidad política, Lula logró eludir toda responsabilidad en el escándalo, pero pagó el precio de tener que prescindir de sus principales operadores políticos. Sin embargo, no hubo sanciones judiciales. Desde entonces, en Brasil han estallado innumerables escándalos de corrupción en todos los niveles de gobierno, cada vez menos tolerados, a grado tal que hoy día el 25% de los diputados en funciones está bajo proceso judicial. Muchos legisladores, alcaldes, gobernadores y altos funcionarios han renunciado a sus cargos para evitar que los procesos en su contra concluyan en su encarcelamiento, y para no dejar precedentes judiciales que les impidan continuar su carrera política. Para colmo, muchos de ellos vuelven a postularse para gozar del fuero que implica el sólo poder ser procesados por el Tribunal Supremo, de acuerdo con las leyes vigentes hasta el mes pasado.

Pues bien, este 2 de agosto el Tribunal Supremo de Brasil ha comenzado a juzgar a 38 políticos, empresarios y banqueros involucrados en el caso del “mensualazo”, rompiéndose así una historia de impunidad intolerable en una democracia. Por su parte, la Presidenta Dilma Rousseff ha despedido, en casi dos años de mandato, a seis ministros que habían sido acusados de corrupción. Se acaba de aprobar en el congreso la iniciativa “Expediente Limpio”, que impide a los políticos condenados en primera instancia (aunque hayan apelado) ejercer cargos públicos por ocho años. Sólo podrán volver a competir por un cargo de elección popular si son absueltos en última instancia, lo cual puede ser un proceso penosamente largo.

Para poder llegar a este punto los brasileños han desarrollado luchas civiles incesantes desde hace 20 años, enfrentándose a la resistencia de la clase política en su conjunto a ser supervisada y a asumir responsabilidad no sólo política, sino judicial, por actos de corrupción. Condiciones favorables han sido que buena parte del sistema judicial actúa con autonomía política, que la fuerza y densidad de la sociedad civil ha impedido que los viejos escándalos sean olvidados y que organizaciones ciudadanas han fincado acusaciones judiciales a los políticos corruptos. Algunos procesos han sido ganados, poco a poco, por los ciudadanos y han sentado jurisprudencia, acotándose poco a poco la impunidad reinante.

En México vivimos en medio de la más absoluta impunidad. Los políticos cínicamente niegan sus patentes faltas y aprovechan la ausencia de leyes e instituciones que los sancionen para delinquir sin temor a castigo alguno. Entre la clase política y la ciudadanía hay una fractura moral derivada de este clima de impunidad, factor que explica que para un amplio sector de la población el reciente triunfo del PRI sea percibido como ilegítimo.

La izquierda y la derecha nos deben propuestas concretas tendientes a acabar con esta situación. Deben asumir un compromiso ético y político explícito que ayude a poner fin a la impunidad política generalizada, de la cual son corresponsables. El ejemplo brasileño debe inspirarnos a iniciar una vasta lucha contra la corrupción a todos los niveles en nuestro país.

El autor es miembro del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad de Veracruzana.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EL EJEMPLO BRASILEÑO

Héctor Rodríguez Espinoza

“Quita el Derecho y, entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?”

San Agustín

La nota del domingo 19 de agosto de 2012, en EL IMPARCIAL, tomada deREFORMA, dice: “Negociaciones. Denuncian plan para “comprar” diputados. El futuro vicecoordinador de la bancada del PRD en la Cámara Baja, Miguel Alonso Raya, advirtió sobre la pretensión de “comprar” diputados y marginar a la izquierda en las negociaciones de diversas reformas en el Congreso. …”.

Sea o no una simple alarma protagónica, nos da pie para referirnos a otros –¿todos, la mayoría?– países con gobiernos sedicentemente democráticos, desde los de ínfima hasta los de máxima calidad.

UN SALDO

Un legado de 201 años de vida independiente, agudizado en los recientes 83 en que han gobernado –al país, incluyendo al DF– todos los partidos políticos, es la generalizada corrupción –pública y privada– y su impunidad. Se sigue recurriendo a actos ilegales para financiar sus campañas e incitar el voto por sus candidatos.

Entre la clase política y la ciudadanía hay una fractura moral. Las manifestaciones contra la corrupción e inestabilidad económica muestran que los ciudadanos consideran que sus líderes e instituciones públicas no son transparentes ni rinden cuentas.

México sigue siendo uno de los países con mayor índice de corrupción, lugar 100 de 180 naciones que revisaTransparencia Internacional (TI), con una vergonzosa calificación de 3.0, en una escala en la que cero representa la peor y 10 la mejor; los con mejor calificación (9 a 10) son Nueva Zelanda, Finlandia y Dinamarca; y los últimos (0 a 1) son Somalia y Corea del Norte.

BRASIL

Debemos aprender de la experiencia reciente de Brasil, donde está dándose una revolución judicial que puede conducir al castigo de los responsables del mayor escándalo de corrupción política de su historia, “el mensualazo”, e impedir a políticos acusados que vuelvan a competir por cargos de elección.

Estalló en 2005, dos años después de la ascensión de Lula: una trama compleja, dirigida por su principal operador,José Dirceu, compra de votos de los diputados de varios partidos, que sólo así acompañaban al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en sus iniciativas y le garantizaban mayoría. Para pagar a casi cien diputados un sustancioso sueldo mensual ilegal se blanqueó dinero, evadió divisas, peculado y delincuencia organizada, para financiar la campaña de Lula en 2002.

La plana mayor del PT renunció a sus cargos y Lula se dijo “engañado”, eludió responsabilidad, pero tuvo que prescindir de sus operadores, pero sin sanciones judiciales. Ha habido innumerables escándalos en todos los niveles, cada vez menos tolerados; el 25% de los diputados en funciones está bajo proceso judicial. Muchos políticos han renunciado para evitar que los procesos concluyan con cárcel y no dejar precedentes, pues muchos vuelven a postularse para gozar del fuero.

Este 2 de agosto el Tribunal Supremo comenzó a juzgar a 38 políticos, empresarios y banqueros, rompiéndose una historia de impunidad intolerable en una democracia. La Presidenta Dilma Rousseff ha despedido, en dos años, a seis ministros. Se acaba de aprobar en el congreso la iniciativa “Expediente Limpio”, que impide a los condenados en primera instancia (aunque hayan apelado) ejercer cargos públicos por ocho años. Sólo podrán volver a competir si son absueltos en última instancia, un proceso penosamente largo.

Para llegar a este punto han desarrollado luchas civiles desde hace 20 años, con la resistencia de la clase política a ser supervisada y a asumir responsabilidad política y judicial.

Buena parte del sistema judicial actúa con autonomía política, la fuerza y densidad de la sociedad civil impide que los viejos escándalos se olviden y han fincado acusaciones judiciales. Algunos procesos han sido ganados, poco a poco, por los ciudadanos y sentado jurisprudencia, acotándose la impunidad.

AMÉRICA LATINA

Andrés Oppenheimer, en Brasil, un ejemplo de lucha anticorrupción, aplaude y espera que las audiencias de “el juicio del siglo”, duren varias semanas.

Aunque ni Rousseff ni Lula figuran entre los acusados, la imagen de éste resultaría perjudicada si sus ex colaboradores son culpables. Rousseff podrá salir fortalecida: aunque es una ex jefa de gabinete y protegida de Lula, y próxima al ex Presidente, tiene una popularidad récord del 70%, por su combate a la corrupción.

“El hecho de que el país sea capaz de enfrentar este tema en un mundo donde cunde la corrupción, es una buena noticia”, dice Albert Fishlow, profesor de Columbia.

“Todos estos acusados han usado el sistema legal para evitar ser juzgados durante años. Pero al final, en vez de que el tema desaparezca, el poder judicial ha demostrado funcionar mejor que en casi todo el resto de Latinoamérica”, agregó.

Para Paulo Sotero, del Wilson Center de Washington D.C., el que el juicio se celebre pocos meses antes de las elecciones municipales y cuando su economía se desacelera, prueba que hay una saludable división de poderes, instituciones que funcionan.

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner ha dejado en su cargo a su vicepresidente Amado Boudou a pesar de un escándalo por sus presuntos vínculos con la empresa que imprime el dinero. En Venezuela, Hugo Chávez no sólo no destituyó al comandante militar Gen. Henry Rangel Silva después de que Washington lo acusó oficialmente en 2008 de vínculos con el narcotráfico, sino que lo ascendió a Ministro de Defensa.

En Ecuador, jueces aliados de Rafael Correa están tratando de archivar una investigación de contratos gubernamentales por 120 millones de dólares con su hermano Fabricio, quien ha corroborado públicamente su existencia.

VOLVIENDO A MÉXICO

Las izquierdas y la derechas nos deben propuestas sinceras y concretas –no demagógicas– tendientes a acabar con esta situación; asumir un compromiso ético y político explícito que ayude a poner fin a la impunidad política generalizada, de la cual son corresponsables.

El ejemplo brasileño –sin imitación extra lógica– debe inspirarnos a iniciar una vasta lucha contra la corrupción a todos los órdenes y niveles de gobierno en nuestro país.

Evoco a Martín Luther King“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los de sin ética, lo que más preocupa es el silencio de los buenos…”

Pacta senador corrupto devolver 234 mdd

Ex senador pactó devolver 234 millones de dólares al Estado a cambio de que descongelen las cuentas de sus familiares
Río de Janeiro,  Brasil (23 agosto 2012).-  En el que es considerado el mayor acuerdo judicial en un caso de corrupción en Brasil, el ex senador y empresario Luiz Estevão, destituido por sus pares en 2000, se comprometió a devolver al Estado brasileño 234 millones de dólares por desviar dinero público hacia su compañía constructora en la década del 90.
Estevão, quien desde 2006 se encuentra condenado a 36 años de prisión por los crímenes de corrupción, peculado, estafa, uso de documento falso y asociación ilícita, llegó a este inesperado arreglo con la Abogacía General de la Unión para que las cuentas bancarias de su familia sean desbloqueadas y para que su empresa, el Grupo OK, pueda seguir funcionando.

Del total acordado, 40 millones de dólares serán depositados en la cuenta del Tesoro Nacional de inmediato, mientras que el resto será pagado en 96 cuotas.

“Es el mayor pago por corrupción en los 500 años de historia de Brasil, por no decir uno de los mayores del mundo. Representa un cambio de paradigma. Es un rescate de valores muy grande y recompone parte del patrimonio público. De esta manera, Brasil entra en el primer mundo del combate a la corrupción”, afirmó la fiscal general de la Unión, Helia Bettero.
La noticia llega cuando Brasil hace esfuerzos por romper con su larga tradición de corrupción en la política. El año pasado la Presidenta Dilma Rousseff pidió la renuncia de siete de sus ministros acusados por la prensa de irregularidades, lo que despertó una fuerte movilización de la sociedad, que elogió la actitud y exigió más acciones de limpieza. 
El mes pasado, el Senado destituyó al legislador Demóstenes Torres, del Partido Demócrata, luego de ser denunciado por tráfico de influencias en una comisión parlamentaria que investiga a una mafia del juego ilegal. Y, este mes, el Supremo Tribunal Federal comenzó a juzgar a la ex cúpula del oficialista Partido de los Trabajadores, a ex legisladores y a empresarios involucrados en un supuesto esquema de compra de votos que hizo tambalear al Gobierno del ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2005.

El caso de Estevaõ, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, se remonta a 1992, cuando la empresa Incal ganó una licitación para construir la nueva sede del Tribunal Regional de Trabajo en São Paulo. En 1998, una auditoría del Ministerio Público reveló que los costos habían sido sobrefacturados, que la obra había sido abandonada, y que existía un contrato por el cual el 90 por ciento de las acciones de Incal habían sido transferidas al Grupo OK. El Congreso estableció una comisión investigadora y en 2000 Estevão se convirtió en el primer legislador expulsado del Senado en la historia de Brasil.
En 2006, un tribunal halló culpable a Estevão y a dos de sus socios en Incal. El ex legislador apeló el fallo, pero el Superior Tribunal de Justicia ratificó la condena y ordenó mantener el embargo sobre las cuentas y los bienes de la familia de Estevão y del Grupo OK. Entonces, la empresa comenzó a negociar una salida.

“Por una cuestión de pragmatismo retomamos la búsqueda de un acuerdo. El Grupo OK resolvió solucionar esta pendencia judicial que ya se arrastra desde hace una década. El grupo quiere volver a la normalidad de su actuación en el mercado”, señaló el abogado de la compañía, Marcelo Bessa.

Estevão, quien continúa alegando que es inocente, aprobó el acuerdo final.
“Necesito trabajar y cambiar mi vida. Es inadmisible que bloqueen las cuentas de mis hijos y las de la empresa. Es un drama para toda mi familia”, dijo el ex senador al diario Folha de São Paulo.

Comentarios de lectores

 Justamente para que esto nunca les pase eso a nuestros senadores les damos el fuero. Cobran como si supieran lo que están haciendo o como si estuvieran representando a algún Mexicano… pensándolo bien… si representan a algunos mexicanos… Sus familiares! 

 pensé que la nota era sobre México, ¿qué inocente verdad?

La multiplicación (a veces inútil) de los IFE

Duda Razonable Carlos Puig

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9157597

Negación del derecho y de la verdad / Víctor Flores Olea

Jornada, 3 sept. 2012. Los acontecimientos de los últimos días confirman a la luz del día, con claridad abrumadora, que nuestro sistema político, económico y social parece ya fraguado para hacer invencible a la mentira y para arrollar a la justicia como posibilidad de vida y de verdad. Pocos parecen inmutarse y los hechos siguen su curso sin mayores sacudidas, según nos repiten en todos los tonos los medios informativos. Aquí no ha pasado nada y fastidian la protesta y el rechazo: la única forma de civilidad y de moral en estos momentos es una ciudadanía dócil y que se atenga a los resultados de las mecánicas electorales, las que sean, y que se sometan sin chistar a los atropellos, los que sean también.

Ante el fracaso de los gobiernos panistas surgió poderosamente la especie de que el PRI volvería al gobierno. No obstante sus setenta años discutibles, pero al final de cuentas más rescatables que los últimos ensayos panistas, el “rumor” general se fue concretando en una candidatura que parecía recoger

las tradicionales capacidades del PRI incluido, por supuesto, el peso político de la mayoría de gobernadores (priístas) y sus recursos económicos (eventualmente movilizados fuera de la ley), el incondicional apoyo de las televisoras del duopolio (Televisa y Azteca), los amplios contactos y antecedentes del grupo Atlacomulco, al que pertenece la familia de Enrique Peña Nieto y, en fin, la maquinaria política del priísmo que parecía aceitada y como nueva. Por supuesto, también para abrir de par en par las puertas de la corrupción.

Naturalmente, los poderes económicos y fácticos del país (los que desde hace milenios constituyen las oligarquías), estaban ya alineados y apoyando con todos sus caudales a Peña Nieto. Pudiera no entusiasmarlos el candidato con su casi total falta de sustancia intelectual, pero no hay duda que para la ocasión resultaba un candidato posible que debería seguirse y apoyarse, y tener desde luego cuidado de aquel “oposicionista” y “desordenador” de la vida nacional que se llama Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de su “nuevo rostro” electoral seguía siendo “desconfiable” y el candidato a derrotar. ¿Cómo que un izquierdista al frente de las instituciones nacionales, que pudiera “interferir” o “dificultar” los privilegios y ganancias de los favorecidos? De ninguna manera, había que derrotarlo a como diera lugar. Los otros grupos que aparecieron a última hora, como el “Yosoy#132”, con presencia y cierto impacto, debían ser tratados con cautela (un enfrentamiento represivo hacia los jóvenes podía tener consecuencias muy desfavorables. Había pues que tolerarlos y confiar en el tiempo para su desgaste).

Pero claro, la cuestión más grave a “controlar” resultaba ser el cúmulo de pruebas y “datos” que al final de la campaña surgían por todos lados (inclusive la denuncia del periódico británico The Guardian en el sentido de un arreglo previo millonario entre Peña Nieto y Televisa que confirmaba negocios inadmisibles de la televisora con el candidato, que resultaban delitos electorales, y que habían lanzado al candidato del PRI mucho antes de las campañas, en propaganda diaria en los principales noticieros anunciando sus actos más insignificantes o sus frases más banales). La insistente repetición hizo por cierto de la mentira verdad y al final de cuentas se convirtió Peña Nieto en un candidato factible por el que debía votarse.

En cuanto a las carretadas de pruebas de la oposición de izquierda, que presentó y debía revisar el Tribunal Federal Electoral, se optó por el expediente más simple: darle carpetazo o, si se quiere, considerar tales pruebas como absolutamente irrelevantes, sin alcances ni significado alguno.

Con un desprecio absoluto de la ciudadanía y una burla mayúscula de la democracia. Y aquí es donde aparece una de las más siniestras operaciones de la última elección: la negación, el silencio absoluto sobre pruebas que resultaba necesario considerar, que era indispensable valorar y explicar a millones de mexicanos que esperaban, por lo menos, un criterio jurídico sobre tales pruebas, y no simplemente que fueran echadas de mala manera al cesto de los desperdicios.

El hecho es que el pueblo mexicano ha sufrido uno de los peores atropellos de su última historia. Se habla de corrupción en muchos órdenes de gobierno, pero tal vez no haya uno mayor que el encarnado hace apenas unos días por los magistrados del TRIFE, que pasan a la historia como verdaderos truanes de nuestro sistema judicial. “#YoSoy132” ha tenido razón al decir que su última votación, del Tribunal, considerando a Peña Nieto presidente electo es por lo pronto la muerte de la democracia en México, su asesinato innombrable por cinco facinerosos togados cuyo crimen no se olvidará.

Hoy Enrique Peña Nieto se enfrenta a un grave y real dilema: su designación presidencial carece de sólidas bases legales, pero es un hecho. Carente de legitimidad jurídica, apenas disfrazada de legalidad por los leguleyos, ahora deberá legitimar política y socialmente, pero en serio, su endeble nombramiento, y esto sólo podrá hacerlo con una política de claro beneficio popular que no se adivina hoy por ningún lado. Desde luego sus medidas anticorrupción y otras como las reformas estructurales que anuncia provienen directamente del Consenso de Washington (que repite también a diario Televisa como si fueran la panacea, pero que no lo son). Ahora Peña Nieto tiene frente a sí ya no las urnas electorales, sino el juicio de la historia. Que a juzgar por sus antecedentes será mucho más difícil de ganar. Porque es un juicio que viene del pueblo y regresa al pueblo, concluyente.

¿Y Andrés Manuel López Obrador? La víctima de los atropellos se lleva al menos la virtud histórica de la lucha por principios, en un país en que la mentira y la negación de la verdad se han convertido en hechos cotidianos que muchos están dispuestos a aceptar.

En lo que va del sexenio, la dependencia impuso 50 mil 829 sanciones, señala Morgan Ríos. CALDERÓN DEJA PENDIENTES 2 MIL CASOS DE CORRUPCIÓN FEDERAL: SFP. Destaca el fraude por 13 mdd en PMI Comercio Internacional y el quebranto por mil 300 mdp a la CFE. La ineficiencia le cuesta a México tres veces más, dice el funcionario

http://www.jornada.unam.mx/2012/10/07/politica/005n1pol

México cae 11 lugares en Índice de Corrupción.

La encuesta indicó que según la edición más reciente del Índice de Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional (TI), México reflejó una caída acumulada de 11 lugares en dicho rubro en sólo dos años.

Pese a que México se ubicó en el lugar 100 del Índice de Corrupción 2011, siete de cada 10 profesionistas mexicanos aseguraron que actúan siempre con honestidad en su vida personal y profesional, reveló una encuesta de OCCMundial.com.

El sitio de empleo explicó que de acuerdo con el sondeo, aplicado en noviembre a más de 3,000 usuarios del portal, 84% de los profesionistas mexicanos aseguró que actúa con honestidad en su vida profesional.

Sistema de justicia en México, de los peores del mundo
http://noticias.univision.com/mexico/noticias/article/2012-12-04/sistema-justicia-mexico-peor-mundo#ixzz2E8VMKQNB

Peña Nieto y la corrupción, ¿montaje o suicidio?

http://www.proceso.com.mx/?p=325711

Corrupción y responsabilidades

http://www.jornada.unam.mx/2012/12/09/edito

Televisa, con capacidad para dañar o encumbrar a políticos; Peña Nieto, ejemplo, señala. Corrupción y duopolio de tv, retos para México, dice Freedom House. El costo de las corruptelas para ciudadanos y empresas en el país equivale a 9 por ciento del PIB. La guerra contra el narco, factor fundamental en el deterioro de la gobernabilidad, indica

http://www.jornada.unam.mx/2012/12/09/politica/007n1pol

EL INFORME OPPENHEIMER

Los países menos corruptos

Andrés Oppenheimer

Una de las cosas que más me llamaron la atención del ranking mundial de corrupción publicado la semana pasada por la organización Transparencia Internacional es que Barbados, Chile y Uruguay salieron prácticamente empatados con Estados Unidos entre los 20 países más honestos del mundo.

Aunque casi todos los titulares de las noticias sobre el ranking de 174 países publicado el 5 de diciembre se centraron en los países más corruptos del mundo, y de cada región, el hecho de que esos tres países latinoamericanos y caribeños salieran bien parados -al igual que lo hicieron el año pasado- en estos rankings anuales pasó casi desapercibido.

Es un dato interesante, porque contradice el estereotipo de que la corrupción forma parte del ADN de las naciones latinoamericanas y caribeñas, y de que nuestros países están condenados a tener altos niveles de corrupción.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2012, que usa encuestas de opinión pública y entrevistas a empresarios entre varias otras mediciones, va en orden de los países menos corruptos a los más corruptos del mundo.

El ranking está encabezado por Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda (empatados en el primer puesto), seguidos por Suecia (4), Singapur (5) y Suiza (6). Entre los 20 países menos corruptos del mundo también figuran Alemania (13), Barbados (15), Gran Bretaña (17) y Estados Unidos (19), seguidos por Chile y Uruguay (empatados en el puesto 20).

Inversamente, dos tercios de los países latinoamericanos aparece en la segunda mitad de la lista. Venezuela y Haití se cuentan entre los países más corruptos del mundo, empatados en el puesto numero 165 con Chad, Burundi, Guinea Ecuatorial y Zimbabue.

Otros países de la región que salieron mal parados en el ranking son Paraguay (150), Honduras (133), Nicaragua (130), Ecuador (118), México y Bolivia (empatados en el puesto 105) y Argentina (102).

¿Por qué Barbados, Chile y Uruguay son menos corruptos que otros países de la región?, le pregunté a Alejandro Salas, director de la Oficina Latinoamericana de Transparencia Internacional.

Salas me dijo que se debe principalmente a que esas democracias tienen una división de poderes y sistemas de contrapesos que funcionan, con ramas judiciales y legislativas sólidas e independientes, y libertad de prensa.

“No es ninguna fórmula mágica, sino permitir que la democracia funcione”, me dijo Salas. “Por eso hay un contraste tan fuerte entre esos tres países y Venezuela, donde pasa todo lo contrario”.

Hay razones para ser optimista, dijo Salas. Brasil (puesto 69), el país más grande de la región, ha adoptado recientemente drásticas medidas para combatir la corrupción, que seguramente se reflejarán en el ranking en los próximos años, dijo.

A principios de este año, Brasil puso en vigor una ley de transparencia para abrir legajos públicos a los ciudadanos, así como otra ley de “ficha limpia” que prohíbe a las personas con antecedentes criminales presentarse como candidatos a los cargos públicos.
Además, en los últimos meses, la Presidenta Dilma Rousseff despidió a más de media docena de sus ministros debido a acusaciones de corrupción o a sospechas de conductas corruptas.

Y tal vez más importante aún, el mes pasado la Corte Suprema de Brasil sentenció a José Dirceu -el poderoso ex jefe de gabinete del ex Presidente Luiz Inacio Lula da Silva, y una de las figuras más influyentes del partido gobernante- a 10 años de cárcel, en un escándalo sobre sobornos del Gobierno a los legisladores.

Mi opinión: el hecho de que Barbados, Chile y Uruguay y Bahamas figuren todos los años entre los países menos corruptos del mundo demuestra que -contrariamente a quienes afirman que el clima tropical, la herencia hispana u otros factores culturales son la causa de altos niveles de corrupción en la región- Latinoamérica no está biológicamente condenada a tener altos niveles de corrupción.
Los países corruptos son casi siempre el resultado de Gobiernos corruptos. Estos últimos, al robar con impunidad, crean en la sociedad un clima de “vale todo”, en que la gente termina diciendo: “Si lo hace todo el mundo, por qué no lo voy a hacer yo?”. Los Gobiernos de Venezuela, Ecuador y Argentina son buenos ejemplos de esto (y, se podría agregar, lo han sido desde hace tiempo).

Pero como se ha demostrado en Hong Kong y en otras partes, la corrupción puede combatirse con eficaces sistemas de pesos y contrapesos, un poder judicial independiente y medidas para reducir la burocracia. Está probado que cuanto mas inspectores de gobierno hay, más oportunidades hay para la extorsión y el soborno.
Si las últimas medidas adoptadas por Brasil se reflejan en el ranking del año que viene, como probablemente ocurra, el país más grande de la región demostrará que la corrupción sí puede combatirse, y que Barbados, Chile y Uruguay no son islas de honestidad en un continente irremediablemente corrupto.

La vacilada de las declaraciones patrimoniales

DUDA RAZONABLECarlos Puig

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9170062

Cambios para las reformas-Fisgón

http://www.jornada.unam.mx/2013/01/26/cartones/0

EL INFORME OPPENHEIMER

¿Cuáles son los países más corruptos?

Andrés Oppenheimer

Un nuevo estudio sobre la corrupción en Latinoamérica contiene algunas cifras alarmantes: un promedio del 20 por ciento de la gente de la región dice que un policía o algún otro funcionario público le ha pedido un soborno en los últimos 12 meses, comparado con un 5 por ciento en Estados Unidos, y un 3 por ciento en Canadá.
La encuesta del Barómetro de las Américas, realizada por la Universidad de Vanderbilt, cuyos resultados en detalle serán revelados el jueves en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami, muestran que en algunos países latinoamericanos como Haití, Bolivia y Ecuador, el número de personas que dicen haber recibido un pedido de soborno en el último año ha superado el 40 por ciento.
Esos tres campeones regionales de la corrupción están seguidos bastante de cerca por México, Perú y Honduras, donde el porcentaje de personas que dicen que algún policía o empleado público les ha pedido un soborno es del 31 por ciento, el 28 por ciento y el 26 por ciento respectivamente, según la encuesta realizada a 40 mil personas en 26 países.

Esta encuesta es uno de los mejores indicadores de la corrupción en los países, porque a diferencia de otras que miden la percepción de corrupción -preguntando a la gente cuánta corrupción hay en su país, algo que puede ser influenciado por los titulares del momento- ésta mide los incidentes concretos de extorsión que las personas han sufrido en carne propia.

Entre los países que se encuentran en el medio de la tabla de las víctimas de corrupción están Argentina, donde alrededor del 20 por ciento de las personas dicen que les han pedido pagar soborno en los últimos 12 meses, Colombia (con el 16 por ciento) y Venezuela (con el 15 por ciento).

Sorprendentemente, entre los países que están por debajo del promedio regional de corrupción se encuentra Brasil, donde la Presidenta Dilma Rousseff ha despedido a más de media docena de ministros por sospechas de corrupción, y donde un mega escándalo de corrupción gubernamental que termino con una condena de diez años de prisión al ex alto funcionario del partido de Gobierno Jose Dirceu ha dominado los titulares de los últimos dos años.

Un porcentaje relativamente bajo de brasileños, el 11 por ciento, dicen que les han pedido un soborno durante los últimos doce meses, revela la encuesta. El país más honesto de Latinoamérica es Chile, donde sólo el 6 por ciento de la gente dice que le han pedido un soborno, dice la encuesta.

Elizabeth J. Zechmaeister, una profesora de Vanderbilt a cargo de la encuesta que se realiza cada dos años, me dijo que el porcentaje de victimas de corrupción en la región subió en el 2012, pero que no es una tendencia uniforme en todos los países.

“Los países que hicieron subir el promedio regional son Ecuador, Bolivia, Haití y Honduras”, me dijo. “Pero en Brasil, México y Argentina vemos una disminución de las víctimas de sobornos”.

En Ecuador, las víctimas de sobornos se duplicaron en los últimos dos años, del 21 por ciento en el 2010 a 41 por ciento en el 2012. Inversamente, en Brasil la cifra cayó a la mitad, del 24 por ciento en el 2010 al actual 11 por ciento en el 2012, revela la encuesta.
¿Qué podemos aprender de estas cifras?, le pregunté a Ariel Armony, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami y socio académico del estudio de Vanderbilt.

“Lo que muestran las cifras es que cuando la gente piensa que las instituciones son corruptas, es más proclive a pagar y aceptar sobornos”, dijo. “Por otra parte, cuando la gente ve que el gobierno reprime la corrupción, como en Brasil, la gente se comporta de forma mas honesta”.

Mi opinión: Estoy de acuerdo. No es una coincidencia que, en momentos en que el Gobierno de Brasil está reprimiendo la corrupción, el número de brasileños que fueron víctimas de sobornos se haya reducido a la mitad. Y no es una casualidad que Chile, que tiene instituciones fuertes, es el país latinoamericano con el menor número de experiencias de soborno.

Es cierto que hay muchas otras causas de corrupción, incluyendo el exceso de regulaciones gubernamentales y grandes burocracias. Cuantos más inspectores del Gobierno hay, tantas más oportunidades hay de pedir sobornos.

Pero, en general, la corrupción empieza desde arriba, y se puede frenar desde arriba. No es un mal cultural, o biológico, que no se pueda curar.

La buena noticia es que Brasil, el país más grande de la región, está dando un ejemplo al combatir la corrupción desde el Gobierno, haciendo que sus instituciones -y la división de poderes- funcionen. ¡Sería buenísimo que todos los vecinos de Brasil siguieran sus pasos!

Fallan sanciones contra corrupción

Reforma, 18 feb. 2013.

Mientras más herramientas ha creado el Estado para sancionar actos de corrupción, más difícil resulta aplicarlas. 

En la últimas dos décadas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han impuesto sanciones económicas por un monto total de 71 mil 730.4 millones de pesos a 23 mil 858 servidores públicos; sin embargo, sólo se han logrado cobrar 159.1 millones, es decir el 0.2 por ciento, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La ASF adquirió en la década pasada la facultad de imponer sanciones conocidas como responsabilidad resarcitoria, distintas de las que aplica la Función Pública por responsabilidad administrativa, pero no hay cómo cobrarlas.

Si bien muchos de los funcionarios son señalados por daño patrimonial a sus dependencias, la gran mayoría no son acusados de apropiarse fondos, por lo que no tienen bienes para pagar multas en ocasiones multimillonarias, o simplemente desaparecen o ganan los juicios para defenderse.

De acuerdo con el SAT, de los 23 mil 858 créditos fiscales emitidos para el cobro de las sanciones económicas, un total 9 mil 507, con un importe de 33 mil 579.4 millones de pesos siguen activos; 10 mil 989, con un monto de 37 mil 991.8 millones de pesos, causaron baja, principalmente al ser revocados en tribunales, y los cobrados son 3 mil 362 con un importe de 159.1 millones.

Luis Manuel Pérez de Acha, abogado litigante experto en temas fiscales y administrativos, consideró que la escasa capacidad de cobro se debe a las fallas estructurales que tiene el sistema de rendición de cuentas, además de la mala integración de los expedientes por parte de la SFP y la ASF.

“Históricamente, lo que son las multas tienen dos problemas estructurales: que se sanciona a quienes muchas veces no es responsable. La experiencia que tengo es que las sanciones derivan porque el ejercicio de la función pública está lleno de requisitos, entonces, es relativamente fácil que un servidor público se tropiece por una cuestión de papeleo”, indicó.

“El otro tema es sobre funcionarios que sí cometen irregularidades, pero aquí suele suceder que las resoluciones de la Función Pública y las resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación estén mal fundadas y motivadas; estén mal razonadas, estén mal estructuradas, y por ello son revocadas en los tribunales”.

De acuerdo con los datos del SAT, entregados vía transparencia, de las 23 mil 858 sanciones, 97.7 por ciento fueron impuestas por la SFP, en tanto que la ASF impuso 535 procedimientos.

En ambos casos, consideró el doctor en Derecho Daniel Ramos Torres y consultor en temas de responsabilidades administrativas, se suelen imponer sanciones económicas desproporcionadas que resultan inconstitucionales y que por tanto son echadas a bajo a través del amparo.

“Si vemos la Constitución federal, dice que las sanciones y sobre todo las multas deben ser proporcionales. Como en el caso de Rogelio Montemayor (ex director de Pemex), si multiplicamos su salario por el tiempo que trabajó versus la sanción económica que le dictaron es totalmente desproporcionada”, ejemplificó.

Las sanciones más altas impuestas hasta ahora, conforme el documento del SAT, son contra Efrén Alejandro del Pozo Castro y Enrique Alejandro Rivas Zivy, subdirector General Jurídico y delegado fiduciario especial de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), a quienes se les fijó un importe a pagar de mil 874.9 millones de pesos, por presuntamente haber entregado a particulares 52 mil toneladas de vías férreas de manera ilícita.

Logran condena 38% de denuncias

En los últimos seis años, 38 por ciento de las denuncias penales que la Secretaría de la Función Pública (SFP) interpuso ante la PGR llegaron a una sentencia condenatoria de primera instancia, revelan cifras de la propia dependencia.

Los reportes de la SFP indican que del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2012, la institución presentó 241 denuncias penales contra servidores públicos y particulares que se presume cometieron un delito y en ese mismo periodo se emitieron 92 condenas.

Sin embargo, la mayoría de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público no son por casos de corrupción, sino por otros ilícitos detectados en el ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, control e investigación administrativa.

Los ilícitos reportados son falsificación y uso de documento falso, que representa el 26 por ciento de las denuncias; usurpación de profesión, que significa el 22 por ciento del total; así como uso indebido de atribuciones y facultades, con una frecuencia del 11.3 por ciento.

Mientras que los delitos vinculados con temas de corrupción, como son el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito, suman entre los tres el 12.6 por ciento del total de las denuncias presentadas.

Según las cifras de la SFP, en las 241 denuncias presentadas están involucradas 2 mil 73 personas, de las cuales mil 450 son servidores públicos y las restantes (623) son particulares.

Los hechos denunciados, se señala, tienen un impacto económico en el erario de 2 mil 749 millones 338 mil 892 pesos.

En tanto, la Auditoría Superior de la Federación reporta que de 2006 a 2010 presentó ante el Ministerio Público 146 denuncias, de las cuales sólo seis han sido consignadas y se encuentran en manos de los jueces.

El 5 de febrero, en una reunión de trabajo que tuvieron el subsecretario de la SFP, Julián Olivas, y el Auditor Superior, Juan Manuel Portal, en el Senado, el legislador perredista Alejandro Encinas aseguró que el combate a la corrupción no ha sido eficaz y pidió conocer el número de sentencias que en esta materia se han dictado en los últimos años.

FRACASA COMBATE A LA CORRUPCIÓN

http://www.eluniversal.com.mx/notas/904911.html

Caso  Cesar Nava

Aumenta corrupción en México, informa Transparencia Internacional

9 julio 2013. BERLÍN (proceso.com.mx).- En México, siete de cada diez ciudadanos consideran que la corrupción de autoridades y policías ha aumentado significativamente en los últimos dos años y que es la misma ciudadanía la que reconoce haber cometido sobornos en uno de cada tres casos.

Así lo revela el último Informe sobre el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por la ONG Transparencia Internacional y dado a conocer este martes por su oficina central en esta capital de Alemania.

El Informe es el resultado de una encuesta aplicada entre ciudadanos de 114 países del mundo. En el caso del continente americano, fueron 14 las naciones que participaron.

Según los resultados, México junto con Argentina son los dos países del continente en los que más del 70% de sus ciudadanos consideran que los niveles de corrupción han aumentado considerablemente.

“Hay mucha preocupación porque las cifras nos dicen que los asuntos en materia de corrupción avanzan (para bien) muy lentamente en el continente. Y si bien, hay que reconocer que países como México han avanzado mucho en materia de acceso a la información pública, hay instituciones como la policía y los órganos judiciales en donde la corrupción es realidad”, señaló a APRO Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional (TI).

Al margen de la percepción ciudadana, los hechos también revelan que los mexicanos –sólo detrás de los bolivianos–son en el Continente los que más sobornos pagan: uno de cada tres. La estadística se dispara debido a que el 55 por ciento de los encuestados reconoció haber pagado sobornos al poder judicial y 61 por ciento a la policía.

“Esto es muy preocupante porque tanto la justicia como la policía son instituciones clave dentro de un país democrático, ya que –en teoría– tienen el control de la seguridad ciudadana”, considera Salas.

Sobre la razón del por qué paga soborno, el 52 por ciento de los entrevistados refirió que fue para agilizar trámites y el 34 por ciento lo hizo porque era la única forma de obtener un servicio.

Asimismo, 87 por ciento de los encuestados aseguraron estar dispuestos a denunciar un acto de corrupción en caso de presenciarlo. Aquellos que señalaron no estar dispuestos a presentar la denuncia argumentaron que no sirve de nada.

En opinión del director regional para las Américas de TI eso debe representar un llamado de atención al gobierno mexicano para mejorar la impartición de justicia y el trabajo de los cuerpos de la policía.

“En Transparencia Internacional intentamos que informes de este tipo puedan servir de soporte a nuestros socios en cada uno de los países donde se realizaron las encuestas para que las utilicen como un canal de diálogo con las autoridades locales y generar cambios”, expresó Salas.

El Informe sobre el Índice de Percepción de Corrupción 2013 es el octavo de su tipo que realiza Transparencia Internacional.

Sergio López Ayllon

Profesor investigador del CIDE

Corrupción y reforma fiscal: revolución pendiente

Universal, 19 de septiembre 2013. En un reciente seminario sobre el combate a la corrupción, organizado por la Red por la Rendición de Cuentas, se reconoció nuevamente la persistencia, amplitud y complejidad del problema, así como la dificultad de enfrentarlo, pues no existe un antídoto –institucional o legal- capaz de resolverlo mágicamente. La bala de plata no existe, y reducir la corrupción requerirá años de políticas sostenidas e instituciones creíbles.

¿Qué hacer con la corrupción? Es la pregunta que obstinada y angustiosamente surge cada vez que se aborda el tema. ¿Debemos resignarnos a ella? ¿O por el contrario podemos enfrentarla? La respuesta que se dio en el marco del seminario es contundente. Sí, la experiencia internacional muestra que es posible derrotarla siempre y cuando hagamos un cambio profundo, una auténtica revolución que sea un gran impulso hacia adelante, cimentado en un amplio acuerdo político, capaz de cimbrar no sólo a las instituciones –públicas y privadas-, sino también y sobre todo a las conciencias. Necesitamos una sociedad que transite de tolerar a la corrupción como un mal necesario, a otra que la considere una conducta inaceptable.

Esto es posible. El punto de partida es reconocer los avances institucionales que México ha conseguido en materia de transparencia, producción y acceso a la información, evaluación del desempeño, contabilidad gubernamental, fiscalización, y archivos. Todo este conjunto de instrumentos, sin embargo, se encuentra fragmentado. La evidencia empírica muestra que esas nuevas entidades públicas, plausibles y valiosas por sí mismas, no han conseguido articularse en un sistema completo y coherente. No es la creación de nuevas instituciones los que nos dará el empuje que necesitamos, sino la articulación de todas ellas.

La propuesta que ahora ponemos sobre la mesa es una gran reforma constitucional que permita alinear las normas, las instituciones y los procedimientos que ya existen y que derive a una Ley General de Rendición de Cuentas que precise los procedimientos administrativos capaces de concatenar y vincular la secuencia en todos los niveles de gobierno. Esta reforma tiene un propósito no sólo jurídico e institucional, sino sobre todo político, pues implicaría un gran acuerdo de fondo para cambiar el inaceptable estatus del problema.

Mientras esto sucede, el Congreso tiene retos inmediatos que son cruciales para avanzar en esta dirección, el Senado debe aprobar ya la reforma constitucional en materia de transparencia. Ojala los senadores del PAN que han expresado dudas recapaciten que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que lo realmente central es avanzar en el camino que traza esa reforma. Por otro lado, urge que se resuelva el impasse en que ha caído la creación de la Comisión Anticorrupción y se pueda avanzar en un nuevo diseño institucional en esta materia.

Todo ello resulta particularmente importante cuando estamos en la víspera de la discusión de la reforma fiscal que, con una amplia y explicita vocación social, resulta a todas luces necesaria. Pero, como todo incremento de impuestos, el cambio enfrentará resistencias importantes que podrán a prueba el conjunto del sistema. Una reforma fiscal apoyada en un cambio institucional capaz de dar resultados en materia de transparencia y combate a la corrupción tendrá mayores probabilidades de lograr sus propósitos y de generar una nueva cultura nacional, hoy permeada por la elusión del pago de impuestos, la informalidad y la desconfianza. Para educar con calidad, tener un seguro universal y crecer –entre tantos otros propósitos- necesitamos un Estado capaz de prevenir y combatir eficazmente la corrupción, y una sociedad que lo acompañe en este propósito.

“Rarísimo” que se investiguen casos de corrupción: Mesa Política M

https://www.youtube.com/watch?v=LqmsNCZFF1Q

Descubrimiento oportuno

http://www.jornada.unam.mx/2013/09/20/cartones/0

Una alegoría de la corrupción

Llueve sobre mojado / JORGE ZEPEDA PATTERSON

Estar contigo es estar solo dos veces, podríamos decir los ciudadanos al gobierno parafraseando llueve sobre mojado del compositor Fito Páez, a propósito de las inclemencias naturales. Y nunca mejor aplicado el título de su canción.

No suficiente con padecer las destemplanzas del calentamiento global, los mexicanos tenemos que sufrir la traición de autoridades que hicieron terraplenes para deslaves que se deslavan, cauces de ríos y canales que se salen de madre, presas que no apresan y asentamientos humanos a los que se les regulariza el predial pero no la infraestructura.

No le estamos pidiendo a las autoridades que frenen el calentamiento global, faltaba más. Simplemente que no lo empeoren. Construir aeropuertos en zonas pantanosas no está chido, diría mi sobrina. Cargarse a los humedales y zonas de bosque para recibir comisiones del capital inmobiliario tampoco. Construir hasta la orilla del mar piscinas de hotel suena paradisiaco aunque para ello se eliminen las dunas y esteros que protegían la arena, verdadera infraestructura del turismo.

Entendemos que contra el calentamiento global poco puede hacer un gobernador o un alcalde. Supongo que hay una cuota que pagar por el privilegio de pertenecer al género humano en tiempos de iPhone y agua embotellada más cara que la leche. Si Al Gore no ha podido evitar los efectos de El Niño o las granizadas de cacalotes, mucho menos lo harán nuestras autoridades. Pero no les estamos pidiendo que rellenen la falla de San Andrés. Simplemente que no construyan carreteras en las que su comisión va con cargo a la vida de los usuarios.

Vamos, ni siquiera les pedimos el sacrificio inadmisible de que renuncien a su “gratificación” (sería deseable, pero habría que ser realistas). Lo que exigimos es que esa comisión no salga de meter arena en lugar de cemento o de diseñar curvas a ojo de buen cubero. ¿Exagero? Vea usted:

Esta semana nos enteramos de que la Autopista del Sol, que comunica a la Ciudad de México con Acapulco, es una cloaca. “Un diagnóstico de la pasada administración federal encargado por Capufe reportó 100 kilómetros con problemas y 55 más con hundimientos, así como malos cortes de cerros que, al no tener 45 grados de inclinación sino 60, permitieron resquebrajamientos e incremento de desgajamientos”, reporta el diario Reforma. Y eso que la carretera había sido reconstruida recientemente a razón de 3.6 millones de dólares por kilómetro, para una inversión total cercana a los mil millones de dólares. Originalmente el presupuesto era de 1.1 millones de dólares por kilómetro cuadrado, pero se triplicó porque… (¿hace falta explicarlo?).

El asunto huele a corrupción por donde se le mire y no nos sorprende, pero no debería oler a muerte. Los mexicanos se han acostumbrado a pagar un extra para agilizar una diligencia, cubrir el costo de una fotocopia inesperada para no perder el lugar en la ventanilla de un trámite, ofrecer una propina al franelero para proteger al auto del franelero en ausencia nuestra. Lo que no se vale es que el franelero raye el auto a pesar de la propina o que el de la fotocopia se embolse el dinero y nunca cumpla el encargo.

No sé cuánto de esos mil millones de dólares que costó la reconstrucción de la Autopista del Sol se repartió en comisiones y mordidas. Eso lo dirá la autoridad (es una frase: la autoridad tampoco va a decirlo). Supongo que mucho porque un presupuesto puede aumentar 30%, no 300% a menos que exista negligencia y abuso flagrante.

Pero lo que resulta imperdonable es que a pesar de “la comisión” se haya construido una carretera criminal. Los deslaves, las caídas de puentes y los asentamientos construidos a la vera de terraplenes acabaron costando vidas.

Y estamos hablando de una de las obras que goza de mayor visibilidad en el país. No quiero imaginarme de que están hechas carreteras secundarias, bordos y presas ocultas a la vista o cimentaciones de torres de electricidad.

El gobierno informó que por las lluvias de los últimos días 90 tramos carreteros están afectados a lo largo del país, muchos de ellos intransitables. Puentes caídos, pavimentos destruidos, derrumbes. ¿Cuántos de ellos podemos achacarlos a la corrupción y cuántos a los caprichos del planeta?

Y para seguir con Fito Páez, “Y, al final, sale un sol incapaz de curar las heridas de la ciudad”, porque las lluvias se irán pero la corrupción seguirá allí, esperando mostrarnos su cara criminal que convertirá en catástrofe la siguiente emergencia ecológica.

Eduardo Cacia, los huracanes de sept. 2013.

Que dentro de la destrucción traída por los fenómenos meteorológicos de esta semana, miles de mexicanos en desgracia encuentren el cauce que va del consuelo a la creación. Que salga a luz la corrupción que permitió desde obras mal hechas, cobradas como buenas, hasta asentamientos humanos en lugares inconvenientes y usos de suelo torcidos, que se castigue a los culpables, ellos son la verdadera destrucción, nuestra decadencia. Que los actuales gobernantes no busquen ciegamente el enriquecimiento corrupto a costa de una futura tragedia.

Esta reflexión es para ustedes sobrevivientes, y por la memoria de quienes no verán lo que la lluvia germine.


La calamidad de lo público

Jesús Silva-Herzog Márquez  Visita su BLOG

¿Podemos hablar todavía de desastres naturales? ¿Podemos hacernos los sorprendidos por la violencia con la que nos atacan ciclones, huracanes, terremotos? No digo, ni por asomo, que hayamos sido capaces de expulsar lo imprevisible de nuestras vidas. No sugiero que el azar sea una reliquia y que la ciencia nos haya transportado a un sitio en el que todo queda bajo el poder del cálculo. La vida humana, sea individual o colectiva, está marcada constantemente por imprevistos. El accidente, tal vez más que nuestra agenda, dispone los acontecimientos cruciales de nuestra experiencia. Lo que pregunto es si resulta válido a estas alturas lamentar la devastación y la muerte de los huracanes recientes como si fueran sorpresas de la naturaleza, imprevistas interferencias sobrehumanas sobre las cuales no habría preparación ni defensa suficientes. Cuando hablamos de las desgracias recientes como si fueran desastres naturales asumimos que son azotes de la mala suerte. No dejaba de llover y se desquició el pueblo… Lo que hemos padecido no es resultado de la naturaleza sino el producto de nuestra política.

Voltaire podía reflexionar sobre el mal y el torcido diseño del mundo al percatarse de la destrucción de Lisboa, tras el terremoto de 1755. No: no todo iba bien como proclamaban los optimistas. El universo es un agregado de desventuras. Hay que reconocerlo, decía Voltaire: “el mal está en la tierra: su principio secreto nos queda desconocido”. No creo que nos lleve muy lejos hablar ahora de la teología del infortunio. Nos corresponde, más bien, hablar de la irresponsabilidad humana frente a los poderes destructores de la naturaleza. Las catástrofes son desgracias de causa natural: siniestros que escapan al control humano. Muy distintas son las calamidades, dice el filósofo del derecho, Ernesto Garzón Valdés. Las calamidades tienen autor: son resultado de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer. No hemos padecido una catástrofe: lo que ha devastado puertos, ciudades, caminos, puentes; lo que ha matado a cientos es la calamidad de lo público.

Es casi imposible encontrar una desgracia mexicana, sea pequeña o grande, que no haya sido incubada en corrupción. No me refiero aquí al efecto económico de la corrupción, al costo de este impuesto perverso. Me refiero a su impacto más devastador, a la ruina material que provoca, al costo que puede tener en vidas humanas. Las historias se repiten una y otra vez. Aquel incendio en el que murieron decenas de jóvenes fue en un bar que no tenía salidas de emergencia. El dueño había sobornado al inspector. El edificio que se vino abajo no cumplía con el reglamento de construcciones. La delegación selló el permiso. El puente que se desplomó con las lluvias se construyó con materiales de tercera. El gobernador tenía prisa para inaugurarlo. Los huracanes recientes han repetido la historia. No hay ninguna sorpresa: se urbanizan zonas inhóspitas; se construye con basura; se traza sin planeación. Unos hacen negocio, otros mueren.

Sabemos bien que el calentamiento global nos ha hecho más vulnerables y que nos exige decisiones atrevidas y costosas: reubicación de poblados, reforestación, grandes obras de ingeniería hidráulica. Complejísimas mudanzas que no tienen el estímulo de la gratificación política inmediata. Pero, antes de esas ambiciosas medidas de adaptación, la tarea política esencial es la de siempre, la tarea siempre pospuesta: el asentamiento de una legalidad estricta. Si la naturaleza nos azotará cada vez con mayor ferocidad, debemos evitar que la corrupción conspire con ella.

La corrupción asesina. Comprar un permiso es jugar con la vida. La corrupción, dijo Gabriel Zaid en un ensayo brillante, es la “propiedad privada de las funciones públicas”. En efecto, la corrupción es la derrota de lo público, la subasta del interés común. Pero eso podría llegar a parecer inocuo. Desagradable, tal vez, pero inofensivo. Bajo el discurso de moda, lo público es lo de nadie, lo que nadie tiene interés en cuidar; eso que a nadie importa. Pero lo público es, a fin de cuentas, condición de existencia en sociedad, requisito a veces, de sobrevivencia: el suelo que pisamos, las paredes y el techo que nos resguardan. Nuestro régimen de corrupción nos sitúa, por lo tanto, en una intemperie artificial que nos hace extraordinariamente vulnerables a los caprichos de la naturaleza o los accidentes de la vida. La comercialización de lo público no es sólo el menoscabo de un patrimonio común, que a veces consideramos distante; la lesión del interés general que, en ocasiones, se percibe etéreo. En la corrupción está el esmero con el que preparamos la calamidad por venir.

Primero cinturón y uñas, después reforma

Juan Ciudadano

En cualquier parte cuesta trabajo defender una propuesta de reforma fiscal que recarga el incremento en la recaudación en la clase media. Lo difícil se vuelve inaceptable en países como México el los que, además, quienes buscan recaudar más deciden dejar de lado -en el mejor de los casos posponer- el dispendio y corrupción con recursos del erario.

La señal sobre lo ineludible que es el problema la dio el propio Presidente electo cuando planteó la necesidad de una fiscalía anticorrupción como la causa con la cual debía arrancar la actual Administración. Algo pasó en el camino y se dio un viraje en la visión y la estrategia.

Se optó por la vieja lógica falaz de pretender que la corrupción no afecta lo energético, que no afecta lo hacendario y que cada cosa va por vía separada y la secuencia no importa tanto. Ya tendríamos que haber aprendido que no es así.

Le compramos su agenda modernizadora limitada a lo económico a Salinas. Después Zedillo, Fox y Calderón tímidamente dieron pasos hacia la transparencia y el combate a la corrupción. Ahora, tras 25 años, un nuevo Presidente con bríos reformistas nos quiere volver a vender la idea de que lo importante es poder comprar, hacer y vender “fierros”, el “software” no importa.

Decía Peña Nieto la semana pasada que “el Gobierno de la República se ha propuesto realmente impulsar una agenda transformadora para el país, porque lo que no podemos es mantener una condición pasiva, una condición estática mientras el mundo está cambiando”.

Tomada en su contexto nacional, la crítica a la resistencia va dirigida a quienes se oponen a que el gobierno se asocie con particulares para producir más energía (reforma energética), o los que se resisten a pagar los impuestos adicionales que necesita el país (reforma hacendaria). Pero esa crítica a lo que frena el progreso no toca ni con el pétalo de una rosa a los servidores públicos -sus colegas- que dilapidan y roban recursos públicos porque falta vigilancia, rendición de cuentas, castigos.
Es precisamente a servidores públicos a los que el gobierno federal debe dirigir sus discursos y acciones de cambio, no a los contribuyentes. Y esos discursos y acciones que Peña Nieto debe redireccionar son previos a cobrarle más impuestos a millones de mexicanos cuyo único pecado es trabajar.

Por si hiciera falta ser más directos, el cambio -esa innovación que todavía no ubica en el horizonte Peña Nieto- consistiría en que el gobierno se apriete el cinturón y corte las uñas de su gente antes de ir tras la cartera de la clase media.

Para pedir más recursos, sobre todo para intentar dar un sablazo de 240 mil millones de pesos, primero hay que legitimar el gasto actual con más transparencia, claridad contable, racionalidad y castigo a la trampa.

TRANSPARENCIA
Sólo por escoger un par de ejemplos, está muy bien la idea del seguro social universal, pero por qué no empezar por transparentar el gasto del Seguro Popular. Según una investigación reciente de Fundar, los renglones más cuantiosos de gasto del Seguro Popular presentan serios problemas de opacidad, tanto a nivel federal como de los estados. ¿Qué se está haciendo para resolver esto?

O en otro rubro muy distinto como el del gasto en publicidad, ¿dónde quedó la promesa de establecer nuevas reglas que le dieran total trasparencia a la relación comercial entre el gobierno y las televisoras?

CLARIDAD CONTABLE

En México tenemos un nuevo marco jurídico para la contabilidad gubernamental, pero el esfuerzo de implementación es endeble, por no decir nulo; no está en las prioridades de la Secretaría de Primero cinturón y uñas, después reforma Hacienda. Con una contabilidad homogénea entre todos los municipios y estados del país se podría comparar la eficiencia en el uso de recursos e identificar indicios de corrupción.

Lo que necesitamos es un gobierno federal que le diga a los gobernadores “señores, a ver cómo le hacen, pero tienen que lograr más con menos”. En lugar de esto lo que tenemos es: “ayúdenme a mover a los legisladores para aprobar la reforma que le saque más dinero a la clase media”.

CASTIGO A LOS TRAMPOSOS

¿En qué momento se decidió que aquello que parecía lo más urgente, recién pasada la elección, pasó a ser algo trivial y fuera de las prioridades reformistas de este gobierno? Si se va a iniciar un esfuerzo serio y con dientes en combate a la corrupción, ya van tarde para impulsarlo.

Antes de pensar en diseñar nuevos impuestos para extraerle más a quienes producen riqueza, hacen falta garantías sobre el uso de los recursos públicos.

Si alguien le dice “esos cambios vendrán después”, no le crea.

Agustín Basave / ¿Cuánto nos ha jodido la corrupción?

03 de octubre de 2013

Sé que hay estimaciones de lo que nos cuesta hoy la corrupción, pero no conozco ningún estudio sobre el rezago histórico de México por culpa de esta lacra. Ojalá algún economista se anime a hacerlo. No creo que sea imposible calcular más  o menos cuánto dinero se fue por las atarjeas de las corruptelas nuestras de cada día, al menos durante el siglo XX, y cuántas cosas se dejaron de hacer por la ineficiencia resultante. A ver. Si los contratos de obra pública tenían que pagar un diezmo, había de entrada un diez por ciento que se iba a los bolsillos de los políticos, funcionarios públicos y burócratas. Pero la cifra es demasiado conservadora, porque el porcentaje era a menudo mayor y porque se mordía en cada una de las etapas del largo y sinuoso camino para construir algo. No sólo se requerían mordidas para obtener un permiso o ganar una licitación sino también para que no sé cuántas instancias otorgan sus autoridades. Y luego venían las clausuras, las multas y demás mecanismos para ponerse a mano con otras dependencias. Así, después de salpicar a diestra y siniestra, el quebranto del presupuesto gubernamental acababa siendo mucho más grande, pues la obra se pagaba con un sobreprecio extra para compensar las dádivas que los constructores privados entregaban a los representantes del gobierno. Y conste que escribo en copretérito porque se trata de estimar el tamaño de un perjuicio pasado, no porque eso ya no ocurra. ¡Vaya que sigue ocurriendo!

Pero no solo de construcciones vivía el corrupto. También estaban para aumentar su nivel de vida las rentas o adquisiciones de activos –edificios, vehículos y un largo etcétera- y las compras de todo tipo de materiales que salían mucho más caros por los inefables moches. Eso sin contar las especulaciones con la moneda o con bienes raíces vía información privilegiada, los peculados y los robos lisos y llanos al erario público. ¿Sería descabellado hablar de una merma del cuarenta por ciento, o incluso decir se perdió alrededor de la mitad de los ingresos del país? Seguramente algún ecónomo neoliberal me dirá que no fue una pérdida porque, salvo aquello que los beneficiarios invirtieron en el extranjero –en paraísos fiscales, negocios, casas- ese dinero entró a la economía nacional. No pocos de los políticos que incurrieron en el enriquecimiento (in)explicable se convirtieron en empresarios, generaron empleos y pagaron algunos impuestos, y prácticamente todos ellos y sus descendientes por varias generaciones gastaron aquí bastante. Pero lo que yo pregunto es cuál fue el costo en términos de desarrollo. ¿Cómo viviríamos los mexicanos ahora si la corrupción en el siglo pasado hubiera sido menor, digamos al nivel de la del primer mundo? Y me limito a pedir la estimación del daño hecho a México en la centuria pasada porque los datos del XIX son más difíciles de obtener, no porque crea que entonces haya habido menos pillería.

¿Tendríamos hoy el doble de escuelas y hospitales públicos, o un poco más de ellos con mucha mayor calidad? ¿Contaríamos con dos veces más infraestructura en carreteras, puertos marítimos o aeropuertos? ¿Gozaríamos ya de un Estado de bienestar básico como el que apenas se propone, con seguro de desempleo y cobertura de salud universal? Parto de la premisa del ceteris paribus, es decir, de que el sistema político autoritario habría sido el mismo, que la economía mixta y la subsecuente privatización habrían estado ahí y que lo único que habría sido mejor es que los gobernantes y la burocracia –y, hay que decirlo, la sociedad entera- no se habrían corrompido al grado que lo hicieron. ¿Veríamos en tal caso menos pobreza en el país? ¿Tendríamos un Estado más fuerte, más capaz de contrarrestar la violencia del crimen organizado y proteger a los ciudadanos? ¿Habría más orden, menos deterioro ambiental?

Estoy cierto de que la respuesta a todas esas preguntas es sí. Aunque no la puedo cuantificar, me queda claro que la corrupción ha jodido a México. Hoy, por ejemplo, no estaríamos presenciando la devastación de Guerrero y de otros estados como resultado del diluvio traído por Ingrid y Manuel. Estaríamos enfrentado un desastre provocado por el ataque inédito de dos ciclones atenazándonos, sin duda, pero ni de lejos de la magnitud del que hoy lamentamos. Y es que no habría tantas vialidades mal hechas, tantas viviendas precarias, tatos asentamientos irregulares. No habría, en suma, tanta gente marginada colgada de las montañas y enganchada a los cauces del agua, sobreviviendo de milagro. Sí, la desigualdad es la otra lacra que nos viene de lejos, pero la epidemia corruptora la ha ensanchado. He aquí nuestra canija realidad. Reitero lo que tuiteé recientemente: proponer para enmendarla sólo la comisión anticorrupción es recetar una aspirina para curar un cáncer. Pronto sabremos si a este gobierno le preocupa el tamaño del tumor o si de plano quiere crecerlo. Lo que ya no puede hacer es fingir demencia. Las lluvias limpiaron el espejo y nos obligaron a vernos como somos: dolorosamente corruptos e ignominiosamente desiguales.

@abasave  Académico de la Universidad Iberoamericana.

Seminario Internacional Combate a la corrupción 1

Seminario Internacional Combate a la corrupción 2

El elefante en el salón… la corrupción en México

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Se pasea por el salón, gigantesco, y de pronto abofetea con la cola a una persona, o de pronto dando un paso atrás destroza un ventanal, o se acerca a una persona y la acintura con la trompa y la bota contra una pared, pero en general avanza con tranquilidad, moviendo las patotas muy despacio, en medio del acuerdo de los humanos presentes de ignorarlo. De hablar de otras cosas, más manejables. De darle la vuelta. De rodearlo. Al elefante en el salón. O transparentando la metáfora, a la Corrupción en el sistema mexicano.

Demasiado tiempo ha estado ahí y puesto que nadie se ha atrevido a sacarlo, con el tiempo se ha convertido un santo y seña de pertenencia al salón del Poder no mencionarlo. La última edición del absurdo sucede ahora, cuando se debate la reforma hacendaria y nadie mienta a la Corrupción.

A pesar de su volumen. La calificadora de negocios inglesa, Maplecroft ha colocado a México, junto a Venezuela, como el país más corrupto de América. Y a pesar de que los contribuyentes, desde fuera del salón, sí la perciben. La última encuesta de Transparencia Internacional encontró que 71% de los mexicanos consideran que la Corrupción ha aumentado este año.

El interés del gobierno en no mencionarla es evidente: La vía fácil de rellenar las arcas del erario es cobrar más a los contribuyentes cautivos, y ya está. El interés de la clase política, los señores que se pasean en el salón, es también evidente: son ellos los que tendrán acceso a esos nuevos dineros.

Pero las razones del silencio de los comentaristas públicos son más misteriosas. Acaso una solidaridad aspiracional con los políticos; o un hartazgo con el tema insoluble, la bestia lleva ahí desde el alba de la nación, incluso desde antes, en los tiempos coloniales, sin que se le expulse; o una hermosa aspiración de que México sea Suiza, donde se pueden aplicar pulcras teorías económicas en la discusión del porvenir; o todas las razones antedichas a un tiempo.

Y sin embargo, las opciones a elevar los impuestos de la clase media pasan todas por el manejo de la Corrupción. Incautar las fortunas mal habidas de los gobernantes y abatir el saqueo del erario entregaría la suma de 270 mil millones de pesos que el secretario de Hacienda busca agregar al presupuesto federal.

Y deshacer los mecanismos corruptos que permiten a 30 megaempresas nacionales (casi) no pagar impuestos, aumentaría en mucho más la recaudación. Un minucioso reportaje de la revista Emeequis en el año 2009 revela que son más de 2 billones de pesos anuales los impuestos que no pagan empresas como Femsa, Bimbo, Grupo Saba, Televisa, Liverpool, Cemex.

Sin contar que la objeción más sólida de los contribuyentes a pagar más impuestos es la certeza de que llenarán las arcas del erario para que los funcionarios luego las saqueen. No es pesimismo, es memoria: ¿Por qué habría este sexenio de ser distinto a los anteriores?; ¿por qué no habrá de arrojar en cinco años una nueva lista de saqueadores multimillonarios del erario? ¿Por qué, si este gobierno no hace nada nuevo por controlar la Corrupción?

En enero del año que corre, el presidente Enrique Peña Nieto dejó clara su postura cuando propuso una comisión de ciudadanos eminentes contra la Corrupción. Lo que equivale a una broma. ¿Qué podría hacer una comisión ante un fenómeno gigantesco y sistémico? Es como proponer un observatorio de pájaros para controlar un huracán.

Más recientemente, el presidente ofreció otra solución. Yo y mi gabinete predicaremos con el ejemplo contra la Corrupción: palabras del presidente Peña Nieto. Propósito encomiable, que aun de cumplirse también resultaría inútil. La Corrupción no dejará de existir porque unos cuantos políticos se abstengan, heroicamente, de transgredir la ley. Ni siquiera si muchos mexicanos se abstienen de transgredirla.

Los suizos no son mejores personas que nosotros y si no son corruptos es porque no pueden serlo. En Suiza es recondenadamente difícil violar la ley y es casi imposible lograrlo impunemente. Y es que en Suiza, como en otros países con una Corrupción cercana al cero, ha tiempo la sociedad construyó un sistema de justicia. Es decir, un sistema que vigila y captura a los criminales, los enjuicia y los sanciona conforme a la ley.

Eso, un sistema de justicia, es lo que en México no hemos construido, y mientras no lo construyamos y la honradez sea un acto de voluntarismo, la Corrupción seguirá siendo la norma. Una norma terriblemente destructiva. De cierto, el algoritmo loco de cuanto proyecto nacional se proponga. La cifra incalculable que distorsiona cualquier ecuación. El elefante en el salón que de pronto irritado arremete contra una pared, la tumba, aplasta con las patas cascajo y a personas caídas.

Lo escribí hace dos semanas en este espacio: Por mi parte, yo pagaré más impuestos únicamente cuando perciba que este gobierno hace algo para sacar al elefante del salón. Pagaré más impuestos cuando observe que construye en algo ese sistema de justicia contra la Corrupción del que carece México.

No, ésta no es una idea anti-gobierno. Es lo contrario: es una exigencia al gobierno de que gobierne. Y una invitación a mis co-ciudadanos para que tampoco ellos pongan de su bolsillo para mantener al elefante en el salón.

http://www.proceso.com.mx/?p=356331

BUSCAGLIA: MÉXICO YA NO CONTROLA NI LA CORRUPCIÓN

Marco Antonio Martínez – noviembre 4 de 2013

México pisó una mina y esa mina explotó, provocando una corrupción generalizada y desorganizada que ni el Estado puede controlar, dice este especialista reconocido a nivel mundial. Eso es lo que legó Calderón Hinojosa a Peña Nieto, sostiene. Hoy, advierte, pedazos de Estado han caído en manos de delincuentes, gobernadores, empresarios, policías. La solución está en que los organismos internacionales presionen, la sociedad civil se organice, los hombres del capital salgan de su “burbuja” y el mismo Presidente explique de dónde viene su fortuna, dice Edgardo Buscaglia

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– México tiene una corrupción tan grande que ni siquiera puede organizarla y tener una reacción ante este fenómeno, lo que genera vacíos de Estado, dice contundente Edgardo Buscaglia, autor del libro Vacíos de Poder en México, editado por Debate. “El problema de la corrupción desorganizada es cuando un gobierno comienza a experimentar vacíos en su Estado, sus instituciones comienzan a ser fagocitadas por grupos criminales o por poderes fácticos legalizados, ya sea televisoras o lo que sea. El problema es que el Estado pierde su capacidad de control del comportamiento de sus funcionarios, van formando feudos pequeños en cada estado, municipio, que ya no responden a nada. Hay corruptos con permiso y corruptos sin permisos, básicamente empiezan a actuar como una piraña que muerde lo que pueda, la corrupción desorganizada es más dañina”, expone el también investigador en derecho y economía de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. El especialista italiano agrega que la corrupción, que ningún estado puede eliminar, cuando es organizada es porque el Estado reacciona y castiga si la detecta, en cambio la desorganizada es cuando no hay reacción de las instituciones de gobierno, y es la más dañina, y esa fue la que legó Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto. “No hay sistemas de control de la corrupción por más que el Presidente la desea controlar no puede, porque no le quedan instituciones en pie, entonces el ciudadano de a pie siente con más agudeza la corrupción descontrolada pirañesca que vive México que aumentó desde el 2003, 2004, 2005 (durante los años del sexenio de Vicente Fox)”, explica en entrevista con SinEmbargo. “Hay un problema de corrupción desorganizada de Estado que alimenta a la delincuencia organizada. Todos esos pedazos de Estado que terminan quedando bajo el control de gobernadores feudalizados, a través de empresarios locales o a través de la misma organización de Sinaloa, de Joaquín “el Chapo” Guzmán, esa caricatura que le quieren dar a la delincuencia organizada en México, cuando esos diferentes pedazos de Estado quedan ahí. Lo que sucede es que el Estado termina siendo fagocitado, las policías municipales le responden a un grupo criminal, la policía estatal del mismo lugar le responde a otro grupo criminal y ambas policías se comienzan a tirotear entre ellas”. Una situación así lleva a la autodestrucción del Estado, alerta Buscaglia. “No sólo la mano izquierda no sabe lo que está haciendo la derecha sino que además la mano izquierda le pega a la derecha y ésta a la izquierda y eso es lo que está sufriendo el Estado mexicano. El Presidente Peña Nieto está tratando de organizar esa corrupción. Claro, él está pensando del pasado, de una corrupción pirañesca desorganizada que le dejó Calderón a una organizada al viejo estilo o nuevo estilo PRI. Ambas son situaciones dañinas”. Una salida para organizar esa corrupción es crear instituciones para controlarla, con acciones como las que incluye en su nueva obra, dice. Lamenta que en México el castigo a la corrupción sólo recaiga en enemigos políticos. “En países con vacío de Estado no reaccionan. El Estado castiga políticamente a algunos corruptos porque son enemigos políticos del gobierno de turno pero no entra a un programa integral masivo y generalizado de prevención a la corrupción que es lo que falta en México. Sin eso no podes lograr contener a estos grupos criminales de Estado o de fuera del Estado”, afirma el presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México. Un ejemplo de vacío de Estado o de Poder es Michoacán, con presencia de cárteles del narcotráfico y grupos paramilitares y en donde, afirma, algunos municipios ya son grupos criminales per se y cuyas autoridades son las que organizan secuestros o extorsiones. En su obra, Buscaglia afirma que para revertir la situación es necesario que haya presión de parte de organismos internacionales, pero estos no se han movilizado porque México aún es atractivo para invertir, aunque también ya destaca en uso de flujos ilícitos. Otra condición indispensable requiere que la sociedad civil se movilice y organice para enarbolar causas y que deje de ser cooptada por los gobiernos. Asimismo, es necesario que la élite empresarial abandone la burbuja en la que vive, y sea consciente que de seguir la situación así, ellos también serán víctimas del vacío de poder en México y la violencia puede alcanzarlos. También es necesario el combate a la corrupción y dar el ejemplo de arriba hacia abajo. Buscaglia considera que mucho ayudaría que el propio Presidente Enrique Peña Nieto ejemplificara aclarando de dónde surgió su patrimonio. Explica que aunque se contraten agencias de imagen pública para decir que en México los homicidios ya bajaron, algo basado en estadísticas chatarra, los delitos predatorios, de violencia y contra el patrimonio como el secuestro y la extorsión, van al alza. Conocedor de la situación de inseguridad humana que vive México, no pierde su capacidad de sorpresa, como cuando se le dice que el gobernador de Michoacán dijo que los muertos de Apatzingán del pasado fin de semana y las quemas de subestaciones eléctricas fueron actos vandálicos. “¿Actos vandálicos? Esa es la política mediática de las firmas que han asesorado a (Bill) Clinton y a (Tony) Blair. No, eso es delincuencia organizada en su esencia más pura. Delincuencia organizada de Estado y delincuencia organizada extra estatal que se está viviendo en Michoacán y en muchos estados del país”.

COMO AFGANISTÁN Y SOMALIA El vacío de Estado es de tal tamaño, que México pertenece a un grupo con esas características, que se cuentan con los dedos de las dos manos, y entre quienes están Afganistán, Somalia, Siria, o en Centroamérica El Salvador, expone Buscaglia. Dice que el vacío de Estado es peor que tener un problema de deficiente Estado de derecho. México tiene “agujeros negros” donde no hay autoridad. “No es que sea defectuosa, ese es un problema que tienen muchos países, sino que además de ser defectuosa no existe en términos prácticos. Es lo que aborda este libro y lo que hace al final es detallar 25 acciones que si el Presidente Peña Nieto no toma de manera inmediata, estos vacíos se van a seguir agrandando con las consecuencias de violencia, corrupción política, inestabilidad política como en Michoacán. Por más que la cortina de humo mediática sea sofisticada y financiada a través de millones de dólares y a través de firmas privadas de imagen que contratan, por más que eso suceda la realidad se los va a llevar por delante tarde o temprano y van a tener que cambiar el speech (discurso), del ‘no pasa nada’ a reconocer que el país se está derrumbado nuevamente. Las 25 medidas ropuestas están basadas en experiencias internacionales y en la obra el autor explica por qué deben tomarse y de no hacerlo no se avanzará en el fortalecimento de la seguridad integral, dice. “No solamente es la seguridad de que no te violen o te roben la billetera, es la seguridad de que cuando tu tengas un hijo, tenga oportunidades de vida y no esté todo el tiempo deambulando en las calles por falta de oportunidades, de estudio, deportivas, artísticas. La seguridad humana es el hecho de que tu hijo o tú mismo tengas acceso a hospitales sin que tengas que pagar sobornos para entrar, el derecho que no sufras la decadencia ambiental que sufrió la población de Cherán (Michoacán), es un sentido de seguridad amplia en el cual los países más avanzados con los que México comparte e la OCDE han adoptado y México sigue a la retaguardia, rezagado en la implementación de ese tipo de medidas en la seguridad humana. Este libro argumenta que a medida que no tengas estas acciones que fortalecen la seguridad en un sentido integral, la delincuencia organizada va a seguir encontrando en México un parque de diversiones, una pachanga patrimonial y esto va a ser un paraíso de la corrupción y violencia en sus diferentes vertientes, violencia no sólo como homicidios porque estos te bajan cuando la delincuencia se organiza mejor, sino además violencia en un sentido de más secuestros, más extorsiones que México está viendo hoy. “El Presidente se jacta de haber reducido los homicidios, cosa que no es verdad todavía porque está usando estadísticas chatarra, pero aún si uno le brindase al presidente el beneficio de la duda en los indicadores de homicidio, aun así tú ves que la administración está viviendo un periodo en donde los secuestros y las extorsiones aumentan, eso ya lo reconocen hasta las revistas de este capitalismo de cuates como The Economist y otras que han sido bastante pacientes con México. En la medida en que las extorsiones secuestros y trata de personas y migrantes aumentan, todas son formas de violencia extrema”. Usted además llama a estos delitos predatorios, porque menciona en el libro que el delito de venta y compra de estupefacientes se realiza en su mayoría entre adultos, pero que roben una niña o adolescente para una red, o que los migrantes sean extorsionados, esos son delitos predatorios. Son delitos que destruyen más, todos los delitos por definición deben destruir algo para ser clasificados como delitos, son un mal público para que se clasifiquen como delito en el código penal, pero los delitos predatorios son los más dañinos en la sociedad y en ese sentido la delincuencia organizada tiene todo un conjunto de 23 delitos predatorios que mencionamos acá en el libro y en la obra. Lo que decimos es si quieres bajarlos en un sentido integral, no sólo concentrarte en el show. De 24 delitos predatorios que menciona en su libro sólo uno no se presenta en México, el de trafico de residuos radioactivos… En la medida que no tengas estas medidas implementadas estos delitos te van a aumentar, por más que los homicidios te disminuyan terminas teniendo una sociedad azotada por diferentes tipos de violencia que además no se mide. Un flaco favor le hace a este país la administración de Peña Nieto si entra con una cortina de humo mediática contratando firmas de imagen para que compren a periodistas mexicanos con el objetivo de no revelar lo que está pasando y que tengamos que depender de las voces valiosas como ustedes y demás, porque la mujer y el hombre mexicano no saben lo que está pasando. Los que se supone que estemos proponiendo soluciones no van a lograr proponerlas en un ambiente de autoritarismo mediático disfrazado de democracia. En ese sentido entiendo que el Presidente quiera tener buena imagen, todos la queremos tener, tiene que estar sustentada en una esencia verdadera, tiene que existir menos violencia en un sentido integral, menos extorsiones, menos secuestros, menos homicidios, menos trata de personas, menos tráfico de personas, menos tráfico de órganos y todos los delitos contra la propiedad privada que son además violentos. Ahí tienes piratería y otros, debes tener una visión amplia de lo que representa la violencia y las 25 medidas que defino en esta obra en el último capítulo han demostrado a lo largo y ancho del planeta contener esta violencia, la disminuyen en algunos casos cuando se implementan al mismo tiempo. Pero para eso tiene que haber un acuerdo político en serio. Dice usted que el Pacto por México no es suficiente… Un pacto a oscuras entre amigos de diferentes partidos que van a recibir distintos beneficios patrimoniales por firmar el pacto y no es suficiente para poder. Tienes que entrar a temas difíciles. –¿Uno de ellos es la corrupción? Uno de ellos es la corrupción política y el Presidente tendría que dar el ejemplo, no tiene que haber un fiscal que lo obligue decirnos de dónde realmente surgieron sus patrimonios, sus múltiples casas, de dónde salieron no sólo decir tengo nueve casas, en cuánto están valuadas, quién se las donó, hay mucha donación. Es un gesto simbólico, el presidente (Alvaro) Uribe (de Colombia) lo hizo, los presidentes de izquierda italianos lo hacen, lo hicieron en la década de los noventa, acá no hay ideología. El presidente tiene que dar el ejemplo de arriba hacia abajo, es cuando realmente se ve que alguien está tomando en serio el gobierno y hasta ahora lo que estoy viendo es mucho show de naranjos y manzanos, mucho show de tener más consultoras de imagen que tratan de engañar al pueblo, pero no veo hasta ahora realmente una implementación de políticas concretas que te bajen los 22 tipos de violencia que azotan a México desde hace mucho tiempo. En promedio siguen aumentando. CONSULTORES, ENTRE NARANJOS Y MANZANOS

–Sobre los consultores que tienen que ver con este nuevo sistema el oral que ellos recomiendan, ¿cómo ve esto? Son consultores que están haciendo mucho dinero, esas consultorías les van a ayudar. Los consultores mexicanos que se dedican a la oralidad ganan mucho dinero dando cursitos o seminarios, en realidad la oralidad procesal es una condición necesaria entre otras más de 30 medidas que tiene que tomar el Poder Judicial que las menciono acá. –¿Es parte del show? Claro, pero lo establezco como para que el sistema judicial mejore en su desempeño. Fíjate que Nigeria, un país con violencia y descontrol muy fuerte tiene su sistema oral. La oralidad no es una panacea. Hay países africanos con sistemas orales que se están cayendo a pedazos, entonces no hay que tratar de caricaturizar. Las políticas tienen que ser integrales, tiene que haber una orquesta sinfónica de medidas que se implementen más o menos al mismo tiempo a través de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, y esas medidas son dolorosas. Los políticos tienen que darse cuenta que se acabó la barra libre porque si no se termina la barra libre van a ser asesinados, encarcelados y esa convicción del político que antes robaba y ahora se da cuenta que si no aplica medidas de autocontrol parece ciencia ficción, pero sucede en algunos países. Se tienen que dar tres condiciones para que se implementen estas 25 medidas. –¿Cuáles? Una es una presión internacional muy fuerte de organismos internacionales que hoy forman parte del problema y no de la solución. –¿A qué se refiere? A que oficinas como la que es contra las Drogas y el Delito viven del presupuesto federal, viven del beneplácito de los gobiernos de turno, entonces no están dispuestas a presionar para que se apliquen medidas duras que puedan atentar contra los mismos intereses patrimoniales de los políticos que financian su oficina, en el caso de la oficina de UNOCD, es un ejemplo. La ONU tiene una excelente oficina en México que es la del Alto Comisionado en derechos humanos pero en realidad muchas oficinas están cooptadas por el presupuesto federal. No hay presión internacional por un lado desde los organismos y tampoco hay presión internacional bilateral desde Alemania, Estados Unidos o Canadá. ¿Por qué? No es la misma que se la aplicaba a Colombia en la década del noventa cuando Estados Unidos declaraba al presidente Ernesto Samper persona non grata o cuando veías que había mucha presión internacional para que cambiaran las reglas. Es la primera condición y no la vemos en México, porque la mexicana es una gran economía, de las primeras 15 en el mundo que atrae a toda clase de capitales. –¿Sigue siendo atractivo México? Sigue disminuyendo su importancia, la importancia relativa de México disminuye y sigue disminuyendo, pero dentro de esa decadencia sigue atrayendo capitales a través de inversión directa o especulativa a México que financia flujos en sectores económicos políticamente protegidos, disfrazados de economía de mercado como por ejemplo sector energético, el bancario, el minero, que son políticamente protegidos, vienen firmas canadienses, españolas, alemanas, se les promete trato preferencial a esas firmas. También financian campañas políticas en sus países, y bloquean la presión internacional hacia México porque dicen ‘a nosotros nos está yendo muy bien en México’, están viendo hoy, no para mañana porque si el proceso de violencia que ves en Michoacán, que veías en Ciudad Juárez, se multiplica esas multinacionales también pierden, es muy miope esa actitud. Pero esa presión internacional no se produce como ocurrió en Colombia, Italia e Indonesia para que se implementen estas 25 medidas que yo digo en esta obra. Esa presión no se produce porque hay un conflicto de interés de las grandes corporaciones multinacionales que llegan a México bajo pactos de protección política en sectores de mercado políticamente protegidos. Ahí tienes un problema de que el factor de presión internacional que debería existir para que México ponga su casa en orden respete derechos humanos de extranjeros, pero principalmente de mexicanos. La segunda condición que yo siempre trato de resaltar es la de un movimiento de sociedad civil enorme. –¿Dice usted que en México la sociedad civil sí marcha pero debe organizarse para enfocarse a causas? Más que marchas tú ves el ejemplo de “Libera” en Italia, tienes más de mil 500 organizaciones coordinadas para monitorear al Estado italiano para actuar coordinadamente cuando se viola en una causa penal los derechos de una niña, cuando personas víctimas de trata de personas nigerianas se les violan los derechos. Hay una actitud operativa en la sociedad civil y no es capturada por el gobierno de turno. Lejos de ser perfecta la sociedad italiana se moviliza no sólo en marchas sino para monitorear diaria y operativamente a su Estado a través de sus diferentes niveles, eso acá no ocurre. La sociedad civil mexicana todavía está muy subdesarrollada por corrupción, se les compra directamente por el gobierno de turno que les asigna fondos a dedo, está muy bien que le asigne fondos a la sociedad civil para que haga su chamba, pero no a dedo.

LAS ÉLITES Y SUS CLOACAS

–¿Discrecionalmente? Así es, eso es corrupción, la sociedad civil está comprada, fragmentada o amenazada en muchos casos, como redes de periodistas amenazados con miembros asesinados, lo que impide que esta segunda condición de presión permita la implementación de estas 25 medidas. La tercera es que la élite propiamente está pasándola muy bien. Los veo muy bien en Europa comprándose palacios, centros comerciales, haciendo alianzas estratégicas con firmas europeas, no sienten, están en una burbuja mandando a sus embajadores, básicamente los embajadores mexicanos más que nada son representantes de empresas privadas, muchos de ellos, no todos, van al exterior a decir que las cosas van muy bien, que la inversión sigue fluyendo. La élite no ha sufrido todavía las consecuencias de sus propias cloacas y por lo tanto la cloaca política de la corrupción todavía no ha generado estos grupos criminales como en Colombia, Indonesia e Italia que comienza a asesinarlos a ellos mismos. Estamos viendo a nivel local y estatal en algunos casos, políticos de Sinaloa (se refiere al cártel) asesinados por “Zetas”, políticos de estos asesinados por Sinaloa, pero en la cúspide del poder político todavía no vemos eso y no queremos verlo. Uno no quiere ver muertes pero esa es una tercera condición que nos guste o no, siempre hace también que estas 25 medidas dolorosas para la elite se comiencen a implementar. Porque ellos sí pueden presionar al Estado. Claro, claro ellos sí especialmente la élite política empresarial la que está en la telebancada, en el Senado, toda esa élite tiene que sentir su familia, sus patrimonios, ellos mismos, pueden ser víctima de un coche bomba. Esperemos que no suceda pero es un factor que en otros países dio lugar a que se pusieran las pilas y comenzaran a tomar medidas que les duele en el corto plazo pero los beneficia en el largo plazo. –Menciona un dato de que sólo estamos por detrás de Rusia en flujos ilícitos. ¿Cómo es esto? Hay un estudio que hizo una organización que se llama Financial Integrity Report, ahí verá cómo este estudio que han hecho, es una organización formada por profesionales de todas las naciones, vienen a México y van estimando los flujos patrimoniales que derivan de ilícitos, ahí está todo, no sólo drogas, contrabando. –¿Las élites empresariales se benefician de eso? Claro que sí. Porque no todo es droga, o trata de personas, hay mucha piratería, contrabando, hay mucha ilegalidad ligada a estos flujos patrimoniales donde ves que la delincuencia organizada interactúa con empresas legalmente constituidas y eso no se está atacando en México tampoco. De eso habla en su libro, de que es necesario atacar el patrimonio de la delincuencia organizada, porque se detiene a la gente, se les quita el dinero que llevan pero ignoramos quien lava el dinero de sus actividades ilícitas. Sí, sí, el Presidente habló mucho al comienzo antes de ganar la elección de implementar un programa anticorrupción con dientes, no vimos una sola acción todavía en ese sentido. Leí en su libro que la comisión anticorrupción propuesta por el Presidente Peña Nieto no le gustó. No, es que simplemente no ha tomado medidas, no ves ningún aparato institucional que haya comenzado a tomar acciones preventivas para disminuir la corrupción. En el área política, administrativa, en el sector privado no vemos una política integrada anticorrupción ni sobre papel ni implementándose. Vemos espasmódicas acusaciones contra enemigas, enemigos del gobierno de turno, cosa que también hace Vladimir Putin en Rusia, acusaciones penales contra Elba Esther Gordillo, pero no vemos un programa de combate integral a la corrupción en todos los niveles del Estado, ni siquiera sobre papel y es un problema grave. No podemos simplemente combatir la delincuencia organizada como argumentamos en esta obra a través de militares y de represión. –¿El enfoque de Felipe Calderón? Claro. Tienes que atacarlo a través del desmantelamiento masivo de sus bases patrimoniales en el sector público y privado. Alguien me tiene que explicar todavía de dónde salió el aumento exponencial de la deuda pública de Moreira en Coahuila o por qué aumentó la deuda pública a niveles exorbitantes en Chiapas. No veo todavía mecanismos preventivos que ayuden al sector público a prevenir y a combatir el delito patrimonial y dado que toda empresa criminal, ya sea de Estado o externa al Estado compra deuda pública, se meten a financiar obra pública, los ves metidos en licitaciones. No veo que haya ningún tipo de aparato preventivo que prevenga eso. Está el Auditor Superior de la Federación que normalmente después de que ocurrió algo da un relato histórico de lo que sucedió, pero no es un mecanismo que lo prevenga y es un tema que me preocupa mucho. –En el libro habla varias veces de los medios de comunicación y en especial de las televisoras, ¿las ve muy poderosas? Estas dos televisoras poderosas quizá con la mejor de las intenciones cercenan la capacidad de México de transformarse en una democracia. Son instrumentos del sector privado en el autoritarismo vigente. México es un país donde las élites simulan mejor que cualquier otra élite en el mundo, el maquillaje mediático de México con la cual mantuvo un autoritarismo blando desde los años cuarenta, sigue imperando esa mentalidad y por lo tanto estas televisoras se terminan transformando por acción u omisión en instrumentos del autoritarismo vigente y cercenan el desarrollo de la democracia y no permiten que el ciudadano tenga acceso a información contrastante donde podemos o no estar de acuerdo con mis opiniones, pero lo cierto es que no hay este tipo de situación. Veo con tristeza que México, un país que posee más recursos que cualquier otro país latinoamericano y recursos humanos de primer nivel succiona esos recursos humanos, doctores de universidades americanas y europeas los succionan en un sistema que trata de mantener las reglas actuales aunque estén agonizantes, desea mantener el sistema actual político empresarial que ha llevado a este país a la postración. Contratar firmas de imagen europeo o norteamericanas para proyectar imagen esquizofrénica de México que no tropiece con la realidad no va a cambiarle el futuro a este país. Al presidente Peña Nieto se lo va a llevar por delante la realidad.

Titiriteros de EPN roban, corrompen, reprimen y se justifican

Regidora y redes en Guadalajara “en un llano ….”

http://www.milenio.com/jalisco/Presentan-audio-denunciar-corrupcion-Guadalajara_0_185981845.html

Elisa Ayón ofrece una disculpa pública por sus palabras altisonantes

http://www.milenio.com/politica/Elisa_Ayon-regidora-PRI_0_186581619.html

PRI destituye a Elisa Ayón

http://www.milenio.com/politica/PRI-destituye-Elisa_Ayon-Guadalajara_0_186581775.html

AGENDA CIUDADANA

Zepeda Patterson o la realidad de la ficción

Lorenzo Meyer

·UN ‘DE TOUR’ POR LA FICCIÓN PARA LLEGAR A UNA EXPLICACIÓN MÁS PROFUNDA DE LA REALIDAD

“…prácticamente todos los poderes fácticos, empezando por los líderes sindicales, los gobernadores, algunos empresarios y los cárteles de la droga. Ninguno de ellos es enemigo frontal, pero todos resentirían el regreso del presidencialismo imperial.

-Se supone que eso querían ¿No? De nuevo un presidente fuerte- dijo Mario.

-Sí y no; todos esos poderes crecieron con el vacío que generó la debilidad presidencial durante los doce años del panismo. Nuestros millonarios entraron en la lista de Forbes y los sindicatos nunca fueron tan poderosos, por no hablar de los narcos, pero al final todos estaban un poco fatigados por la falta de un árbitro que hiciera más eficientes las negociaciones- dijo Tomás” (Jorge Zepeda Patterson, Los corruptores, México: Planeta, 2013, p. 219).

En los diálogos políticos de los personajes de la primera novela del periodista Jorge Zepeda, el lector va a encontrar, como explicación del regreso del PRI a la dirección de la vida pública mexicana al final de 2012, la creciente necesidad de los “factores de poder” de volver a contar con un gran árbitro capaz de mediar entre ellos y de mantener excluidos a todos esos que desde hace mucho tiempo lo han estado. Por su parte, ese gran árbitro -un “presidente Prida” al que ningún lector tendrá dificultad en identificar con Enrique Peña Nieto- tiene como proyecto propio uno tan simple como contundente: retornar al pasado aprovechando que el público realmente democrático en México aún es reducido y en cambio es grande la necesidad de esos poderes fácticos -los tradicionales y los nuevos- de volver a contar con un entorno predecible, manejable y claramente cargado a su favor.

Una Presidencia nuevamente dominante y autoritaria, según la trama de esta novela, sería apoyada por los pocos que realmente cuentan en la toma de decisiones en México. Para esas minorías con mucho por preservar y por tanto que perder, la actual competencia salvaje entre ellos no es una situación deseable. Para esa élite del poder, ese tipo de competencia se asemeja menos al ideal de Adam Smith y mucho al de Hobbes: a un “todos contra todos” del estado de naturaleza. Y tampoco ven con simpatía la posibilidad de una auténtica lucha democrática porque los muchos con poco o nada pueden llegar a tomar conciencia de su capacidad para modificar una realidad donde por largo tiempo las cargas y los beneficios se han repartido de manera muy inequitativa.

·LA LIBERTAD DE UNA FICCIÓN DESCARNADA

El fondo de lo discutido por los personajes de Zepeda no es nuevo ni muy diferente de la visión presentada por la no ficción, pero la forma sí: el argumento se vuelve más contundente e inmediato. Y es que al transformarse de periodista -y muy bueno- en novelista, Zepeda amplió enormemente el campo de su libertad de expresión. Es ahí, en ese nuevo espacio, donde se da una interesante contribución del sinaloense tanto a la literatura en el campo de la novela negra como al análisis y a la denuncia de la realidad del poder en México de nuestros días.

En una nota breve añadida al final de la novela, Zepeda señala que su ficción es real: “Gran parte de las situaciones aquí descritas son absolutamente ciertas. Están cambiados los nombres y los lugares geográficos…[p]ero las descripciones sobre la clase política, los escándalos y el análisis de los procesos históricos derivan en gran medida de la experiencia de mi ejercicio como periodista durante más de veinte años”. Y vaya que si aprovechó su experiencia en el diario español El País, como fundador y director de dos periódicos en Guadalajara y luego, por un tiempo, como director de otro nacional. En una presentación de su libro, Zepeda explicó que un motivo para escribir Los corruptores fue tener material sobre la parte negra de la realidad del poder en nuestro país pero no poder usarlo en su calidad de periodista por la obligación de presentar las pruebas según las reglas del oficio. Sin embargo, al transformarlo en ficción -una alternativa perfectamente válida si se tienen buena pluma e imaginación para hilvanarlo- nos lo puede ofrecer sin problemas.
·LO NEGRO Y REVELADOR DE LA NOVELA NEGRA

Liberado de las reglas del periodismo pero fiel a las reglas de la novela, Zepeda le da al lector acceso a su archivo. Y es así como entramos en el mundo de personajes que florecen en un sistema político descompuesto en grado alarmante, donde la corrupción penetra en todos los ámbitos de la cosa pública y del espacio privado. La corrupción y su acompañante, la impunidad, es lo que realmente prospera en una sociedad de economía estancada y con un entramado institucional corroído hasta la médula. Esas condiciones dan origen a acciones y a personajes realmente monstruosos. Personajes surgidos lo mismo de la base de la sociedad que de sus sectores medios y altos. Corruptores y corrompidos, todos, toman decisiones de vida o muerte sin que realmente les preocupe la ética ni el supuesto pero inexistente “Estado de Derecho”.

Y en el curso de los acontecimientos, ese ambiente de corrupción e impunidad lo mismo explica que el robo de combustible de los ductos de Pemex lo haga un gobernador, que las explosiones en Guadalajara en 1992, y que dejaron cientos de muertos y miles de casas destruidas, sean resultado de la decisión de echar por los ductos de la ciudad gasolina y solventes para evitar que una auditoría descubriera en una planta almacenadora un enorme excedente de combustible procedente de Salamanca y no reportado. Ese mismo factor explica que los servicios de inteligencia norteamericanos tengan lo que oficialmente se niega: capacidad de operar grupos armados dentro de México. Explica también que el espionaje cibernético de gran penetración y fidelidad sea una actividad que no sólo la desempeña la NSA norteamericana o el Cisen, sino organizaciones privadas que se sirven de ese medio para sus propios fines o para el de terceros y a las cuales no les es difícil reclutar por las buenas o por las malas a jóvenes hackers talentosos. Igualmente explica que ciertos dueños de medios de comunicación tengan poca o ninguna lealtad a los códigos de ética, que usen su empresa para chantajear y luego sean chantajeados. Naturalmente la corrupción explica que el narcotráfico posea redes de espionaje que penetran hasta los más altos niveles del gobierno y que conocen y explotan las intimidades y debilidades incluso de los personajes más encumbrados de la estructura del poder, sean civiles o militares, y que sea capaz de eliminar incluso a miembros del gabinete. Esa corrupción omnipresente explica que el operativo de 2012 en Los Cabos, BCN, contra El Chapo Guzmán, fracasara, pues había penetrado a los niveles más altos de las propias agencias de seguridad; explica que un ex gobernador sirva de contacto entre un cártel y los círculos del gobierno mexicano y agencias norteamericanas, etcétera.

·EN SUMA

La buena novela negra -y Los corruptores lo es- resulta una forma perturbadora pero útil para entender el daño de la corrupción, sea en la Suecia ejemplar (la obra de Stieg Larsson) o en el México contemporáneo.

EPN: dinero suelto / Juan Ciudadano

Reforma, 18 nov. 2013. Como una bola rápida, la semana pasada se materializó el incumplimiento, al menos para la tercera parte del sexenio, de las dos promesas centrales de Enrique Peña Nieto en materia de combate a la corrupción.

¿Pero apenas estamos terminando el primer año?

Sí, el Presidente lleva un año en Los Pinos, pero ya se cerraron las asignaciones presupuestales para el segundo. Y se gobierna con el presupuesto.

Para el 2014 no tendremos las nuevas reglas que prometió el entonces Presidente electo, que darían transparencia y consistencia a la contratación de publicidad oficial. Tampoco tendremos la Comisión Anticorrupción.

Ahora queda claro que los dos ofrecimientos fueron maniobras postelectorales, y no parte de la agenda de reformas a las que apuesta la presente Administración.

Cerrando el círculo de las señales a favor de la discrecionalidad en el manejo del dinero, ahora vemos que la disciplina en el gasto público programado, incluso para rubros como la seguridad, tampoco está entre las prioridades.

Vámonos por partes:

1. COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN EN EL LIMBO

La declaración de la semana pasada del coordinador de los Senadores del PRI tiene la sintaxis, bien cuidada, de la evasiva. El Senador Emilio Gamboa parece preparar el terreno para el pretexto posterior: “la voluntad del grupo parlamentario es que se apruebe en este periodo la Comisión Anticorrupción”… bla, bla, bla.

¿Por qué no lo han hecho si fue lo primero a lo que se comprometió el Presidente Electo?
En las acciones concretas de castigo a la corrupción el mensaje hasta ahora ha estado elocuentemente alineado con los reflejos del priismo más rancio: combate a la corrupción cuando se trata de mis enemigos (Elba Esther Gordillo), y en el caso de mis amigos (Carlos Romero Deschamps) me volteo para otro lado para no ver evidencias que brotan de todos lados.

2. PUBLICIDAD OFICIAL COMO SIEMPRE

¿Qué pasó con esta promesa tan concreta como la de dejar atrás la relación perversa entre los medios de comunicación y el Gobierno federal?

Hace días, 15 organizaciones de la sociedad presentaron su reclamo al Presidente y al Congreso. El hecho concreto es que en 2014 tendremos a cientos de dependencias oficiales contratando espacios en medios impresos y electrónicos a su mejor entender.

Para finales del 2014 las elecciones de medio término ya estarán suficientemente cercanas como para que la tentación de pedir y ofrecer favores a cambio de contratos de comunicación se vuelva irresistible.

Lo que nos toca a las organizaciones de la sociedad no puede ser otra cosa que exhibir el engaño premeditado del Presidente y su equipo.

3. REPARTICIÓN A SEGURIDAD SIN CONTROL

Para los años 2009, 2010 y 2011 la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades de los Estados y el Distrito Federal en el manejo de recursos etiquetados para la seguridad.

Para nadie es un secreto que Estados y Municipios se las arreglan para sacarle la vuelta a los lineamientos nacionales justificados por la necesidad de cierto nivel de consistencia en la formación de policías, certificación, capacitación, equipamiento.

El asunto es, ¿quién castiga?

Al menos la Auditoría Superior de la Federación tendría que presentar una denuncia por todos los manejos irregulares encontrados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Pero también tendría que estar entre las prioridades del Gobierno federal castigar el mal uso del dinero para aquello que es reconocido por la mayoría como el principal problema del País.

Lo que hemos visto hasta ahora es un Gobierno federal que no tiene interés en usar las herramientas existentes -mucho menos en complementarlas- para combatir la corrupción y abatir el dispendio.

El viejo PRI se seguirá instalando a sus anchas si no encuentra enfrente una sociedad organizada diferente a la que están acostumbrados. Cambiar el rumbo que lleva la Administración de Peña Nieto exige de la sociedad organizada mayor disposición a radicalizarse, a aprovechar cualquier oportunidad para exhibir al Presidente y los suyos en cuanto foro se presenten.

Video Renuncia EPN

http://aristeguinoticias.com/1911/mexico/general-de-division-exige-renuncia-de-pena-nieto-y-su-gabinete/

SOBREAVISO
Crimen con y sin registro

René Delgado

23 Nov. 13
La mordida, el diezmo, la comisión, el entre, el moche, la transa… han sido los eufemismos para señalar la corrupción, lubricante del sistema político. La brutal incorporación del crimen al desarrollo de esa práctica ha llevado a denominar esa competencia de un modo distinto. Extorsión, derecho de piso, venta de protección fueron y son los términos establecidos para diferenciar una corrupción de la otra, siendo que es la misma.

Dicho de otro modo, las recientes revelaciones sobre la voraz actuación de políticos y criminales en relación con el dinero, el trabajo y los bienes ajenos sugieren una conclusión terrible. La diferencia entre ambas conductas deriva de algo sencillo: si se cuenta o no con registro y legitimidad para practicarla.

Domina en México -es triste decirlo- el crimen organizado con y sin registro. Es la pequeña diferencia entre dos iguales, a la cual se agrega otra: los criminales sin registro se juegan la vida en el empeño, los criminales con registro se juegan muy eventualmente el puesto.

* * *

Vista así la práctica del moche o la extorsión -el fondo de la materia es el mismo-, el combate al crimen organizado sin registro por parte del crimen organizado con registro no tiene por objeto hacer valer los derechos ciudadanos y la seguridad pública. No, su objetivo es asegurar el monopolio de la expoliación ciudadana por una u otra organización. En esa lógica, el país estaría inmerso en una guerra destinada a asegurar un mercado, un campo o una actividad, no en una destinada a reivindicar el Estado de derecho.

Suena a desmesura señalar que la diferencia entre políticos y criminales depende de un registro, de una suerte de licencia para extorsionar a los ciudadanos. Pero no, no lo es. Hay literatura al respecto. El autor que, quizá, más ha ahondado en el asunto es el ensayista y poeta alemán Hans Magnus Enzensberger. Su libro Política y delito es contundente, su poema Defensa de los lobos contra los corderos es elocuente. De un modo u otro, advierte la nula frontera entre la actividad criminal y política.

En el poema citado, Enzensberger formula un cuestionamiento tremendo. Se reproduce un extracto, respetando su literalidad: “muchos son los robados, y pocos los ladrones./pero ¿quién los aplaude? ¿quién/los condecora y distingue?/¿quién está hambriento de mentiras?”.

* * *

La revelación de que los alcaldes son víctimas por partida doble -del moche por parte de los políticos y de la extorsión por parte del crimen- exhibe de manera descarnada una realidad insoportable: la diferencia entre unos y otros depende de la legitimidad con que practican sus tropelías.

Desde el poder legitimado en las urnas, el empeño se ha puesto en explicar la corrupción política como una cuestión histórico-cultural, indigna pero establecida como costumbre; y la extorsión como una cuestión delincuencial, digna de persecución y castigo. Al mismo fenómeno lo denomina de un modo distinto y, así, justifica por qué una se tolera y otra se persigue. Legitima la actuación política y deslegitima la actuación criminal.

Nunca se ha visto a un servidor público o a un representante popular esposado de manos, escoltado por policías con el rostro cubierto, con la cabeza gacha, expuesto públicamente delante de la escaleta que dé su estatura por el delito de cobrar el diezmo o el moche a un alcalde, comerciante o empresario. En cambio, esa escena -particularmente, durante el sexenio pasado- fue pan de todos los días cuando se trataba de exhibir a un delincuente que hacía exactamente lo mismo… pero sin credencial.
* * *

Tan en la entraña del sistema político están el moche y el diezmo que igualan a los partidos en condición de practicarlos.

La alternancia, en ese sentido, se convirtió en una cuestión de turno. Al llegar al poder, Acción Nacional en vez de desplegar y hacer ondear la bandera de la lucha contra la corrupción, la plegó y arrumbó para no desaprovechar su turno frente al botín. Hoy, en el banquillo de los señalados por reclamar moche o diezmo está ese partido, pero lo cierto es que es una práctica generalizada en todas las fuerzas políticas con registro. La pluralidad con que incurren en ella, priistas, perredistas y los etcéteras, no habla de la riqueza del régimen, sino de su miseria.

Absurdamente, Acción Nacional ha querido desvanecer el delito en que presuntamente incurren algunos de sus cuadros, asegurando que la denuncia no es producto del hartazgo social, sino de la disputa a su interior por la dirección del partido y, en ese marco, las corrientes panistas ya negociaron la cabeza del coordinador de los diputados albiazules, Luis Alberto Villarreal. La ocasión de retomar y desplegar aquella bandera, de marcar diferencia, la han perdido reconociéndose como cómplices de los suyos y los ajenos.

En concierto con ellos, priistas, perredistas y los demás han guardado silencio frente a la práctica del diezmo y el moche. No es muestra de respeto a un supuesto asunto interno de un partido, es muestra de complicidad en la práctica generalizada de un delito.

* * *

Estos días, la corrupción se ha expuesto como el vicio que vulnera cualquier posibilidad de cambiar el régimen.

Vulnera el combate al crimen organizado por parte del Estado, convirtiéndolo en una disputa entre dos organizaciones por el monopolio de la extorsión. Vulnera la posibilidad de pensar en la apertura del sector energético, sin considerar el saqueo. Vulnera la credibilidad en la reforma educativa por la forma en que se “compran” voluntades del magisterio. Vulnera a la democracia porque, pese a la aparente diferencia, los partidos son iguales. Quizá, en esa complicidad entre partidos, en ese parecido entre políticos y criminales se explica por qué la Comisión Nacional Anticorrupción suena a leyenda.

Hay excepciones, desde luego, pero si no se actúa en serio y a fondo contra la corrupción, será imposible restablecer la frontera entre política y delito, así como reponer horizontes a la nación.

Triste calificación para México en lista de países corruptos.- Aristegui

http://www.youtube.com/watch?v=jOEc42bmKjw

Grinch se adelantó

Manuel J. Jáuregui

Nadie, salvo el propio Grinch, quiere ser el Grinch que estropeó la Navidad.

Lejos está en nuestro ánimo contrariar el espíritu navideño, amigos, de manera que el comentario de hoy tómenlo como una simple observación relacionada con ciertas áreas de oportunidad que tiene México.

Mas, al igual que el Grinch, la realidad nos acecha y seguramente les habrá impactado la acusación proveniente de un Gran Jurado en Texas contra el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, asociándolo con el narcotráfico y actos de corrupción.

De nueva cuenta cabe hacer notar, como en muchos otros casos relacionados con el tema de la corrupción, que la hebra se revienta debido a investigaciones llevadas en Estados Unidos, no en México mismo.

Seguros estamos, sin ser quien debe probarlo, que Yarrington no es el único Gobernador mexicano culpable de este tipo de abusos de poder y corrupción, quizás incluso en su mismo Estado, de manera que aquí lo que debemos tomar en cuenta es que el Gobierno mexicano y su ya desaparecida Secretaría de la Función Pública, sumados a la Carabina de Ambrosio, resultan ser de lo más inefectivos a la hora de frenar la corrupción.

Un país corrupto en el que se viola la ley impunemente desde lo más alto del poder es uno en el que el sistema de justicia al ser inoperante crea una anarquía que nulifica cualquier esfuerzo por progresar.

Mientras haya corrupción no importa qué tantas reformas se realicen, México se las verá negras para dejar atrás el tercermundismo.

En este contexto no se puede dejar de mencionar lo DECEPCIONANTES y “grinchianos” que resultaron ser los resultados de los exámenes escolares PISA divulgados antier por la OCDE y nuestra Secretaría de Educación.

México permanece en el SÓTANO dentro de los países miembros de esta organización, notablemente en Matemáticas y Ciencias.

Decía el otro día el magnate Carlos Slim que la fórmula del progreso para México era “inversión y educación”. No por ser el segundo hombre más rico del mundo deja de tener razón: la educación es sin duda uno de los pilares del progreso.

Si nos quedamos atrás en conocimientos, nos quedaremos atrás en desarrollo, así de sencillo. Resulta desalentador este resultado evaluativo, ya que demuestra que los esfuerzos gubernamentales previos por elevar nuestro nivel educativo han fracasado porque no atacan el problema central: la calidad del magisterio.

Mucho tememos que aun con la reforma educativa, dadas las concesiones que la Subsecretaría de Gobernación negoció con la CNTE para aplacar sus protestas, se han comprometido en un grado que está por determinarse los potenciales avances de esta reforma, por lo que es probable que si acaso mejoramos en futuros exámenes PISA, la mejoría resultaría relativa y estaremos aún sumamente lejos de los países con mejores logros educativos. Como que se nos olvida que nos movemos en un mundo hipercompetitivo que premia la eficiencia y la productividad.
Los incentivos sociales que se establecen cuando se sientan precedentes como la impunidad, o las excepciones a las reglas que como concesión se les tolera a los maestros sindicalizados, están alineados en un sentido contrario al que pretendemos.
Tolerar la extrema corrupción, la impunidad y fomentar la falta de conocimientos, cultura e impulsar un sistema educativo plagado de vicios NO CONTRIBUYE al desarrollo económico de México, sino al revés, conforma el atraso que nos aqueja.

Sin una base de ciudadanos con educación de avanzada en las ciencias, difícilmente tendremos acceso a participar en la revolución tecnológica que impulsa al mundo.

Solitos nos condenamos a participar sólo en las actividades industriales más básicas que no son las mejores pagadas ni las de mayor futuro.

Imperativo es que el Gobierno del Presidente Peña Nieto se comprometa de manera CLARA y palpable a luchar contra la corrupción y que esta lucha la demuestre con hechos, e igualmente a no ceder en la mesa de negociaciones ante grupos de presión los alcances de las reformas que logró promover gracias al apoyo de todas las fuerzas políticas.

Jorge Zepeda Patterson, Los corruptores, Planeta, 2013, 432 pp.

La compilación de lugares comunes, clichés, supuestos y generalizaciones sobre la vida política mexicana contenidos en esta dilatada novela del conocido periodista Jorge Zepeda Patterson (Mazatlán, Sinaloa, 1952), la convierten en una especie de texto propagandístico, programático y políticamente correcto, destinado a satisfacer a los sectores críticos y opositores de las acciones gubernamentales al ratificarles, vía la ficción (o la política ficción, repondría el clásico), lo perverso y atentatorio contra la soberanía y el pueblo mexicano que devendrá el regreso del PRI al poder presidencial. Por esa corrección política y la amplia promoción es probable que la novela tenga elevadas ventas y aun lectores, peroLos corruptores ejemplifica además varios fenómenos editoriales de la industria cultural mexicana. Puntualizo algunos.

1. Revela el alcance de la promoción editorial y su impulso a cierto “bestsellerismo” de moda y de rápida recuperación económica. Los corporativos editoriales alientan, promocionan e incluso premian cierto tipo de obras lineales, directas, de lectura fácil, con cierta dosis de escándalo, de comprensión inmediata en México como en Barcelona, Santiago, Bogotá, Buenos Aires. Escrituras susceptibles de traducirse sin mayor complicación, como en este caso, al portugués, al inglés, al italiano. De ahí la edición simultánea del libro en España, México y el resto de Latinoamérica y su pronta aparición en Italia. Cada año la industria editorial publica innumerables novelas sin mayor aporte literario, ajenas a cualquier complejidad estética o intención artística y causantes de cierta (de)formación del gusto. Con el dinero como motor de la tarea editorial, el mercado avasalla y rige, establece percepciones y gustos acordes con las ventas mientras desdeña empeños artísticos y esfuerzos estéticos genuinos.
2. La novela evidencia la capacidad de la industria cultural para apoyarse en los personajes-autores más mediáticos o públicos como camino para elevar sus ventas. Hoy todos los autores se promueven de varias maneras: las editoriales organizan amplios planes de difusión, maratónicos días de entrevistas, apariciones públicas y mediáticas, de suyo ya normales, aunque, siendo estrictos, en realidad deberían promoverse la cualidad artística, la verdad literaria y el alcance estético de una obra. Con independencia de ello, si el autor es un personaje prominente en el círculo rojo y en los ambientes políticos, en el entorno periodístico y en el ámbito de los poderosos, director de un portal digital de información, es evidente que la industria lo aprovechará y le ofrecerá con mayor facilidad contrato, tiraje, publicidad, promoción. En tanto para un autor desconocido y ajeno a la promoción mercadológica, el afán estético y el empeño literario verídico no garantizan ya nada.

3. “Quiero que la novela se lea como la primera plana del periódico”. Ante esta declaración de Zepeda Patterson sólo queda confirmarlo: en efecto, así se lee, pero es de Perogrullo decir que ahí no hay literatura. Se insiste con frecuencia en la calidad literaria de cierto periodismo políticamente correcto y de llana mala conciencia, basado en la denuncia de los males padecidos por nuestro país, en testimonios y crónicas de las luchas contra los intereses “traidores a la nación”; o bien, como en este libro, en la descripción pseudoverista de la lucha en la cúspide del poder entre los integrantes de la clase dominante, choques aderezados siempre con buenos platillos y vinos importados en restaurantes de lujo y encarnados por personajes con trajes de marca y olorosos a loción, quienes dos páginas más adelante descienden a las catacumbas criminales a contratar sicarios de bulto y negociar con narcotraficantes de cómic. La critica a los políticos y funcionarios en turno acaba entonces por tornarse aspiracional y admirativa. Son malos y traidores, pero viven y beben tan bien, tienen tanto encanto personal, manejan a tantos empleados, viajan en autos de lujo y saben tanto de la realidad nacional y de la vida, que acaban por ser envidiables.
Todo redactado en esa prosa periodística sin voluntad de estilo y cuyas únicas virtudes, se insiste, fluidez y velocidad, alientan su comparación con la literatura, sin reparar en que el apresuramiento se torna superficialidad, carencia de estilo, cláusulas avanzando a empellones, frecuentes errores conceptuales (“los eventos en la agenda de hoy” es recurrente ejemplo lamentable) y hasta confusiones como “para él, los medios siempre justificaban los fines, y sus medios podían ser más que cuestionables” (p. 127).

4. “Es una novela en tiempo real”, declaró su autor, por ello la trama se desarrolla durante dos semanas de noviembre y diciembre de 2013. El columnista Tomás Arizmendi, ya con “un rato chapoteando entre el cinismo y la negligencia”, es quien guiará al lector por este thriller político y un agotador entramado de chismes, dimes y diretes, politiquería, rumores y grillas asumidas como de conocimiento exclusivo del personaje. Añádase a lo anterior un agotador listado de atrocidades, desde sicarios, cárteles y gobernadores enriquecidos hasta partidos oportunistas, corrupción, empresarios manipuladores, medios de comunicación al servicio del poder y aún más y más tópicos tediosamente revisados para demostrar su intención de fortalecer el nuevo presidencialismo y llevar al país a “un retroceso de veinte años en materia de libertades públicas y espacios democráticos”.

En esta maniquea lucha por el poder y por el control político del país y sus peores fuerzas desatadas, Arizmendi suelta en su columna una información comprometedora para el temible secretario de Gobernación, Augusto Salazar, al involucrarlo en el asesinato de su hermosa amante. Con ello y sin darse bien cuenta, el columnista queda en el centro de un torbellino político tan imprevisible como peligroso, según comprueba al recibir una amenaza telefónica.

Para enfrentar la situación Tomás acude a sus amigos de infancia y juventud, más estereotipos que personajes reales: a) Jaime Lemus, ex director del CISEN y asesor de seguridad de varios gobiernos, con un ejército de guardaespaldas, hombre cercano a la DEA, conocedor de los sótanos de la política mexicana y el primogénito de un político-abogado de la vieja guardia; b) Amelia, la combativa y buenísima cuarentona presidenta del PRD en ese momento, cuya mala conciencia no la deja en paz y con quien el columnista ha tenido relaciones y un frustrado amor juvenil aplazado; c) Mario Crespo, profesor universitario de familia y vida normales a excepción de su hijo Vidal, hacker de redes cibernéticas, quien a veces ayuda a su padre en tareas de recopilación de información y se involucrará por ello en los acontecimientos.

Aquí caben todos los temas de las “agendas abiertas y ocultas” de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto: de los supuestos pactos con El Chapo Guzmán y el horror de Los Zetas a los “sospechosos” accidentes aéreos de dos secretarios de Gobernación. La truculencia, los enredos, las persecuciones, los atentados, los amoríos continuarán a los largo de cientos de páginas. A la mitad del libro los personajes son mero guiñol, máscaras para representar el discurso ideológico que se quiere asestar al lector con el fin de convencerlo de los oscuros propósitos de quienes atentan contra México.

Habrá quien por morbo lea Los corruptores, con tal de identificar a los involucrados, a los políticos mencionados, a los partidos y su actuación, a un gobernador de Veracruz o Tamaulipas, a tal o cual secretario, al dueño de un periódico importante de Bucareli, a los legisladores tan bien vestidos y perfumados, al mismo Miguel Ángel Mancera, de quien el autor se burla con personal dedicatoria. Pero aquí no estamos ya ante un testimonio de la vida política mexicana, un vistazo a las entretelas del poder o una novela política de calado, estamos en el terreno de la caricatura.
“Tendría que haber leído menos libros de Paul Auster y Murakami y más de Tom Clancy y Dan Brown”, advierte el personaje Mario ante el enredo, y a la novela le sucede exactamente lo contrario, le falta literatura y le sobran los recursos fáciles y oportunistas del best-seller.

5. En los ámbitos de la crítica literaria el libro resulta también ilustrativo. Las notas promocionales de la novela se esparcieron desde antes de su presentación tanto en México como en España, donde Zepeda Patterson declaró haberse inspirado en la trilogía Millenium del sueco Stieg Larsson para elaborar este “gran fresco de la política mexicana” y exponer la brutalidad de la realpolitik local. Las notas críticas no son moneda corriente, pero Julio Patán señaló con sutileza que la novela “tiene que haber sido escrita a velocidad crucero […] ya que muchos de los hechos referidos saltaron a las ocho columnas hace apenas unos meses”. A su vez, el escritor Élmer Mendoza celebró la obra y al autor, y destacó su dominio perfecto de “los jabonosos instrumentos de la ficción”. Por su parte, Roberto Pliego criticó con dureza la edición por su pobre narrativa, su maniqueísmo y su cursilería.

Pocas novelas mexicanas son reseñadas en el suplemento Babelia del diario español El País. Zepeda Patterson se formó en ese periódico antes de fundar en Guadalajara los diarios Siglo 21Público y ser subdirector de El Universal. En el reconocido suplemento ibérico su novela fue comentada por M. Á. Bastenier con el título Autobiografía de México. El comentario reconoce el interés de la obra y también subraya su velocidad o “urgencia” narrativa, su representación centrada en las clases dominantes, así como la dificultad para los extranjeros de reconocer a algunos personajes.

Finalmente, a muchos les cuesta entender que ciertas obras políticamente progresistas puedan ser estéticamente conservadoras, y que la transgresión (o denuncia política de una obra) pueda ser una forma de conformismo artístico. En El sentido social del gusto, Pierre Bourdieu insiste: “El conformismo de la transgresión, tan frecuente hoy en el mundo del arte y la literatura, se apodera de las buenas conciencias políticamente correctas pero estéticamente conservadoras. El efecto es la confusión de las fronteras entre el arte y el no arte, el conformismo y la subversión”. n

Alejandro de la Garza. Periodista cultural. Autor de Espejo de agua. Ensayos de literatura mexicana.

Somos el país más corrupto de la OCDE. De Aristegui.

http://www.youtube.com/watch?v=f0jHUe5EaSs

John Ackerman y la reforma energética, en A contracorriente. 5-12-13

México cae en índice de corrupción, según Transparencia Internacional

Nuestro país baja su calificación en el ‘ranking’ de prácticas ilegales, se coloca por debajo de Bolivia, India y Cuba. A escala mundial, Dinamarca es el mejor colocado, según la evaluación de TI.

Este año, México se hizo más corrupto, según Transparencia Internacional.

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2013, nuestro país obtuvo 34 puntos, de 100 posibles, (la calificación que indica menor nivel de corrupción). Lo que lo coloca en la posición 106 de una lista de 177 países, es decir, un sitio menos del que reportó el año pasado.

En el ranking presentado hoy, México está por debajo de países como Cuba, India, Panamá y Bolivia.

A escala mundial, Dinamarca es el primero de la lista, seguido por Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza y Noruega. Mientras que en el continente americano, Canadá es el país mejor ubicado en el sitio nueve.

La corrupción es un problema universal, afectando todos los países en temas que van desde los permisos y licencias hasta los grandes contratos públicos y el financiamiento de campañas”, dijo la presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle.

En América Latina, Uruguay ocupó la posición 19 de 177 y Chile la posición 22. La diferencia entre el país mejor ubicado en América Latina y México es de 87 posiciones.

En el IPC 2013, Brasil y Sudáfrica se encuentra 34 posiciones por arriba de México, China 26 y la India 12.

En el sótano

Entre los países de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en la última posición de la tabla por debajo de países como Italia y Grecia.

Transparencia Mexicana consideró que México debe consolidar un auténtico Sistema Nacional de Integridad, que incluye la reforma constitucional en materia de acceso a la información pública pero que también requiere fortalecer los órganos de fiscalización y control, un nuevo régimen de responsabilidades para los servidores públicos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Además, identificó “buenas prácticas  y experiencias exitosas de control de la corrupción” en cualquiera de los sectores público, privado y social que puedan generalizarse y replicarse en todo el país .

El organismo recomendó avanzar en la implementación de la Reforma de Justicia Penal, reduciendo con ello los espacios para la impunidad y transformar la relación entre gobierno y sociedad mediante políticas de Gobierno y Parlamento Abierto.

El ranking

Los mejor calificados:

1. Dinamarca

2. Nueva Zelanda

3. Finlandia

4. Suecia

5. Noruega

6. Singapur

7. Suiza

8. Países Bajos

9. Australia

10. Canadá

11. Luxemburgo

12. Alemania

13. Islandia

14. Reino Unido

15. Barbados

106. México

(Con información de Transparencia Internacional Transparencia Mexicana)

Corrupción impide desarrollo económico

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/12/09/corrupcion-impide-desarrollo-economico

El bombero anti-corrupción

DECEMBER 16, 2013 Ricardo Raphael El Universal

La ingenuidad radica en pensar que vivimos en un país corrupto porque faltaba una institución dedicada a perseguir delincuentes. Atrapados en la lógica de un western hollywoodense, suponen los legisladores que basta con inventarse un alguacil, de esos que portan una lucidora estrella plateada sobre el pecho, para que al final del largometraje los buenos triunfen y seamos todos felices.

La Comisión Anticorrupción es una invención demagógica, una medicina inadecuada para la enfermedad. En México no se requiere de un emblemático bombero para apagar el fuego, sino de un robusto sistema de alarmas para combatir el incendio que hoy nos significa la corrupción. Sin embargo, el sistema necesario quedó pospuesto para mejores tiempos.

¿Cómo atacar un problema que es complejo y sistemático sin una solución que tenga características similares?

La corrupción en México no es la obra de unos cuantos personajes muy deshonestos, sino de todo un entramado de arreglos, prácticas, instituciones, actores y valores. No basta por tanto con perseguir y meter a la cárcel a dos docenas de malosos para que el país se vuelva honesto. El reto es mucho mayor. Para dotarse de un código de honor distinto al imperante, la República está necesitada de un renovado sistema de cuentas, de controles, de instituciones y de personas que, coordinados y coherentes, se dispongan con eficacia para combatir la corrupción.

Este sistema no puede ser sustituido por un solo actor. Uno más que se añada a la larga lista de piezas sueltas que ya hay y que, por su fragmentación, no han sido capaces de resolver el problema: órganos internos de control, órganos superiores de fiscalización, procuradurías locales y federales de justicia, institutos de transparencia, tribunales de todos sabores y más.

Durante los últimos tres lustros el país ha invertido mucho dinero y salarios en organizaciones del estado dedicadas a la rendición y la exigencia de cuentas. Sin embargo, poco se ha hecho para lograr que estas instancias se conecten entre sí y operen con armonía. En revancha, lo que tenemos en México es una coladera de anchos agujeros donde se cuelan los peces más gordos y también los delgados.

A tan contrahecha arquitectura ahora se sumará un gran bombero Anti-Corrupción (a nivel nacional) y otros treinta y dos (uno para cada estado).

Más burocracia para dar la impresión de que se está en contra de la deshonestidad, pero menos eficacia a la hora de enfrentar el problema real.

Es cierto que un sistema no se vende tan bien ante la opinión pública como la creación de un nuevo superhéroe pero, a la postre, lo segundo se revelará ocioso y entonces tendremos que regresar a lo que era fundamental.

Mientras este despropósito avanza, el Estado mexicano se aleja del modelo de control que ha probado virtudes en otras partes del mundo. La prevención es muy importante cuando se trata de erradicar actos ilícitos dentro del Estado y en esa tarea los órganos internos de control son muy importantes. No se trata propiamente de instancias persecutorias de delito, sino de órganos que se anticipan a los hechos para que los funcionarios públicos, por acción o por omisión, no tuerzan la ley.

Hasta antes de que arrancara el presente sexenio, a nivel federal los órganos internos de control debían ser coordinados por la Secretaría de la Función Pública. Este ministerio despareció justo para dar paso a la Comisión Anticorrupción. Pero en el nuevo diseño la instancia coordinadora desapareció y la nueva no puede tomar sus atribuciones. Con ello, la prevención de los actos corruptos ha sido desplazada y sin ella el sistema incrementa sus posibilidades de fallo.

Otro conflicto evidente del nuevo diseño tiene que ver con que la naciente agencia solo atenderá actos de “corrupción”, dejando fuera el resto de irregularidades que no son propiamente episodios de deshonestidad (error, mala interpretación, asignaciones equivocadas, cuentas llevadas de manera inadecuada) y, sin embargo, deberían también ser reconducidos gracias a la actuación de los órganos de control.

Una última observación: este órgano autónomo – bombero o alguacil – solo podrá imponer sanciones administrativas (multas o prohibiciones para ocupar cargos públicos), porque no pudo ser facultado para privar de la libertad a los inculpados. Esa sigue siendo solo facultad de las procuradurías.

Se trata en efecto de un gran monigote desdentado que abona poco a la solución y que sin embargo no podrá pasar desapercibido. Un Golem mexicano para sumar a la colección.

El Top Ten de los mexicanos más corruptos

Entre los mexicanos que se perciben como lo más corruptos del año figuran Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Genaro García Luna y Alejandra Sota.
La revista Forbes publicó una lista de los 10 mexicanos que se perciben como los más corruptos del año, luego de que la organización Transparencia Internacional publicara su Índice de Percepción de la Corrupción 2013 y que ubicó a México en el lugar 106 de 177 naciones, lo que lo coloca como uno de los países más corruptos para el organismo.

Cayó un lugar, con respecto a 2012, cuando se ubicó en el puesto 105, en la misma medición; sin embargo, entonces participaron 176 países.

En las lista se encuentra la ex dirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, acusada en febrero de malversar 200 millones de dólares de los fondos sindicales para pagar su lujosa estilo de vida.

Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de trabajadores de Petróleos Mexicanos; su hija Paulina Romero documentó con fotos en su red social la vida de lujos que le da su padre.

Raúl Salinas de Gortari, quien es “considerado un símbolo de la corrupción e impunidad”. El hermano del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, pasó diez años en la cárcel condenado por un homicidio político, pero absuelto en 2005.

El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), Genaro García Luna, quien con el mayor presupuesto asignado a su departamento, su mandato se caracterizó “por un exceso de gasto para la autopromoción y el abuso de poder de los escándalos expuestos por la prensa mexicana”, destaca.

El priísta y ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, detenido por cargos de corrupción, malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero.

Tomás YarringtonHumberto Moreira, Arturo MontielFidel Herrera y la vocera del ex presidente Felipe Calderón, Alejandra Sota.

http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/16122013/786908-El-top-ten-de-los-mexicanos-mas-corruptos-segun-Forbes.html

Los 10 más corruptos de México, según ‘Forbes’

La revista estadounidense publica su ranking sobre los 10 personajes percibidos como “los más corruptos en México” en 2013, de Dolia Estévez, aparecen Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Raúl Salinas, gobernadores además de los ex funcionarios, Genaro García Luna y Alejandra Sota.

La ex líder sindical Elba Esther Gordillo, el titular del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps y dos de los funcionarios más cercanos al ex presidente Felipe Calderón,Genaro García Luna (ex secretario de Seguridad Publica) y Alejandra Sota (ex vocera de Los Pinos) aparecen en la lista de los 10 mexicanos más corruptos de 2013, según una lista publicada este lunes en la revista Forbes.

La corresponsal de Noticias MVS en Washington, Dolia Estevez, elaboró la lista con base en lo que se publicó sobre 10 personajes en 2013.  Además de la ex líder del SNTE y del líder del sindicato petrolero, aparecen Raúl Salinas de Gortari, uien, de acuerdo con Forbes, es un “símbolo de la corrupción y la impunidad”. Y aparecen  los ex gobernadoresTomás Yarrington, Humberto Moreira, Fidel Herrera Beltrán y Andrés Granier, entre otros.

La publicación agrega que México es uno de los países más corruptos del mundo. Según la organización Transparencia Internacional, que cada año publica su índice de la Percepción de la Corrupción, nuestro país ocupó este 2013 el lugar 106 de las 177 naciones que lo componen.

A continuación, la lista completa publicada en Forbes:

1.- Elba Esther Gordillo. Ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acusada en febrero pasado de malversar 200 millones de dólares provenientes del gremio docente. Dentro de sus inmuebles, destaca una casa de 4.7 millones de dólares de Coronado Cayos.

2.- Carlos Romero Deschams. El líder del sindicato petrolero y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido vinculado a tráfico de influencias. Su hija Paulina Deschamps aparece en fotos publicadas en Facebook en viajes alrededor del mundo en aviones, yates y restaurantes de lujo, en compañía de sus tres perros Keiko, Boli y Morgancita.

3.- Raúl Salinas de Gortari. Hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, es en parte responsable de destruir el legado de éste como mandatario al convertirse en símbolo de la corrupción y la impunidad. Tras haber estado 10 años en prisión, Raúl fue absuelto en 2005 y en julio de este año un juez lo exoneró de la carga fiscal que tenía pendiente y ordenó le fueran devueltos sus bienes

4.- Genaro García Luna. Ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por el exceso en el gasto público, en su gestión la dependencia registró el mayor presupuesto que se le ha asignado a esa dependencia y que usó para la autopromoción y el abuso de poder.

5.- Andrés Granier Melo. Ex gobernador de Tabasco, del PRI, detenido por cargos de corrupción, malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. El ex gobernador se jactó de poseer 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1000 camisas.

6.- Tomás Yarrington. El ex gobernador de Tamaulipas fue acusado en Texas de nexos con el crimen organizado y lavado de dinero, además, es presuntamente responsable de recibir grandes sobornos de grupos del narcotráfico, especialmente del Cártel del Golfo.

7.- Humberto Moreira. El ex gobernador de Coahuila sumió al estado en una profunda crisis financiera, la deuda estatal se elevó considerablemente hasta superar los 36,000 millones de pesos. Debido al escándalo, Moreira tuvo que dimitir. Su sucesor, el gobernador interino, Jorge Torres López fue acusado de conspiración para lavar dinero y otros delitos en Texas.

8.- Fidel Herrera. Durante la administración del ex gobernador priista de Veracruz, las actividades del cártel de Los Zetas prosperaron. Sus supuestos nexos con ese grupo delictivo surgieron cuando un agente del FBI afirmó que Francisco Colorado Cessa, un contratista de Pemex, actuó como intermediario entre Herrera y los Zetas, a fin de que dejara actuar libremente a éstos.

9.- Arturo Montiel. El ex gobernador del Estado de México por el PRI está acusado por su ex esposa, Maudi Versini, de secuestrar a sus tres hijos, a pesar de que la primera cuenta con la custodia. Montiel se retiró de la carrera presidencial de 2005 tras las denuncias de las mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia. Actualmente, no está bajo ninguna investigación en su contra.

10.- Alejandra Sota. Ex vocera del ex presidente Felipe Calderón, es investigada por presunta malversación de fondos y tráfico de influencias. Además, es sospechosa de haber beneficiado a amigos con contratos de gobierno.

http://aristeguinoticias.com/1612/mexico/los-10-mas-corruptos-de-mexico-segun-forbes/

Diáfana rendición

Manuel J. Jáuregui

Con toda humildad les decimos hoy, amigos, ¡cómo nos gustaría haber sido nosotros los que pronunciamos las palabras que dijo ayer el Comisionado Presidente del IFAI, Gerardo Laveaga!

Sin un esquema real de transparencia en la aplicación de la reforma energética se corre el riesgo de entrar en un mundo de corrupción infame y asfixiante, dijo Laveaga. Por supuesto que el Comisionado Presidente tiene toda la razón del mundo.
Si en México existe actualmente una corrupción galopante, ésta palidecerá ante la que puede inaugurar la reforma energética.

La posibilidad de que funcionarios públicos se confabulen para la asignación amañada de licencias o contratos de los yacimientos más jugosos que posee México, y cuya explotación habla de miles de millones de dólares a cambio de “moches” o esquemas de esquilmos, se torna enorme con la presencia de la reforma.
“Esto puede caer en manos equivocadas y si los ciudadanos no estamos informados de quién compró qué, cuánto pagó, a quién, o cómo se está manejando tal recurso puede (la reforma) acabar en una corruptela infame, asfixiante”, dijo el Comisionado a quien le asiste toda la razón.

Junto con las leyes complementarias que necesitan aprobarse para acompañar la reforma, urge incluir leyes de TRANSPARENCIA y rendición de cuentas, pues de lo contrario más que una nueva era de progreso en México estaremos dando entrada a la era más corrupta en la historia de México.

Sabiendo la enorme valía de lo que están concesionando o licenciando los servidores públicos encargados de la tarea, ya en la SENER, ya en PEMEX, o en algún otro organismo creado ex profeso, habrá una tentación enorme para manejar los procesos en lo OSCURITO, bajo el manto de la opacidad, para así poder aprovechar esta enorme BONANZA, sin paralelo en la historia de México, no en beneficio del País, sino para el pecunio particular de quienes tienen a su cargo las asignaciones. Esto ya en forma individual o en forma colegiada.

No nos podremos poner de acuerdo los mexicanos para jugar buen futbol, pero para robar en un tris se instala la homogeneidad.

Tómese en cuenta además que una de las cosas menos deseables de la reforma aprobada es que deja el proceso de la apertura energética mayor y exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo. Habrá un gran poder discrecional, un poder económico nunca visto en la historia del País, concentrado en muy pocas manos, manos que no responden ni al Congreso, ni a los ciudadanos, ni a nadie más que al Presidente.
Por ejemplo, si entra en juego la “Comisión Reguladora de Energía” como actor en este proceso privatizador, debe tomarse en cuenta que sus miembros son nombrados de manera directa y unilateral por el Presidente en turno. Aquí nadie mete las manos.

El Congreso aprobó los cambios constitucionales que hacen posible esta reforma considerada un parteaguas en la historia moderna de México, mas NO será el Congreso el que regule, administre o supervise el proceso.

TODO, absolutamente todo, quedará en manos del Poder Ejecutivo, esto es, del Presidente y de sus Secretarios, o en su defecto, de los funcionarios que nombre para tal efecto.

Por lo anterior es que estamos tan de acuerdo con el Comisionado Presidente Laveaga: es importantísimo, vital, crucial, que se abra la puerta a la TRANSPARENCIA como parte integral de la reforma.

Al decir esto nos referimos a una transparencia real, de facto, no la imitación que tenemos hoy a nivel federal, estatal y local, en la que la simulación es la orden del día y todo se OPACA bajo el pretexto de la “seguridad”.

Tenemos una transparencia teórica que no se apoya en la praxis cotidiana: de manera que debemos cuidar que en este tema se dé la transparencia total, sin adjetivos, verídica y veraz: que nada se haga a espaldas del pueblo o sin su conocimiento, sino ante sus ojos de manera DIÁFANA y con la debida RENDICIÓN DE CUENTAS.

Nada en lo oscurito, nada secreto, nada oculto ni turbio: de otra forma la reforma no servirá más que para gestar mayor desigualdad y una nueva generación de megarricos sin que México se beneficie.

Agravios y agenda

Sergio Aguayo

La reforma energética deja una gran lección: la ciudadanía independiente y crítica está indefensa y mal representada. En los agravios reside la agenda futura. Empiezo con quienes la hicieron realidad. Es correcto lo que dicen el Presidente, el PAN y el PRI: se acaba el “petróleo de fácil acceso”, necesitamos de tecnología, y la participación privada puede ser benéfica. Los argumentos pierden fuerza porque ignoran las razones de las mayorías que, según las encuestas, rechazamos la privatización de la energía.

Lo oposición no nace de atavismos. Es el resultado de padecer cada día las consecuencias de privatizaciones previas. Hace años Carlos Salinas de Gortari nos prometía el futuro mientras entregaba Teléfonos de México, TV Azteca y los bancos al sector privado. Llevamos un cuarto de siglo pagando tarifas telefónicas altísimas y viendo cómo la televisora del Ajusco retuerce el pescuezo de la cultura y los valores cívicos, mientras que los bancos nos cobran comisiones elevadas y nos maltratan con servicios mediocres. ¿Cuáles beneficios para las mayorías?

A Carlos Slim y a Ricardo Salinas Pliego les fue de maravilla. Antes de recibir las empresas estatales estaban fuera de la lista de los multimillonarios de Forbes. Entre los dos, en 2013, acumularon 83 mil millones de dólares, 57% de lo poseído por todos los ricos mexicanos incluidos en ese listado.

El Presidente, el PAN y el PRI olvidan esta parte de la historia y predican que en el futuro “bajará el precio de la luz y [el] gas”, terminará “la corrupción y los privilegios especiales” y se quitará el “freno de mano” a la prosperidad. No detallan la manera en que se evitará el saqueo de las riquezas naturales y la agresión a los consumidores. Pueden hablar sin demostrar porque los contrapesos son a toda luz insuficientes.
Los que aprobaron y los que aplauden la reforma triunfaron porque la sociedad crítica está sumida en el mutismo. Una de las causas de la pasividad tiene que ver con el movimiento y los partidos que confrontaron la reforma. En el caso de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, la inoportuna enfermedad de su líder desinfló las protestas. Los diputados y senadores del PRD, PT y MC pelearon y gritaron sin alterar una sola coma de la legislación.

Pasado el hecho, están convocando al pueblo y a la ciudadanía, a las organizaciones y a los intelectuales para que nos unamos en torno a ellos en la consulta popular que frenará, nos dicen, la reforma energética. Por supuesto que estoy a favor de ese ejercicio ciudadano pero, ¿cómo esperan que los tomemos en serio cuando el movimiento y los partidos son incapaces de hacer a un lado sus diferencias para llegar a un entendimiento mínimo en torno a una sola consulta?

El PRD tiene un problema adicional: su dilapidada autoridad moral. ¿Cómo se atreve Jesús Zambrano a condenar la corrupción y a pedir que los respaldemos, cuando tolera y arropa a los “mauricios toledos” que se han enriquecido especulando con el suelo urbano de las ciudades que gobiernan, entre otros negocios? Cómo olvidar que en el manejo de los gobiernos que tienen están más cerca de las llamadas “piñatas sandinistas” (la transferencia a manos privadas de bienes públicos) que de la austeridad de Valentín Campa o Heberto Castillo. El partido Morena es un enigma futuro: ¿serán capaces de transferir el carisma de Andrés Manuel López Obrador a la institución?

Desde una óptica ciudadana la gran lección de la reforma energética es que el centro-izquierda social carece por ahora de representación. La solución más lógica a corto plazo está en que los partidos políticos de ese signo reaccionen frente a la derrota y restañen con hechos su divorcio con una sociedad que según encuestas tiene entre sus grandes prioridades soluciones concretas a la inequidad, a la inseguridad, a la corrupción y a la precariedad de los empleos.

La sociedad no puede esperar a los partidos. Debe seguir aprovechando los espacios existentes para construir sus propias organizaciones porque la multiplicación del capital social positivo es la clave para hacer que la democracia funcione en beneficio de las mayorías. Por ahora, y hasta que no haya controles adecuados, la mala noticia es que podemos esperar que la reforma profundice desigualdades y corrupción.

MOREIRA    NO     SERA  REMOVIDO DE      LA      LISTA DE      LOS    10 MÁS CORRUPTOS,            RESPONDE ABOGADO   DE      ESTÉVEZ      A         ZINSER Levine        Sullivan        Koch  &            Schultz,         LLP   (LSKS), reconocido despacho      jurídico estadounidense   que     representa            a          la periodista Dolia  Estévez,         declinó          la         exigencia       de Christian  F.            Zinser Cieslik,         abogado        del      ex        gobernador   priista            de      Coahuila Humberto Moreira, de      quitarlo         de       la         lista    de       Los     10 Mexicanos           Más            Corruptos     en 2013,         publicada      en       la        revista Forbes         el        mes    pasado.            La      negativa       fue     comunicada a Zinser        en        misiva            escrita            en            inglés,            con     fecha   3          de       enero  de 2014.        

En       la         carta, Steve  Zansberg,     socio  de      la         firma y         defensor de  Estévez,            argumenta    que debido  a          que     el         blog    que identifica           a          Moreira         como            entre   la         gente  presuntamente más corrupta        en        México           en        2013    “es            esencialmente          cierto  –es incuestionable   que     tiene   la amplia       reputación   de      haber incurrido en  (actos de)     corrupción   durante         su       termino como gobernador—la            inclusión       de       su        nombre          en        la         lista    no       puede servir como  la         base de       una    demanda      de      difamación   bajo las leyes           sólidamente establecidas de      Estados Unidos”.   

En       su        carta   a          Estévez,         enviada         a          la         periodista     en plena            Nochebuena,            Zinser            sugiere          la posibilidad          de tomar acción      legal  contra ella    al        afirmar          que    “tanto            a         la publicación (Forbes)     como  a          Dolia            Estévez          los       hacen responsables             ante    daños compensatorios       y punitivos.”

Zansberg       refuerza        su       argumento   describiendo           casos similares en los      que    las            cortes estadounidenses     han     fallado          a favor de      los       medios          y          sus            representantes         en        base    a          la protección que     brinda            la         Primera            Enmienda     de       la Constitución estadounidense. 

El        blog    de       Estévez          ha        sido    actualizado   con      enlaces           a la      carta   de            Zinser            y          la         respuesta      de Zansberg.                       

Salinas, EPN y Chong, detrás del reportaje de ‘Proceso’ en mi contra: Bartlett

http://www.youtube.com/watch?v=QWYmCssuXtU

Salinas y Peña

Juan E. Pardinas

19 Ene. 14. Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto son dos presidentes que tienen algunas cosas en común. Ambos pertenecen al mismo partido y llegaron al poder con una ambiciosa agenda de reformas. También tienen sus diferencias. A Salinas le tomó un sexenio impulsar los cambios y Peña lo logró apenas en su primer año de gestión. Uno sacó las reformas en una época en la que el PRI tenía el control del Congreso. El otro tuvo que forjar puentes y negociaciones con la oposición de derecha e izquierda. En el siglo XX, Salinas impulsó el TLCAN y en el siglo XXI Peña forjó la reforma energética. Ambos son los cambios más profundos que ha experimentado la economía mexicana en varias generaciones. Más allá de lo que suceda en los próximos 5 años, EPN querrá evitar el desprestigio que acompaña la memoria histórica de CSG. Una ruta corta para llegar a la sabiduría es escarmentar en el sexenio ajeno.

A pesar de transformaciones sustantivas en la economía y las finanzas de México, el recuerdo de Salinas está indisolublemente asociado a la corrupción. A pesar de que un juez absolvió de enriquecimiento ilícito al hermano incómodo del ex Presidente, la sentencia popular está más cercana al chiste que me contó un taxista: “Esos Salinas hasta le robaron todos los ceros que tenía el peso”. Para facilitar las transacciones y la contabilidad financiera, en 1993 se le quitaron tres ceros a la moneda mexicana. Hasta las mejores decisiones de aquel sexenio quedaron manchadas por el desprestigio del apellido presidencial.

La piedra que hundió la reputación de Carlos Salinas puede ser la peor amenaza para el sexenio de Enrique Peña Nieto. Más que un cáncer, la corrupción es un cromosoma en los principales problemas del país. La corrupción es causa y origen de ese México que nos da miedo y vergüenza. Desde la crisis de inseguridad hasta los obstáculos para invertir en la economía están asociados a este uso y abuso del poder público. Hace unas décadas, toda la corrupción del país se asociaba con el PRI. En ese entonces, el partido tricolor era un espejo de cuerpo completo del sistema político mexicano. Hoy tenemos los moches legislativos del PAN, los bejaranos del PRD y una democrática distribución de la corrupción a lo largo del espectro político. Es muy elocuente que no haya un sólo partido en México que tenga como bandera electoral el combate de esta lacra nacional.

La corrupción es una alquimia perversa que transforma a las personas y las cosas: los policías municipales se convierten en halcones, los diputados se tornan en gestores y los maestros en aviadores. Los presupuestos públicos se transmutan en fortunas personales y las leyes se pervierten en privilegios. En casos extremos, esa forma de vida que llamamos civilización también sufre una metamorfosis que deriva en la barbarie.

Es imposible explicar el espiral del caos y la violencia que vive hoy Michoacán sin la corrupción de individuos e instituciones. Siempre que se atrapa a una figura encumbrada de un cártel criminal se habla del líder de los sicarios de los Zetas o del operador financiero del Chapo. Todavía no se atrapa a un operador político o representante legislativo de estos grupos. La guerra contra el crimen organizado no ha tocado a ningún miembro destacado de la clase política. Como si la fuerza del crimen se hubiera podido alcanzar sin la complicidad activa de la autoridad.

Si hay una piedra que puede descarrilar el rumbo de las reformas estructurales es la impune omnipresencia de la corrupción. Dejar este problema a la deriva puede hacer que los cambios del 2013 pierdan su potencial de transformar al país. La seguridad y la prosperidad de la República están en juego. ¿Cuánta inversión vamos a traer a la economía con fotos de camiones en llamas bloqueando las carreteras? Si Enrique Peña Nieto de veras quiere mover a México, debe aprender la moraleja que dejó la Presidencia y ex Presidencia de Carlos Salinas de Gortari.

Montiel

AGENDA CIUDADANA

El crimen en el castigo

Lorenzo Meyer

·LA CÁRCEL

En México enviar a prisión a quien ha cometido una falta, con frecuencia es forzarlo a pasar por un curso de supervivencia y donde, además, va a adquirir o perfeccionar sus habilidades como criminal.

México tiene una lista de problemas sociales serios y recursos escasos para enfrentarlos. Se puede argumentar que el estado de las instituciones penales no es hoy tema prioritario, pero hay dos razones para insistir en que lo es. Una moral: las cárceles son instituciones donde la inevitable tragedia humana puede adquirir innecesariamente características extremas. Otra práctica: la violencia y la inseguridad, asuntos centrales en la agenda nacional, no se resuelven sino que se agudizan en la medida que las prisiones cumplen en exceso con una de sus funciones, el castigo, pero muy poco o nada con la de reformar y reinsertar productivamente en la sociedad.

·CASTIGO Y REHABILITACIÓN

Las prisiones son tan inmemoriales como la vida en sociedad, pero hasta finales del siglo XVIII, en Occidente sólo se les usó como sitios de paso, donde la mayoría de los prisioneros sólo estaba ahí mientras se decidía su suerte: se les dejaba libres o eran ejecutados, azotados, enviados a galeras o a un destino semejante.

Sólo en los últimos siglos se empezó a considerar a la institución carcelaria como una penitenciaría, es decir, un sitio para cumplir un “justo castigo” -pérdida de la libertad- por haber actuado contra la ley y, además, hacer que el delincuente se transforme en un contribuyente a la labor de la gran colmena social. Idealmente, la prisión debería operar en México como quizá funcionó en el notorio caso de Gregorio “Goyo” Cárdenas Hernández, allá en los 1940. Cárdenas, un empleado de clase media, asesinó a varias mujeres y como “paradigma del monstruo moderno” se le declaró demente, se fugó y fue a dar a Lecumberri por 30 años. En prisión estudió derecho, se convirtió en “el licenciado goyito” y se casó. En 1976, supuestamente rehabilitado y con sentencia cumplida, fue liberado e incluso se presentó ante la Cámara de Diputados como ejemplo del criminal redimido. Libre, “el licenciado goyito” litigó y murió en 1999 entre sus hijos y nietos (Andrés Ríos Molina, Memorias de un loco anormal, México: Debate, 2010). Desafortunadamente, Gregorio Cárdenas fue, como sugiere Ríos Molina, un caso fuera de norma. Lo normal es pasar por la cárcel sin rehabilitarse.

·LA NORMA

En 2013, un grupo de especialistas dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un documento donde sostiene que las condiciones en que viven las mujeres en el complejo carcelario de las Islas Marías, en México, son violatorias de los derechos humanos. Dicho documento puede servirnos como una ventana para asomarnos a los mundos penitenciarios mexicanos y confirmar que éstos son verdaderamente para penar pero difícilmente para enmendar conductas.

El diagnóstico presentado a la CIDH sobre las internas en las Islas Marías hace hincapié en 11 puntos relacionados con deficiencias graves en los temas de régimen disciplinario, alimentación, salud, visitas, comunicación con el exterior, actividades dentro del establecimiento, traslados y libertades anticipadas. Cada uno de estos problemas se refleja en las 149 entrevistas que la investigadora del CIESAS, la doctora Elena Azaola, le hizo a reclusas de ese peculiar penal. Cuando se publiquen, el lector podrá constatar los efectos concretos de las deficiencias enumeradas en el documento presentado a la CIDH. Sin descartar las exageraciones, una reclusa resume el drama: “Somos internas y tenemos que pagar una sentencia pero no somos animales para vivir en las condiciones que nos tienen”.
·’MODERNIZACIÓN’ Y MERCADO

La literatura sobre la realidad de las prisiones en México hace pensar que las cosas no han cambiado gran cosa con relación a siglos pasados, salvo en un punto: la privatización de prisiones. Y en este aspecto Azaola considera que el cambio no es ningún avance sino lo contrario. Personajes como los Slim, Hank Rhon, Quintana o Vázquez Raña han invertido varios miles de millones en este tipo de concesiones a 20 años para construir y administrar cárceles como la de Islas Marías que se describe en el informe presentado a la CIDH (Proceso, 12 de mayo, 2013). Azaola asegura que mientras en las cárceles tradicionales el gobierno gasta en promedio 150 pesos diarios por prisionero, las privadas le cobran al Estado 2,000 pesos por prisioneros (cifras dadas a conocer por la investigadora en el seminario sobre violencia celebrado en El Colegio de México, 26 de noviembre, 2013).

·CONCLUSIONES
Las prisiones pueden ser un negocio empresa privada-Estado más interesante que las concesiones en guarderías, pero nada permite suponer que esas instituciones, públicas o privadas, estén contribuyendo a solucionar el gran problema de la criminalidad. En México, en el castigo del crimen hay, también, un crimen en el castigo.

IMPUNIDAD Y NEGLIGENCIA

René Delgado

http://expreso.com.mx/index.php?option=com_content&view=category&id=915:sobreaviso&layout=blog&Itemid=21

Ahora sigue Cuba

Manuel J. Jáuregui

Recién desempacado de Davos, Suiza, el Presidente Peña pronto visitará Cuba para participar en la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en La Habana.

Como ustedes saben, antes de Davos estuvo en Turquía: anda, por lo visto, muy activo en la diplomacia internacional pregonando las delicias y ventajas de nuestro México.
Siempre hemos pensado que la mejor forma de promover a México es realizando una buena chamba, logrando cosas: un buen producto se promueve solo, mientras que hacerle ruido a uno malo acelera su fracaso.

No decimos que México sea un mal producto, sino lo que hoy queremos cotorrear con ustedes es que el problema principal que enfrentamos no es la falta de promoción.
Precisamente lo que aconteció en Davos, en la charla del Presidente, parece darnos la razón: hubo escaso interés no sólo por asistir a ella por parte de los invitados, sino además recibió modesta cobertura en los medios internacionales.

Le atribuyen al Alcalde de Londres, el somático y auténtico Boris Johnson, haber dicho cuando lo invitaron a Davos este año que no quería ir, ya que para él Davos es “una constelación de egos unidos en la adulación mutua”.

Puede que tenga razón: hay algo medio incongruente en que una poderosa y rica élite se traslade en lujosos y caros jets privados a un resort primermundista en los Alpes suizos para hablar de la “inequidad del ingreso”.

Pero, en fin, quienes acuden a ese paraje afirman que vale mucho la pena, igual y sí: lo que a nosotros nos parece interesante analizar es si este tipo de viaje es la mejor inversión de tiempo para el Presidente de México.

Por ejemplo, a Turquía se llevó a su extrañamente callado y casi ausente Procurador de Justicia de la Nación, Jesús Murillo Karam, justo cuando estaba explotando el despapaye en Michoacán.

¿Qué no será mejor que se quede en México este funcionario para resolver problemas que tanto daño le hacen a la imagen nacional?

Después de todo le hace mucho mejor beneficio al País que vuelva la paz y el orden a su territorio que dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero a las relaciones públicas.
Hay evidencia que indica que la marca “México” pudiera estar pasada de moda: es decir, cierto que captamos inversión y que muchos inversionistas siguen con interés la todavía no definida “letra chiquita” de la reforma energética, mas quizás se requiera atender otros aspectos del “clima de negocios” en México, ya que parece ser que esto de las reformas -siendo bueno y todo- no son lo suficiente para poner a México a la palestra.

Para muestra de que pudiera existir cierto fundamento a lo que decimos, aquí les va un botón: El medio especializado de negocios Bloomberg realizó una lista de los mejores países para los negocios en el 2014, de los cuales los primeros 20 son:

1) Hong Kong. 2) Canadá. 3) Estados Unidos. 4) Singapur. 5) Australia. 6) Alemania. 7) Reino Unido. 8) Holanda. 9) España. 10) Suecia. 11) Francia. 12) Japón. 13) Corea del Sur. 14) Finlandia. 15) Noruega. 16) Luxemburgo. 17) Portugal. 18) Suiza. 19) Dinamarca. 20) Irlanda.

Notarán, amigos, la ausencia de México en la lista: por supuesto que ésta no es la Biblia y los criterios que emplearon para elaborarla pueden ser cuestionados. Mas para nosotros lo importante es que así como no hubo interés masivo por escuchar al Presidente en Davos, no hay mucho interés generalizado en México.

Creemos o podemos postular como hipótesis que los añejos problemas que siempre nos han aquejado, al no estar aún resueltos, se han convertido en un “turn off” para el mundo de negocios: VIOLENCIA, CORRUPCIÓN y la falta de CONFIABILIDAD en instituciones vitales como los órganos de JUSTICIA.

Sigue habiendo secuestros en México, IMPUNIDAD, extorsión generalizada, robos, jueces mulas generadores de injusticia, y continúa predominando una cultura de ilegalidad que no invita mucho a los extranjeros a considerar México como destino de su inversión.

La verdad es que no sabemos cuál será la agenda del Presidente Peña en Cuba, aparentemente se reunirá no sólo con los hermanos Castro, sino con otros Jefes de Estado como “El Destroyer” Maduro. Qué beneficios pueda derivar México de esos encuentros no lo sé, a menos que sean estos personajes quienes arman a Los Templarios.
En fin, las giras parecen ser parte del “estilo personal de gobernar” del Presidente Peña, esperamos que pronto podamos no sólo conocer, sino CUANTIFICAR sus beneficios.

El IFE, “sometido” al poder, no sanciona al PRI por dar tarjetas Soriana

http://www.youtube.com/watch?v=1-OH9SYXhks

SOBREAVISO
Corrupción transparente

René Delgado

22 Feb. 14

Algo anda mal cuando la participación ciudadana no rebasa la condición de intento o, peor aún, de queja o de lamento… y al gobierno y los partidos los regocija la impotencia de sus representados.

Esa circunstancia que la élite política celebra como ocasión para hacer del gobierno una agencia privada de colocaciones, para imponer sus decisiones a capricho o para cometer impunemente fechorías, augura un mal desenlace. Ahí están los indignados de otras partes del mundo que, expulsados de los canales institucionales de participación y vetados para incidir en las grandes decisiones, un día se plantan en la calle y al siguiente tiran a éste o aquel otro gobierno y, al final, ni dignos ni indignados encuentran fórmulas de entendimiento.

Producto de las tecnologías que favorecen el flujo horizontal de información, cada vez hay menos secretos así como oficinas sin luz en los gobiernos y, por lo mismo, a la élite política le cuesta más trabajo decidir en cofradía o a oscuras. Esas tecnologías echan de cabeza o iluminan a la clase dirigente cuando menos se lo espera pero, aun así, el abuso o el error prevalece sin castigo.

Así, la ciudadanía sufre una paradoja: puede transparentar la corrupción o el abuso, pero no corregirlo ni sancionarlo. Puede exhibir en flagrancia o denunciar en segundos abusos y fechorías de la élite política pero, sin fuerza ni organización, a su ánimo lo frustra la complicidad de la clase política para encubrir o tolerar sus propios excesos. En vez de cerrarse, se abre todavía más la distancia entre representados y representantes y el peligro de un estallido asoma la mecha.

Esa contradicción, en el campo ciudadano se traduce en un sentimiento de frustración e impotencia; en el campo de la élite política se significa en actos de cinismo e impunidad. La excepción se da cuando, a manera de quien arroja un hueso a una jauría hambrienta, la élite sacrifica a uno de los suyos, pero no por haber incurrido en un abuso o un acto de corrupción, sino por indisciplina. Castiga la indisciplina, no el abuso ni la corrupción.

Hoy, los abusos y la corrupción son cada vez más transparentes… pero nada más.

Cometer abusos de poder; imponer decisiones sin consultar; robar, desviar o despilfarrar recursos públicos; actuar en el servicio público o en la representación popular con negligencia o pusilanimidad; explotar un puesto público en beneficio propio; convertir la impartición de justicia en rentable negocio son prácticas que, aun cuando configuren un delito, son toleradas por esa élite pese al quejido ciudadano.
Ejemplos sobran. Si el jefe de la bancada parlamentaria de un partido cobra “moches” por bajar recursos del presupuesto no importa, siempre y cuando sea leal al dirigente del partido. Si un delegado capitalino muerde y deja huella de la tarascada, antes de pensar en expulsarlo, su partido valora su eficacia como operador electoral. Si un gobernador hipoteca por décadas a su estado, basta con que baje su perfil y disfrute sin hacer ruido la fortuna malhabida. Si otro coordinador parlamentario convierte en salón de fiestas el Senado, con que lamente el volumen del mariachi conserva el puesto. Si un alcalde cobra derecho de piso a los casineros, pero es un buen plomero electoral, mejor convertirlo diputado y darle fuero. Si el ombusdman aparece fotografiado con una tratante de personas, todo se resuelve diciendo que él no sabía quién era.

Lo peor. En la era de la información, los corruptos no tienen empacho en mostrar cómo disfrutan del dinero ajeno. Exhiben coches, joyas, mascotas, compras, vinos y, luego, al darse cuenta del error, no dudan en decirse víctimas del “bullying” ciudadano.
Ejemplos sobran, cada vez son más y persisten pese a la transparencia.

Viene a cuento poner sobre la mesa o en la vitrina esta situación porque, en estos días, senadores y diputados tomarán decisiones en torno a dos órganos fundamentales de la democracia: la designación de los comisionados que, reformado, integrarán el pleno del Instituto de Acceso a la Información y de los consejeros electorales que permanecerán o se sumarán al Consejo General del próximo Instituto Nacional Electoral.

Si, en ese proceso, los legisladores no atienden la voz ciudadana, echarán por la borda la posibilidad de reponer la credibilidad en dos órganos claves de la democracia. Si se frustra de nuevo la participación ciudadana y la élite política practica el juego de cuotas para arreglarse entre ellos y no entre ellos y la ciudadanía, ni la pena valía reformar esos órganos.

El resultado será el de antes: órganos sin legitimidad ni credibilidad, órganos al servicio de la élite política y no de la ciudadanía.

Si las nuevas facultades y funciones del IFAI sugieren, aun con el costo derivado de la curva de aprendizaje, renovar por entero el pleno de los comisionados, el origen, la trayectoria y la conducta de los actuales comisionados Gerardo Laveaga, Sigrid Arzt y María Elena Pérez Jaén y la dinámica de conflicto desplegada por el comisionado Ángel Trinidad anulan, a todas luces, la posibilidad de verlos de nuevo en el Instituto.

Si a la mal pensada reestructura del Instituto Nacional Electoral se suma la designación de consejeros electorales a la entera satisfacción de los partidos, pero no de la ciudadanía, imposible resultará cuadrar el órgano electoral. Ya se sabe que, pese la nítida convocatoria para inscribirse como candidato a consejero y normar el procedimiento de selección, “la mesa central” -nuevo nombre del Pacto por México- ya resolvió repartir los asientos de este modo: cuatro para el PRI, cuatro para el PAN, tres para el PRD, incluyendo la presidencia del Consejo. Hasta los nombres ya escribieron.

Si se estrechan todavía más los canales institucionales de participación ciudadana, si se monopoliza todavía más la política por parte de la clase dirigente, que no se espanten los dignos cuando los indignados resuelvan plantarse en las plazas.

OCEANOGRAFÍA!!

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/03/03/oceanografia-en-medio-de-acusaciones-por-fraude

Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones

Publicada el 12 de marzo de 2014

Se crea esta Fiscalía por Acuerdo del Procurador General de la República, la cual tendrá a su cargo la “investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia federal, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión”, y estará adscrita a la Oficina del Procurador.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACUERDO A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.

ACUERDO A/ 011 /14

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN Y SE ESTABLECEN SUS ATRIBUCIONES.

JESÚS MURILLO KARAM, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014; 1, 2, 3, 6, 9, 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 1, 5, y 11 de su Reglamento, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Título Cuarto, denominado “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”, establece el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, el cual se integra por la responsabilidad política, civil, administrativa o penal, según sea el caso;

Que el artículo 108 de la Carta Magna define como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos constitucionales autónomos;

Que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado, entre otros instrumentos internacionales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la que se establece la obligación de garantizar la existencia de un órgano especializado en la lucha contra la corrupción, con la independencia necesaria para que pueda desempeñar su función con eficacia y sin presiones indebidas; la Convención Interamericana contra la Corrupción, que promueve y fortalece el desarrollo de los Estados para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones; y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, que estima punible a cualquier persona que intencionalmente ofrezca, prometa o efectúe un pago indebido u otra ventaja, sea directamente o a través de intermediario, a un servidor público extranjero en su beneficio o en el de un tercero, a fin de que ese funcionario actúe o deje de hacer, en cumplimiento de sus deberes oficiales, con el propósito de obtener o mantener un negocio o cualquiera otra ventaja indebida, en la realización de negocios internacionales;

Que con el propósito de salvaguardar el eficaz y honesto desempeño y actuación de los servidores públicos, la legislación federal establece diversos tipos penales en los que se requiere que el sujeto activo tenga la calidad de servidor público, entre los que destacan el enriquecimiento ilícito; el cohecho a servidores públicos nacionales y extranjeros; el peculado; el tráfico de influencia; el abuso de autoridad; el ejercicio indebido del servicio público y los delitos contra la administración de justicia;

Que el Órgano Reformador de la Constitución modificó el artículo 102, apartado A de dicho ordenamiento, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, aún no en vigor en la parte conducente; para establecer que el órgano encargado de la procuración de justicia contará, entre otras unidades administrativas, con una fiscalía en materia de combate a la corrupción;

Que de conformidad con el artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto antes referido, en el plazo de treinta días contado a partir de la entrada en vigor del Decreto multicitado, el Procurador General de la República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción;

Que el espíritu del Decreto antes mencionado tiene como uno de sus objetivos fortalecer los mecanismos institucionales a través de los cuales se detecta, sanciona y erradica la corrupción, por lo que se estimó conveniente que el texto constitucional prevea la creación de una unidad encargada de atender los delitos relacionados con hechos de corrupción como parte del mínimo indispensable del órgano que tiene a su cargo la procuración de justicia;

Que por la importancia del combate a la corrupción, el legislador previó desde el 2009, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento las facultades de la Visitaduría General, por lo que ésta es el órgano encargado de combatir y sancionar las conductas irregulares o ilícitas de cualquiera de los servidores públicos de la Institución;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en su Meta Nacional “México en Paz”; objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”; estrategia 1.4.1. “Abatir la impunidad”, prevé entre sus líneas de acción diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de competencia de la Procuraduría General de la República, para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia y en su estrategia 1.4.3. “Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana”, prevé la creación de un organismo especializado en el combate de actos de corrupción cometidos por servidores públicos;

Que actualmente la Procuraduría General de la República cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia que tiene su fundamento en el artículo 3, apartado F), fracción IX y 37 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la cual es competente  para conocer e investigar los actos de corrupción y los delitos cometidos por los servidores públicos ajenos a la Institución en el desempeño de un empleo, cargo o comisión;

Que por virtud de la reforma constitucional antes mencionada  se estima necesario contar con una unidad fortalecida, la cual esté adscrita a la Oficina del Procurador General de la República y que tendrá por objeto la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia federal, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión;

Que se entiende por delitos relacionados con hechos de corrupción a los tipos penales que establece el Código Penal Federal en el Título Décimo, que lleva por rubro “Delitos cometidos por servidores públicos”, y el Título Décimo primero, que se denomina “Delitos cometidos contra la administración de justicia”, así como a todos aquellos previstos en leyes especiales;

Que la corrupción no es un fenómeno aislado, pues adopta múltiples formas de trasgresión al Estado de Derecho; constituyéndose en una acción u omisión de un servidor público que usa y abusa de su poder para favorecer a intereses particulares, a cambio de una recompensa o de su promesa, dañando así el interés público; y no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando estrategias que permitan disminuir esas conductas;

Que se requiere combatir a la corrupción mediante políticas adecuadas que fortalezcan las acciones en contra de este tipo de conductas cometidos por servidores públicos y particulares en afectación del interés público, ya que constituye un fenómeno que desincentiva la inversión del sector privado, afecta el presupuesto de las familias mexicanas, distorsiona la adecuada distribución del ingreso, disminuye la legitimidad de Estado y genera desigualdad y discriminación en el disfrute de los derechos humanos; por lo tanto, la corrupción es un obstáculo para el desarrollo del país;

Que la Procuraduría General de la República, tiene el compromiso de reafirmar en los ámbitos nacional e internacional, la convicción del gobierno de la República para combatir la corrupción abatiendo toda práctica de impunidad;

Que la creación de un órgano especializado en la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia federal da cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, y

Que en aras de fortalecer la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se crea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción como unidad administrativa adscrita a la Oficina del Procurador General de la República, que tiene por objeto la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia federal, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión.

Los delitos relacionados con hechos de corrupción comprende los tipos penales que establece el Código Penal Federal en el Título Décimo, que lleva por rubro “Delitos cometidos por servidores públicos”, y el Título Décimo primero, que se denomina “Delitos cometidos contra la administración de justicia”, así como todos aquellos previstos en leyes especiales.

En caso de delitos de competencia federal relacionados con actos de corrupción, en los que intervengan servidores públicos involucrados con miembros de la delincuencia organizada, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, conocerá del delito relacionado con corrupción que se actualice, siempre que no sea el previsto en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ni aquellos delitos que son competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y de la Visitaduría General.

SEGUNDO. Se adscribe a la estructura de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción contará con los recursos de la unidad administrativa que se le adscribe, aunado a los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en términos de la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria.

TERCERO. Al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, habrá un Fiscal, el cual tendrá la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación.

CUARTO. El Fiscal, respecto de los asuntos materia de su competencia, por sí o por conducto de los servidores públicos con jerarquía inmediata inferior a éste, que al efecto designe, ejercerá las facultades siguientes:

I.       Planear, programar, organizar y dirigir el funcionamiento de la Fiscalía Especializada; 

II.      Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, las leyes, los Reglamentos y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación;

III.    Coordinar su actuar con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República;

IV.    Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

V.      Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos que probablemente constituyan uno de los delitos del fuero federal materia de su competencia y del orden común, en los que ejerza la facultad de atracción;

VI.    Formular los requerimientos de información y de documentos relativos al sistema financiero o de naturaleza fiscal, a que se refiere el artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales;

VII.   Solicitar información a las instituciones públicas federales, estatales o municipales;

VIII. Dictar las medidas precautorias y promover los mecanismos necesarios para la reparación del daño;

IX.     Autorizar la consulta de reserva, incompetencia, acumulación, y separación de averiguaciones previas, que propongan los agentes del Ministerio Público de la Federación de su adscripción;

X.      Autorizar en definitiva el no ejercicio de la acción penal, previo dictamen del agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del Procurador General de la República respecto de las consultas planteadas por los agentes del Ministerio Público de la Federación de su adscripción;

XI.     Autorizar la formulación de conclusiones no acusatorias en los procesos penales;

XII.   Resolver en definitiva las consultas que agentes del Ministerio Público de la Federación formulen a las prevenciones que la autoridad judicial acuerde en los términos que la ley disponga, respecto de la omisión de formular conclusiones en el plazo legal, de conclusiones presentadas en un proceso penal, o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia; de cancelación o reclasificación de órdenes de aprehensión;

XIII.  Establecer mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, atendiendo a las normas y políticas institucionales;

XIV.  Proponer la celebración de convenios con instituciones u organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, en el ámbito de su competencia, donde se privilegie el intercambio de experiencias, conocimientos y avances tecnológicos;

XV.   Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción;

XVI.  Emitir o suscribir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;

XVII.         Proponer al Procurador General de la República, el nombramiento de los titulares de las unidades administrativas a su cargo;

XVIII.        Participar con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Procuraduría General de la República, en el diseño de esquemas de capacitación, actualización y especialización en la materia de prevención y combate a la corrupción;

XIX.  Supervisar y ejercer las facultades que correspondan a las unidades administrativas que le estén adscritas, sin perjuicio de que sean desempeñadas por sus respectivos titulares, y

XX.   Las demás que en su caso le confieran otras disposiciones o le encomiende el Procurador General de la República.

Las facultades establecidas en las fracciones IX a XVII de la presente disposición sólo podrán ser realizadas por el Fiscal.

QUINTO. Los agentes del Ministerio Público de la Federación que conozcan de la probable comisión de alguno de los delitos de competencia de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción deberán hacerlo de su conocimiento a efecto de que ésta asuma su competencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que la Cámara de Senadores realice el nombramiento del  titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, en los términos previstos en el Artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo A/107/04, por el que se crea la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal, y se derogan las disposiciones normativas que se opongan a lo previsto en el presente Acuerdo.

TERCERO.- Las denuncias y averiguaciones previas relativas a delitos relacionados con hechos de corrupción, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, que hayan sido presentadas o iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Acuerdo deberán remitirse a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción en un término no mayor a treinta días naturales, contado a partir del inicio de la vigencia del presente Acuerdo.

CUARTO.- Se instruye a los titulares de las diferentes unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República a efecto de que instrumenten las medidas pertinentes y necesarias para dar el debido cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo.

QUINTO.- Los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia serán transferidos a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción.

“Sufragio Efectivo. No Reelección.”

México, Distrito Federal, a 11 de marzo de 2014.- El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.- Rúbrica.

LA CORUPCIÓN INTERMINABLE

 13 Abril 2014

Rafael Cardona

EL CRISTALAZO SEMANAL

Con la corrupción los mexicanos tenemos una relación corrupta. Y además equivocada, mentirosa, ilógica.

La condenamos mientras la practicamos, la culpamos de nuestros males pero nos beneficiamos de su existencia. Somos abusivos, incumplidos y buscamos a cada paso el sesgo o el atajo para saltarnos leyes y reglas mientras en el doblez disfrutamos –casi con aroma de triunfo deportivo–, la felicidad del mínimo atraco, el brinco, la trampa, la treta, y en el colmo del absurdo la condenamos y reservamos su dominio a una actitud privativa del gobierno.

Sólo el gobierno es corrupto, nos decimos, sin importar bien a bien quien se corrompa en el camino sembrado de hipocresía.

Por eso cuando vemos casos como Oceanografía o Hewlett Packard, por citar sólo dos muy recientes, de antemano culpamos nada más a Petróleos Mexicanos, esa cueva de bandidos y ladrones, como si la empresa nacional  actuara sola, como si las coimas, “entres” y “moches” no mancharan tanto a quien da como a quien recibe.
Pasa como con  las putas y sus clientes, decía Sor Juana: la que peca por la paga o el que paga por pecar. Así de sencillo.

Pero eso no cabe en la cabeza de los mexicanos indignados o falsamente indignados. En ese sentido vale la pena analizar la información ya publicada en torno del caso de HP y la doble moral de Jesús Reyes Heroles quien al parecer ha pecado por la paga y ha pagado por pecar, como diría la jerónima. Revisemos esto:

“La dirección jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex) efectuará las acciones legales conducentes que podrían derivar en la presentación de una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que se investigue y castigue el presunto soborno a funcionarios de la paraestatal para asignar en 2009 contratos a Hewlett-Packard (HP), durante la gestión de Jesús Reyes Heroles González-Garza en la petrolera.

“Con relación a los resultados de la investigación expuesta por la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, dio instrucciones de llegar hasta las últimas consecuencias, “por lo que no habrá impunidad”, sentenció.
“Las investigaciones de la SEC apuntan hacia el ex director de operaciones de Pemex –que en ese periodo era Raúl Livas Elizondo–, identificado como un ex directivo de la firma de consultoría a la que se realizó el pago de 1.41 millones de dólares.
“El 22 de diciembre de 2008 Pemex suscribió contratos por 6 millones de dólares con HP para la instalación de software. La empresa mayorista para la venta de los equipos contrató a su vez los servicios de la consultora Intellego SC, a la cual le pagó 1.5 millones de dólares.

“Posteriormente Intellego entregó 125 mil dólares en marzo de 2009 a una empresa controlada por un funcionario de Pemex, cuya firma fue necesaria en los contratos.

“En esta red de relaciones también se encuentra quien fuera el subdirector de procesos de negocios e infraestructura tecnológica de la paraestatal, Manuel Reynaud Aveleyra, identificado por la SEC como el director de tecnologías de la información (CIO) de Pemex, quien firmó el contrato con HP en 2009.

“El ahora ex funcionario estaba bajo el mando directo de Raúl Livas Elizondo, quien también había sido director de Administración y de desarrollo de negocios en Intellego y es socio de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, empresa también vinculada a Reyes Heroles González-Garza.

“Manuel Reynaud Aveleyra fue relacionado en 2009 con un caso de corrupción con la compañía alemana SAP, por aceptar un viaje categoría VIP al Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, los días 23 y 24 de mayo de ese año, en pago por la adjudicación directa de contratos con la compañía. En ese entonces el director de HP en México era Carlos Guzmán, quien hace tres años dejó el cargo.

“Raúl Livas Elizondo es actualmente socio de Jesús Reyes Heroles González-Garza en la consultoría Structura, subsidiaria de Energea, presidida por el ex director general de Pemex”.

Como se advierte la redondez de estos negocios solamente es posible mediante la doble piel, tan indispensable como la doble moral o la doble inmoralidad. Los funcionarios-empresarios siempre saben cómo se comportan sus dos manos, la izquierda y la derecha. Todo tiene como finalidad el infatigable enriquecimiento personal en cuyo logro poco importan los llamados (en otras partes) conflictos de interés o intereses cruzados o dobles “lealtades”.

Los funcionarios mexicanos, o mejor dicho algunos de ellos, usan los cargos públicos para aumentar sus clientelas en favor de sus firmas privadas y sus negocios personales.

El caso del ex presidente Ernesto Zedillo, consejero de las empresas bajo cuya administración  compraron  parte del Patrimonio Nacional, es uno de los más notables ejemplos. Corrupción pura, así el mustio profesor de Yale finja limpieza y desde Davos le diga a Peña, en México hace falta Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Si lo hubiera,  él ya habría sido procesado.

Y si ya la información anterior nos habla de la posibilidad de ver acciones judiciales promovidas desde la Dirección Jurídica de PEMEX, valdría la pena preguntarse cómo fue enviado al olvido el caso de Siemens donde la compañía alemana fue también señalada por sus malas prácticas. Todo acabó en agüita de borrajas. Al menos aquí.

El 13 de diciembre de 2012 Pemex demandó a Siemens y a una empresa de Corea del Sur por 500 millones de dólares, debido a un esquema de pago de sobornos que ha perseguido al conglomerado alemán durante años, despertando nuevas dudas sobre quién es la víctima en los casos de corrupción (Excélsior).

“Pemex acusó a Siemens y a SK Engineering & Construction Co Ltd de obtener contratos para participar en la modernización de una refinería mediante el pago de sobornos a funcionarios de la petrolera, de acuerdo con la demanda presentada por la petrolera en la Corte de Distrito de Estados Unidos en Nueva York.

“Siemens pagó en 2008 la cifra récord de 1,600 millones de dólares a autoridades de Estados Unidos y Europa para saldar las acusaciones de que pagó sobornos, desde Irak hasta Argentina. Su proceso, mágicamente se materializaron en días”.

“El 31 de julio de 2013 una Corte neoyorquina desechó la demanda contra las firmas Siemens y SKEC”. Pero aquí, ni eso.

Otro caso similar es el de la tienda mayúscula “Wal Mart” la cual –dijo el NYT hace casi un año, el 21 de abril de 2012- pagó sobornos en México hasta por 24 millones de dólares para ganar el dominio en el mercado mexicano. 

La denuncia fue presentada (EXC) por Sergio Cicero Zapata, exabogado de bienes raíces de Wal-Mart, quien indicó que la firma usó los sobornos para facilitar “cambios de zonas en los mapas, hicieron desvanecer objeciones ambientalistas, permisos que típicamente toman meses para lograrse.

La gran diferencia reside en las consecuencias de estos descubrimientos. En Estados Unidos hay repercusiones judiciales y de allá nos llegan las noticias antes de las investigaciones. Aquí publicamos los refritos y esperamos el sueño de los justos sin ver jamás las consecuencias de fondo.

-¿De veras cree el Director General de PEMEX Emilio Lozoya en sus palabras sobre el futuro de Jesús Reyes Heroles 2º o los cómplices de Oceanografía o algunos otros casos ligados con la empresa bajo su dirección?

Yo dudo hasta de su fe. Por fortuna él tiene todo el tiempo del mundo para convencer a los incrédulos; pero los descreídos tenemos la misma cantidad para reclamárselo si no cumple con su oferta.

La doble bancada del Partido Acción Nacional en el Senado ya le viene resultando gravosa al propio partido. Sus incumplimientos del fin de semana sólo van a generar una aprobación por mayoría simple y rápida (Emilio Gamboa necesita cuatro votos para reglamentar las iniciativas reformistas de Enrique Peña Nieto, y no le será difícil conseguirlos).

Pero con  su actitud de incumplimiento Acción Nacional se aleja de la ruta de la conciliación y se acerca a la ruta de colisión.

¿Contra quién va a chocar Acción Nacional? Contra su futuro

TODO QUEDA EN FAMILIA

Dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial y un ministro de la Suprema Corte tienen algo en común además de una amistad: han logrado posicionar a un gran número de familiares en la nómina del Poder Judicial. Conoce su red de influencia…

http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/todo-queda-en-familia

DENISE DRESSER Y EL PRI

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nq_asAuXI70

#AltoCorrupción

COLABORADOR INVITADO / Eileen Matus Calleros y José Roldán Xopa

Combatir y disminuir la corrupción no implica solamente retirar la manzana podrida, tiene que ver con entender que es un problema sistémico en el cual el tipo de canasta -valga la metáfora- puede favorecer que se pudra más rápidamente o por el contrario se conserve sana. En esto están las limitaciones de la propuesta de reforma constitucional aprobada por el Senado y ahora en discusión en la Cámara de Diputados. La Comisión Nacional Anticorrupción debe ser eficaz para castigar, pero también debe tener instrumentos preventivos, educación, capacitación y de corrección de tales prácticas. Se requiere tratar la manzana y también la canasta.

La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, ofrecimiento del presidente Peña Nieto y ahora en la responsabilidad de los diputados, enfatiza el castigo. Que en el castigo no haya sospecha de venganza política o de complicidad o encubrimiento es importante. Sin embargo, no es suficiente, pues deja de lado otros aspectos indispensables para enfrentar las causas del problema.

Los principales son:

1. Un órgano anticorrupción no es un deus ex machina, sino una pieza clave de la rendición de cuentas. Su autonomía y funciones deben encajar con otras piezas indispensables como la transparencia, el régimen de finanzas públicas, la evaluación, la fiscalización, la autonomía de la fiscalía, las responsabilidades penales y políticas y los controles judiciales. Ante lógicas tan diversas, el órgano anticorrupción debe contar con capacidades que le permitan desarrollar inteligencia institucional para corregir los fallos, aprovechar la información existente y aprender de la experiencia. Su arquitectura debe posibilitar el desarrollo de criterios o parámetros comunes con los cuales calificar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos y generar propuestas correctivas del desempeño de los funcionarios y de sus instituciones. No se trata solamente de castigar.
2. Cuando hay un problema de responsabilidad de servidores públicos, es posible que haya también un problema institucional (discrecionalidad injustificada, falla en los controles, reclutamiento deficiente, etcétera). Por ello, el órgano anticorrupción debe examinar los fallos institucionales y emitir recomendaciones y medidas correctivas. La posibilidad de establecer precedentes contribuiría a tener interpretaciones consistentes y con mayor estabilidad que propicie la seguridad jurídica.
3. Las funciones preventivas, sancionadoras y correctivas del órgano requieren la integración de un órgano colegiado que reúna saberes y capacidades institucionales (jurídicos, presupuestales, de procedimientos, y de política pública) adecuados al mandato.

4. Que los órganos internos de control procedan de un servicio certificado por el órgano para combatir la corrupción propicia su objetividad y profesionalismo.

5. En las conductas que ameriten cárcel, deberá facultarse al órgano para impugnar decisiones de no ejercicio de la acción penal. Debe evitarse el riesgo de la “tragedia de los comunes”, es decir, que siendo la corrupción un daño a toda la sociedad, se considere como un delito sin víctimas, propiciando impunidad. También debe tener la posibilidad de revisar extraordinariamente irregularidades de los órganos anticorrupción locales.

Todo esto forma parte de una propuesta más detallada, elaborada por la Red por la Rendición de Cuentas, la cual se pone hoy sobre la mesa para ampliar el debate. Ojalá y los legisladores puedan escucharla.

Eileen Matus Calleros es profesora asociada CIDE y José Roldán Xopa es profesor investigador CIDE.

Cárceles: descontrol e indolencia

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/03/edito

EL GOBERNADOR POBRE

¿Conoce usted a un ex gobernador pobre? ¿Un ex mandatario que salga de Los Pinos para residir en una casa de clase media? Suena muy republicano eso de que nadie pueda ganar más que el presidente de la república y que el sueldo de este sea de $143,492 pesos mensuales ($199,310 con prestaciones). En principio puede parecer mucho dinero comparado al salario mínimo mensual de alrededor $2,000 (según la zona geográfica), pero es muy inferior a las remuneraciones de la iniciativa privada en puestos directivos de grandes empresas. Con sus ingresos nominales un presidente del país difícilmente podría comprarse un departamento en Polanco capaz de albergar a una familia numerosa: el costo ascendería a 10 o 12 millones de pesos. Y ni hablar de una casa en Las Lomas, cuyo valor arranca a partir de 1.5 millones de dólares.

Mucho menos creíbles resultan los topes salariales de ciertos gobernadores, algunos de los cuales ganan menos que los alcaldes de su propia entidad federativa. Ya en serio, ¿habrá algún mexicano que crea que su gobernador o su presidente vive exclusivamente de su salario? ¿o que su patrimonio al terminar su sexenio se restrinja a los ahorritos que le permitió su sueldo mensual?

Cuando consideramos las ingentes cuentas secretas y las partidas de gastos discrecionales casi sin límite que tienen a su servicio las oficinas de los ejecutivos federal y estatales, el sueldo nominal se convierte en un asunto simbólico, un trámite, un engañabobos. Y ojo, hasta aquí no estamos hablando de corrupción abierta. “Canalizar” recursos de las partidas discrecionales es percibido prácticamente como un derecho, toda vez que el sueldo mensual no está diseñado para pagar el “valor de mercado” que cree tener un mandatario estatal. He conocido gobernadores que se visualizan a sí mismos como hombres honestos y decentes, por el simple hecho de haberse limitado a estas partidas. Es decir, no recibieron “moches” por concesiones de obra pública, ni comisiones por decisiones de la autoridad o gratificaciones especiales por favores concedidos. No se corrompieron, pues, al menos a sus ojos. Y con todo, salieron millonarios del puesto.

Con lo anterior no estoy argumentando a favor de que los titulares del poder ejecutivo obtengan ingresos mensuales de medio millón de pesos para, de esa manera, evitar la tentación de que metan mano a las cuentas públicas (de las que no se rinden cuentas). Me temo que lo único que se provocaría es engordar el botín final. Pero algo me dice que tendríamos que encontrar otra manera de remunerar a los puestos públicos de alta responsabilidad. Y más importante aún, otra manera de transparentar el patrimonio de los servidores públicos para favorecer la rendición de cuentas.

Los topes salariales me recuerda los límites de velocidad en algunos tramos de las carreteras federales: topes de 60 o 70 kilómetros por hora en segmentos planos carentes de obstáculos. Límites pensados para que sean violados por todo el que pasa por allí. El problema de fondo es que transitar a 95 kilómetros por hora convierte al conductor en un ofensor de la ley lo mismo que alguien que lo hace a 150 poniéndose a sí mismo y a los demás en riesgo. Con la corrupción pasa lo mismo. El funcionario que termina por embolsarse otros 100 mil pesos mensuales porque su sueldo es apenas simbólico, encontrará natural hacerse de otros 400 mil si tiene la oportunidad. Total, ya delinquió.

La concepción del servicio público sigue dominada por el famoso adagio: “político pobre es un pobre político”. Para desgracia nuestra, la clase política asume que todo aquél que arriba a un puesto público tiene la legítima aspiración de convertir una porción del presupuesto en patrimonio personal. Es una ley no escrita, pero tiene mayor vigencia que un artículo constitucional. Y me parece que lamentablemente esto no va a desaparecer hasta que se modifique “la narrativa” cultural sobre el servicio público. O incluso más allá: mientras el único sinónimo de éxito social y profesional sea el patrimonio acumulado. En otras palabras, si hubiera un ex mandatario que forme parte de la clase media seguramente sería visto como un inepto por sus colegas y, peor aún, por sus vecinos, en lugar de ser ampliamente respetado.

Entiendo que cualquiera planteamiento para resolver este asunto es complicado, difícil de instrumentar. Pero lo que me queda claro es que andar presumiendo que el gobernador gana apenas 110,000 pesos o el presidente sólo 143,000 es un mero engañabobos. Ellos no se lo creen, tampoco nosotros. Mejor omitan la cifra. No se burlen.

http://www.jorgezepeda.net/01-06-2014/el-gobernador-pobre/

DIPLOMADO JUNIO AÑO 2014

 PLAN DE DESARROLLO 2013-2018

Estado de Derecho
Descripción general:Refleja la percepción de la medida en que los agentes confían y respetan las reglas de la sociedad, y en particular la calidad del cumplimiento de contratos, derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así como la posibilidad de existencia del crimen y la violencia.
Observaciones:Los Indicadores de Gobernabilidad son un conjunto de datos que resumen los puntos de vista sobre la calidad de la gobernabilidad, proporcionada por un gran número de encuestados de empresas, ciudadanos y expertos de países industriales y en desarrollo. Estos datos se obtienen de una serie de institutos de estudio, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y empresas del sector privado. La estimación de la gobernanza oscila entre aproximadamente -2.5 (débil) a 2.5 (fuerte).
Periodicidad:Anual
Fuente:Banco Mundial.
Comportamiento histórico:http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/Estado-de-Derecho-300x29.png

PACTO POR MÉXICO

El presidente electo Enrique Peña Nieto y los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD lo firmaron, el cual contempla 95 compromisos. Lo firmaron el mandatario, Cristina Díaz, Gustavo Madero y Jesús Zambrano.

A continuación el acuerdo que nos interesa:

“…

4. Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno. Asimismo, el combate efectivo a la corrupción es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir un gobierno más eficaz que logre mejores resultados. Para ello, se instrumentarán tres reformas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y, con especial énfasis, en el combate a la corrupción:

4.1 Instrumentar la Reforma para la Rendición de Cuentas Contables.

• Se instrumentará la reforma preferente aprobada para perfeccionar el sistema de rendición de cuentas contables en los tres órdenes de gobierno que permitan establecer reglas comunes y mecanismos homologados para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a toda la información sobre el gasto público. (Compromiso 82)

4.2. Reforma para ampliar facultades del IFAI.

• Se impulsará una reforma constitucional para hacer del IFAI un órgano constitucional autónomo, con facultades ante todos los poderes públicos federales, facultades de revisión de las resoluciones de los órganos locales y de atracción de casos de relevancia nacional. (Compromiso 83).

• Los órganos estatales serán autónomos, colegiados y especializados en transparencia. (Compromiso 84).

4.3. Sistema Nacional contra la Corrupción.

• Se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y CFE. (Compromiso 85)

• Se creará un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción. (Compromiso 86).

 

México – Índice de Percepción de la Corrupción 2014

México ha obtenido 34 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional y ha empeorado su puntuación respecto al informe de 2012, en el que obtuvo 34 puntos.

Éste índice clasifica a los países puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes.

Con esa puntuación México se situa en el puesto número 106, de los 175 del ranking de corrupción gubernamental, luego sus habitantes creen que existe mucha corrupción en el sector público. Ha empeorado su situación, ya que en 2012 estaba en el puesto 105.

En la tabla mostramos la evolución de la posición de México en el Índice de Percepción de la Corrupción. Puedes ver un listado con la clasificación de todos los países clicando en Índice de Percepción de la Corrupción y ver toda la información económica de México en Economía de México.

Conferencia Internacional: “Nuevas Fronteras en los Estudios sobre Corrupción” Instituto Investigaciones Sociales – Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia – Universidad de Harvard – 19 y 20 Junio 2014

P R O G R A M A

Coordinadora: Dra. Irma Eréndira Sandoval 

Jueves 19 de Junio

Auditorio de Usos Múltiples, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM

18:00 Hrs.

INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA

Dr. Manuel Perló Cohen, Director del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Dra. Irma Eréndira Sandoval, Directora del Laboratorio Anti-Corrupción, UNAM
Dr. William English, Edmond J. Safra Center for Ethics, Harvard University

18:15 Hrs.

MESA 1. DEBATES TEÓRICOS Y DESAFÍOS PRÁCTICOS 

“The Challenge of Institutional Corruption”, William English, Harvard University – Edmond J. Safra Center for Ethics

“Corrupción Estructural, y Rendición de Cuentas“
Irma Erendira Sandoval, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

“Corrupción, Reforma y Competitividad” Arturo González de Aragón, Ex Auditor Superior de la Federación de México

Modera: Dr. Ricardo Pozas Horcasitas, Instituto de Investigaciones Sociales

Viernes 20 de Junio

Auditorio “Mtro. Ricardo Torres Gaytán”, Instituto de Investigaciones Económicas UNAM

10:00 Hrs.

MESA 2. CORRUPCIÓN EN LA POLÍTICA Y LA JUSTICA 

“Corrupción Institucional y Reforma Judicial” Roberto Laver, – Harvard University – Edmond J. Safra Center for Ethics

“Corrupción Institucional, Justicia Penal y Prisiones”
Avlana Eisenberg, Harvard University – Edmond J. Safra Center for Ethics 

“Fraude y Captura Regulatoria en Materia Electoral“
John M. Ackerman, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

“Corrupción, Derechos Humanos y Administración Pública”
Daniel Márquez, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

Modera: Dra. Silvia Inclán Oseguera, Instituto de Investigaciones Sociales

Viernes 20 de Junio

Auditorio “Mtro. Ricardo Torres Gaytán”, Instituto de Investigaciones Económicas UNAM

12:00 Hrs.

MESA 3. CORRUPCIÓN Y ÉTICA PÚBLICA EN LOS SISTEMAS DE SALUD PÚBLICA 

“Desafíos del Sistema de Salud Mental en México”
Adriane Gelpi, – Harvard University – Edmond J. Safra Center for Ethics.

“Ética en la Industria Famaceutica”

Jennifer Miller – Harvard University – Edmond J. Safra Center for Ethics.

“Soluciones a la corrupción institucional de la Industria Famaceutica”
Chris Robertson – Harvard University – Edmond J. Safra Center for Ethics.

“Salud y Simulación el mito de la universalidad en el Sistema de Salud”
Gustavo Leal, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

Modera: Dr. Carlos Welti, Instituto de Investigaciones Sociales

CLAUSURA FORMAL


Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Dr. William English, – Harvard University – Edmond J. Safra Center for Ethics.
Dr. Manuel Perló Director, Director del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

ENTREGA DE CONSTANCIAS CON VALOR CURRICULAR.

Quieren supervisar patrimonio de jueces

Cd. de México (13 junio 2014).- Agobiado por escándalos de corrupción, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) busca contratar un sistema informático de alertas y análisis sobre la situación patrimonial de los jueces de distrito, magistrados de circuito y demás empleados judiciales.

El CJF convocó el 3 de junio a licitación para contratar software de inteligencia de negocios que emitirá las alertas de acuerdo con nueve factores de riesgo a los que están expuestos los juzgadores y su personal.

Esos factores incluyen: nivel de riesgo por magnitud de percepciones, por zona geográfica, por tipo de materia que revisa el juzgador (penal, civil, laboral, entre otros), por sanciones previas, reportes de operaciones relevantes o inusuales y resultados de visitas de inspección, entre otros.

“El coordinador de alertas deberá recibir la alerta, procesarla, clasificarla y asignarla al responsable de análisis, y se dará seguimiento a todas las alertas generadas”, explican las bases del concurso.

El software tomará información de bases de datos de ocho unidades del propio CJF, así como de la PGR y tres entidades de la Secretaría de Hacienda: la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Sólo el Sistema de Declaración Patrimonial de la Contraloría General del Poder Judicial acumula 62 mil 329 registros de servidores públicos, derivados de 185 mil 767 declaraciones presentadas en papel.

El proveedor tendrá que entregar la solución informática a más tardar el 15 de diciembre, último día hábil de la presidencia del Ministro Juan Silva Meza.
En junio y julio de 2013, el CJF ya había firmado convenios con la UIF y el SAT para hacer más ágiles las investigaciones de corrupción.

Así, el CJF tiene contacto directo, vía correo electrónico, con la oficina de la UIF que recibe y analiza miles de reportes sobre operaciones sensibles y sospechosas previstas en la ley contra lavado de dinero, que entró en vigor el 17 de julio de 2013, y que obliga a bancos, casas de bolsa, agentes inmobiliarios, casinos, joyeros y notarios a entregar información.

Desde 2011, el CJF tenía un acuerdo con la CNBV, pero, según fuentes judiciales, los resultados fueron escasos, por trabas burocráticas y porque las funciones de la CNBV no están enfocadas a la detección de delitos asociados con la corrupción judicial.
En consecuencia, el CJF ha tenido graves problemas de lentitud para detectar variaciones patrimoniales de algunos jueces suspendidos, a los que tardó más de tres años en someter a procedimientos de responsabilidad.

Vox populi

1 “Para que todo quede entre ‘cuates’”. Tlacuache, Naucalpan

2  So pretexto de supervisar el patrimonio de ellos mismos, se inventan una licitación de “software” para incrementarlo. De que son cínicos lo son, de que son ladrones, también. Lex México.

3 Mmmmmm. La mala noticia es entonces qué hacen áreas como Disciplina, Vigilancia y la Contraloría; la muy mala es que en la titularidad de la Dirección de Tecnologías de la Información se encuentra una persona bastante cuestionable y además, en puestos clave trabajan personas muy cercanas al Consejero Cabeza de Vaca, ¿coincidencia? Mr Bean, D.F.

4 ¿Qué no lo estaban? Mmmm. Mexico creo en ti. Pueblo Pueblote.

POLICÍAS (90%), PARTIDOS (84%) Y MP (78%), LO MÁS CORRUPTO, DICEN CIUDADANOS: INEGI; PREOCUPA INSEGURIDAD

Sinembargo – junio 16 de 2014

Ciudad de México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, la cual estima que a nivel nacional, el 70.4% de la población considera que la inseguridad y delincuencia es el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad, seguido del desempleo con un 51% y la corrupción con un 48.5 por ciento. Reveló que en México 12.1 % de la población tuvo una experiencia de corrupción cuando realizó algún trámite o servicio público. De acuerdo con la Encuesta, 89.7 % de la población percibe a los policías como el sector donde más corrupción hay, seguido de los partidos políticos con 84.4 % y el Ministerio Público con 78.4 %. La tasa de incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes a nivel nacional es de 24,724. Varios estados, sin embargo, la superan. El rey de la incidencia en corrupción es Chihuahua, con 44,006. El segundo es Morelos, con 51,501; le sigue en tercer lugar Puebla, con 39,890; en el cuatro lugar queda Quintana Roo, con 37,310, en quinto Baja California con 36,112; en sexto, Jalisco con 32,437; San Luis Potosí en séptimo con 31,904; Guerrero en octavo con 31,384; el Distrito Federal con 30,891 en noveno y el décimo Guanajuato con 28,422.

Ver Cuadro en liga. http://www.sinembargo.mx/16-06-2014/1027469

Consideraron que los menos corrupción son los familiares con 17.5 por ciento, los vecinos con 19.6 por ciento y los compañeros de trabajo con 26.5 por ciento, expuso el director de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Adrian Franco. El presidente del INEGI, Eduardo Sojo Garza Aldape, dijo que según los resultados, realizada por primera vez en el país, 12.1 % de los mexicanos tuvo una experiencia de corrupción cuando realizó algún trámite o servicio público. “Ya no es que hemos escuchado que hubo corrupción, ya no es que un conocido me dijo que el primo de un amigo. Ya es efectivamente cuando uno hace un trámite o servicio, 12.1 % nos dijo que fue víctima de un acto de corrupción”, añadió en conferencia de prensa reseñada por Notimex.

A partir de la ENCIG se estima que a nivel nacional, el 88.3% de la población considera que las prácticas de corrupción son Muy Frecuentes o Frecuentes. Se estima, dijo INEGI, que a nivel nacional, el 89.7% de la población considera que la corrupción es una práctica Muy Frecuente y Frecuente en las Policías, seguido de los Partidos Políticos y el Ministerio Público con un 84.4% y 78.4% respectivamente.

Se estima que a nivel nacional, el 75.6% de la población de 18 años y más considera que la corrupción en el sector Gobierno Federal es  Muy frecuente y Frecuente. El 77.2% de la población de 18 años y más considera que la corrupción en el sector Gobiernos Estatales es Muy frecuente y Frecuente. Y el 75.8% de la población de  18 años y más considera que la corrupción en el sector Gobiernos Municipales es Muy frecuente y Frecuente.

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Para mí los más corruptos son los últimos 9 presidentes de México, obvio contando al corrupto en turno EPN. Yomero.

La corrupción en el ife permite que los alcaldes, gobernadores, presidente, diputados, senadores… sean electos por gente de mucho dinero. Luego el político dobla las manitas y deja que el que puso el dinero ponga al depto. de policía a su gusto. Entonces el policía no atiende a la población sino intereses de dinero. Así los cacas-grandes de dinero pueden mandar “anarquistas” para que las protestas justas queden mal paradas. Y como la policía vela por sus intereses, no atrapará a dichos anarquistas. Tony Alburquerque.

¡Qué país tan desdichado!, mexicanos jodiendo mexicanos. mario campos.

El principal problema de México es la falta de educación de enormes sectores del pueblo, eso prohíja la corrupción de donde se deriva todo lo demás, pero la clase gobernante no puede permitir que el pueblo se eduque porque empezaría a exigir sus derechos y a ellos se les acabarían todos sus negocios y prebendas, sobre todo los votos de la gente ignorante, esa que vendió su voto a otro ignorante.

EL PRIMER CORRUPTO: ORIGEN HISTÓRICO DE UNA LACRA QUE NO CESA

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 15 Agosto 2014 12:48

Por Piergiorgio Sandri 
¿Cuál fue el primer caso documentado de corrupción? Difícil saberlo.

Algunos historiadores se remontan hasta el reinado de Ramsés IX, 1100 a.C., en Egipto. Un tal Peser, antiguo funcionario del faraón, denunció en un documento los negocios sucios de otro funcionario que se había asociado con una banda de profanadores de tumbas.

Los griegos tampoco tenían un comportamiento ejemplar. En el año 324 a.C. Demóstenes, acusado de haberse apoderado de las sumas depositadas en la Acrópolis por el tesorero de Alejandro, fue condenado y obligado a huir. Y Pericles, conocido como el Incorruptible, fue acusado de haber especulado sobre los trabajos de construcción del Partenón.

Pero la corrupción existía ya mucho antes de estos episodios. De hecho, en la época del mundo clásico, las prácticas que hoy consideramos ilegales eran moneda corriente.

“En la antigüedad, engrasar las ruedas era una costumbre tan difundida como hoy y considerada en algún caso incluso lícita”, escribe Carlo Alberto Brioschi, autor de Breve historia de la corrupción (Taurus). “Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, en el año 1500 a.C., establecer un trato económico con un poderoso no era distinto de otras transacciones sociales y comerciales y era una vía reconocida para establecer relaciones pacíficas”, señala Brioschi.

En Roma, el potente caminaba seguido por una nube de clientes: cuanto más larga era su corte, más se le admiraba como personaje. Esta exhibición tenía un nombre: adesectatio. A cambio, el gobernante protegía a sus clientes, con ayudas económicas, intervenciones en sede política, etcétera. Y los clientes, a su vez, actuaban como escolta armada. También había acuerdos entre candidatos para repartirse los votos (coitiones) y para encontrar un empleo solía recurrirse a la commendatio, que era el apoyo para conseguir un trabajo, lo que hoy equivaldría al enchufe.

Con todo, la corrupción pública estaba mal vista. Sabino Perea Yébenes, profesor en la Universidad de Murcia, ha publicado un libro titulado “La corrupción en el mundo romano”, editado por el académico Gonzalo Bravo (Signifer). En su obra, se desprende que los altos cargos estaban muy vigilados:

“Los romanos tenían un concepto de la política diferente: lo más importante era el honor. Para llegar a la cumbre, el candidato tenía que tener currículo: haber ocupado cargos, tener una educación y proceder de una buena familia. Además, tenía que tener patrimonio ya que había de presentar una fianza a principio del mandato.  Y cuando finalizaba, se hacían las cuentas.  Si te habías enriquecido, tenías que devolverlo todo”, explica Yébenes.  

“En caso de corrupción, había dos penas muy severas: una era el exilio; la otra era el suicidio.  Esta última, de alguna manera, era más recomendable porque por lo menos te permitía mantener el honor”, indica.

Yébenes explica que en la antigua Roma había una doble moral: se diferenciaba claramente la esfera pública de la privada. Desviar los recursos públicos era una práctica reprobable, pero en los negocios particulares se hacían de la vista gorda.

La crónica de la época fue testigo de varios escándalos. Cicerón reconocía que: “Quienes compran la elección a un cargo se afanan por desempeñar ese cargo de manera que pueda colmar el vacío de su patrimonio”.

El caso más célebre es el de Verre, gobernador en Sicilia. Se le imputaron extorsiones, vejaciones e intimidaciones, con daños estimados, para la época, en 40 millones de sestercios.

Catón, el censor, sufrió hasta 44 procesos por corrupción.

El general Escipión hizo quemar pruebas que acusaban a su hermano, Lucio sobre una estafa perpetrada a daños del imperio: fue condenado al destierro.

Bertolt Brecht, en su obra sobre Julio César escribe: “La ropa de sus gobernadores estaba llena de bolsillos”.

En Roma se llevaron a cabo irregularidades que recuerdan mucho a las de hoy: por ejemplo, el teatro de Nicea, en Bitinia, costó diez millones de sestercios, pero tenía grietas y su reparación suponía más gastos, con lo que Plinio sugirió que era más conveniente destruirlo.

La llegada de la religión católica impuso un cambio de moral importante. Robar pasó a ser un pecado, pero al mismo tiempo con la confesión era posible hacer tabla rasa, lo que desencadenó una larga serie de abusos.

“El cristianismo, predicando el espíritu de sacrificio y la renuncia a toda vanidad, introduce en su lugar la pereza, la miseria, la negligencia; en pocas palabras, la destrucción de las artes”, escribió Diderot en su Enciclopedia (por cierto, no hay que olvidar que, según la Biblia, la corrupción era una práctica tan extendida al punto que, como todos sabemos, Judas Iscariote vendió a los romanos a su maestro Jesús por treinta monedas de plata).

En la edad media, el auge de los señores feudales fue un caldo de cultivo para prácticas vejatorias. “Hubo un tiempo en que no quedaba otro remedio. Sabías que esto funcionaba así y que habías de contar con ello. En aquel entonces había formas de corrupción que se consideraban legales, legítimas. Baste pensar que no se cobraban auténticos impuestos. El campesino se buscaba la protección de un señor feudal y a cambio le ofrecía algo de la tierra”, recuerda Antonio Argandoña, catedrático de Ética Empresarial.

Así, por ejemplo, Felipe II, rey de Francia en el siglo XIII, imponía feroces impuestos a sus súbditos y les obligaba a fuertes donaciones, que no eran otra cosa que ingresos que iban a sus arcas privadas.

En el mismo periodo, se puede citar en Italia el caso de Dante. El escritor sitúa a los corruptos en el infierno, pero fue declarado culpable de haber recibido dinero a cambio de la elección de los nuevos priores y de haber aceptado porcentajes indebidos por la emisión de órdenes y licencias a funcionarios del municipio. Fue condenado al exilio.

El papado de los Borgia merecería un capítulo aparte. Pocas personas a lo largo de la historia fueron capaces de concentrar tanta amoralidad. Pera esa época la corrupción parecía un mal menor.  Como escribió en aquellos años Maquiavelo, “que el príncipe no se preocupe de incurrir en la infamia de estos vicios, sin los cuales difícilmente podrá salvar al Estado”.

Cuando Cristóbal Colón se lanza a la conquista de América, no puede hacer otra cosa que exclamar: “El oro, cual cosa maravillosa, quienquiera que lo posea es dueño de conseguir todo lo que desee. Con él, hasta las ánimas pueden subir al cielo”.
Si hay un periodo histórico donde la ilegalidad se extendió como una mancha de aceite en España, fue el que va del siglo XVI al XVIII.  Mateo Alemán, autor de la novela picaresca Guzmán de Alfarache, cuenta cómo todos compraban cargos con el único fin de sacarles provecho.  “Para afanar prebendas todos están dispuestos a derrochar miles de escudos, pero antes de dar ni un cuarto de limosna a un mendigo, le hacen procesar”.

La corrupción es un cáncer que está asumido por la mayoría. Sancho Panza, en El Quijote, exclama: “Yéndome desnudo, como me estoy yendo, está claro que he gobernado como un ángel”.

Para Alfredo Alvar, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y autor del libro “El duque de Lerma, corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII”, señala: “los mecanismos de la corrupción son universales, pero en España se celebra como herencia de la picaresca española.  La aceptación de la corrupción es una construcción cultural y, desgraciadamente, en España queda hasta simpática”.

Alvar describe así la que llama burocracia patrimonial de la época.  “La selección de las personas no se basaba en la capacitación técnica; los sueldos estaban fijados, pero se podían alterar graciosamente por la vía de la merced real; todo podía ser susceptible de caer bajo el control de uno solo que se sirviera de la ley para sus intereses particulares; el servidor real no era el más calificado, sino el que ponía la mejor sonrisa a quien le hubiera de nombrar.  También había una dominación legítima, implantada por la vía tradicional de las costumbres (o, lo que es lo mismo, lo del ‘siempre ha sido así’) y la que llegaba por la vía carismática, según la cual, el que ejerce el poder tenía entre sus subordinados un halo de santidad (Isabel la Católica), de heroísmo (el Cid) o de ejemplaridad.   En todos los casos, los poderosos cubrían sus necesidades por medio de la donación y la tentación del soborno”.  En concreto, el duque de Lerma tenía potestad y poder de hacer favores a quien quisiera.  Hoy en día sería el equivalente de un mafioso.

“En esa época era incluso peor que hoy, porque había una clara manipulación del poder judicial”, apunta Alvar.

La otra diferencia era el concepto de familia, en nombre del cual se podían romper las reglas.  “Por ejemplo, no se veía mal forzar la ley para ayudar a un familiar.  Era normal que un duque se prodigara en esfuerzos para ayudar a su hijo. Era algo que había que hacer”, señala.

Thomas Carlyle una vez escribió: “Hay épocas en las que la única relación con los hombres es el intercambio de dinero”. Parece que esta definición encaje a la perfección con la monarquía absoluta del “ancien régime” francés.

Luis XIV en sus memorias reconocía que “no hay gobernador que no cometa alguna injusticia, soldado que no viva de modo disoluto, señor de tierras que no actúe como tirano. Incluso el más honrado de los oficiales se deja corromper, incapaz de ir a contracorriente”.

En particular, destacan dos figuras eclesiásticas muy discutidas: Mazarino y Richelieu.  Montesquieu definió a este último como “el peor ciudadano de Francia”. Y Colbert, que fue el ministro del Tesoro, en una carta a Mazarino escribió textualmente: “Para vuestros cargos de intendente no he encontrado ningún adquirente que haya querido cerrar a doce mil escudos”.
La Revolución Francesa, con la llegada de Robespierre, conocido como el Incorruptible, trajo un aire fresco que duró muy poco.  Incluso el jacobino Saint-Just se vio obligado a reconocer que “nadie puede gobernar sin culpas”.

El régimen de Bonaparte siguió la estela de corrupción de la monarquía anterior. Napoleón solía decir a sus ministros que les estaba concedido robar un poco, siempre que administrasen con eficiencia.  Pero, sin lugar a dudas, el más corrupto de todos fue Talleyrand.

El emperador francés decía de él que era “el hombre que más ha robado en el mundo.  Es un hombre de talento, pero el único modo de obtener algo de él es pagándolo”. Su lista de abusos llenaría páginas y páginas.

La llegada del capitalismo y de la revolución industrial aumentó las relaciones comerciales y, al mismo tiempo, las prácticas ilegales. Madame Caroline, protagonista de la novela “El dinero”, de Émile Zola, publicada a finales del siglo XIX, hace un retrato sin piedad de las costumbres de la época: “En París el dinero corría a ríos y corrompía todo, en la fiebre del juego y de la especulación.  El dinero es el abono necesario para las grandes obras, aproxima a los pueblos y pacifica la tierra”.

Adam Smith, el máximo teórico del liberalismo, tuvo que admitir que “el vulgarmente llamado estadista o político, es un sujeto cuyas decisiones están condicionadas por intereses personales”.

En ese periodo, se suponía que la llegada de una nueva clase social al poder podía traer mayor transparencia y evitar los abusos anteriores, perpetrados por la nobleza.  Porque, diga lo que se diga, el hecho de ser ricos no le había impedido a las élites, a lo largo de los siglos anteriores, robar (o comprar cargos y títulos). Pero la realidad es que tampoco la burguesía iluminada pudo evitar caer en la tentación de usar la política para su enriquecimiento personal.

Alexis de Tocqueville sostenía que “en los gobiernos aristocráticos, los hombres que acceden a los asuntos públicos son ricos y sólo anhelan el poder; mientras que en las democracias los hombres de Estado son pobres y tienen que hacer su fortuna”.  A costa del Estado, claro.

En el siglo XX, la llegada de los totalitarismos no hizo otra cosa que reforzar las prácticas delictivas de los gobernantes. Con el fascismo y el comunismo la corrupción entra a formar parte del funcionamiento del Estado.  Pero incluso los estados demócratas, ocupados en sus políticas coloniales, no se libraban de la lacra.

Winston Churchill dijo que “un mínimo de corrupción sirve como un lubricante benéfico para el funcionamiento de la máquina de la democracia”.  Y, al referirse a las colonias, Churchill cínicamente resumió esta política expansionista de forma rotunda: “Corrupción en la patria y agresión fuera, para disimularla”.

Cecil Rhodes, el saqueador de África para los británicos, tenía una máxima siniestra y muy reveladora sobre la política colonial: “Cada uno tiene su precio”.

En la actualidad, con la consolidación del estado de derecho, se supone que el fenómeno debería estar bajo control, gracias a una mayor transparencia.  Y que, por lo menos, la corrupción debería ser mal vista y tener cierta reprobación social.

Pero es imposible no acordarse de una frase inquietante del antiguo presidente francés François Mitterrand: “Es cierto, Richelieu, Mazarino y Talleyrand se apoderaron del botín.  Pero, hoy en día, ¿quién se acuerda de ello?”

¿Un mal necesario?

¿Qué conclusiones sacar de este breve recorrido histórico?

Según Carlo Brioschi, la corrupción “es un fenómeno inextirpable porque respeta de forma rigurosa la ley de la reciprocidad.  Según la lógica del intercambio, a cada favor corresponde un regalo interesado.  Nadie puede impedir al partido en el poder que se cree una clientela de grandes electores que le ayuden en la gestión de los aparatos estatales y que disfruten de estos privilegios. Es algo natural y fisiológico”.

Para Julián Santamaría, presidente de Noxa Consulting y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, “el electorado haría bien en entender que la corrupción es una lacra de todos los tiempos, que se refiere a la naturaleza humana.  Se da en todos los países y en todas las épocas.  En la actualidad, es más frecuente en los países en vías de desarrollo, donde se combina una elevada burocracia, salarios bajos de los funcionarios y sistemas políticos autoritarios. Es cuando se da la situación esperpéntica: países emergentes, de escaso recursos y con una población que aspira a tener una forma de vida más elevada”.

En los países occidentales, los casos de corrupción dan mucho de que hablar, en particular cuando, como ocurre en España, están involucradas personas conocidas. Pero, en el momento de votar, no siempre pasan factura.  Pese a la mala imagen de estos gobernantes y al ruido mediático, el impacto en la ciudadanía parece relativo. ¿Por qué? Joan Botella, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, cree que “la picaresca española no es en el fondo otra cosa que querer parecer rico, cuando en realidad uno es pobre”.   

Esto no justifica en absoluto las prácticas ilegales, pero explica por qué los ciudadanos tenemos casi como algo asumido el deterioro de la vida política.

“En España hay una histórica desconfianza en el proceso político, algo que la retórica franquista, por cierto muy corrupta, contribuyó a intensificar.  Es algo que forma parte de nuestro bagaje cultural.  La mayoría de los españoles no cree que un político pueda servirle de forma desinteresada”.

Antonio Argandoña cree que los ciudadanos “somos esquizofrénicos y tenemos como una doble moral.  Aceptamos que en el mundo haya una cierta forma de corrupción que en el fondo no consideramos como tan mala.  Tendemos a pensar que si a mí, como individuo, no me viene mal, es casi bueno si mueve algo de dinero.  El razonamiento es: no me preocupa la corrupción siempre que no me perjudique a nivel personal”.

De esta manera, “cuando un político roba, decimos que no hay derecho.  Pero luego presumimos de haber evadido algún impuesto”.
Brioschi recuerda que “al lado del robo de los grandes, siempre hay una corrupción inconsciente, de la que acabamos siendo todos responsables si aceptamos las reglas de un sistema ilegal, porque la micro-corrupción siempre ha ido de la mano de la macroscópica”.

¿Se salva alguien de la plaga de la corrupción?

Según el ranking de la consultora Transparency International, existen países con poca corrupción, en particular los escandinavos. Esto se debería a la influencia de la ética luterana, que no prevé la confesión de los pecados para lograr la absolución.  Y también a que estas sociedades, de corte socialdemócrata, son relativamente homogéneas. Sus ciudadanos se sienten iguales y no toleran que alguien saque ventajas de forma ilegal.  Asimismo, por su alto nivel de contratación colectiva, que hace que los trabajadores se sientan protegidos y no duden en denunciar prácticas ilegales. Pero, lamentablemente, se trata de una excepción.

Como dijo Tomás Moro:

“Si el honor fuese rentable, todos serían honorables”.

@Piersandri
Piergiorgio M. Sandri, Barcelona

Periodista italiano, nació en Roma (1973), donde se graduó en Derecho en la Universidad La Sapienza. Es redactor de La Vanguardia desde el 2000. Con anterioridad, fue corresponsal en España del canal financiero de televisión CNBC-Italia. En el diario, participó en el nacimiento del suplemento de Economía Dinero en 2001 y escribió en la sección de Economía como enviado especial hasta el 2007. En la actualidad forma parte del equipo del suplemento ES-Estilos de Vida y colabora en el Magazine. Es autor de un libro sobre la marca empresarial y de un ensayo sobre las finanzas solidarias (“Dinero Ético”, Random House Mondandori, 2001). Ha cursado el máster en periodismo BCNY de la UB y la Universidad de Columbia de Nueva York y ha dado clases de periodismo en la UIC.

¡¡¡Co-rrup-ción!!!

Guadalupe Loaeza

Reforma, 26 ago. 2014. Para el presidente Enrique Peña Nieto, el tema de la corrupción es un “tema casi humano que siempre ha estado en la historia de la humanidad”, un “tema de orden cultural” y un “tema que está en el orden social”. Por lo tanto para Peña Nieto toda la humanidad es potencialmente corrupta. Esto lo dijo (de una forma nerviosa y deshilvanada) durante un diálogo entre periodistas (“Conversaciones a Fondo”). Es decir que la corrupción no tiene remedio y más en México donde siempre ha estado allí, en cada esquina, en cada político del partido que sea y en cada uno de los sexenios. Sin darse cuenta (o quizá totalmente consciente) las palabras del Presidente exoneraban a muchos priistas corruptos. Los mismos que inventaron expresiones como: “carrancear”, “mochar”, “morder”, “ya me hizo justicia la Revolución”, “estar fuera del presupuesto”, “no me den, nada más póngame donde hay”, “un político pobre es un pobre político”, “nadie aguanta un cañonazo de 50 mil”, etcétera. Etcétera.
Subido a un templete y micrófono en mano, el ex alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, confesó: “Me han criticado porque me gusta mucho el dinero. ¿Y a quién no le gusta? [Y también dicen] que le robé a la presidencia. Pues sí le robé, sí le robé, sí le robé, pero poquito, porque estaba bien pobre; fue nomás una rasuradita”.

El que también le dio una “rasuradita” a su estado fue Humberto Moreira. Del erario de Coahuila, “rasuró” 33 mil millones de pesos. La que también resultó bien “rasurada” fue la Estela de Luz con 375 millones de pesos. Nadie supo dónde quedaron. Según Maude Versini, su ex marido y ex gobernador del Estado de México, de “rasuradita” en “rasuradita”, juntó 600 millones de pesos. Claro, ninguno de estos tres casos fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción, ni mucho menos, castigados.

Ayer precisamente absolvieron a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex presidente del PRI en el Distrito Federal (llamado últimamente Tres cochinitos en uno). Seis de los siete integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del DF votaron a su favor. La única que votó en su contra fue la titular del IEDF, Diana Talavera, al considerar que la investigación de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF) “no fue exhaustiva”. Sin embargo los consejeros Juan Carlos Sánchez, Mauricio Rodríguez, Martha Almaraz, Noemí Luján, Mariana Calderón y Gustavo Figueroa hicieron caso omiso a la petición de su presidenta y aprobaron por mayoría el proyecto. Ninguno de ellos atendió la solicitud de los representantes del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano para que votaran en contra del proyecto.

Los que han de estar felices con esta exoneración son el presidente del PRI, César Camacho, y por supuesto Priscila Martínez, la “enganchadora” de las jóvenes que formaban la red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la cual fue denunciada con pruebas y grabaciones por Carmen Aristegui. No me sorprendería que ayer por la noche muchos priistas estuvieran de fiesta y brindando con las “muchachas” de Cuauhtémoc. Tampoco me sorprendería que volvieran a contratar a Priscila para que de nuevo les diga, en voz muy suave, lo que les solía decir al contratarlas: “La mayoría de las niñas se maneja con amplio criterio. Aquí se ven (en la sede del PRI) únicamente con él. No diario ni a cada rato. No te lleva a su casa. No te habla por teléfono. Es dentro del horario del trabajo. Puede ser en la oficina, es discreción absoluta. Cuida su imagen (Gutiérrez de la Torre). Cuida su vida personal. Yo te paso luego luego cuando hay cachondeo. Manejas dos tipos de relación: oral y vaginal. Oral sin protección. Vaginal con protección. Después que terminan pasas a su baño, (allí) hay enjuague bucal, pasta dental. Te peinas, te arreglas. (Para entonces) él ya está en su escritorio y te dirá, “¿se te ofrece algo?”.

No hay duda que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el Rey de la Basura, les será muy útil a los priistas para las elecciones del 2015. No cabe duda que el ex presidente de su partido en el DF cuenta, no nada más con redes de prostitución, sino con muchos apoyos de líderes de vecinos, quienes a su vez llevarán miles de votantes para apoyar al PRI el día de las elecciones. Con esta exoneración, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (¿cuánto medirá su cintura?) se fortalece y se empodera aún más, lo cual le permitirá contratar a más jóvenes para que lo consientan con dos tipos de relación: oral y vaginal. Al fin que en su baño, hay enjuague bucal y pasta dental.

Tiene razón Peña Nieto: la corrupción en el PRI es un “tema casi humano que siempre ha estado en la historia de la humanidad”.

PRIMER PLANO

Lunes 25 de agosto de 2014

https://www.youtube.com/watch?v=2i4STfwQCJ4

¡Gracias, Señor Presidente!

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/08/72058.php

Pemex, CFE, Ferronales: corrupción e impunidad

http://www.jornada.unam.mx/2014/08/27/edito

Es nómina de la SEP ¡robo del siglo!

Cd. de México (27 agosto 2014).- Un 26.4 por ciento de la nómina del magisterio nacional registra anomalías que provocan pérdidas anuales por 51 mil 487 millones de pesos del dinero de los mexicanos, revela un estudio del centro de análisis México Evalúa.

El documento “Censo Educativo. Radiografía del Dispendio Presupuestal” muestra, por primera vez, las inconsistencias entre la nómina magisterial que entregan los gobiernos estatales a la SEP y los datos del censo educativo.

Difieren por nómina magisterial

El estudio destaca que se desconocen las funciones y la ubicación de más de 591 mil 222 empleados del sector educativo que, sin embargo, están en la nómina del magisterio.

Marco Fernández, autor de la investigación y académico del Tecnológico de Monterrey, estimó que esa irregularidad representa al año más de 50 mil millones de pesos, tomando como base el sueldo de 7 mil 255 pesos al mes de un maestro de primaria en 2013.

“En el mejor escenario hay 184 mil personas en la nómina con alguna irregularidad evidente, pues son comisionados, aviadores, jubilados y pensionados en activo”, indicó.

“Si a éstos se suma los que debían trabajar en el centro de trabajo, y nadie los encontró; los que se negaron a dar información, los que simplemente se dijo que estaban ausentes y los que se negaron a ser censados, tenemos, en el peor de los escenarios, un desconocimiento de 591 mil 361 personas que están en las nóminas y de las que no se sabe nada”.

Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, criticó que este dispendio ocurra con total impunidad.

“El robo del siglo se comete cada año en la nómina magisterial; Oceanografía y la Línea 12 del Metro son juegos de niños. Éste es el juego de adultos que ha lastimado la educación en este País”, lamentó.

Fernández, a su vez, reveló que los gobiernos de los estados mienten y manipulan la información que están obligados a entregar a la SEP cada trimestre. 

“En 27 de los 32 estados, las irregularidades superan el 10 por ciento de la nómina”, advirtió.
“Hace una semana, el Presidente (Enrique Peña) anunció un programa de 7 mil 500 millones de pesos para corregir problemas estructurales en 20 mil escuelas. Esta cantidad podría por lo menos duplicarse si las autoridades terminaran con las anomalías en la nómina magisterial y administrativa de educación básica”, dijo.

Un ejemplo es Tamaulipas, destacó, pues en 2013 reportó sólo 2 maestros comisionados, pero el censo encontró ese mismo año mil 124 profesores en esa condición.

En estados como Querétaro las anomalías representan el 23.46 por ciento de la nómina, en Yucatán 21.53, y en Zacatecas y Chiapas 20 por ciento.

“Cuatro meses después de que se entregó el censo, la SEP no ha dicho cómo van a corregir estas anomalías”, cuestionó.

Fernández también advirtió que se sigue sin saber cuántos maestros hay en el País.

“El censo nos costó 740 millones de pesos y aún no sabemos cuántos maestros y trabajadores administrativos laboran en las escuelas públicas de educación básica”, criticó.

Para Claudio X. González lo que revela el estudio es un sistema de prebendas y empleo para adultos, disfrazado de sistema educativo.

“Los que hemos denunciado desde hace años el mal gasto educativo, nunca imaginamos que podía ser de este tamaño la dimensión del problema”.

Acompañado también por Edna Jaime, directora de México Evalúa, González afirmó que la pregunta es si el Gobierno federal está dispuesto a romper el pacto político con el magisterio.
“No nos están dando muestras suficientes de que están dispuestos a combatir la corrupción, porque aquí lo que estamos denunciando es que la SEP sabe dónde están las irregularidades que detectó el censo. ¿Por qué no actúa? ¿Qué tanta voluntad hay en el País para separar lo político de lo educativo?”, cuestionó.

Por décadas, lamentó, se han privilegiado los pactos políticos en el sector educativo por encima de los intereses y el derecho de los niños a la educación.

“En esa gran tranza, porque esa sí es una gran tranza, se creó este sistema que privilegia a los adultos y olvida a los niños y a las escuelas”, señaló.

González indicó que el censo vino a revelar que las escuelas están abandonadas, que los niños están abandonados y que los adultos son quienes se sirven del sistema.

“Queremos hacer evidente estas barbaridades para tratar de despolitizar la educación, pues mientras siga imperando la política en la educación, la educación va a ser de baja calidad”, expresó.
Vox populi

1 No del siglo, mas bien de la historia de la humanidad! Tlacuache Naucalpan.

2 Ya no sigan…. Jackson D.F.

3 Nada más pregunto: ¿Qué diablos es lo que impide que el gobierno federal y los estatales se fajen los pantalones para acabar de una buena vez por todas con esta pandilla de vividores que tanto daño hacen no sólo a nuestra economía sino al pésimo sistema educativo que impide que México se coloque entre las naciones desarrolladas del mundo? J. Antonio Cervantes Huixquilucan.

4 El pais necesita un RESET inmediato, por lo pronto dejen de simular que educan, reestructuren ese sistema educativo, corran a todos los maestros y vuelvan a empezar. NADA DE LO QUE ADMINISTRA EN GOBIERNO FUNCIONA NADA!! Cuaz Querétaro.

5 Ese es el México en el que no creo, si eres aliado del gobierno puedes hacer lo que quieras, publicamente o por debajo del agua y no pasa nada y los ejemplos estan a 360 grados, pero si no lo eres, aguas porque si no eres de “su equipo” se te arma el delito y adios. Luis Guanajuato.

6 En los robos que de forma sistematica han hecho al erario los gobiernos en turno el señor X Gonzalez ha sido participante entusiasta a traves del CCE, el CMHN y la BMV. La SENTE ha sido uno de los medios para desviar recursos, otros han sido los coyotes financieros como el X Gonzalez, que ahora va por su tajada en el reparto de concesiones educativas por privatizar. Es igual X Gonzales que Gordillo. Mexico.

7 Pretenden que el gobierno haga algo al respecto? Si el mismo presidente dice que la corrupción es un fenomeno cultural, por supuesto que es de su interés mantener este sistema. Al gobierno lo que menos le interesa es educar a los niños de este país pues la ignorancia es la mejor manera de manipular. Hasta cuando permitiremos esto? Maria Veracruz.

8

ESTE PAIS HA SIDO CORRUPTO DE SIEMRE, Y CLARO QUE NO LES CONVIENE ALFABETIZAR A LAS PERSONAS PORQUE DEJARIAN DE SER MANIPULABLES AL ANTOJO DE UNOS CUANTOS. LA EDUCACION ES LA BASE PARA QUE UN PAIS PROSPERE Y ES EXACTAMENTE LO QUE MAS HAN DEPREDADO LO UNICO QUE LES IMPORTABA ERAN LOS VOTOS DEL SINDICATO MAS GRANDE DE LATINOAMERICA PARA SEGUIR EN EL PODER, EN FUNCION A ESO, LES DIERON LO QUE QUISIERON A COSTA DE LO QUE FUESE PARA SEGUIR EN “EL PODER”…INCREIBLE!!! CUANTO AMOR POR SU PAIS… CARLOTA D.F.

9 Lo que deberia hacer el gobierno es privatizar toda la educacion del pais, dejar de pagar a maestros que lo que menos son es eso y dar un vale a cada niño y joven del pais equivalente para que estudie donde quiera. Juan Camino Mexico.

10 Que nos sorprende, en TODAS las dependencias de Gobierno nos roban a manos llenas. No hay fin porque nunca persiguen y encarcelan a los culpables que muchos son Gobernadores. Isaac. Hanono Mexico.

11 Y la nomina de diputados, CFE, Pemex, ISSTE, Seguro y todo lo demas que tenga que ver con el gobierno. El Cangrejo D,F.

12 Usuario no me ofendas, este pais y en este pais todos somos cangrejos por eso estamos como estamos. El Cangrejo D,F.

13 Carlos Gamboa: eres el típico ejemplo del mexicano cangrejo que con tal de no salir adelante es capaz de atacar incluso a aquellos que luchan por una buena causa común y que nos beneficiaría a todo el país. Tus complejos, etiquetas y prejuicios no te dejan ver. Si no te late que Claudio X Gonzalez enarbole esta lucha ¿por qué no lo haces tú y le dedicas el 100% a combatir estas irregularidades? ¡ERES UN CANGREJO! Usuario Internet.

14 Mexico DESPIERTA !! Mexico Mexico.

15 Vivimos en una Cleptocracia! Rogelio DF.

16. Ya basta!! A presionar a estos zánganos! Observador DF.

17. Pienso que los 1ros. Culpables somos los ciudadanos que creemos que no podemos hacer nada y nada mas nos quejamos como niñas.  Exlalo Queretaro.

18. El PRI viene con todo a robar. Pero este X Gonzalez que??? Si es el gato de Azcarraga. CarlosGamboa DF.

19. Y de que se sorprenden si en todo en lo que interviene un politico o un servidor publico es lo mismo. Realidad Distrito federal.

20. El delito es de los patrones inexpertos y maletas (Presidentes, Legisladores y Gobernadores), no de los sirvientes (Teachers). Elba Acámbaro.

21. NO BUENO, PARA ESO ESTE TArADO NOS COBRA MAS IMPUESTOS Y NOS TRATA COMO CRMINALRS, PARA IR A TIRAR EL DINERO???? EL GOBIERNO ES COMO UNA MANGUERA LLENA DE FUGAS, PARA QUE UN RECURSO LLEGUE A SER GASTADO EN SU OBJETIVO PRIMERO HAY MILES DE FUGAS QUE SALPICAN A TODOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS. Sam .F.

Pregunta obligada

http://www.jornada.unam.mx/2014/08/28/cartones/1

La cultura de la corrupción

http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-elizondo-mayer-serra/2014/08/28/978645

Filosofía del poder

http://www.jornada.unam.mx/2014/08/29/cartones/1

Corrupción e impunidad

Juan E. Pardinas

Reforma, 31 Ago. 2014

Una cumbia de Rigo Tovar es una manifestación de cultura, lo mismo que el Huapango de Moncayo. Una gordita de chicharrón prensado de un puesto de la calle es una forma de cultura gastronómica, igual que una espuma de maíz preparada por un Chef de cinco estrellas. El grito de “puto” en un estadio es una manifestación futbolera de la cultura machista. La cultura es la virtud del letrado que cita los tomos de la enciclopedia y del alburero que juega con el doble sentido de las palabras. La cultura es todo y es nada. Pocos conceptos son tan abstractos e inasequibles.

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto sostiene: “Yo sí creo que hay un tema cultural lamentablemente, que ha provocado corrupción”, las palabras del jefe de Estado se pueden interpretar con un tono de claudicación. Un problema con raíces culturales no tiene responsables directos, ni de sus causas, ni de sus soluciones. Los vicios y costumbres que heredamos de nuestros antepasados tienen sus orígenes en un tiempo remoto y sus remedios vendrán en un futuro inasequible. Ante la explicación cultural de la corrupción, sólo nos queda subordinarnos a la resignación. Si la Malinche y Hernán Cortés son el origen de esta lacra, la única alternativa viable es encomendarse a la Virgen de Guadalupe. Esperemos que la Señora del Tepeyac apure sus obras y milagros porque “este tema cultural” es uno de los problemas más grandes de México. En una encuesta realizada por en el Banco de México a 480 directivos de finanzas, se determinó que la corrupción era el principal obstáculo para hacer negocios en nuestro país, por encima de los impuestos, la burocracia y la delincuencia (El Universal, 15-VIII-2014).

La corrupción no es un problema exclusivo de México, pero la impunidad sí. Los académicos Liu y Mikesell acaban de publicar un interesante artículo en la revista Public Administration Review sobre casos de corrupción en Estados Unidos. Su investigación está basada no en la percepción del fenómeno, sino en casos de corrupción que han recibido la sentencia inculpatoria de un tribunal. Lo primero que sorprende es el tamaño de su base de datos: más de 25,000 funcionarios públicos, en los tres poderes y los tres niveles de gobierno, han sido encontrados culpables entre 1976 y 2008. Esta cifra indica que en este periodo, en promedio, más de tres funcionarios son sentenciados al día por usar su cargo público para obtener un beneficio privado. La base de datos se construyó con los reportes que anualmente entrega el Departamento de Justicia al Congreso de EU sobre casos vinculados a crímenes de corrupción. Este reporte incluye crímenes de compra de voto, funcionarios que aceptaron regalos sin reportarlos o conflictos de interés. La lista de indicados y sentenciados también considera a ciudadanos, sin cargo público, que participaron en los crímenes de corrupción.

En Brasil, el escándalo de mensalao ha generado 25 sentencias condenatorias, incluyendo la de José Dirceu, el brazo derecho del ex presidente Lula. En España, hay 1700 causas abiertas por corrupción, más de 500 indiciados y sólo 20 encarcelados. Sin embargo se espera que una mayor inversión en los tribunales y los sistemas de procuración de justicia permitan acelerar este rezago judicial. En China, la campaña contra la corrupción ha llegado hasta los niveles más altos del Partido Comunista.

La corrupción se manifiesta en Alabama y en Beijing. Los escándalos van del gabinete presidencial en Brasilia a la familia real en Madrid. Sin embargo, la diferencia con México es que allá el “problema cultural” sí tiene consecuencias institucionales. Mientras aquí la impunidad sea la regla, en lugar de la excepción, México no podrá romper con la tradición que más enferma nuestra vida pública.

La gendarmería de EPN

https://www.youtube.com/watch?v=7ZvMoxXMyq0&list=UUK0_zBeybLuyXbOcHp7wmJA

¿Quién pone el ejemplo?

Manuel J. Jáuregui

Reforma, 3 sept. 2014. En toda su máxima expresión atestiguamos ayer a las “fuerzas vivas” de la Nación reunir- se en Palacio Nacional en torno al Presidente en la vieja tradición conocida como “El Besamanos”.

Este ritual ocurre siempre después del Informe de Gobierno anual (tanto en su nueva expresión como en la antigua), conformando una simbólica señal de unidad y solidaridad en torno al Poder Ejecutivo y su titular.

Ahí estuvieron reunidos los representantes de los tres poderes, Gobernadores, líderes empresariales, líderes partidarios, líderes sindicales, luminarias de todas las disciplinas, en suma: los “capi di tutti capi” de la Nación.

Ante ellos, el Presidente Peña Nieto resaltó las bondades de las reformas, les agradeció su apoyo a los legisladores, prometió no subir más los impuestos (noticia sería que hubiese ofrecido BAJARLOS) anunció lo del nuevo aeropuerto del DF, sus logros en materia de seguridad (discutibles), prometió apertura, pero sobre todo, pidió a todos un “cambio de actitud” que acompañe al “nuevo” México.

¡Nos parece magnífico que el Presidente señale la necesidad de una nueva actitud! Lo único que nos gustaría saber es ¿y quién pone el ejemplo? ¿A quién le toca cambiar primero su actitud? Por ejemplo, frente a la corrupción, la impunidad, la injusticia y los abusos de poder.
Estamos seguros que no pocos de ustedes estarán de acuerdo en que quien en esta materia debe poner el ejemplo es el GOBIERNO MISMO.

Y cuando decimos “Gobierno” queremos decir el Poder Ejecutivo federal, que al reunir en torno suyo a la “créme de la créme” de la sociedad demuestra simultáneamente a su gran poder de convocatoria la enorme capacidad que posee de influir en la misma sociedad.

Ciertamente que tenemos dentro de las diversas “reformas” un nuevo marco legal en muchas áreas, que potencialmente acarrea la posibilidad de serle enormemente benéfico a México.
Sólo que una cosa es el potencial de una medida, y otra muy diferente los beneficios concretos que de ella se puedan derivar.

A lo que vamos es que, por supuesto, mucho depende de la implementación de estos cambios, área en la que sin duda una nueva actitud rendiría enormes frutos. Pero ésta por parte de la autoridad, que es la encargada de la implementación de este nuevo marco.

El diablo está en el detalle: en este caso adicional a la transparencia obligatoria, reglas claras aplicadas de una manera equitativa, trabas visibles y funcionales atravesadas a la corrupción, absoluta limpieza en los concursos, adjudicación de obras y de oportunidades en la reforma energética, así como apertura diáfana a la participación, necesario sería agregar mecanismos de castigo para los transgresores de estos conceptos de apertura y honestidad que sirvan tanto de ejemplo como de escarmiento.

Nada encontramos en el discurso que amerite contradicción o disensión: nos parece inobjetable, sus intenciones merecedoras de toda nuestra solidaridad.

Mas nadie sabe mejor que ustedes, amigos lectores, que si algo abunda en México son las buenas intenciones; donde sentimos que pudiera ser necesario apreciar este “cambio de mentalidad” que menciona el Ciudadano Presidente de la República es en el terreno de los hechos.
Están por cumplirse dos años de su Gobierno, el crecimiento económico del primer año, y todo indica que del segundo también, deja mucho que desear.

Y ello no se deriva de malos discursos ni de malas intenciones: seguros estamos que nadie más que el Presidente mismo quisiera que México hubiese crecido su PIB al 6 por ciento anual.
Mas la terca realidad, obstinada, contradice las manifestaciones presidenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con desear las cosas para que éstas se den, que no es suficiente crear en el marco teórico mejores condiciones para el crecimiento económico: no impulsan a éste los discursos, sino medidas concretas que lo estimulen.

Urge reducirle la carga fiscal al ciudadano, el peso de la burocracia y la tramititis y el enorme costo e ineficiencia que genera la corrupción.

No es cuestión de por dónde empezar, sino de ¿quién empieza primero?

La arrumbada

Sergio Aguayo

Refor,a, 3 sept. 2014. Enrique Peña Nieto extrajo del informe escrito y del mensaje pronunciado todo aquello que pudiera afear el tono optimista y motivador. ¿Importa en algo que haya arrumbado en los rincones del discurso el tema de la corrupción?

Hacía tiempo que no estaba presente en la lectura de un mensaje presidencial. Hay costumbres que no cambian. La eficiencia y la pulcritud del maravilloso patio central de Palacio Nacional sirvieron de marco para la tradicional fiesta de abrazos, sonrisas y mini-diálogos de quienes amarran jugadas y van prometiendo más desayunos, comidas o cenas de las que pueden humanamente cumplir. De cuando en cuando algún remolino humano avisaba que por determinado pasillo avanzaba cierto poderoso del momento.

El presidente de la República optó por un texto excesivamente largo que nos regresó al pasado. Elogió los logros, lanzó aplausos a los suyos y enfrentó a los escépticos con una cascada de cifras. A golpe de estadísticas quería demostrar que México está moviéndose a la cadencia que él impone. No todas impresionaron -y hubo momentos en que múltiples manos se armaban con teléfonos inteligentes- como el anuncio del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que cosechó una ovación y dos momentos de aplausos en cien segundos.

Enrique Peña Nieto reiteró que México se mueve. Tiene razón, aunque algunos deslizamientos se dirigen hacia el universo de las fuerzas oscuras que fueron metódicamente excluidas del análisis presidencial. Es el caso con la corrupción. En su mensaje de hora y media sólo comentó que habrá una Fiscalía para ese tema dentro de la PGR y en el Informe le dedicó unas cuantas cifras. Por ejemplo, asegura que entre octubre de 2013 y junio de 2014 el gobierno federal recuperó 3,074 millones sustraídos por funcionarios. La cantidad, aunque importante es irrelevante, si se piensa que es 0.2% del costo que tiene la corrupción cada año.

En 2012 el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado le puso un monto al valor monetario de la corrupción: un millón 500 mil millones de pesos al año (1.5 billones) o 10% del Producto Interno Bruto. En aquel momento el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, enumeró las consecuencias negativas que tiene para la actividad económica, y en junio de este año insistió en el tema y pidió un “Compromiso Nacional de Cero Tolerancia a la Corrupción y la Impunidad” en el cual deben participar gobierno y sociedad.

A medida que la corrupción se hace más visible y ostentosa, crece la irritación porque todos tenemos historias sobre el efecto nocivo de ese cáncer social en la cotidianidad. Cada día los medios de comunicación nos ofrecen porciones generosas de los latrocinios cometidos por funcionarios y empresarios que siguen presumiendo su impunidad. Resulta totalmente natural que cuando se le rasca a las encuestas encontramos que uno de los motivos de la insatisfacción de las mayorías es la corrupción.

¿Cómo no indignarse cuando, según información obtenida por los tenaces padres de los 49 niños muertos en la Guardería ABC de Sonora -y difundida esta semana por Reporte Índigo-, el incendio fue ordenado por funcionarios del gobierno estatal para destruir evidencia sobre desviaciones de recursos? ¿Cómo no frustrarse ante el cinismo con el cual se comportan quienes practican el arte del moche? ¿Cómo no desanimarse ante la impunidad de Cuauhtémoc Gutiérrez concedida por consejeros del IEDF que quieren brincar a un cargo similar?

Pese a tanta evidencia, el Presidente optó por arrumbar el tema de la corrupción. La explicación podría estar en que el Grupo Atlacomulco -que actualmente encabeza- ha forjado una versión propia de la vieja cultura de los hidalgos castellanos que consideraban de mal gusto hablar de dinero. Por los motivos que sean, Peña Nieto ha decidido excluir de sus prioridades a la corrupción. La misma indiferencia de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas que fueron condenados por el único tribunal que funciona: el de la opinión pública. ¿Se repetirá la historia?

· LA MISCELÁNEA

Más de lo mismo. Gracias a la presión de vecinos indignados, el perredismo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pospuso la discusión de las Normas 30 y 31 que amenazaban a una ciudad lastimada por el urbanismo corrupto. ¿Se lanzará el PRD capitalino contra la corrupción o sólo está haciendo un reajuste táctico para calmar las aguas y poder lanzarse en “el año de Hidalgo” a desmontar bosques y arruinar colonias y barrios?

Mesa de análisis: Denise Dresser, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo 1/09/2014

https://www.youtube.com/watch?v=aODRe38pFas&list=TL6K1g_iftyg2zBp7E07xdf3eWaGWUKSm2

Sabotajes palaciegos

Raymundo Riva Palacio | Jueves 4 de septiembre, 2014

No pareció haberse sentido muy cómodo el presidente Enrique Peña Nieto en tener que retomar dentro de su mensaje político con motivo de su segundo informe de gobierno, el tema de la corrupción. Ubicado en el primer cajón de la recapitulación sobre las cinco metas nacionales que planteó el 1 de diciembre de 2012 al asumir la Presidencia, le dedicó únicamente 99 palabras en el subcapítulo “Abatir Impunidad”. Nada preciso, nada nuevo. Tampoco nada que recuperara su iniciativa como Presidente electo cuando presentó a los senadores del PRI su propuesta para crear una Comisión Nacional Anticorrupción que hoy, debilitada y moribunda, vive en agonía.   Los senadores del PRI presentaron la iniciativa de Peña Nieto el 13 de noviembre de 2012, dos semanas antes de asumir el poder, para crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Después de un año de discusiones en el Senado, se votó la creación de un órgano anticorrupción con una Fiscalía que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública. La comisión que salió del Senado fue muy distinta a la que quería el Presidente. La despojaron de autonomía, y la mantuvieron dentro de la PGR, con lo cual tampoco le otorgaron atribuciones nacionales. Le eliminaron los recursos judiciales para operar con eficacia y su alcance, que incluía sanciones penales, quedó en meramente administrativas.   Dentro del Senado hubo fuerzas priistas y panistas que se opusieron a la iniciativa presidencial, pero quien terminó de sepultarla fue el michoacano Salvador Vega Casillas, que había sido secretario de la Función Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, cuya esposa se vio involucrada en un acto de corrupción de gasolineras y que cuando llegó al despacho de su esposo, se fue diluyendo el escándalo y las acusaciones. Vega Casillas conocía, por tanto, qué tipo de fuerza tendría una comisión o una fiscalía independiente de la PGR y con autonomía, donde el Ejecutivo no tuviera suficientes elementos de control.   Las resistencias a la iniciativa presidencial comenzaron desde que Peña Nieto escuchó la propuesta original, trabajada durante meses por Virgilio Andrade, a quien incluyó el ex jefe de campaña Luis Videgaray, dentro del cuerpo de abogados del equipo de transición. Andrade presentó a Peña Nieto y a todo su estado mayor la propuesta de una fiscalía con autonomía y personalidad jurídica, con patrimonio propio y funciones de ministerio público.   No cayó bien entre algunos de sus miembros, principalmente el líder de la Cámara de Diputados en ese momento, Jesús Murillo Karam –que sería nombrado procurador general-, quien se opuso tajantemente a ese diseño. De acuerdo con personas que conocen de esa discusión, Murillo Karam dijo que no podría darse independencia de la PGR a una fiscalía de esa naturaleza, y menos aún que se manejara con autonomía.   Aún así, el presidente electo entregó a los senadores del PRI su propuesta sobre las líneas establecidas en la iniciativa de Andrade, pero no como Fiscalía, sino como Comisión Nacional Anticorrupción. En la Cámara de Diputados se congeló la minuta del Senado, aunque quedó contenida como una provisión dentro de la creación de una Fiscalía General de la República, aprobada en agosto como una institución que sustituiría a la PGR. Todo esto se encuentra detenido, en buena parte por las intrigas y sabotajes palaciegos. “La palabra Fiscalía es lo que detiene las cosas”, dijo un alto funcionario de gobierno. Este impasse del proceso de reordenamiento del órgano de procuración de justicia, empantana la promesa de Peña Nieto y no se ha podido revertir la derrota que le propinaron el Senado y su procurador.   La corrupción afecta la productividad y la competitividad que tanto anhela el Presidente. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, los costos por corrupción alcanzan el 10% del Producto Interno Bruto, que afectan esas dos variables de crecimiento. El último reporte del Foro Económico Mundial difundido esta semana, muestra que México cayó cuatro lugares en su ranking de competitividad, que lo ubicó a la mitad de una tabla que revisa a 177 países. La impunidad, que en el caso mexicano parece indivisible de la corrupción, impacta directamente en la credibilidad del gobierno y en la percepción de los inversionistas de que no hay seguridad jurídica en este país.   Las palabras tangenciales que dijo el Presidente en el mensaje de su segundo informe de gobierno, sin embargo, pueden estimular a la Cámara de Diputados para que revise la minuta del Senado sobre la Comisión Nacional Anticorrupción y la doten de los dientes que le quitaron. Una de las opciones que se están viendo, de acuerdo con fuentes parlamentarias, es que dentro de la provisión existente en la nueva Fiscalía General, a la fiscalía que combate la corrupción se le regresen las ideas presidenciales para darle autonomía constitucional y facultades de ministerio público, con lo cual se sentarían las bases para crear un verdadero zar anticorrupción. Eso, ciertamente, sería una señal a México y al mundo, que el gobierno habla en serio cuando de acabar con la corrupción e impunidad se trata. De otra forma, todo parecerá una tomadura de pelo.

http://www.ejecentral.com.mx/sabotajes-palaciegos/#sthash.PfSrCIdW.dpuf

Los legisladores más corruptos

http://www.proceso.com.mx/?p=381428

MILENIO

¿Por qué hay tanta corrupción en México?

Héctor Aguilar Camín / Milenio

2014-09-02

“La corrupción somos todos”, se dijo en los 80 del siglo pasado, ironizando un dicho del entonces presidente José López Portillo: “La solución somos todos”.

No todos los mexicanos son corruptos, desde luego, ni mucho menos, pero la corrupción está en todas partes, ha estado siempre entre nosotros. Tenemos una historia larga de tolerancia y complicidad con la corrupción. Durante la Colonia se vendían los puestos públicos y se compraban para enriquecerse. La historia de políticos mexicanos enriquecidos con sus puestos llenaría una pequeña enciclopedia de la picaresca y otra de la infamia.

Se diría, por las quejas, que acudimos a una agudización de este viejo mal y de las protestas contra él. Si medimos por las protestas, y mal haríamos en desestimarlas, las últimas décadas, las décadas de la democracia, han multiplicado las clientelas políticas y, con ellas, la corrupción.

Una primera razón es el mucho dinero público suelto, no sujeto a cuentas, que ha circulado por el país. La cuenta mayor es probablemente la que se repartió a los estados bajo la forma de participaciones federales y primas por el fondo petrolero. Si recuerdo bien, un estudio de la secretaría de Hacienda del año 2009 calculó que por esta vía del pacto federal se había repartido a los estados el equivalente a cuatro veces el Plan Marshall que financió la reconstrucción de Europa. De todo ese dinero no se han rendido cuentas cabales porque son fondos que llegan de la federación pero cuyo gasto se aprueba en los congresos estatales. La vigilancia local no es buena, como puede suponerse. Hay algo para todos y todos reciben algo en el reparto de la gran piñata estatal de fondos federales.

Durante la gira que hicimos por treinta ciudades a finales de la década pasada Jorge Castañeda y yo, presentando y discutiendo nuestro ensayo Un futuro para México, la queja ubicua de la gente era la corrupción. Había mucho dinero en los gobiernos locales, dinero venido del fondo federal, y se notaba en distintos rubros. En la obra pública, desde luego, pero también en la captura, por parte de gobernadores hábiles, de instancias que debían ser sus contrapesos: el Congreso, los institutos electorales, los medios de comunicación, las comunidades empresariales. De una o de otra manera, a todos les iba bien con la derrama. Había demasiado dinero suelto del que nadie rendía cuentas y del que todos se beneficiaban.

Se diría que una semejante falta de transparencia guía las finanzas federales. No lo creo. Hay ahí más contrapesos y equilibrios, y también menos tolerancia. Pero apenas se abren nuevos espacios de registro o inspección pública, el paisaje se vuelve también desolador. Pienso en los desvíos recientemente documentados del sector educativo, en las prácticas fraudulentas de contratistas públicos como la empresa Oceanografïa o en los infamantes “moches” que algunos legisladores piden a beneficiarios de sus decisiones presupuestales.

El único instrumento relativamente probado contra la corrupción asociada al gasto de dineros públicos es la transparencia. Mi convicción es que ese instrumento no es todo lo efectivo que puede ser porque no se informa por Internet de todas las transacciones efectuadas. La transparencia funcionará cuando se dé cuenta del flujo de dinero público, literalmente, cheque por cheque y factura por factura.

Un segundo afluente en la epidemia de corrupción mexicana es imposible de medir aunque es imposible también que no haya tenido un fuerte impacto. Me refiero al efecto corruptor del narcotráfico y el crimen organizado sobre el gobierno y sobre la sociedad. No hay historia pequeña o grande de crimen organizado que no implique la corrupción de policías, jueces, políticos, militares, empresarios.

La corrupción que viene del crimen organizado toca el corazón de la procuración de justicia y sus instrumentos. Es una invitación permanente a violar la ley o a burlarla. Miles de jóvenes toman esa oferta y miles han muerto y matado por subirse a ella. No podemos saber cuánto ha corrompido a nuestra sociedad el crimen organizado. Podemos estar seguros de que no existiría sin ella.

Pienso finalmente que estamos por entrar a un tercer gran afluente de la corrupción mexicana, asociado a usos y costumbres del Estado. Es el que deriva del otorgamiento de concesiones públicas. México está entrando en una fase de licitaciones y contratos como no ha tenido en décadas. Pienso en la apertura de la economía que traerán las reformas y en el horizonte de contratación de obra pública asociado.

Todos los ciclos expansivos de este tipo –el alemanismo en los 50 del siglo pasado, el lopezportillismo en los 80, el salinismo en los 90– han dejado una estela de grandes negocios, nuevos empresarios y escándalos de corrupción. La nueva era de expansión económica, licitaciones y contratos públicos que se avecina es una oportunidad enorme para corregir nuestra historia de corrupción pero también para refrendarla.

La mesa está puesta por igual para interrumpir la tradición con un antes y un después moral en estas materias o para repetir, corregido y aumentado, el desmoralizante espectáculo de ver crecer nuevas fortunas hijas no del mérito sino del favor público de siempre.

Los momios respecto de lo que sucederá son seguramente adversos y quizá muchos de los dados ya están jugados. Yo sigo apostando con convicción y sin esperanza a que la corrupción mexicana disminuirá con la modernidad, y que la selección mexicana ganará algún día el Mundial.

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La corrupción en diez proposiciones

Mauricio  Merino

MAURICIO MERINO – Autor de “Hacia una política de rendición de cuentas en México”.

1. Es verdad que la corrupción –el abuso de una posición de poder diseñada para servir a los demás, en busca del provecho propio– tiene largas raíces en nuestra cultura. Es decir, los actos de corrupción no sólo son tolerados por buena parte de la sociedad sino que son aceptados y aun reproducidos de manera sistemática. No son episodios aislados ni excepcionales, sino que forman parte de nuestras relaciones cotidianas. Sin embargo, la cultura –los valores y las prácticas que definen las referencias compartidas por una sociedad– no es estática ni se produce por generación espontánea. La cultura es el resultado de una larga cadena de acontecimientos, percepciones e información social, que se ajusta y cambia con cada uno de sus eslabones.

2. La aceptación y la reproducción de los actos de corrupción son, en principio, resultado de la impunidad; esto es, de la incapacidad de las normas jurídicas para impedir el abuso del poder en provecho personal. Las leyes encarnadas en las autoridades responsables de su cumplimiento se vuelven negociables y casuísticas: no se aplican de manera universal –parejo para todos–, sino que su eficacia depende de las circunstancias y de los individuos que forman parte de cada situación en la que se verifica el abuso del poder. La reproducción de esa 
casuística hace que el fenómeno se vuelva sistemático. 

3. La primera causa de esa relación es la captura de los puestos destinados a servir a los demás, tanto de los que se eligen mediante el voto popular, como de los que son designados por quienes ganan los primeros. Por regla general, las y los candidatos que se postulan a las elecciones obtienen su nominación por su cercanía con los dirigentes de partido o por conveniencia electoral. Dado que la presentación de candidatos es un monopolio partidario –matizado por las candidaturas ciudadanas que, en la práctica, requieren formar partidos fácticos–, sólo de manera excepcional se obtendría una candidatura por méritos probados o se ganaría una elección sin emplear recursos públicos. De hecho, esto último no ha sucedido nunca desde que México transitó a la democracia. La clase política es una élite formada por alianzas, lealtades e intercambios entre grupos que buscan el poder.
4. Aunque las elecciones están diseñadas para someter el reparto del poder a la libre voluntad de los ciudadanos, éstos saben muy poco de la trayectoria de las y los candidatos que compiten por los puestos públicos. Solamente los candidatos que aspiran a las posiciones de mayor envergadura –como la presidencia del país– son sometidos a una revisión más o menos pormenorizada de sus trayectorias y de sus ideas. En cambio, de la gran mayoría de las demás candidaturas no se sabe casi nada: nombres y fotografías expuestas en la propaganda, sin pasado y sin contenido sustantivo. Se sabe muy poco de sus méritos y se sabe mucho menos de sus deméritos y sus defectos. Tampoco hay información satisfactoria sobre los recursos que utilizan, ni medios suficientes para cotejar lo que prometen con lo que cumplirán. Más que un proceso informado de selección entre opciones diferentes, las elecciones constituyen una competencia basada en la reproducción a gran escala de alianzas y favores, y para la gran mayoría de quienes votan libremente son, en el mejor de los casos, una apuesta más o menos ciega por las ofertas partidarias.
5. Una vez que se reparten los puestos sometidos al veredicto de las urnas, se verifica enseguida el llamado sistema de botín: la distribución más o menos libre de los puestos de designación que corresponden a cada cargo ganado en la elección. El poder burocrático se mide, en principio, por el número de puestos que se pueden designar y por el monto del presupuesto público que esos puestos habrán de manejar. Para obtener un nombramiento en México, la cercanía, la amistad, la lealtad o el intercambio de favores prevalecen sobre el mérito y las competencias. Es verdad que no se puede designar a cualquier persona en los puestos de mayor responsabilidad. Pero la razón primera para tener un puesto de designación en las administraciones públicas de México no es el ascenso ganado en una carrera profesional acreditada, sino la buena voluntad del poderoso enturno. Todos los gobiernos del país –con independencia de los partidos que los han ganado– descansan en el sistema de botín.

6. Una vez que se obtienen los puestos de elección y se distribuyen los de designación, los funcionarios públicos emplean los medios que tienen a su alcance para permanecer entre la élite política. El medio más inmediato que tienen a su alcance para colmar ese propósito es el presupuesto público. Si bien es cierto que éste tiene muchas más restricciones de uso que la distribución de empleos ya mencionada, todavía no hay suficientes reglas para garantizar que la asignación presupuestaria, realizada a través de programas y oficinas públicas, responda claramente a las necesidades objetivas de la sociedad. La mayor parte de los presupuestos se asigna por motivos inerciales –porque así se hizo antes, aunque no se haya hecho bien–, por conveniencia política –para que se noten las acciones emprendidas por los poderosos y éstos tengan argumentos para permanecer en el poder– o, de plano, por compromisos asumidos previamente. No es casual que más de dos terceras partes del dinero público en México tenga evaluaciones negativas –con independencia de la fuente oficial que se utilice–, ni tampoco que mientras más dinero público se ejerza, más desigual sea la sociedad. El presupuesto es, antes que otra cosa, un instrumento de poder.

7. Los procedimientos a través de los cuales se toman decisiones en las administraciones públicas son generalmente abigarrados, oscuros y confusos. Se sabe que la discrecionalidad es enemiga de la honestidad; y también se sabe –gracias a los estudios comparados y a la evidencia empírica reunida– que la multiplicación y la fragmentación de las reglas administrativas incrementan las oportunidades de discrecionalidad. No obstante, las instituciones destinadas a combatir la corrupción en México están fragmentadas y cada una tiende a multiplicar las reglas que han de seguir los funcionarios públicos. Desde este punto de vista, el funcionario más honesto no es quien fija sus programas en función de los problemas públicos que ha de solucionar, ni tampoco quien somete sus decisiones, los recursos que utiliza y sus resultados al escrutinio de la sociedad, sino quien consigue mostrar que ha cumplido los procedimientos burocráticos correctos. El corrupto es, en cambio, quien comete errores de procedimiento; quien produce una anomalía en el sistema, detectada y probada por quienes, a su vez, justifican su pertenencia al régimen ofreciendo estadísticas de sanciones políticamente necesarias. 

8. Con todo, las instituciones dedicadas a combatir la corrupción han producido información valiosa sobre los procedimientos que generan el mayor número de anomalías. Sabemos que las capturas más frecuentes se encuentran en cinco ámbitos de la gestión: 1) en el reparto de los puestos de designación y el usufructo de sus beneficios, así como en las trampas destinadas a obtener sentencias millonarias por despidos injustificados; 2) en la asignación de contratos de obras públicas o de compras gubernamentales –que simulan, sin embargo, seguir procedimientos de licitación formalmente impecables–; 3) en los actos de autoridad que se manifiestan a través del otorgamiento de concesiones, licencias o permisos de toda índole –desde fraccionamientos hasta la apertura o la operación de negocios informales–; 4) en la transferencia de recursos públicos a través de subsidios o programas de asistencia, cuya obstinada multiplicación es equivalente al monto de los beneficios políticos y monetarios que los funcionarios públicos obtienen; y 5) en la administración pública de “ventanilla”, donde los ciudadanos entran en contacto personal y directo con funcionarios para allegarse de un servicio, incluyendo de manera destacada los que dicen ofrecer seguridad o procurar y administrar justicia. Pero aun sabiéndolo y teniendo cada vez más información sobre la corrupción verificada en esos ámbitos, la respuesta sigue siendo procedimental y fragmentaria. Y en lugar de modificar las causas de la corrupción, se persiste en la persecución individual de funcionarios, una vez que éstos han sido detectados como anomalías. 

9. En los últimos años, México ha conseguido grandes avances en el derecho de acceso a la información pública, mejor conocido como transparencia. Los gobiernos del país también se han sumado a los propósitos del Open Government Partnership y las instituciones garantes del acceso a ese nuevo derecho se han fortalecido. No hay ninguna duda de que cada día se produce más información pública, se tiene un mejor acceso a ella y hay un mejor uso de los datos públicos. En contrapartida, los archivos y la gestión original de las decisiones tomadas en la esfera pública siguen siendo una promesa, las cuentas públicas –incluyendo la también prometedora armonización contable del país– son tan insuficientes como oscuras, la asignación presupuestaria sigue respondiendo a los patrones de discrecionalidad ya mencionados y los procesos de fiscalización siguen sin llevar a correcciones sustantivas de los errores advertidos en las auditorías. La transparencia ha sido favorable para encontrar y denunciar abusos y producir escándalos. Pero también puede ser una coartada para la corrupción sistémica: más información publicada, mejores portales electrónicos, transparencia focalizada e interactiva con usuarios calculados y mucha propaganda, a cambio de mantener intactos los procesos que originan y reproducen los abusos de poder para provecho propio.

10. Por último, la corrupción abre puertas favorables a la entrada y el ensanchamiento de los poderes fácticos. No sólo el crimen organizado sino los empresarios depredadores de cualquier naturaleza, pueden situar aliados a través de las candidaturas partidarias –como de hecho hacen–, exigir puestos de designación propicios a sus intereses –tal como sucede–, hacerse de contratos o de negocios millonarios –como ocurre de manera sistemática–, obtener concesiones y licencias a despecho de los daños que sus intereses puedan ocasionar a un amplio conjunto de la sociedad –como de hecho pasa–, eludir sanciones administrativas o la procuración de la justicia cuando traspasan las fronteras del delito –como ocurre con frecuencia–, entre un largo etcétera que convalida la vigencia de la corrupción. Este fenómeno es efectivamente cultural, porque las prácticas y los valores que prevalecen en nuestra organización política lo refrendan de manera sistemática.

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http://www.milenio.com/tribunamilenio/por_que_hay_tanta_corrupcion_en_mexico/corrupcion_mexico-transa_en_Mexico-corrupcion_13_364893508.html

¿Cuánto es mucho?

Luis  González de Alba

LUIS GONZÁLEZ DE ALBA – Narrador, divulgador y analista político.

¿Es México un país más corrupto que otros? Es un mal endémico en todos los países, dice Transparency International. Pero una cosa es Dinamarca y otra Afganistán. Lo repite el presidente Peña Nieto en su entrevista con periodistas por los 80 años del Fondo de Cultura Económica (que no versó sobre el Fondo ni sus publicaciones). No sólo tenemos la experiencia diaria, sino los índices publicados anualmente: estamos peor que otros países de Latinoamérica: Chile hace años nos supera en muchos aspectos, entre ellos transparencia. Sorprende más que en eso estemos peor que Perú y Brasil.

Compartimos con Perú los antecedentes virreinales que fueron causa del hundimiento de España como potencia mundial. El oro y la plata de Perú y México tuvieron dos destinos: las arcas de Isabel I de Inglaterra y las guerras contra los protestantes. Isabel I legalizó la piratería si no se atacaban barcos ingleses y se daba a la Corona un pago por la renovación de la llamada “patente de corso”; hoy lo llamaríamos “moche”. El corsario fue un pirata con permiso.

La riqueza que lograba llegar a las costas de España se iba a dos grandes rubros: las guerras de religión contra los protestantes y la construcción de iglesias y palacios. Para retener los Países Bajos las tropas españolas emplearon tales excesos que las madres holandesas todavía asustan a los niños con que “Si no te duermes va a venir el duque de Alba”… El trabajo era despreciado y así lo dicen algunos refranes. “Padre comerciante, hijo caballero, nieto limosnero” es el más claro: el caballero no incrementa su fortuna heredada, se vanagloria de no trabajar. Los nietos del comerciante no son luego industriales prósperos, son limosneros. La expresión “ganapán” es siempre despectiva: un ganapán es el que debe trabajar para ganarse el pan de cada día, lo cual no es virtud sino vergüenza. Inglaterra también despilfarró en guerras, pero invirtió en universidades e instituciones científicas que todavía son punta en todos los aspectos del conocimiento. Así el robo a los galeones españoles no quedó todo en bordados de perlas para la reina, sino en instituciones científicas que fueron esenciales para que surgiera la Revolución Industrial: el empleo del vapor y luego de la electricidad para la producción de bienes que los barcos ingleses llevaron por todo el mundo.

Pero México tuvo un lastre más inmediato. Y también lo tenemos acuñado en una palabra: carrancear: el robo a la población pacífica por las tropas de Venustiano Carranza. La Revolución de 1910 nos dio la convicción de que el pueblo, por ser pobre, podía tomar lo que gustara, para eso se había ido a la bola, a la Revolución. Así fue como los ancestros del PRI y éste hicieron del puesto público lo que en tiempos coloniales se llamaban “canonjías”. El joven canónigo recibía un pago por las buenas intrigas de su tío obispo y las obligaciones del cargo eran pocas y ligeras. Tuvimos una burocracia excesiva para hacer poco y las canonjías se convirtieron en aviadurías. El aviador llega nomás a cobrar y se va. Nada más en la SEP se han censado 40 mil.

El revolucionario llegó al puesto público con la certeza de que la Revolución “le había hecho justicia”, otra frase ilustrativa mexicana. Pero los salarios no enriquecían a nadie. Por eso mismo los trámites debían ser de tal forma engorrosos que no hubiera más remedio que repartir sobornos. No hubo derechos, sino favores. Los permisos y licencias, sin el aceite de la corrupción, nunca completan sus barrocos trámites. Los nicaragüenses acuñaron un buen término para eso: la piñata. Fue la rapacidad de los revolucionarios sandinistas que habían derrocado a Somoza.

Desde el poder, dominado por el PRI, se estableció una pirámide de cuotas que obligaba, hasta al raro funcionario honesto, a pagar al superior inmediato y éste al siguiente. Así fue como ser agente de tránsito de un cruce de avenidas tuvo un precio superior al de calles secundarias. Tener una patrulla era una inversión que debía luego recuperarse porque hasta las reparaciones debían pagarlas los patrulleros. En Pemex las plazas tuvieron, todas, un precio. En toda la burocracia se implantó el sistema piramidal de pagos, la compra del puesto y la necesaria recuperación de esa inversión entorpeciendo el servicio hasta que el solicitante entendiera que le faltaba el trámite principal: el regalo a quien debía firmar el acuerdo.

Este mecanismo tiene su origen en el partido que organizó a los revolucionarios, en la convicción de que el puesto público es un negocio privado. Esa herencia ha trasminado del PRI a todos los partidos que alcanzan puestos públicos. Y nos coloca en mucho peor situación que Uruguay y Chile, si bien mejor que Corea del Norte.

COMENTARIOS

HTTP://WWW.MILENIO.COM/TRIBUNAMILENIO/POR_QUE_HAY_TANTA_CORRUPCION_EN_MEXICO/LUIS_GONZALEZ_DE_ALBA-CUANTO_ES_MUCHO-CORRUPCION-CORRUPCION_EN_MEXICO_13_364293571.HTML

El pacto que nació roto

Eduardo  Bohórquez

EDUARDO BOHÓRQUEZ – Director de Transparencia Mexicana.

Empecemos desde cero. La corrupción es el abuso de la confianza de los demás para obtener un beneficio privado. La definición de corrupción incluye al ámbito público tanto como al privado. Si los vecinos de un edificio eligen entre ellos a un administrador y éste busca hacerse de ingresos adicionales distintos a los acordados, este vecino-administrador está traicionando la confianza social y obteniendo un beneficio privado. En una empresa, el ejecutivo que acumula bonos y beneficios mientras los accionistas pierden dinero, participa de la corrupción empresarial. En el ámbito público, la clase política incurre en corrupción cuando confunde la defensa del interés público con la defensa de sus intereses como grupo dominante. Se corrompen, pues, quienes traicionan la confianza de otros que esperan un tipo de conducta o decisiones apegadas a cierto marco normativo, formal o informal. Por ello la corrupción no es una conducta determinada exclusivamente por nuestros valores; es un conjunto de delitos de naturaleza económica donde el individuo valora lo que a su juicio le conviene más y pone sus intereses por delante –o en contra– de los del colectivo.

Nuestro país ha sido calificado reiteradamente como corrupto. En los últimos 15 años nos hemos estancado por debajo de la media tabla. México ocupa hoy la posición 106 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, muy lejos de países como Dinamarca, Finlandia o Nueva Zelanda, que ocupan los primeros lugares; pero también muy por debajo de Chile, que pese a compartir una historia colonial y una transición democrática reciente, se encuentra más de 70 lugares por encima de México.

Las explicaciones para esta imagen del país no pueden encontrarse, claro está, en el genoma de los mexicanos. Tampoco de forma exclusiva en la descomposición colonial previa a la gesta de independencia o en el anecdotario del México posrevolucionario. La corrupción no está en los genes de los mexicanos, ni anclada en la muy citada frase sobre la falta de respeto a las leyes coloniales: “Acátese, pero no se cumpla.” Quienes responden a las encuestas con las que se construyen estos índices basan su percepción en la experiencia concreta al tratar con presidentes municipales, al hacer negocios con hombres y mujeres que representan a empresas mexicanas, o al leer en la prensa nacional e internacional sobre los efectos de una sociedad que permite que se corroan sus estructuras políticas y económicas.

México tiene una sociedad y un gobiernos afectados por la corrupción porque no ha logrado establecer cabalmente un Estado de Derechos. Leyó usted bien. Estado de Derechos, en plural, y no de Derecho en singular. Porque no basta con que la autoridad mantenga el orden o promueva la aplicación de la ley para que los derechos se cumplan. También se necesita que las instituciones y los sistemas funcionen apropiadamente. Pensemos en nuestro adorado artículo 3º Constitucional, que garantiza educación de calidad para todos los mexicanos. Gastamos varios puntos del Producto Interno Bruto en educación, mucho más que otros países de la OCDE, pero seguimos hablando de escuelas en ruinas y telesecundarias sin energía eléctrica. El pacto social, la Constitución, no se cumple en la práctica, y los derechos se van transformando en privilegios: unos cuantos tienen acceso a educación de calidad y otros tienen que arreglárselas por cuenta propia. Y de forma todavía más cruda, hay quienes convierten los derechos en monedas de cambio políticas: si me apoyas en las elecciones tendrás agua y alumbrado público. O el reverso de la moneda: si quieres mantener tus privilegios, déjame seguir gobernando o dirigiendo tu empresa. El pacto social que cumplirá 100 años en 2017 en realidad siempre ha estado roto.

Ejemplos de la fractura del pacto social hay en abundancia. Desde el cubre-placas para evitar la foto-infracción, hasta el manejo de las relaciones obrero-patronales en Pemex, expresiones de una sociedad de privilegios y excepciones, y no de derechos generalizados para todos los mexicanos. Incluso nuestro lenguaje marca nuestras profundas diferencias, hablando con frecuencia de “ciudadanos de a pie”, cuando en una democracia sólo hay un tipo de ciudadanos.

Como en todo pacto quebrantado, ambas partes –sociedad y gobierno– buscan beneficios adicionales. Los mexicanos gastamos más en una tarde dominical en el cine que en pagar lo que cuesta el impuesto predial promedio. Y si a ello sumamos los numerosos amparos para no pagar el impuesto base del financiamiento de los servicios municipales, no resulta casual que México sea el país que menos predial recauda en toda la OCDE. Pagar el predial no significa acceder a servicios públicos de calidad, sino ser el vecino “ñoño” que sigue las reglas cuando podría gastarse esa misma cantidad en crecer su combo de palomitas.

Aquejada por una débil legitimidad, la clase política hizo poco por restaurar el pacto social. No sólo permitió que la corrupción invadiera a la administración pública, sino que fue tolerando otras formas de corrupción a cambio de protección e impunidad. ¿Con qué autoridad un policía de tránsito puede detener al hampón que usa un cubre-placas en su auto si todos sabemos que seis de cada 10 veces que un policía de tránsito interactúa con un particular no busca aplicar la ley sino llevarse una mordida?

El pacto social en México no va a restaurarse sólo con reformas políticas o con nuevas leyes. Se trata de establecer nuevas relaciones entre sociedad y gobierno. Relaciones donde al cumplir con las obligaciones se obtengan servicios públicos o trámites sencillos y eficaces. Hay ejemplos de que es posible hacerlo: la licencia permanente de tránsito en el Distrito Federal, el pasaporte o trámites basados en el concepto de gobierno electrónico. Para tener servicios públicos de calidad, el pacto social también supone una regulación efectiva del sector privado: que las tarifas correspondan a la calidad de los servicios y que las concesiones a particulares, en el transporte público, por ejemplo, se cumplan estrictamente. Para construir un auténtico Estado de Derechos, hace menos falta una agencia anticorrupción que sistemas que realmente funcionen. Y los mexicanos saben, como los finlandeses, los noruegos o los chilenos, que cuando los sistemas funcionan y los derechos se cumplen, la corrupción no sólo es inmoral, sino completamente prescindible.

@ebohorquez

Comentarios

http://www.milenio.com/tribunamilenio/por_que_hay_tanta_corrupcion_en_mexico/Eduardo_Bohorquez-corrupcion_en_Mexico-corrupcion-pacto_roto-abuso_de_confianza_13_364293569.html

Corrupción a dos manos

Carlos Silva

CARLOS SILVA – Historiador.

La corrupción de ningún modo es privativa del mexicano. El fenómeno ha existido en todas las culturas y en todos los tiempos, siempre que la especie humana ha buscado generar una realidad paralela a su circunstancia, una realidad simulada, para confrontar y burlar al régimen establecido. En nuestro país, sin embargo, ¿qué es lo que ha provocado su existencia, desarrollo y enraizamiento hasta convertirla de plano en signo de identificación cultural? Los especialistas han interpretado sus usos y costumbres desde diferentes enfoques. Durante el virreinato, por ejemplo, la importación de instituciones a la Nueva España, y con ellas de una burocracia poblada de todo tipo de ralea, de políticos y militares de ignominiosa moral y ambiciones desmedidas, amén de la distancia inefable con la madre patria, suscitaron un festín de negros. La tierra prometida para la explotación y el abuso. De hecho, las autoridades novohispanas hicieron su propio catecismo y manual de conductas al lema “Acátese, pero no se cumpla”, en referencia a lo ordenado por el rey y al incumplimiento del virrey y de las autoridades menores. Y entonces buena parte de la población (indígenas, criollos incipientes y mestizaje en general) vio la manera y los modos de evadir la opresión, el esclavismo, la subordinación, utilizando la burla, la omisión y la simulación.

La difícil transición de la Colonia al México independiente profundizó algunos de los rasgos corruptores en la sociedad mexicana, sobre todo como consecuencia de las endebles instituciones político-jurídicas en las que descansaba la república naciente, así como a raíz de las permanentes luchas intestinas por el poder (una constante en los dos primeros tercios del siglo xix), la profundización de la desigualdad social y la inconstancia del Estado a la hora de mantener la soberanía nacional.

Más adelante, el “apoderamiento del monopolio de la violencia” que vino con el porfiriato comenzó a permear los métodos de corrupción en los distintos mecanismos de gobierno, según especialistas como Douglass C. North y Stephen Haber, primero en los procesos informales y luego, ya de plano, en forma de “rentismo” (tráfico de influencias). Así llegamos al movimiento armado de 1910, que desató el canibalismo institucionalizado por el poder, hasta que durante los años de la posrevolución la repartición de riquezas y balas por parte de los victoriosos suprimió las repetidas asonadas. Entonces, como en los tiempos virreinales, volvieron las contundentes frases coloquiales que eximen, disculpan y sistematizan la corrupción (“Ese gallo quiere maíz”, “Nadie aguanta un cañonazo de cincuenta mil pesos”, “La moral es un árbol que da moras”, “El que se mueve no sale en la foto”, “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, “Un político pobre es un pobre político”, “La corrupción somos todos”, “Ponte la del Puebla”).

Hoy en día México aparece muy mal clasificado en los índices mundiales de corrupción. Como dije al principio, este fenómeno no tiene su origen exclusivamente en la culturanacional, pues esto implicaría negar la obligación institucional de combatirlo y la inercia natural del marco jurídico con el que nos regimos. Sin embargo, el cinismo con que se exhibe la corrupción ha perdurado y hasta nos identifica (de hecho, la “presumimos”), y tiene que ver con un carácter muy, muy particular que nos define, “un perfil del mexicano”. El 1920, durante una visita a México, el escritor español Vicente Blasco Ibáñez conversó con el general Álvaro Obregón. Un pasaje de dicha charla viene al caso para ilustrar, a modo de viñeta, ese perfil al que me refiero. Dice Obregón:

“A usted seguramente le habrán dicho que soy algo ladrón. Aquí todos somos un poco ladrones. Pero yo no tengo más que una mano, mientras mis adversarios tienen dos. ¿Sabe usted cómo encontraron la mano que me falta? Después de hacerme la primera curación, mis agentes se ocuparon en buscar el brazo por el suelo. Exploraron en todas direcciones, sin encontrar nada. ‘Yo la encontraré’, dijo uno de mis ayudantes que me conoce bien, ‘ella vendrá sola, tengo un medio seguro’. Y sacándose del bolsillo una [moneda], la levantó sobre su cabeza. Inmediatamente salió del suelo una especie de pájaro de cinco alas. Era mi mano, que al sentir la vecindad de una moneda de oro, abandonaba su escondite para agarrarla con un impulso arrollador.”

Denuncian a funcionario que trabaja para la Presidencia y también para Iberdrola

https://www.youtube.com/watch?v=jG-OvPqDilc

Por mexicano, ¿corrupto?

Eduardo Caccia

07 Sep. 2014 Buena polémica causó la declaración del Presidente sobre que la corrupción es cultural. En mi opinión sí tiene un componente cultural, pero no categórico; no somos corruptos por ser mexicanos (interpretación extrema al dicho presidencial. El problema no es que Peña Nieto tenga razón, sino que lo diga el presidente de México, pues se puede tomar como resignación étnica: así nos tocó ser).
La corrupción no sólo tiene componentes culturales, también biológicos. Imaginemos una pirámide dividida en tres secciones, en la base están los factores biológicos, en medio los culturales, y en la cúspide los individuales. Nuestro programa vital, lo que traemos “de fábrica” por ser seres humanos, nos impulsa a una búsqueda constante para maximizar los beneficios y consumar dos tareas: la sobrevivencia y la reproducción (territorios afines a cualquier organismo vivo).

Una persona que se corrompe en aras de tener dinero y poder, sin duda es motivada por conseguir los frutos que esto implica, con dinero y poder tendrá (presumiblemente) más atractivo reproductivo: será “mejor partido”, atraerá pareja igualmente atractiva, influirá en su tribu, podrá proyectar más de sus genes hacia el futuro (tener más hijos, educarlos y protegerlos) o facilitará la reproducción de sus pares. Biológicamente el fin justifica los medios. Pero no todo es comportamiento instintivo, el sistema cultural regula las decisiones, de modo que aunque instintivamente yo quiera algo, la sociedad me limita.

Un sistema cultural como el mexicano, promueve y alienta la corrupción, no quiere decir que no tengamos remedio, tristemente nuestro contexto da muchas veces más incentivos para ser corrupto que para no serlo (las verdades profundas de una sociedad afloran en su voz popular: “el que no es transa, no avanza”). Pero el individuo tiene la última palabra (aquí entran la ética y la moral).

El Presidente está obligado a ser ejemplo en materia de lucha contra la corrupción. Hoy nos habla del México que viene pero no pone énfasis en combatir lo que sigue siendo lubricante y engrudo del sistema (Alan Riding dixit).

He leído opiniones que sugieren incrementar el castigo para combatir la corrupción. Esta postura si bien es lógica, es limitada, según muestran los experimentos sociales. En apariencia, decidir entre cometer o no un acto de corrupción implica el análisis racional de calcular el potencial beneficio y restarle la potencial consecuencia. En apariencia, aumentar el costo de la consecuencia, disminuye el beneficio. El problema es que no es lo mismo ser acusado de corrupción, que ser castigado por corrupción (¿Montiel, Moreira, Gutiérrez de la Torre?). Un sistema con muchas puertas traseras (impunidad) es inmune a que se aumenten las penas.

Si concedemos que el estereotipo del mexicano responde al arquetipo humano, habrá que aceptar que lidiamos con tres grupos: un porcentaje que siempre será corrupto, otro que no es corrupto pero puede, bajo ciertas circunstancias, serlo, y un grupo incorruptible. La mayoría de las personas en una sociedad estamos en el grupo de en medio.

Requerimos una reforma anticorrupción que vaya más lejos de la transparencia, que impulse la meritocracia (un sistema que no premia por méritos es más vulnerable a la corrupción), que elimine la autojustificación (hay evidencia de que las personas serán corruptas mientras puedan justificar su conducta y su reputación. Por eso duelen las palabras presidenciales, suenan a autojustificación), que elimine los símbolos de corrupción: robarse la luz con un diablito, sobornar, copiar un examen, pedir moches, estacionarse mal, entre otros.

Mientras el Presidente hablaba el 2 de septiembre de ese México que “ya se atrevió a cambiar”, el Zócalo lo contradecía. Decenas de carros estacionados sin ser multados. Si preguntáramos a los dueños de esos vehículos si sienten o no culpabilidad, seguramente se justificarían. Después de todo, esa es la cultura, el instructivo con lo que justificamos lo que hacemos, como la corrupción.


Corrupción y competitividad

Juan E. Pardinas

07 Sep. 2014

La corrupción es el principal obstáculo a la competitividad económica de nuestro país. En menos de un mes tanto el Banco de México como el World Economic Forum, en dos estudios separados, llegaron a la conclusión que se resume en la frase que abre este artículo. ¿Cuáles son las principales consecuencias económicas de vivir y hacer negocios en un país corrupto?

Los profesores Liu, de la Universidad de Hong Kong, y Miskell, de la Universidad de Indiana (Public Administration Review, Vol. 74), adelantan dos conclusiones interesantes: las prácticas de corrupción probablemente aumentan el gasto público y distorsionan las prioridades presupuestales del gobierno. Las decisiones de inversión no están basadas en lograr el mayor beneficio social o incrementar la rentabilidad de las inversiones, sino en elevar la posibilidad de extracción de rentas. De acuerdo al estudio, en Estados Unidos, los gobiernos con más denuncias de corrupción tienden a gastar más dinero público en proyectos de construcción y carreteras. Estas grandes obras de infraestructura son más difíciles de vigilar y brindan mayores oportunidades para el chanchullo.

Otro investigador, Shang-Jin Wei, encuentra que en varios países la corrupción se ha convertido en un obstáculo importante para fomentar el intercambio comercial y atraer inversión extranjera. En mayo pasado, Petco y PetSmart, dos de las tiendas de mascotas más grandes de EU, anunciaron que cancelarían la compra de premios para perro fabricados en China. Hay indicios de que ciertos alimentos elaborados en este país podían estar provocando enfermedades graves a los animales. Las fábricas en China han demostrado tener débil supervisión gubernamental sobre los ingredientes de comida canina. Por esta debilidad en la inspección de alimentos para perros, probablemente asociada a la corrupción, este sector de la economía China ha perdido a uno de sus mejores clientes en el mundo.

La Ley de Prácticas Corruptas de Estados Unidos (Foreign Corrupt Practices Act) es una norma de aplicación extraterritorial que permite sancionar a cualquier empresa que cotiza en mercados de valores de ese país y comete actos indebidos en cualquier parte del mundo. La norma y el riesgo real de sanción han transformado la cultura de responsabilidad corporativa de muchas de las empresas más grandes de EU. La efectiva aplicación de esta legislación ha crecido de forma exponencial en la última década. En el año 2003, el Departamento de Justicia de EU presentó una sola acusación internacional por corrupción. Diez años después, en 2013, se abrieron 22 investigaciones distintas. De acuerdo con datos de la organización Trace International, la persecución de prácticas globales de soborno, en países distintos a EU, creció 71% entre 2012 y 2013. Gran Bretaña y Alemania están empezando a endurecer sus políticas extraterritoriales contra la corrupción. Si esta tendencia continúa, los países corruptos cada vez tendrán más problemas para hacer negocios con empresas afincadas en las economías más grandes del mundo. El reporte anual de Trace señala que las industrias extractivas, minería y petróleo, son el sector con más casos registrados de corrupción internacional entre 1977 y 2013.

Un empresario brasileño afincado en México me decía esta semana: el problema de la corrupción es que pervierte el modelo de negocios de una compañía, ya que el éxito no depende de la innovación, la eficiencia o la disposición a asumir riesgos, sino a los contactos directos con las autoridades correctas.

Las reformas de los últimos 20 meses nos presentan cambios, que hasta hace poco eran muy difíciles de imaginar. Disminuir la impunidad, el mayor incentivo institucional de la corrupción, implicaría potenciar el éxito económico de las demás reformas.


Vacío en leyes impide regular conflictos de interés de funcionarios

https://www.youtube.com/watch?v=kC2Y7W4jUak&list=UUafNntv_qTQB26AvbEQNHPw

¿Qué servidores públicos tienen el valor de hacer su declaración de interés?: Clara Luz Álvarez

https://www.youtube.com/watch?v=4bTPR4r4oXw&list=TLLmEGgQTSf_i94KlxyWLIjkizRUuIjFKE

Serpientes y Escaleras / Conflictos de interés

Salvador García Soto I Septiembre 11, 2014

http://www.24-horas.mx/serpientes-conflictos-de-interes/

Crear desiertos

Juan Villoro

Reforma. 12 sept. 2014. Hace unas semanas escribí sobre la propuesta de destacados científicos de que nuestra era geológica se bautice como “Antropoceno”. Así se reconocería el impacto del hombre en la naturaleza y la responsabilidad que eso conlleva.

Los atentados al medio ambiente se agravan en países donde las leyes de protección se cambian o violan a discreción. En su reciente encuentro con periodistas, Peña Nieto dijo que la corrupción es un problema “cultural”. Al modo del tequila y el ajonjolí, define nuestra identidad. De acuerdo con esta lógica, para no confundir lo público con lo privado habría que cambiar de tradición. Como eso llevaría siglos, no forma parte de la agenda para los próximos cuatro años de gobierno.

La respuesta del Presidente puso en duda el alcance de sus reformas. ¿De qué sirven 54 cambios a la Constitución si no se aplican legalmente?

Algo parecido ocurrió en el Senado. El panista Ernesto Cordero hizo una encendida defensa de la reforma de hidrocarburos y encaró a la prensa. La primera pregunta tuvo que ver con la corrupción. La perforación en aguas profundas traerá inversión extranjera de millones de dólares. ¿Será posible que quienes decidan las licitaciones sean ajenos a los intereses de los megaconsorcios petroleros, tomando en cuenta que la reforma no prevé suficientes candados para evitar el tráfico de influencias? Cordero respondió con absoluto candor: “Eso me preocupa mucho y voy a luchar para que no ocurra”. El senador se propone combatir los abusos de una reforma que los permite. ¿No sería mejor aprobar leyes que garantizaran mayor participación y vigilancia?

La corrupción no es un modo de ser, depende de las opciones concretas de ejercerla. No se combate con un dilatado proceso antropológico para cambiar usos y costumbres, sino con reglas y sanciones. Es un asunto técnico que depende de la voluntad política, no del carácter nacional.

En el publicitado afán de Peña Nieto de “mover a México” la impunidad no ha salido del equipaje. Veamos el caso ocurrido en el Estado de México, lugar de formación política del mandatario.
A partir del 1o. de octubre de 2013, el Nevado de Toluca dejó de ser un Parque Nacional. Desde 1936, los bosques, las cascadas y el volcán formaban parte de la extraordinaria red forestal creada por Miguel Ángel de Quevedo. El “Apóstol del Árbol” no se oponía al uso de fuentes de energía. Al contrario, los 38 parques nacionales que contribuyó a crear tenían como principio rector que las zonas boscosas garantizaran la afluencia de agua a las presas generadoras de electricidad. Este equilibrio permitía un desarrollo sustentable, que preservaba la naturaleza.

Con el decreto de Peña Nieto, sólo el 4% (mil 941 hectáreas) del antiguo Parque Nacional mantiene su condición de zona enteramente protegida. Las 51 mil 649 hectáreas restantes podrán ser explotadas de distintos modos.

El problema venía de lejos porque el Parque Nacional no estaba bien protegido y ahí se practicaba la agricultura y la explotación de maderas. Sin embargo, en vez de recuperar la zona de manera integral, se optó por “normalizar” el daño que ya se hacía y por abrir nuevas posibilidades de deforestación.

Los escurrimientos del Nevado alimentan de agua a Toluca y parte del Valle de México. Su afluencia sólo es comparable a la de los ríos Lerma y Balsas. El decreto de Peña Nieto vulnera el ecosistema en aras de generar “riqueza”.

Estamos ante la pérdida de un insustituible territorio que garantizaba la biodiversidad, el asentamiento del suelo y la precipitación fluvial. El nuevo decreto permite la ganadería, la agricultura, el turismo y la “construcción y mantenimiento de infraestructura pública o privada”.
Quienes piensan que el Fondo de Cultura puede ser sustituido por Walmart, tal vez consideren que un Parque Nacional no sirve porque no es negocio. La paradoja es que buscar el “aprovechamiento” del bosque logrará que deje de ser un bosque.

“Con usura no hay casa de buena piedra”, escribió Ezra Pound. En el México reformista las leyes parecen ser una molestia. Un excepcional decreto que tenía pleno sentido desde 1936 se modifica en nombre del dinero. La naturaleza se convertirá en un fraccionamiento “alpino” y más tarde en un desierto. Una metáfora de las reformas.

En 2016 un grupo de científicos decidirá si el impacto del hombre sobre la naturaleza ha sido suficiente para determinar una nueva era geológica. Nuestra particular manera de contribuir al ecocidio pasa por el abuso y la corrupción, no por la cultura.

Corrupción sistémica

COLABORADOR INVITADO / Ernesto Canales

Reforma, 12 sept. 2014. Existe en el país un clamor, casi en forma de grito, de que se debe acabar con la corrupción, al mismo tiempo que se practica de manera generalizada y escandalosa.

Individualmente, ¿qué podemos hacer para modificar la omnipresente ilegalidad sin inmolarnos en el altar de la patria, ni hacernos haraquiri contra nuestros propios intereses?

Es utópico pedir en México no entrarle “al moche”, por lo que implica de pérdida de oportunidades y ganancias.

También lo es por los daños colaterales que se causan a personas cercanas, me refiero, por ejemplo, a la familia, en casos de extorsión o chantaje.

¿Cómo va ser condenable que en un secuestro se pague el rescate?

¿Dejar pasar licitaciones, permisos o autorizaciones gubernamentales por no cubrir “una cuota”? ¿Pagar fracción del monto de multas o recargos?

¿Cuánto vale una Orden de Aprehensión que permite meter a la cárcel a alguien y chantajearlo al máximo? ¿Cuánto por ganar un terreno o abrir un Casino?

La lista de posibilidades de corrupción entre nosotros es prácticamente igual a la gama de actividades a desarrollar, por eso bien se dice en México: “La corrupción somos todos”.

Sin embargo, no deja de ser una gran ironía que paralelamente a esta práctica generalizada exista un reconocimiento de que es perniciosa para el país.

Los tres problemas más grandes de México son: corrupción, corrupción y corrupción, dice el ex Presidente Zedillo.

Organismos internacionales califican al país con un índice vergonzante en este campo y sostienen que inhibe inversiones y turismo.

Curiosamente Peña Nieto, que sí propone con énfasis el Estado de Derecho, no enfrenta la corrupción con una fuerte condena, como si desconociese que es la principal causa de esta falta de Estado de Derecho; reflexiona, por el contrario, que es “casi humana”.

Como ciudadanos, individualmente considerados, ¿permitimos que el país continúe navegando en el mar de la corrupción, y nosotros con él, o tratamos de parar las perniciosas y malévolas distorsiones que causa, muchas veces de manera grave, irreversible, y hasta en contra nuestra?

Esta pregunta es clave dado que no es lógico esperar que el Gobierno acabe con la corrupción, porque, a pesar de que es su responsabilidad y tiene los medios para conseguirlo, también quienes lo integran son sus beneficiarios: no es dable que el cáncer se cure solo.

¿Qué hacer si personalmente nos molesta vivir inmersos en un sistema corrupto?

Hay que formar grupo, con otros como nosotros igualmente inquietos, para trabajar en segmentos de actividad proclives a la corrupción con el fin de eliminar sus causas de origen; es reconocer que el sistema es más potente que las personas y que sólo unidos, estratégicamente, podemos impactar el cambio.

Hoy podemos resaltar una realidad de la vida política de México: la sociedad civil organizada puede motivar y convencer a la autoridad para que tome medidas trascendentales de transformación social.

Han sido asociaciones de profesionales y altruistas las que pusieron en la discusión pública el tema de la Reforma Penal de los Juicios Orales, resaltando las fallas de las leyes y la forma de corregirlas.

Sin esta participación civil no estaríamos en posibilidad ahora de eliminar un buen trancazo de tremendas injusticias causadas por la corrupción.

Las quejas y los gemidos de cafés, bares y publicaciones hay que “corporizarlos”, que formen multitud de acciones estructuradas, creando, en las iglesias de la política, coros sonoros de cambio social.

La sociedad civil, si se organiza, puede rescatar de la corrupción sectores de la vida nacional; es imposible que partidos o autoridades se impongan esta tarea, pues el sistema nacional de corrupción es más fuerte que los que lo componen.

¿Se podrían imaginar la fuerza de un grupo ciudadano conformado para mostrar los dientes de la ley electoral en cada caso de gasto ilegal de campaña?

Al sistema corrupto únicamente lo pueden enfrentar individuos que organicen a la sociedad civil para efectos de modificar conductas públicas.

Dejemos de quejarnos y decidamos actuar en conjunto, con perseverancia, en vez de aceptar la reflexión presidencial de caer en la categoría de sólo “casi humanos”, ¿no?

El autor es presidente de Renace.

LA CORRUPCIÓN Y LA REFORMA ENERGÉTICA

Excélsior, María Amparo Casar 17/09/2014

A Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo.

A unas horas de que comience a echarse a andar la Reforma Energética, vuelve con fuerza el tema de la transparencia, la corrupción y la impunidad. El efecto de la corrupción es tan corrosivo que puede echar por la borda los propósitos declarados de la Reforma Energética: un mercado competitivo que produzca más hidrocarburos y más electricidad a mejores precios, que se convierta en detonador de un mayor crecimiento de la economía y que fortalezca las finanzas públicas. Si la corrupción acompaña a la apertura del sector energético no habrá la competencia deseada ni los resultados esperados. Lo único que ocurrirá es que los frutos de la corrupción se distribuirán de manera distinta.

El miedo a que se caiga en prácticas de corrupción es válido a pesar de que, después de 75 años, está más que probado que el monopolio estatal del mercado energético no tiene cartas credenciales que mostrar en materia de honestidad y que los frutos del petróleo han servido más para fomentar la pereza fiscal del Estado y para otorgar privilegios que para impulsar el desarrollo. Está más que probado, también, que la mayoría de las naciones que poseen materias primas valiosas que les proporcionan una renta “natural” como el petróleo suelen manejar el recurso con poca pulcritud y eficiencia.

El cambio en la estructura de propiedad —de estatal a mixta o de estatal a privada— tiene el potencial de transformar esta situación, pero nada lo garantiza. Primero porque la corrupción, como casi cualquier mercado, se rige por la oferta y la demanda y no es un fenómeno privativo del sector público. Y, segundo, porque la intervención del Estado no desaparece con la eliminación del monopolio estatal en el mercado energético.

La competencia de mercado, la apertura a la inversión extranjera y el manejo de las empresas con criterios técnicos y económicos en lugar de políticos debiera provocar, al menos en teoría, la transparencia y la vigilancia en todos los tramos de un sector productivo. Se supone que los agentes privados estarán interesados en evitar los actos de corrupción, pues estos aumentan los costos, disminuyen las ganancias y afectan la justa competencia. Si la fuerza motriz de los empresarios es obtener el mayor volumen de ganancias por la inversión realizada, ellos deberían ser los primeros en intentar controlar la corrupción. Desgraciadamente esto no siempre es así. Existen, desde luego, delitos de corrupción que sólo involucran transacciones ilegales entre servidores públicos, pero la mayoría enlazan a un servidor público y a un agente privado. El uno muerde utilizando su poder y, el otro, se deja morder pensando en aumentar sus ganancias.

Por necesidad, por costo de oportunidad o por conveniencia, los inversionistas privados se han vuelto parte del ciclo de la ilegalidad. Los empresarios se quejan de la corrupción, pero la procuran y al menos un sector de ellos ha sido beneficiario de la misma.

El recurso del mercado al problema de la corrupción ya ha sido probado y no ha sido la solución. Hoy en México hay pocas industrias en manos del Estado y aun así nuestro país es ejemplo de una interminable sucesión de casos en los que los funcionarios de los más diversos niveles usan su poder de manera legal o ilegal para dar ventajas a ciertos agentes privados en ciertos sectores productivos; ventajas que se traducen en ganancias extraordinarias; ventajas y ganancias que, de otra manera, no podrían siquiera soñar. Si es de manera legal, lo hacen a través de concesiones, regulaciones o exenciones con nombre y apellido. Si es de forma ilegal, lo hacen a través de información privilegiada, de tráfico de influencias, de comisiones, de concursos amañados, de asignación de contratos, de facturaciones fraudulentas, de compras infladas…

El Estado mexicano seguirá interviniendo en el mercado. Lo puede hacer para corregir las fallas del mercado o para seguir fomentando las rentas o superganancias. Lo puede hacer para frenar los abusos y distorsiones del mercado o para reproducirlos y aumentarlos. Lo puede hacer para fomentar la transparencia, promover la competencia, evitar la corrupción y acabar con la impunidad o para mantener la opacidad, concentrar el mercado, seguir siendo parte de la corrupción y solaparla. Lo puede hacer por la vía legal: a través de favorecer a ciertos grupos, otorgar exenciones fiscales o regulaciones a modo. O, por la ilegal: perpetuando la corrupción.

Después de la reforma constitucional y de la emisión de las leyes secundarias, en materia energética el Estado seguirá encargado de formular las regulaciones, de establecer las instituciones reguladoras, de vigilar que las normas se cumplan y de castigar las desviaciones. Para ello necesita buenas normas, buenas instituciones, buenos reguladores y buenos enjuiciadores. No está fácil.

LA CORRUPCIÓN

Roger Bartra

23 Sep. 2014

¿La corrupción es en México un problema cultural o institucional? Durante una entrevista con varios periodistas el 19 de agosto pasado el presidente Peña Nieto hizo una afirmación inquietante cuando dijo que la corrupción es un fenómeno cultural, alojado en la naturaleza humana y, se entiende, en el carácter de los mexicanos. Así, la corrupción, como ya nos había enseñado Cantinflas, es parte de la identidad nacional. Se trata de un tema que ha sido muy debatido desde hace mucho tiempo. Hay quienes, en contraste con la opinión de Peña Nieto, están convencidos de que la corrupción es un problema de carácter institucional. El Presidente, en cambio, parece preferir el pausado proceso educativo antes que la aplicación de una reforma institucional inmediata para perseguir la corrupción.

Yo creo que ciertamente son necesarias obras de ingeniería institucional, pero que éstas sólo pueden arrancar con vigor una vez que se haya sedimentado una cultura cívica sólida. Desde luego, es necesario defender las instituciones que deben estar en la base de lo que Jürgen Habermas llamó un “patriotismo constitucional”. Pero no es saludable un “patriotismo institucional” ligado a una estatolatría que rinde culto a toda clase de instituciones, como el PRI, la familia tradicional, la iglesia, el Senado, los usos y costumbres indígenas, las escuelas rurales, el ejido o Pemex, para solamente citar algunas. A fin de cuentas, la corrupción en México también es una institución.

En nuestro nuevo contexto democrático la legitimidad política no puede fundarse en la traducción de culturas populares más o menos inventadas en esa unidad ficticia llamada “identidad nacional”. Las opiniones expresadas por Peña Nieto, que han vuelto a agitar la polémica sobre el tema de la corrupción, parecen decirnos que para superar las costumbres corruptas impresas en el alma del mexicano serían necesarios por lo menos varios decenios, y acaso siglos. Por ello más vale no enfrentar el problema durante su gobierno. La otra opción podría ser la de impulsar las instituciones para que, con una voluntad renovada y acaso nuevas leyes, persigan y castiguen con firmeza los actos de corrupción. El problema parecería radicar en que la voluntad para aplicar las normas propias de un Estado de derecho requiere de una cultura cívica decididamente orientada a combatir la corrupción.

¿Estamos ante un círculo vicioso sin salida visible a corto plazo? No lo creo. Es cierto que se suele requerir de un largo tiempo para cambiar la moral y las costumbres que un nacionalismo viciado pareciera haber implantado en el carácter del mexicano. Pero este largo tiempo ya ha transcurrido y me parece que hoy una gran parte de la sociedad civil rechaza las prácticas corruptas. El cambio cultural ya ha ocurrido, aunque sea de manera incipiente. Sin duda tardó muchos años en llegar, pero ya está aquí. El cambio en la cultura política se inició en 1968, cuando una buena parte de la sociedad comprendió, gracias al movimiento estudiantil reprimido, que era necesario abrir nuevos cauces. Fueron necesarios más de 30 años para que los cambios comenzasen a cristalizar. Hoy la transición cultural hacia una civilidad nueva ya se encuentra avanzada, como se puede ver en el hecho de que se ha logrado establecer, aún en forma precaria, un sistema democrático. Esta transición ha implicado una profunda y larga crisis de la vieja cultura nacionalista revolucionaria que, entre otras muchas cosas, era una constelación de costumbres viciadas y de prácticas corruptas asociadas al autoritarismo del antiguo régimen priista del que proviene Peña Nieto.

El problema hoy consiste en encontrar la manera de aprovechar esa base cultural aún endeble para dar el salto a una institucionalidad capaz de combatir la corrupción con eficacia. No moverse y esperar que el lento goteo de la educación erosione las viejas costumbres sería una verdadera imprudencia. Ya existe un México nuevo que puede servir de palanca para actuar. Pero si no se actúa hoy de manera decidida los viejos hábitos pueden restaurarse. La urgencia es más evidente ante la llegada de inversiones privadas, nacionales y extranjeras, en el sector petrolero, gracias a la reforma energética. Estas inversiones no llegarán en forma pura ni serán inmunes a la corrupción. Por ello son indispensables cambios drásticos que permitan atajarla.


Adiós a la Comisión Nacional Anticorrupción

http://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/2014/10/03/984935

‘La Dictadura Perfecta’… en el Senado

https://www.facebook.com/video.php?v=10152782486643827&fref=nf

2 ‘P’s’ pendientes

Denise Dresser

Las dos “P’s” que nos persiguen, nos acechan, nos recuerdan lo que no funciona y lo que falta por hacer. Nuestros grandes pendientes que nadie quiere tocar. O cambiar. O modificar. O encarar. Esos terrenos prohibidos de la política pública que explican en gran parte los problemas perennes de impunidad y violencia. La Procuraduría y la Policía. Dos brazos del Estado que deberían caminar de la mano de la ciudadanía pero acaban estrangulándola. Procuradores politizados y sometidos junto con policías mal entrenados, sin reglas explícitas para normar su actuación. Dos instituciones que reformas mal pensadas no alcanzan a modernizar lo suficiente para que sirvan a la población y no a la clase política.

Demostrado en tiempos recientes por la parálisis de Jesús Murillo Karam frente a las denuncias -no atendidas- sobre el comportamiento del alcalde de Iguala, o su involucramiento tardío en el caso de Tlatlaya. Demostrado por la brutalidad de la policía en Ayotzinapa. Una intervención ilegal en la que tres normalistas terminan asesinados. Un ataque inexplicable en el cual la policía dispara contra civiles sentados en un autobús. Un desenlace fatídico en el cual la policía entrega a 43 detenidos al crimen organizado. Y la crítica se ha centrado en todo lo que Ángel Aguirre debió saber y no supo, debió responder y no respondió. Y en la perplejidad de un gobierno federal que no sabe cómo responder ante la dimensión de lo ocurrido. Y en el presidente municipal de Iguala coludido con Guerreros Unidos. Y en los cadáveres que las 19 fosas arrojan, pero no los que estamos buscando. Críticas importantes pero insuficientes.

Porque la raíz del problema tiene que ver con los procuradores y con los policías. Procuradores sin autonomía para investigar y policías sin estándares profesionales para aprehender. Procuradores que no actúan porque no tienen permiso político del Presidente para hacerlo y policías que no saben cómo detener a alguien, cómo interrogarlo, ya que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla estos temas. Lagunas y huecos y vacíos que nuestras leyes no quieren o no pueden contemplar. Llevando así a procuradores que no procuran justicia y a policías que no entienden de qué manera asegurar la ley y el orden. Policías como la de Cocula, donde alguien cambió las bitácoras de operación de las patrullas y las actividades de los agentes. Donde alguien modificó los números de las unidades para tratar de ocultar su participación.

Y por ello no importa que Enrique Peña Nieto haya declarado que su gobierno “emprendió labores de coordinación con las instancias de procuración de justicia (…) para el debido esclarecimiento”. De nada va a servir esclarecer los hechos si no se modifica profundamente la dinámica que los produjo. La impunidad sin fin generada por procuradores que no son autónomos y policías que no son profesionales.
Jesús Murillo Karam es producto de ese modelo -basado en la subordinación política de la PGR- y por ello no debe ser procurador cuando entre en vigor la reforma a la institución que preside. Un funcionario omiso que nunca investigó en el pasado no lo va a hacer en el futuro, sobre todo cuando fue nombrado por el Presidente y, según la nueva ley, todavía puede ser despedido por él. Un funcionario indolente que ignoró las señales en Ayotzinapa no tendrá la capacidad para entenderlas más allá de ese lugar. Un funcionario ineficaz que encuentra 19 fosas pero no 43 normalistas no podrá lidiar con las que seguramente vendrán. Un funcionario cuyo comportamiento siempre estuvo regido por imperativos políticos y partidistas no sabrá cómo actuar con la autonomía que la nueva ley le exige, ni entenderá los controles técnicos y legales a los cuales se debería someter. Nació y creció atendiendo las peticiones del Presidente y hoy no sabe cómo mover un dedo sin su aprobación.

En cuanto a la policía, entregó a 43 normalistas al crimen organizado porque actuó como aquello en lo que se ha convertido en este país. Actuó como una fuerza mercenaria que se vende al mejor postor. Y eso no cambiará si no hay un buen posicionamiento salarial y técnico. Si no hay una buena ley nacional que obligue a la policía a documentar y hacer públicas sus interacciones con los ciudadanos, durante su aprehensión e interrogatorio. Si no hay un esquema de servicio civil apropiado con incentivos adecuados. Porque si no logramos eso, las 2 “P’s” pendientes seguirán siendo sinónimos de delitos impunes y detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales y fosas clandestinas. Sinónimos de podredumbre.

Consenso e impunidad

Jesús Silva-Herzog Márquez

Tras la tragedia de Iguala se desata la competencia de la irresponsabilidad. El gobernador describe el problema como municipal y grita que el centro lo ha abandonado; la Federación apunta a los gobiernos locales. Nadie asume la responsabilidad de lo sucedido. No es difícil ubicar en la impunidad, el origen de la barbarie. Los delitos sin castigo se propagan. Hay una filosofía política detrás de la impunidad: el consenso. La impunidad no es resultado simplemente de la incompetencia de nuestro sistema de castigos. Es consecuencia de una estrategia que anula los equilibrios, suprime los antagonismos y convierte a toda la clase política en cómplice. Aliados, se llaman.

El consenso, esa idea amistosa de la política, subordina cualquier rivalidad al cultivo del interés común. Las diferencias deben silenciarse y las infracciones esconderse. Como nadie está libre de culpas, nadie ha de señalar a los pillos. En tiempos de la hegemonía priista esta política de amistad fue esencialmente un acuerdo de protección entre las distintas fuerzas que componían la compleja alianza partidista. Servir al régimen era resolver las diferencias con discreción y esparcir ampliamente los beneficios del poder. La corrupción fue el alimento cotidiano de ese consenso. Lejos de recurrir a la represión, el autoritarismo distribuyó favores, entregó premios, ocultó trampas para cultivar apoyos y cómplices. El régimen de la amistad aplicó la ley para distribuir privilegios, beneficios y amenazas. Bajo ese sistema, la ley no podía ser leída con la frialdad de lo implacable. Por el contrario, era una cinta maleable para negociar. Para los aliados habría siempre una interpretación favorable, una lectura benéfica que refrendara el pacto. Las relaciones políticas eran el mejor alegato judicial. Más bien: las relaciones políticas eran el alegato que anulaba el escenario judicial.

El Pacto por México fue la restauración de ese modelo consensual. Si había un aire restaurador en la iniciativa, estaba precisamente en ese extraño clima de colaboración que borró por algún tiempo las disidencias y anuló a las oposiciones. Durante un par de años el régimen democrático abrió un paréntesis a los equilibrios del antagonismo para entregarse a la causa de las reformas. Esa interrupción de los contrapoderes no ha sido irrelevante y creo que tiene una seria responsabilidad en la perpetuación y agudización del clima de violencia que padecemos. El Pacto por México no debe medirse solamente por lo que produjo en el terreno legislativo, sino por lo que provocó en el ámbito de la ilegalidad. Se han subrayado, con razón, los productos constitucionales y legislativos de esa vasta alianza reformista que nació con el gobierno de Peña Nieto. Debemos ahora registrar el impacto que tuvo al alentar los abusos con patrocinio partidista. Jorge G. Castañeda y Carlos Puig lo han advertido recientemente. Al apostar al acuerdo reformista, el gobierno de la República estuvo dispuesto a olvidar todo reclamo a la administración anterior y a eliminar toda fricción con los partidos de la alianza. Recordar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la administración de Felipe Calderón habría puesto en peligro la negociación con el PAN. Advertir la connivencia de los gobiernos perredistas con la delincuencia organizada habría arriesgado el diálogo con el ala negociadora de la izquierda.

El gobierno federal y, en particular, la Procuraduría General de la República, tienen que responder por qué no actuaron en contra del alcalde perredista de Iguala cuando había muchos testimonios que mostraban su vinculación con el crimen organizado. El programa de Denise Maerker llegó a registrar esas denuncias. El procurador mismo las escuchó directamente… y nada hizo. El gobierno estaba negociando la reforma fiscal con el partido que había postulado al presidente municipal de Iguala y prefirió desatender las evidencias.

El Pacto por México puede verse hoy con claridad como un pacto de complicidad. La justicia nuevamente subordinada a las estrategias de la política. Que la fascinación por la eficacia política de Peña Nieto termine trágicamente con los homicidios y las desapariciones de Iguala no es, a mi entender, casualidad. Aquella eficacia estaba cimentada en un acuerdo tácito de impunidad cuyo desenlace nos horroriza hoy. Si ese pacto de impunidad no formó parte del texto, fue componente esencial de su interpretación.

Auténtica solidaridad

Miguel B. Treviño

La indiferencia ante el dolor de los otros profundiza las divisiones, alimenta el resentimiento, nos debilita como sociedad, cancela la posibilidad de rescatar algún bien colectivo de la tragedia.

Es momento para la solidaridad con los mexicanos que han perdido familiares en la ola de violencia que viven algunas regiones del país.

Puede empezar con un gesto -una marcha, un desplegado, una velada de oración-, pero si termina ahí, este acompañar al que sufre no es mucho más que una palmada que dice: “mala suerte: te tocó perder en esta ruleta de la muerte que son Guerrero, Michoacán, Tamaulipas…”.

La solidaridad auténtica es trabajo.

Es compromiso en lo concreto para modificar el caldo de cultivo de la violencia. Es asumir nuestro papel como parte del Estado en su obligación de someter a la barbarie.
Puede sonar contra intuitivo, pero pretender que el país se nos desmorona con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no tiene nada de solidario.

En un par de meses comprobaremos que las protestas disminuirán y la clase política volteará la mirada al 2015.

Las desapariciones forzadas, los asesinatos impunes, el abuso de autoridad y la falta de presencia del Estado en su tarea pacificadora seguirán siendo la norma, no la excepción.

Es falso que nuestras instituciones “están a prueba”, como afirmó el presidente Peña Nieto. Nuestras instituciones ya presentaron el examen y están reprobadas.

No sólo son los casos dramáticos de San Fernando, Tlatlaya, Iguala; son también los cientos de actos criminales que vivimos todos los días y para los que no hay respuesta.
En la lógica de la necesidad de respuestas excepcionales -renuncias, enviados, pactos- Iguala 2014 se llamará de otra manera en 2016 y 2018.

Las instituciones se construyen en otra frecuencia, en la necesidad de establecer buenas rutinas para los órganos del Estado, en protocolos que se cumplen, en la profesionalización de los actores en la cadena de la seguridad y la justicia, en reacciones predecibles e imparciales ante quien viola la ley.

¿Por qué reprueban nuestras instituciones?

Porque en Iguala, como en la inmensa mayoría del país, los policías reaccionan a como se les ocurre: con resentimientos, enojo, miedo, como dicte el capo en control de la corporación o como ordene el alcalde en turno.

Seguimos siendo un país sin policías, nuestro sistema de justicia está en quiebra y la narcopolítica ha ido ganando terreno en buena medida porque el combate a la corrupción no está en la agenda de este gobierno, como no lo estuvo en el de Calderón.
¿Queremos construir instituciones?

Hay tres retos cuyo abordaje es indispensable.

1. Tomarnos en serio y darle toda la profundidad que necesita el proceso de certificación policial. Los avances hasta ahora han sido cosméticos, el progreso en las pruebas de control de confianza es ficción porque las autoridades federales y estatales se limitan a aplicar pruebas y dejan que cada municipio haga lo que se le antoje con los resultados. No hay suficientes mecanismos de control interno en las corporaciones.
2. La Constitución nos ordenó en 2008 tener un nuevo sistema de justicia penal funcionando para 2016. No lo tendremos. Lo saben el gobierno federal y cualquier conocedor de la materia, pero en lugar de reconocerlo, unos y otros, funcionarios federales y gobernadores, se limitan a cumplir con formalidades.

3. La narcopolítica existe porque las complicidades y omisiones se dan en cascada. Ángel Aguirre frente al alcalde de Iguala, pero también el gobierno federal frente a los estados.

Mientras cada gobernador mantenga las aguas de su estado más o menos tranquilas y trabaje como aliado del Presidente, lo demás es lo de menos. Los vínculos con el crimen o los negocios turbios de gobernadores y alcaldes, cuando no se quieren ver, no se ven.

Frente a la realidad de Guerrero de fosas y palacios en llamas, probablemente la respuesta solidaria de todos los mexicanos no está en empatar el drama: lo solidario está en que asumamos la aburrida responsabilidad de construir instituciones.

Más fosas que certezas

TOLVANERA / Roberto Zamarripa

“Muchachitos de Colombia: Ustedes han tenido la mala suerte de nacer, y en el país más loco del planeta, no le sigan la corriente, no se dejen arrastrar por su locura. Pues si bien la locura ayuda a sobrellevar la carga de la vida, también puede sumarse a la desdicha”, decía hace 14 años el escritor Fernando Vallejo al clausurar un encuentro literario en Bogotá.

En este octubre que corre, los muchachos mexicanos han salido a las calles indignados por la locura de los poderes, electos y fácticos, que mandan. Igual del Poli que de la UNAM, del ITAM que de la Ibero, del Tec que de la Normal Rural.

El malestar juvenil encontró en la conmiseración y enojo por Ayotzinapa la condensación de las incertidumbres por el futuro. De #YoSoy132 a Ayotzinapa no hay reconcilio. No creen en los partidos y están, como muchos otros sectores de la sociedad, decepcionados de las instituciones.

“La patria que les cupo en suerte, que nos cupo en suerte, es un país en bancarrota, en desbandada. Unas pobres ruinas de lo poco que antes fue. Miles de secuestrados, miles y miles de asesinados, millones de desempleados, millones de exiliados, millones de desplazados, el campo en ruinas, la industria en ruinas, la justicia en ruinas, el porvenir cerrado: eso es lo que les tocó a ustedes. Los compadezco. Les fue peor que a mí”, expresó entonces Vallejo, nacido en Medellín, Colombia, nacionalizado mexicano.

Iguala, México, muestran que a los muchachos mexicanos puede irles peor que a los colombianos. Quizás lo huelen, por eso su respuesta.

···

La paradoja define el delirio. “Los queremos vivos”, dicen todos a coro y la solución es escarbar y sumergirse en lagunas con buzos para buscar donde están los muertos.

La búsqueda de los 43 muchachos de Iguala es una extenuante confesión de parte. Avisa el hedor. El escombro, la tierra removida, las puntas de huesos carcomidos son los datos del poder criminal. Entre más se escarbe, más poderoso se muestra. Entre más fosas, más impunidad.

Y hay más fosas que certezas. Es el país. Querían del subsuelo la riqueza y han encontrado la desesperanza. Querían perforar para que de la profundidad brotara lo moderno, el próspero porvenir, y terminaron escarbando tres metros para toparse con la premodernidad, que de pura muerte regada está más que viva.

···
Mucha negociación y poca decisión. La (mala) negociación se convirtió en un medio de posposición, no de solución.

El gobierno federal y todos los pactantes enfrentan consecuencias de sus pactos mal terminados. En las Cámaras, con los estudiantes, con empresarios. Pequeños y grandes convenios. En Michoacán se convino hasta con líderes criminales. Incluso se les uniformó.

Los políticos locales también, a su modo, negocian. Usan su cargo para favorecer protecciones y recibir pagos a cambio.

La barbarie de Iguala fue ordenada por el crimen organizado, según la PGR. Y la lógica de la narcoguerra es el poder y la venganza. Derrotar a la traición.

¿Quién falló? ¿Quién traicionó el pacto? En el código criminal la brutalidad de la venganza tiene el tamaño del agravio. Y en Iguala los efectos son demoledores. La barbarie no amenazó a un cártel rival. Arrastró al gobierno municipal, hizo añicos al estatal y amenaza la estabilidad del gobierno federal. Levantó a los estudiantes, indignó a la sociedad. Trajo condena mundial. Abrió las grietas del país.

···
Luis Hernández Navarro recordó cómo tras cada matanza en Guerrero surge una guerrilla. Ocurrió en 1962 con Genaro Vázquez tras una masacre en Iguala; en 1967 en Atoyac con Lucio Cabañas o con Aguas Blancas en 1995 que dio paso al EPR.

“Lo que no se aguanta es que se haga una matanza, eso sí no se puede aguantar”, decía Lucio Cabañas, conforme cita Hernández Navarro. (“Ayotzinapa, entre el dolor y la esperanza”. La Jornada, 14/10/14).

Guerrero tiene historia propia. Cierto, los hechos son irrepetibles. Pero a los amagos los subleva el cinismo, la falta de respuesta, la ineptitud. El campo es otro. Camposanto y campo fértil. Iguala es cuenta regresiva.

EL LECTOR ESCRIBE / ¿Preocupados?

Juan Carlos Pérez Salas C.

“Después de ahogado el niño…”, diría mi abuela a Carlos Navarrete y Alejandro Encinas por sus declaraciones respecto a los candidatos que propuso su partido a la gubernatura de Guerrero y la alcaldía de Iguala, para montarse en el poder. Hoy aparentan gran preocupación por los desaparecidos, cuando no hicieron caso de las protestas internas ante las imposiciones del Peje para las designaciones electorales. Continuando con el oportunismo político, seguirán lucrando con las víctimas.

Juan Carlos Pérez Salas C. México DF

¿Por qué hay una impunidad tan arraigada y de pronto asimilada en México?- Aristegui

https://www.youtube.com/watch?v=98oxfv9reNU

Diseño institucional propicia impunidad; corruptos deben estar en cárcel no en gobierno: Anaya

https://www.youtube.com/watch?v=986t3FXbiXw&list=UUafNntv_qTQB26AvbEQNHPw

Los sistemas que vacían a México

AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer

· CARACTERIZACIÓN

“El PRI creyó que podía administrar el infierno”. Esta explicación de Javier Sicilia de nuestro tiempo político es difícil de rebatir (El País, 19 de octubre).

Ya se ha sugerido aquí que el sistema político mexicano es hoy un híbrido, mezcla del montado por el PRI el siglo pasado -la “dictadura perfecta”- con elementos nuevos que, a su vez, son un amasijo de ingredientes positivos y negativos. Lo positivo es el mayor pluralismo político, pero lo negativo es la firme implantación del crimen organizado y la consecuente descomposición política y social en estados como Guerrero, Michoacán, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, entre otros.

Y es que el impulso democrático que alcanzó su cúspide en 2000 se topó con la decisión de no tocar a los “peces gordos” de la corrupción, de incorporar al viejo corporativismo sindical priista -el SNTE entre otros- al nuevo gobierno, de elegir a la izquierda como el enemigo a derrotar y al PRI como el aliado indispensable. Con el “haiga sido como haiga sido” de la elección de 2006 y con la “guerra contra el narco” se ahondó el fracaso. Hoy, a los 23 meses de post calderonismo se han contabilizado 14,534 ejecuciones ligadas al crimen organizado (Reforma, 11 de octubre). Todo lo anterior condujo al retorno del PRI, al control del sistema y a un “Pacto por México” que modificó el corazón mismo de la Constitución en beneficio de un tipo de economía muy sesgada en favor de la desigualdad.

Hoy ya no se sabe hacia dónde se dirige el país. Y la incertidumbre tiene lugar en una coyuntura donde la dinámica política del no avanzar en la democratización no significa quedarnos varados, sino retroceder. Acontecimientos como los de Tlatlaya -ejecución de prisioneros por el Ejército- e Iguala -el secuestro y asesinato con saña espantable de estudiantes normalistas rurales por policías y una organización criminal- son indicadores de que el retroceso político está en marcha.

Con relación a Tlatlaya e Iguala, pero teniendo como telón de fondo la acumulación de miles de ejecutados y desaparecidos más la persistencia de las organizaciones criminales, Edgardo Buscaglia, estudioso del narcotráfico, caracteriza hoy a México como un país donde sus responsables políticos apenas si desempeñan el papel de administradores de un pacto de impunidad en la corrupción y que desembocó en el colapso del Estado por descontrol (Aristegui noticias, 9 de octubre). Entre algunos círculos de estudiantes surge otra caracterización: las matanzas no son indicadores de descontrol, sino de la construcción de un “Estado de Terror” para controlar, en beneficio de una élite del poder, el descontento creciente en la base de la sociedad.

· ENTRE ESPADA Y PARED

En su libro Por qué fracasan los países (México: Paidós, 2013), Daron Acemoglu y James Robinson examinan los orígenes históricos de la pobreza y la riqueza de las naciones. Esa comparación les llevó a desarrollar una dicotomía entre sociedades de carácter extractivo e inclusivo. En ambos casos el entramado institucional se examina tanto a nivel político como económico para concluir, de manera un tanto simplificada, que las sociedades exitosas desarrollaron instituciones políticas incluyentes que propiciaron la participación efectiva de una mayoría en los procesos de toma de decisiones, y eso derivó en la construcción de mercados no monopólicos y dinámicos. Por el contrario, los sistemas no democráticos tienen como meta excluir a la mayoría de la participación política efectiva para mantener sistemas económicos monopólicos que extraen riqueza de esa mayoría en beneficio sólo de una minoría.

Una y otra vez Acemoglu y Robinson usan el caso de México -los conquistadores, los porfiristas o Carlos Slim- para ejemplificar la naturaleza de un sistema excluyente en lo político, que también excluye en lo económico para favorecer acumulaciones fabulosas de riqueza en un puñado de personajes. Lo que estos autores no observaron es que aquí el esquema puede ser más complicado y terrible, pues hay que introducir tanto la política como la economía ilegales. En México, entre otras razones, como origen y consecuencia de una transición fallida, surgió un sistema de poder criminal paralelo que ha colonizado a gobiernos municipales y estatales, y eso, junto a la economía formal excluyente, dio forma a otra economía ilegal y también excluyente que, empleando la violencia ilegítima, extrae impunemente recursos de la sociedad dentro de la que vive y predomina.

Es más, el propio crimen organizado ya tiene dos economías y políticas: la de los grandes cárteles que no buscan explotar a su medio social -el caso del cártel de Sinaloa- y la de los depredadores de su medio, al estilo de los Zetas, La Familia o de esos Guerreros Unidos de Iguala. Y resulta que estas últimas, política y economía, son las que han crecido a raíz de la fallida “guerra contra el narco”, pues al descabezarse a los grandes cárteles, su pedacería vive cada vez menos del tráfico internacional de estupefacientes y más de extorsionar a los habitantes, propietarios y gobiernos locales.

· CONCLUSIÓN

No es posible hacer una caracterización objetiva del sistema político mexicano y menos en medio de la tragedia y el horror, pero necesitamos intentarlo para tener plena conciencia de lo que está en juego. Al final, cualquier caracterización implica una responsabilidad: la de asumir o no, cómo y en qué medida, el papel de ciudadanos.

Sistema anticorrupción, ¿para qué?

Octubre 23, 2014

http://ferriz.com.mx/ideas/sistema-anticorrupcion-para-que/

LAS ‘BUENAS’ CONCIENCIAS

Isabel Sepúlveda

25 Oct. 2014

Horrorizados e indignados. Así estamos quienes nos consideramos limpios de toda culpa en la grave situación de seguridad que atraviesa gran parte del país.

Hay consenso: el crimen organizado ha llegado a controlar gobiernos municipales y, en algunos casos, estatales, por la corrupción e impunidad generalizadas.

La preocupación, el temor, se perciben en todas las pláticas. Certezas y rumores de violencia se mezclan y nos confunden más.

El reproche a los tres poderes y niveles de gobierno por su ineficacia para detener la escalada del poder de las bandas delictivas es unánime. Los partidos políticos provocan náusea.

¿Somos inocentes quienes no pertenecemos a institución gubernamental o partido político alguno? No, hay mucha hipocresía (¿de veras nunca he propiciado la corrupción?); un profundo egoísmo disfrazado de apatía (mientras sea para mi beneficio, ¿qué tanto es tantito violar leyes y reglamentos? o ¡qué flojera participar en organizaciones vecinales!); y demasiada cobardía (mejor quedarse callados sin denunciar, sin buscar soluciones colectivas).

Las buenas conciencias creen que los malos son los otros. Viven en la ilusión infantil de que la responsabilidad y la solución de los problemas recaen en alguien más.
La realidad es muy diferente. Todo adulto es responsable, en mayor o menor medida, de lo que pasa en su comunidad.

Las buenas conciencias no se cuestionan ¿qué han hecho para encontrarnos en esta crisis de inseguridad?, ni hacen propuestas para revertirla. Sólo se asustan y quejan.
Cuando alguien propone acciones concretas para salir adelante, en vez de apoyarlo se le critica con ese escepticismo y derrota anticipada que tanto ha abonado al abuso y cinismo de los políticos.

Hay ejemplos de las “buenas” conciencias, de su propia corrupción y contribución a la extendida práctica de sobornar a las autoridades. Los “moches” son vistos como una carga “normal” del proceso. No tiene por qué ser así.

Hay dos clases de dadores de “mordida”: quienes se ven obligados a darla para iniciar su negocio y mantenerlo, porque si no, no tienen posibilidades económicas de sobrevivir ni de dar empleo. Si denuncian, además de no ser atendidos con prontitud y eficacia, el tiempo y dinero invertidos en darle seguimiento serán casi siempre estériles.

Una solución es unirse a las acciones en redes sociales que llevan a cabo organizaciones para denunciar intentos de soborno.

En una sociedad desconfiada y decepcionada tomará tiempo acostumbrarse a denunciar para evitar la corrupción, pero no hay otra forma de obligar a las autoridades a cumplir con honestidad y eficacia su trabajo.

El segundo grupo es el que ofrece dinero a cambio de no cumplir los reglamentos. Son personas y compañías con capacidad financiera para resistir meses, o años, de chantaje burocrático para entregar un permiso, pero prefieren dar millonarias cantidades, departamentos, terrenos u objetos valiosos, a cambio de celeridad para conseguir permisos o contratos, pese a violar leyes y normas.

Otro ejemplo son las compañías que colocan anuncios espectaculares en terrenos y fachadas de edificios, y los propietarios de estos inmuebles.

Los reglamentos municipales limitan o prohíben esos anuncios. Esto no es problema para los anunciantes, aun sin permisos, ellos se “arreglan” con las autoridades y se lo hacen saber a los propietarios de los inmuebles.

Con esto y con una jugosísima renta mensual (de los 30 a los 100 mil pesos mensuales o más), les dan la seguridad de que nadie los molestará con multas. Así quedan muy contentos con su dinero y con la certeza de que su violación consciente a los reglamentos no les acarreará consecuencias.

La impunidad está comprada… y el infierno de corrupción que se ha apoderado del gobierno, también.

Poco importan ya los reglamentos para quienes tienen el dinero y el poder para pasar encima de ellos, que los propios políticos y funcionarios en busca de una candidatura promocionan su imagen y “logros” en anuncios mal puestos en espantosas estructuras sobre pasos peatonales y espectaculares.

SOY TU PRIMERA CORRUPCIÓN

Eduardo Caccia

26 Oct. 2014

¿Cuántas mentiras aguanta un país?, no tengo la respuesta. Los mexicanos aguantamos muchas, es más, no solamente las aguantamos, también las creamos; mentir llega a ser una forma de navegar en nuestro sistema cultural, a veces como fórmula de cordiali- dad, donde un “nos hablamos” es el limbo donde no hay culpables; a veces para conseguir una ventaja en segunda fila: “permítame estacionarme aquí, no tardo nadita” (en México todo diminutivo es sospechoso).

¿Qué tal si sustituimos la palabra mentira, por la palabra corrupción? Las mentiras y la corrupción acortan camino, son atajos que favorecen al abusivo en perjuicio de los demás y en beneficio de un tercero. En el fondo, una mentira corrompe el sistema. El hijo que reiteradamente miente en la familia, el empleado que roba “un poquito”, son actos corrosivos. El vendedor de una empresa que da una “gratificación” para quedarse con un contrato, el comprador que la recibe, simulan, engañan, son mentirosos, son corruptos.

En México, al menos en discurso, estamos hartos de la corrupción, deberíamos entonces estar hartos de la mentira, de la transa y del fraude, que son lo mismo. Tenemos estadísticas sobre la edad en la que se inicia el consumo del alcohol, drogas, vida sexual, pero no he visto datos sobre la edad en la que se comienza a mentir.
“Robi dijo la primera mentira a los 7 años”, inicia así Mentiralandia, de Etgar Keret, donde narra la historia de un niño que creció diciendo incontables mentiras. En la primera, fingió haber sido asaltado para quedarse con el dinero que su madre le había dado para comprar cigarrillos, se compró un helado y escondió el cambio debajo de una piedra en el traspatio. Siendo ya un adulto, por azares de la ficción, su madre muerta le pide un chicle y le dice que lo compre con el dinero que está debajo de la piedra. Robi Elgrabli inicia una travesía donde se le van apareciendo personajes de las mentiras que ha dicho en su vida.

“Soy tu primera mentira”, le dice el chico pelirrojo que supuestamente lo había asaltado. Está el perro que había atropellado en otra mentira, un anciano manco que era mentira de otra persona, todos estaban ahí, mentiras que regresaban a su vida, como la piedra lanzada al aire que avanza sin obstáculo, hasta llegar a un punto decisivo donde ha perdido aceleración y comienza el descenso. Cada personaje espetaba a Robi: “soy tu mentira”.

Una sociedad donde mentir es fácil (por la altísima impunidad) alienta la corrupción. La única forma de hacer que alguien no sea corrupto es que no quiera serlo. De ahí la importancia de recuperar la ética en la educación y practicarla en todo ámbito.

Siguiendo la analogía del escritor israelí, un comprador de vías de tren ligero será encarado por huérfanos: “Compraste material no apto, pero te dieron moche, y nuestros padres se voltearon en la curva. Somos tu corrupción”. Una cabeza sin ojos encarará al jefe de inteligencia y a un gobernador: “Sabías y no hiciste nada, soy tu corrupción”. Una mujer paralítica le dirá lo mismo al policía que solapó al auto en segunda fila. Un grupo de cadáveres y quemados le dirán al inspector que dio permiso para una gasolinera que nunca debió estar ahí: “somos tu corrupción”. El juez que recibió dinero para liberar al tratante de blancas, escuchará a mujeres en pena: “somos tu corrupción”. El maestro mal preparado que ocupó la plaza del que sí era capaz, será atormentado por adultos mediocres: “somos tu corrupción”, el presidente de un partido político que dio el espaldarazo a su compañero criminal, escuchará de osamentas anónimas: “somos tu corrupción”.

La mentira tiene memoria y cuenta regresiva. Hasta que no veamos la interconexión de hechos y sembremos conciencia para cosechar nuevas actitudes, viviremos persiguiendo (como el caballo a la zanahoria) la corrupción.

Soñé con una versión de Mentiralandia mexicana. Ahí, los indolentes que no se afectan por las consecuencias a terceros, escuchan a sus hijos, tristemente en desgracia, susurrar al oído, “papi, soy tu corrupción”.


TEMPLO MAYOR

26 octubre 2014. … SI EN ESTOS DÍAS nota enmuinado al diputado federal priista por Nuevo León Héctor Gutiérrez es porque el proyecto que desarrolló en los últimos meses para crear una fiscalía anticorrupción podría quedar finalmente en manos ¡del PAN!

AHORA que el partido que dirige Ricardo Anaya enarbola esa bandera, dicen los enterados que en Los Pinos acordaron darle a los azules toooda la cancha en el tema.

SEGÚN ESTO, en sus acuerdos con los altos mandos del país, Anaya negoció para el PAN la potestad de encabezar la lucha contra la corrupción, a cambio de apoyar al PRI en otras iniciativas.

Y, COMO si algo necesita el gobierno de Enrique Peña Nieto en estos momentos -en que anda tocado por el caso Iguala- son apoyos, la orden presidencial, supuestamente, fue dejar que el equipo albiazul ganara el tema por goliza.

ESTO IMPLICA no sólo dejarles vía libre a las huestes de Anaya, sino entregarles todos los proyectos del PRI en la materia envueltos para regalo y hasta con moño para que hagan caravana con sombrero ajeno.

ASÍ QUE habrá varios tricolores a los que les quedará bien aquello de “nadie sabe para quién trabaja”, aunque -el colmo- es que sí saben perfectamente para quién lo hicieron… y no fue para el PAN.

Juan E. Pardinas, Maquiavelo en Iguala, Reforma 26 Oct. 2014Ni el PRI, ni el PAN y ni el PRD tienen el monopolio de la corrupción, pero, aún más grave, tampoco ninguno abraza la bandera de la honestidad. El PAN acaba de lanzar una atendible propuesta de cambios institucionales para enfrentar la corrupción. Sin embargo, la mejor aportación que podría hacer Acción Nacional en el tema sería una autocrítica de cómo el partido fundado por Gómez Morín acabó convertido en una oficina de repartición de moches y promoción de casinos.

Derecho Comparado

ANUNCIA MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Rajoy: “Pido perdón por haber colocado en determinados puestos a quienes no eran dignos de ellos”

Tras los últimos escándalos de corrupción que han salpicado al PP, el presidente del Gobierno ha pedido perdón ante “conductas hirientes”.

http://www.libertaddigital.com/espana/2014-10-28/rajoy-pido-perdon-por-haber-colocado-en-determinados-puestos-a-quienes-no-eran-dignos-de-ellos-1276531935/

CORRUPCIÓN E INCOMPETENCIA

Martes 28 de octubre de 2014

José Ramón Cossío D.

El Universal | 00:00

Los acontecimientos de los últimos días han abierto la discusión sobre la gravedad de la corrupción imperante en el país. Los asesinatos de los normalistas de Ayotzinapa y de las personas de Tlatlaya, pusieron de manifiesto la profundidad de la corrupción policiaca y una innegable fusión entre Estado y delincuencia. Desde ahí, muchos se están preguntando por los niveles de corrupción política y política-empresarial. Lo que durante años ha sido un modo de vida para muchos, empieza a ser cuestionado. Lo acontecido y el presente sirven de punto de partida para la indignación. Lo que está por venir acrecienta el sentimiento al poderse prever que las nuevas áreas de desarrollo económico generadas con las reformas recientes, pueden dar lugar a una corrupción enorme, a la formación de nuevas y concentradas riquezas, a la aparición de nuevos ámbitos y agentes corruptores. 

Para salir del marasmo nacional de la caótica y poco esperanzada situación en que nos encontramos, combatir la corrupción es necesario, pero no suficiente. Hay un ámbito de la vida que en ocasiones se confunde con la corrupción, pero que en realidad es distinto. Me refiero a la incompetencia para conducir los asuntos públicos por parte de muchos de los que tienen la responsabilidad de hacerlo. 

Al considerar los acontecimientos que cotidianamente vemos o de los que se nos informa, son perceptibles una gran cantidad de errores. Falsas proyecciones de las que derivan importantes decisiones; identificación de cadáveres, de los que dependen procesos judiciales; deficiente elaboración de normas legales o reglamentarias, de las que dependen concretas acciones humanas, públicas o privadas. Lo equivocado en estos actos puede deberse a un error de diagnóstico, de diseño o de ejecución. Lo relevante es que con base en lo que se haya hecho, otros llevarán a cabo actos con indudables consecuencias individuales o sociales. Mucho de lo mal que se hace, parte de las acciones públicas, no tiene que ver con actos de corrupción, no proviene del soborno o de la “mordida”. Muchas veces no son necesarias éstas para que un curso normal de acción se desvíe intencionalmente a efecto de impedir que alcance su resultado ordinario, o de plano otro completamente distinto. 

Lo que en muchos casos sucede tiene que ver con la falta de pericia técnica de quien o quienes llevan a cabo las acciones públicas. Sin buscar cadáveres, se encuentran fosas, se extraen los cuerpos con precipitación y se pierden valiosos datos para la investigación. Se acumula información de víctimas, pero no hay un registro confiable contra el cual contrastarla. Se lleva a cabo una gran reforma constitucional, pero se descuidan tanto los conceptos, que la legislación pensada como origen de soluciones, termina siendo origen de males. 

Una de las características definitorias de nuestro tiempo es la presencia de diversas racionalidades en competencia. La economía, la ciencia, la técnica, el derecho, por ejemplo, compiten y se complementan para constituir formas predominantes de convivencia y ordenación sociales. Si el mundo está racionalizado en saberes y se pretende actuar sobre él, ¿no sería deseable entender tales saberes? Por interesante y prestigiosa que sea, “la grilla” no produce ese tipo de conocimiento. Genera otro que determina formas de compromiso personal, arreglos o acuerdos. Más allá de lo que tenga de rescatable, en mucho es inútil para la recomposición social que demanda, además del acuerdo, conocimientos técnicos. 

Mucho del desorden presente se debe, es cierto, a los altos niveles de corrupción con que hemos vivido y se mantienen. Sin embargo, una parte de ellos tiene que ver con la incompetencia de quienes tienen que actuar. Exigir transparencia y rendición de cuentas es importante. Demandar capacidad en quienes deciden, también lo es.


Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
@JRCossio

Maldita corrupción

Ana María Salazar

10 octubre 2014.

El presidente Peña Nieto por fin mencionó la palabra maldita y abordó públicamente un tema que parecía que había desaparecido del vocabulario político de esta administración: corrupción. 

Mencionó la palabra maldita pero muy brevemente en su discurso en Palacio Nacional y en la comida de los 300 líderes que se llevó a cabo esta semana, donde insistió que México requería de un cambio cultural para poder combatir la corrupción. El hecho que es un problema cultural no significa que no tiene solución, sino requiere de una estrategia gubernamental enfocada en ese sentido, además de crear las instituciones necesarias para resolver el problema. 

Parecería que ahora sí, por lo menos en la retórica política, se tomarán pasos para enfrentarlo.
Hay múltiples explicaciones de por qué la resistencia por parte de la Presidencia de seguir adelante con la estrategia que había propuesto el entonces candidato Peña Nieto en materia de transparencia y combate a la corrupción: la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción con una participación ciudadana, equipar con más facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (que ya sucedió) y el establecimiento de un órgano que esté pendiente de los contratos de publicidad entre los gobiernos estatales y medios de comunicación, entre las propuestas que se puso sobre la mesa.

Hay que recordar que dichas propuestas se hicieron en un clima electoral donde se le cuestionaba al candidato su capacidad de hacer frente a la corrupción, dado que hubo acusaciones que su campaña estuvo plagada de irregularidades como los supuestos fraudes con tarjetas electrónicas y los documentos que publicó el diario británico The Guardian, que vinculaban la campaña del candidato priista conTelevisa. 
El no enfrentar el problema desde el inicio de su administración, tal vez se debió a la necesidad de mantener investigaciones que involucraban a políticos de varios partidos, incluyendo el PRI, enterradas para que no afectara el proceso legislativo que culminó en la aprobación de las reformas estructurales.

Pero ahora Peña Nieto ya es presidente, y las reformas ya se aprobaron. Posponer dos años una campaña para combatir la corrupción es un error. Podría poner en duda la credibilidad de sus reformas.

¿Qué avances ha tenido el actual gobierno de la República en cuanto a la corrupción? Al parecer no muchos, dado que en cuanto a percepciones de los ciudadanos, no hay mejoría. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2013 reveló que en cuanto a corrupción estamos reprobados, con una calificación de 34/100 –100 es la mejor calificación– repitiendo la misma calificación obtenida en 2012. México se ubicó en el lugar 106 de 177 países estudiados.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el organismo Transparencia Mexicana, la corrupción le cuesta a México el 20 por ciento de inversiones extranjeras. Según el Imco, México tiene –en escala del uno al diez– dos de calificación en tratar de controlar la corrupción. La corrupción le cuesta al país hasta 9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con cifras del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, lo cual es más de lo que se gasta en la educación.
Según la organización Transparency International, en el Índice de Percepciones de Corrupción, México figura en el lugar 106 de 177 países, lo cual nos ubica muy abajo en la tabla, con una calificación de 34 en escala del cero al 100, muy por debajo de países como Chile y Brasil.

Pero más allá de lo que digan los índices nacionales e internacionales, la falta de acción le cuesta al presidente. En una encuesta publicada por la Fundación PEW, en una de las áreas que más se le ha cuestionado al presidente Peña es en “combate a la corrupción”, donde recibió una calificación deficiente, ya que 54 por ciento de los mexicanos encuestados desaprueba la manera en que se ha manejado el problema. Otros temas que resaltó la encuesta de PEW es de que siete de cada diez mexicanos (72 por ciento) están preocupados por la corrupción de sus líderes. 

Una estrategia para el combate a la corrupción no tiene ciencia. Para este gobierno, que tuvo la capacidad de asegurar la aprobación de seis de las reformas más complejas y difíciles en el país, el perseguir a los corruptos no debería ser tan difícil. La receta requiere de un grupo de funcionarios dispuestos a llevar a cabo la investigación, fundamentada con pruebas, y un gobierno con voluntad política dispuesto a castigar algunos funcionarios y empresarios pillos, que no sólo sean mexicanos, sino extranjeros.


Prioridades: primero los criminales

Ana María Salazar

29 octubre 2014.

Para aquellos que creen que hay justicia y que los corruptos algún día recibirán su merecido, esta información parecería salida de un sueño: “Destapada una gran red delictiva creada por políticos y empresarios arrestando a 51 políticos por negocios ilícitos por 250 millones en los dos últimos años”. Está fue la nota de portada en periódicos nacionales e internacionales.

Pero no se alboroten queridos lectores soñadores, este operativo no sucedió en México, sino en España, donde un juez de la Audiencia Nacional, junto con la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, salieron a arrestar políticos de los dos partidos más importantes de ese país (incluyendo el partido oficial) y empresarios coludidos con la clase política española.

A pesar de que desde hace décadas se habla de combatir la corrupción en México, de que se han implementado numerosas reformas, cientos de discursos y miles de historias documentadas en papel y video de la voracidad de los gobernantes, solamente algunas decenas de funcionarios o empresarios han sido debidamente castigados penal, administrativa, política y sobre todo socialmente. ¿Cuántos políticos corruptos han pisado la cárcel? ¿Cuántos sancionados? ¿Costos políticos al corrupto y su partido? ¿Alguien regresó el dinero robado? Pocos, muy pocos. ¿Conocen ustedes a algún funcionario, empresario o político que se haya enriquecido con dinero mal habido y que la sociedad lo castigara con el látigo de su desprecio dejando de invitarlo a los eventos sociales? No.

En México ser corrupto rara vez conlleva castigo.

Y esto se refleja en las percepciones de los mexicanos. Recordemos informaciones publicadas este año por parte del INE y del Inegi señalado “los policías y los partidos son calificados como los más corruptos”. Los datos son abrumadores: 42 por ciento de los mexicanos no confía en las autoridades, 49.61 por ciento está convencido de que los políticos no se preocupan por ellos, 52 por ciento de los jóvenes de 18 a 29 años no se identifica con ningún partido político. Y a nivel de confianza en las instituciones y organizaciones políticas y sociales, según el INE, los que más desconfianza generan son los diputados, seguidos de los partidos políticos, sindicatos, policías, jueces, empresarios, gobierno municipal, estatal y medios de comunicación.

También tenemos que señalar la encuesta de PEW publicada en este año, donde la opinión negativa hacia el presidente ha aumentado nueve puntos porcentuales; la estrategia de Peña Nieto de “combate a la corrupción” también recibió una calificación: 54 por ciento de los mexicanos encuestados desaprueba la manera en que se ha manejado el problema.

Y sobre la más reciente propuesta por parte del PAN para combatir la corrupción en el país, puedo afirmar categóricamente que la estrategia no funcionará.
Los recientes eventos en Guerrero y Tamaulipas son un claro ejemplo de por qué es tan difícil combatir la corrupción en México. ¿Cómo se puede combatir la corrupción cuando los mismos funcionarios conspiran con el crimen organizado o en algunos casos, como en Iguala y Matamoros, dirigen empresas criminales?

El procurador General de la República reconoció que la esposa del fugado presidente municipal de Iguala dirigía la plaza para Guerreros Unidos y ordenó que los delincuentes se fueran contra los normalistas de Ayotzinapa por interrumpir su evento político; esta orden derivó en la muerte de seis personas –entre ellos un estudiante torturado antes de morir– y la desaparición de 43 jóvenes. En el caso de Matamoros, se le acusa a la alcaldesa Norma Leticia Salazar de secuestrar tres jóvenes de nacionalidad estadounidense que desaparecieron hace 15 días en Matamoros. Según la madre de estos muchachos, ya investiga el FBI.

Yo me pregunto: ¿qué dirá ahora el gobernador de Tamaulipas sobre la alcaldesa? ¿Los mismos argumentos que puso sobre la mesa Ángel Aguirre, el ahora gobernador con licencia del estado de Guerrero? También en abril se detuvo a otro presidente municipal de Guerrero, Feliciano Álvarez Mecino, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada y de secuestro.

Ni hablar de la decena de presidentes municipales que se han detenido en Michoacán y otros estados del país, por sus vínculos con el crimen organizado.

Por eso, aunque la corrupción tiene que combatirse frontalmente en México, esto es un problema menor si continúan teniendo políticos y funcionarios que trabajan para el crimen organizado, matando y secuestrando.

BUSCAGLIA: “EN MÉXICO HAY UN PACTO DE IMPUNIDAD”


El investigador y académico Edgardo Buscaglia, exhortó a gobiernos europeos a respaldar a la sociedad civil mexicana. Sólo así será posible erradicar la corrupción política que incentiva al crimen organizado, afirma.

La sociedad civil mexicana sigue indignada por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas más, el 26 y 27 de septiembre pasado. La comunidad internacional debería respaldar las manifestaciones de protesta que se registran casi a diario en México, según el investigador y académico Edgardo Buscaglia, un reconocido analista sobre los fenómenos relacionados con el crimen organizado. En conversación con DW, Buscaglia, investigador principal en derecho y economía de la Universidad de Columbia, advierte que en México hay un pacto de impunidad entre los políticos mexicanos. 
DW: ¿Qué clase de estrategia debería adoptar la sociedad civil mexicana para enfrentar al poderío de los cárteles? 

Edgardo Buscaglia: Bueno, utilizar las mismas técnicas de activismo social, de resistencia civil pacífica que llevó a cabo la sociedad civil italiana después del asesinato del juez Giovanni Falcone y del juez Paolo Borsellino. La misma que utilizó la sociedad civil colombiana durante los peores años, en los 90s y previamente, después del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Las mismas técnicas de activismo pacífico, de resistencia civil pacífica, que aparecieron durante los años 50 y 60 en los Estados Unidos, ante el racismo de Estado que existía en ese momento. Las mismas técnicas que usó Gandhi en los años 30 y 40 para lograr la independencia de India. 

¿Con manifestaciones masivas? 

Los ciudadanos tienen que comenzar a salir a las calles y paralizar el sistema económico pacíficamente, obligándolos puntualmente a que comiencen a limpiar el Estado mexicano, que cuenta con políticos vinculados a diferentes grupos criminales legalizados como empresas legalmente constituidas y políticos ligados a grupos criminales. 

¿Por qué la sociedad civil no ha actuado de manera masiva hasta ahora? 

Eso es algo que vengo anunciando desde hace ocho años en México y me causa mucha tristeza: que estas cosas no se aborden hasta que no comienza a correr un tsunami de sangre. Lamentablemente, la sociedad civil mexicana está muy disipada, muy fragmentada. Hay muchos valientes como el padre Solalinde, pero también hay una parte de la sociedad civil que está corrompida, que se beneficia a través de contratos con el Gobierno en los Estados y con el Gobierno Federal, a través de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social). No vemos a la sociedad civil puntualmente rodeando a los Congresos, a los Poderes Legislativos de los estados y el federal, presentándose con una lista puntual. Y si ésta no se cumple, la gente debería mantener rodeado el Congreso. Así se volvería un símbolo de resistencia que llamaría la atención pública internacional. Eso generaría presión hacia el cambio. 
¿Qué medidas puntuales habría que adoptar?

En primer lugar habría que implementar en la práctica, a través de causas penales, los tipos penales relacionados con el conflicto de interés: tráfico de influencias, malversación y desvío de fondos, que son los tres tipos de corrupción política más frecuentes. Hay que reformar los códigos penales para que el conflicto de interés se tipifique como delito, como se define en Canadá, en Japón, en Francia, en Alemania. El tráfico de influencias de los políticos tiene que definirse mejor en el código penal. Esto es un trabajo del Poder Legislativo y tiene que hacerse de manera urgente. La malversación de fondos puede observarse por doquier en México, en donde se otorgan contratos públicos a empresas de familiares, de amigos. La tercera medida consiste en establecer y activar unidades de investigación patrimonial autónomas en cada estado mexicano para que comiencen a investigar a estos políticos y sus prácticas de desvío de fondos hacia empresas, muchas de ellas ligadas a la delincuencia organizada. 

Para eso hay que recabar pruebas…. 

Eso lo tienen que hacer las instituciones mexicanas o las instituciones supranacionales ligadas a Naciones Unidas, como fue el caso de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala). Algo así podría establecerse en México para tratar esos temas si no se pueden procesar bajo el sistema judicial mexicano debido al pacto de impunidad que existe en México. Con estas cuatro medidas ya podríamos empezar a limpiar al Estado mexicano. 

Que no es otra cosa que el combate a la corrupción política… 

La corrupción política es el padre y la madre de la expansión de la violencia organizada en México. Le da un incentivo a grupos criminales de origen mexicano y de otros países: centroamericanos, peruanos, e incluso europeos, para ubicarse en México con impunidad e intentar capturar pedazos del Estado mexicano a fin de aumentar sus negocios y expandirse regionalmente. México es un paraíso patrimonial, es una cabeza de playa ideal para cualquier grupo criminal del planeta, dada la existencia de impunidad como la que hay ahí. 

Usted mencionó que en México hay un pacto de impunidad… 

Carlos Navarrete, presidente del PRD (Partido de la Revolución Democrática) reconoció hace unos días la existencia de un pacto de impunidad, como yo vengo anunciándolo desde hace años. Navarrete reconoció que no hay un contrato firmado, pero hay un pacto de impunidad tácito entre los políticos. Eso se enfrenta con un movimiento social pacífico masivo que paralice ese país por un buen tiempo rodeando los Congresos. Pero no se puede disipar; las demandas tienen que ser puntuales para comenzar a empezar a limpiar el Estado mexicano, tal como se hizo en Colombia, en Italia, en la India. Dos tercios del Parlamento italiano fue procesado penalmente por vínculos con grupos criminales. Un 63% del Congreso colombiano, con figuras de todos los partidos, fue limpiado. 

Eso requiere una enorme presión de la sociedad civil… 

Eso se hizo bajo presión. No fue una convicción bajo condiciones normales, que los políticos decidieran hacerlo un buen día. La corrupción política le da el incentivo a la delincuencia organizada a ser violenta. Porque grupos criminales intentan captar a diputados, a senadores, alcaldes, a gobernadores y los usan para aniquilar y neutralizar a sus grupos adversarios. La policía de un estado asesina a los políticos y a criminales pertenecientes a grupos adversarios. Cuando Sinaloa usa a la policía de Durango, por ejemplo, para asesinar a los Zetas. Y los Zetas utilizaban a la policía de Tamaulipas para asesinar en Sinaloa. Esa orgía de violencia está energizada por la corrupción política al más alto nivel. Si se acaba con la corrupción política y se comienza a atacar patrimonialmente a esos grupos criminales, se vuelven más pequeños, como sucedió en Colombia. 

¿Cómo se traduciría esa situación en México? 

Quedarían unos 300 o 400 grupos pequeños que ya no tendrían la capacidad de enfrentarse al Estado mexicano de igual a igual y de generar este tipo de masacres masivas, que son crímenes de lesa humanidad en donde políticos están involucrados. Eso tiene que generarse a través de un movimiento masivo en México, no quemando edificios de Gobierno. Esto no se soluciona con violencia porque así se le da la excusa a las autoridades corruptas para reprimir, para sacar el ejército a la calle y a matarlos. Esto se soluciona con un movimiento social pacífico, en donde medios internacionales como CNN y Deutsche Welle estén al lado viendo cómo la población presiona e intenta rescatar a su Estado, de limpiarlo de esta podredumbre que se tiene en México. 

¿Cuál es el papel de la comunidad internacional? 

Se tiene una complicidad pasiva, por omisión, de la Unión Europea, de gobiernos como el alemán, debido al hecho de que sus grandes oligopolios, sus grandes empresas están haciendo negocios cuantiosos en México. En mercados políticamente protegidos por las autoridades. Cuando esas grandes empresas vuelven a Alemania hablan maravillas de México. Y le insinúan a los políticos alemanes que nada debe cambiar. Que todo está bien en México. México no es como Venezuela, o como Sudán, porque en México están haciendo negocios cuantiosos. Hay que señalar que en México la comunidad internacional ha sido omisa. El dinero les ha callado las conciencias. Nadie dice que hay que cortar las relaciones con México. Simplemente hay que presionar a México de la misma manera que Alemania presionaba a Colombia en los años 80 o 90, cuando en Colombia aparecían fosas comunes de campesinos. Alemania era la primera, junto a la Unión Europea en presionar a Colombia. Existen las mismas masacres, decenas de miles de vidas humanas están siendo aniquiladas. La Unión Europea y el Gobierno alemán deben comenzar a ejercer mucha más presión. El dinero no puede callar conciencias en Europa. Tenemos que comenzar a presionar internacionalmente para que la sociedad civil mexicana no se sienta sola; si no, estas masacres van a continuar.


Autor Eva Usi (EL)

© Deutsche Welle

Puede encontrar el artículo completo aquí: http://www.dw.de/buscaglia-en-m%E9xico-hay-un-pacto-de-impunidad/a-18001753

 

Haz Corto con la Corrupción 2014: ESTO ES MEXICO

Si esto no es un escándalo

Jesús Silva-Herzog Márquez

Reforma, 17 nov. 2014. Ayudaría eliminar los nombres propios para encontrar la proporción de los hechos y despojarnos por un momento de las adhesiones y antipatías. Imaginemos una historia de amor entre una profesional con éxito y un político ambicioso que desemboca en matrimonio. Tras el casamiento, la profesionista decide suspender su carrera y entregarse de lleno a su nueva familia. Después de 20 años de trabajo, la empresaria no se va con las manos vacías. La esposa del político recibe en donación, una casa a todo lujo que le transfiere la empresa con la que trabajó. ¿Es la compensación de la empresa un obsequio por el trabajo de las dos décadas o es un regalo de bodas? ¿Un pago por los servicios de la profesionista o una inversión con el personaje del poder? La casa pronto resulta pequeña para la pareja y su familia. Buscando la ampliación de la residencia, adquiere la propiedad vecina. Pero la esposa -siempre es la esposa la que aparece en estas transacciones- no adquiere la casa pagando al contado o pidiendo un préstamo al banco. Se la va pagando poco a poco a los dueños que son, casualmente, los contratistas bendecidos por la obra pública de su marido. ¡El político vive ahí: en una casa cuyo dueño es un contratista de su gobierno!

Esa es la historia de la casa de la esposa del presidente de México, tal como lo ha exhibido Aristegui Noticias en un estupendo reportaje. Televisa transfirió a Angélica Rivera la casa de Paseo de las Palmas el 14 de diciembre de 2010, 17 días después de que se había casado con Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y precandidato a la Presidencia. Rivera ya no era actriz de Televisa. Cuatro meses antes había rescindido su contrato con la televisora, lo cual no fue obstáculo para recibir esa valiosa prestación. La casa pudo ampliarse por los favores de una empresa que recibió contratos de obra pública del gobierno del Estado de México y del gobierno federal. La casa en la que vivió Enrique Peña Nieto antes de mudarse a Los Pinos, la casa a la que piensa regresar en 2018, está a nombre de un contratista del gobierno federal que antes fue consentido del gobierno mexiquense. El Grupo Higa construyó el hospital de Zumpango, construyó las autopistas de Toluca a Naucalpan y a Atlacomulco, el distribuidor vial Naucalpan-Metepec. Otra de sus filiales ganó contratos de la Secretaría del Agua y Obra Pública del Estado de México. El candidato Peña Nieto viajaba en helicópteros propiedad del Grupo Higa. De acuerdo a la investigación de Aristegui Noticias, los contratos que ganaron las filiales de Higa sumaron más de 8 mil millones de pesos. Esa empresa es la dueña de la casa de la pareja presidencial. Enrique Peña Nieto durmió ahí la noche del 30 de noviembre de 2012. Ahí amaneció el 1o. de diciembre antes de tomar protesta como presidente de México.

En cualquier lugar del mundo esto sería un escándalo gigantesco. ¿Qué sucedería en Estados Unidos si se descubriera que la casa de Michelle Obama está a nombre de un contratista que ha sido beneficiado por la obra del gobierno federal? Desde tiempos de José López Portillo no ha habido en México un escándalo de ese tamaño. El mismo presidente de la República involucrado en un serio escándalo de corrupción. Quisiera ser claro: el problema no es el costo de la helada mansión sino la revelación de un inaceptable conflicto de interés que toca al Ejecutivo mismo. Los negocios privados de la esposa del presidente de México (que naturalmente no puede ignorar el Presidente) se enredan con la obra pública. Los negocios privados mezclados visiblemente con las decisiones públicas. No encuentro otra salida a este escándalo que el nombramiento de un fiscal especial que examine esta probable trama de corrupción presidencial cuya culminación fue la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro. Tan opaca fue la decisión de entregarle al Grupo Higa y sus socios chinos aquella obra, que el gobierno se vio obligado a cancelarla.

Cuando el presidente Peña Nieto presentó su declaración patrimonial nos informó que, como gobernador recibió terrenos y casas en “donación”. ¿Quién se los regaló? ¿Qué recibió a cambio? Tal parece que el hecho de que un servidor público reciba casas y terrenos como regalito es parte de la cultura a la que Peña Nieto aludía hace un par de meses. La cultura de la corrupción que el presidente considera normal y que cree que la sociedad mexicana consiente. Si esto no es un escándalo, tendrá razón.

Suave Patria

Alejandra Rangel

22 Nov. 2014

Indignación, descontento y movilizaciones.Somos testigos de acontecimientos sin precedente desde el 68 en la historia del país.

La sociedad responde a tantos agravios, conflictos, corrupción e impunidad que por años se han acumulado sin respuesta. En este contexto, las acciones gubernamentales cobran especial sentido en medio de la furia por la desaparición de 43 normalistas y miles de muertos sin nombre.

Un espectáculo dantesco: la sierra de Guerrero guarda cadáveres sin rostro, huesos de personas irreconocibles victimadas por delincuentes, sean éstos del bando que fueran. Y tras la sombra, un Presidente sin rumbo ni conducción rodeado por una clase política abusiva y corrupta.

En otro escenario de esta tragedia aparece Angélica Rivera y sus declaraciones en torno a la discutida “Casa Blanca”.

Su actitud corresponde a un guión diseñado para la pantalla que recuerda uno de los pasajes de su época de actriz de telenovela, en este caso, otra telenovela, sólo que ésta real y sin final feliz.

Mal maquillada para presentarse ante la cámara: pestañas impropias, voz y entonaciones de desagrado, estados de ánimo que van del regaño a la victimización, todo preparado para convencer a un público escéptico.

La esposa del Presidente no conmueve como cuando vivía las historias endulzadas del “amor” novelesco, ya no tiene esa credibilidad ante el espectador, ahora se enfrenta a una nación crítica y ofendida, que parte del supuesto de deshonestidad absoluta, y ante esta perspectiva no importa cuántas aclaraciones haga, ya no tienen validez.

Además, la comunicación se manejó con mucha torpeza, ¿para qué anunciar que va a traspasar la propiedad si no hay ilícitos en su compra?

Lo mismo sucede con las declaraciones patrimoniales de Peña Nieto en las que nadie cree. Hay que entender que los ciudadanos no confían en los funcionarios, aparte saben que una cosa son los bienes y otra las concesiones de terrenos, porcentajes de obras, tráfico de influencias, donde cada rubro garantiza el ingreso de dinero a sus bolsas.

Hablar de bien común y honestidad deja de tener vigencia, lo mismo que enumerar propiedades, se requieren las pruebas del valor económico de las mismas.
Lo más grave ha sido la corrupción y el conflicto de intereses que existe entre el empresario Juan Armando Hinojosa, presidente del Grupo Higa, uno de los mayores contratistas del gobierno del Estado de México en tiempos de Peña Nieto, y el poder político, Televisa y el gobierno federal.

El contrato para la construcción del tren rápido México-Querétaro tuvo que ser cancelado al estar involucrado el Grupo Higa, mismo que construyó la casa de Angélica Rivera y mantiene el acuerdo de compra-venta.

Este consorcio, junto con otras empresas, también obtuvo el contrato del proyecto hidráulico Monterrey VI por 47 mil millones de pesos.

Tal vez de ahí el sigilo y la imposibilidad de Agua y Drenaje de Monterrey para transparentar las cosas. Por fortuna, los organismos ciudadanos de Nuevo León han planteado la exigencia de abrir la información, entregar el expediente completo y analizar si la obra es viable.

Surgen otras formas de acotar el poder presidencial y gubernamental: las redes sociales, los estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil.

Como muestra tenemos las manifestaciones ciudadanas en el país que ha logrado despertar y pronunciarse en contra de la desaparición de los 43 normalistas.

México ya no resiste tanta impunidad y falta de Estado de derecho, basta del enriquecimiento a través de los puestos públicos, de abusos de gobernantes y de sus familiares que han entendido la función política como la oportunidad de hacerse millonarios, basta de seguir votando por los menos preparados, mediocres y corruptos.

La justicia debe exigirse, el pueblo está agraviado por el abuso del Estado y su complicidad con los narcotraficantes, son momentos de compasión por las familias campesinas de Iguala, es urgente padecer con ellos su tristeza y alimentar el fuego de una nueva conciencia.

POR LA JUSTICIA, CONTRA LA CORRUPCIÓN

Enrique Krauze

23 Nov. 2014

Todos (o casi todos) queremos vivir en un país donde quien infrinja las leyes -empezando por las leyes que protegen la vida humana- sea aprehendido, juzgado y condenado con un debido proceso y de manera proporcional al delito cometido. Todos sabemos que estamos muy lejos de ese piso mínimo de seguridad y convivencia. Y todos conocemos, desde hace años, historias de desvergüenza política y horrorosa violencia que nos mueven al desánimo y la desesperanza pero que, en días recientes, han derivado en una justificada y natural indignación social. No hay duda: la construcción de un “Estado de derecho” es la primera prioridad nacional.

Entre los muchos y complejos obstáculos que tiene México para fincar el imperio de la ley, quiero referirme a dos, que hunden sus raíces en la historia: la supeditación de la justicia al poder y la corrupción política.

Los liberales de la Reforma pusieron el respeto a la ley en el centro de sus vidas. Por eso desconfiaron de las vías de hecho y confiaron en el derecho como el único instrumento que nos permite vivir en pacífica convivencia y no sometidos a la voluntad del rey, al coro que lo aclama o a los violentos de la hora. Por eso intentaron fortalecer la división de poderes: muchos de ellos, con gran orgullo, fueron jueces y legisladores.

La era de Porfirio Díaz dio cierta continuidad a ese proyecto liberal en el ámbito civil, pero Díaz desvirtuó el cumplimiento de la Constitución y quitó cualquier vestigio de independencia al Poder Judicial. Y algo más: en su largo reinado, el crimen y el delito se reprimieron discrecionalmente desde el poder presidencial (salvando “buena sangre” y derramando “mala”, como dijo Díaz en 1908).

El régimen de la Revolución Mexicana trastocó de varias formas el respeto a la ley. Los gobernantes del PRI continuaron la escuela porfiriana de someter al Poder Judicial y monopolizar la procuración de justicia. Esta politización en el proceso de perseguir el crimen y juzgarlo se convirtió en fuente de corrupción.

En años recientes ha habido ciertos avances. La Suprema Corte es autónoma. Pero la procuración de justicia, con todo su gigantesco aparato policíaco, no lo es: depende del Poder Ejecutivo (como el “Procurador del rey” en la tradición monárquica). Una idea práctica para remontar este obstáculo sería crear la figura del Fiscal General independiente.

No creo que la corrupción (y, en general, el desdén, la laxitud o el franco cinismo ante la ley) corresponda a un supuesto DNA cultural. La prueba está en los mexicanos que emigran a Estados Unidos. Ahí donde violar las leyes tiene consecuencias, se abstienen de infringirlas. Hasta el modesto alcoholímetro prueba que no es imposible construir civilidad: si al principio enfrentó resistencias, ahora es parte de nuestra precaria convivencia.

Tampoco la historia de México explica la corrupción. Los liberales no robaron ni un centavo. Y Porfirio Díaz se retiró con su sueldo de militar. La corrupción empezó con los políticos que durante la Revolución “carranceaban” (verbo inventado por Vasconcelos) el presupuesto. En 1946, Cosío Villegas escribió: “ha sido la deshonestidad de los gobernantes revolucionarios, más que ninguna otra causa, la que ha tronchado la vida de la Revolución Mexicana”. ¡Y pensar que comenzaba apenas el ascenso exponencial de la corrupción!

Desde los años ochenta, Gabriel Zaid escribió en La economía presidencial: “La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema”. Por eso mismo -agregó- la corrupción no podía combatirse desde dentro, con campañas publicitarias, golpes de pecho, llamados a la “renovación moral” o dependencias de auto vigilancia: se debía combatir desde fuera, con mecanismos autónomos de transparencia. Si se arroja luz sobre la “tenebra” del poder, el veredicto ciudadano es inmediato e implacable. En ese sentido, la Ley de Transparencia y el IFAI han sido instrumentos muy útiles para la prensa y la ciudadanía, que además cuenta ahora con las redes sociales.

Zaid propuso desde entonces la declaración patrimonial del presidente antes, durante y después de dejar el cargo. La idea parte de un principio kantiano: “Todo lo que es de interés público debe ser publicable”. Ese principio debe regir los actos del Presidente de la República. El no haber actuado en consonancia ha tronchado la legitimidad del régimen. Sólo el liderazgo ético puede enmendarlo.

Más que un escándalo

Jesús Silva-Herzog Márquez

Reforma, 24 nov. 2014. “Hoy quiero decirles que le he pedido a mi esposa que sea ella personalmente, siendo una propiedad de ella, quien esclarezca o quien aclare ante la sociedad mexicana y ante la opinión pública, cómo se hizo de esa propiedad y cómo fue que la construyó”. Esa fue la respuesta del Presidente. Repetir que él no tiene nada que ver con el problema de su cónyuge. Desentenderse y entregar a su esposa al coliseo. Los leones de la opinión pública, previsiblemente, la destazaron. Su marido la puso en el matadero y ella caminó, con las únicas herramientas con las que contaba, a su tortura. La hicieron pedazos. El Presidente, un día después, le dio las gracias. Autorretrato de un hombre en tiempos de urgencia nacional. Inmolar a su esposa para salvar el cuello.

El problema nunca fue el patrimonio de la exitosa actriz de televisión. La envidia, pasión democrática, decía Tocqueville, estará presente por supuesto. Pero la ofensa de la casa no es la opulencia sino la suciedad, la maraña de transacciones en donde el beneficio privado se enreda con las decisiones públicas. Una empresa que gratifica fuera de toda proporción a una actriz al casarse con un político en ascenso. Un contratista del gobierno construyéndole casa a la esposa de su favorecedor. La reconstrucción que hace la esposa del Presidente reitera el motivo de la indignación: una televisora patrocina groseramente a un político a través de su cónyuge; el Presidente y su familia disfrutan de una casa que es propiedad de un sujeto al que el gobierno beneficia con obra pública. Los voceros gubernamentales repiten: ella no trabaja en el gobierno, no recibe un peso del fisco. Valdría simplemente leer la ley de responsabilidades de los servidores públicos: “Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”. Aquí se funda la acusación concreta. El beneficio familiar que recibió el Presidente contradice su deber de imparcialidad. Es una acusación seria. Merecería una respuesta seria, no distracciones cuya única esperanza es el olvido.

El escándalo no se irá porque no es un escándalo, es una crisis. Porque el núcleo de la afrenta presidencial toca la raíz de la tragedia mexicana. Si algo sabemos -y no son metáforas- es que la corrupción nos desangra y que la impunidad mata. Que el ingreso de la ilegalidad a la función pública es invitación a la arbitrariedad, la violencia y la muerte. El abuso presidencial ha quedado sin respuesta, sin reparación y sin castigo. El Presidente y su oficina no han tomado siquiera nota de la transgresión. Desprenderse de mala gana de la casa del escándalo no soluciona absolutamente nada. La sospecha adquiere nuevo fundamento; el beneficio patrimonial del trato quizá se incremente. ¿Por qué venderla si nada hay reprochable en su compra? Nadie ha recibido castigo. Y no es que se quiera la condena sin el juicio. Es que es imposible retomar el camino si no se encara el núcleo del atropello.

Más que una crisis de liderazgo o una crisis de confianza, esto apunta a una crisis de legitimidad. Cuando el poder público olvida su compromiso con la ley, pierde permiso. La desgracia es que la exigencia de legalidad (único basamento del poder legítimo) no tiene eco en las instituciones. Ni siquiera la oposición levanta con claridad la demanda de que el Presidente rinda cuentas. Acción Nacional ha callado vergonzosamente. El PRD apenas ha alzado la voz. Los medios, con poquísimas excepciones, miran al otro lado. La reacción presidencial, torpe y cobarde, es ominosa. Evade la médula de las acusaciones y procede a fugarse de la realidad. La crisis es producto de una conjura de los poderosos que han sido lastimados por la valentía del reformista. Los que mucho tienen, dice, promueven la anarquía. El vocabulario diazordacista regresa a Los Pinos: los enemigos de México quieren descarriar el Magnífico Proyecto Nacional. Ése parece ser el cuento que se narra en el diminuto circuito presidencial: el complot. La fábula del paranoico no es inofensiva. Ante el desafío de la ira, el Estado responde de la peor manera: con golpes y detenciones arbitrarias.

Esto es más que un escándalo: es una crisis. Es el grito por la segunda transición. La primera dio paso al pluralismo. Ésta debe llevarnos a la legalidad.

Acusan corrupción por casa de Rivera

Washington DC, Estados Unidos (28 noviembre 2014).- El periodista de origen mexicano y presentador estrella de Univision, Jorge Ramos, acusó corrupción en la adquisición de la “Casa Blanca”, al recoger un prestigioso premio periodístico concedido por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

En un discurso en el que habló de la libertad de prensa y que dedicó a los periodistas asesinados en Siria y México, no se estaba refiriendo a la residencia de Barack Obama, sino a la polémica mansión de Angélica Rivera.

“¿Se pueden imaginar lo que podría pasar si un contratista del gobierno hubiese financiado secretamente la casa de Michelle Obama? Pues eso es lo que está pasando en México y, lo crean o no, ni siquiera hay una investigación independiente al respecto”, dijo.

“Eso no es salvar a México. Eso es corrupción”, expresó en su discurso en referencia a la edición de la revista Time, que meses atrás dedicó su portada al Presidente Peña bajo el título: “Salvar a México”.

El escándalo por los 7 millones de dólares que costó la mansión y la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, continuó, han llevado a miles de mexicanos a pedir la renuncia de Peña Nieto.

“Tenemos que reportar eso (…) aunque Peña Nieto no quiere que se hable de eso”, enfatizó, al hablar de la oposición de los poderosos, tanto en EU como en México, quienes intentan evitar que se emitan ciertas noticias.

El galardón que recibió Ramos el martes es uno de los más relevantes de EU, el Burton Benjamin Memorial Award, dedicado a quienes han luchado de manera particular por la libertad de prensa.

El premio le fue entregado por la también periodista Christiane Amanpour, conocida por sus implacables entrevistas en la cadena CNN.

“Jorge Ramos llegó a este país en los años 80 buscando la libertad de prensa que no existía en México. Encontró lo que estaba buscando a juzgar por su reputación como uno de los periodistas más duros que hay por aquí”, dijo.

“No sólo es uno de los más respetados por los 50 millones de hispanos en EU, sino también en los 13 países latinoamericanos donde Univision se ve cada noche”, agregó.
En su discurso, Ramos apostó por un periodismo balanceado, pero no neutral, capaz de identificar a la víctima del agresor.

“(El periodismo) es la única profesión del mundo donde tu obligación laboral es ser rebelde e irreverente. En otras palabras, el periodismo te mantiene joven para siempre”, dijo.

“El mejor periodismo se produce cuando tomamos partido: cuando cuestionamos a los que están en el poder, cuando confrontamos a los políticos que abusan de su autoridad, cuando denunciamos una injusticia”, continuó.

“Si tenemos que elegir entre ser amigos o enemigos de un presidente, de un gobernador o de un dictador, debería ser una elección fácil: soy reportero y no quiero ser tu amigo”, insistió.

Ramos también habló de la experiencia de ser periodista y migrante en EU.

“Vine a EU después de que intentasen censurarme en México. Así que este país me dio las oportunidades que mi país de origen no me pudo dar. Y, por supuesto, cuando se trata de migración, tomo partido”, reivindicó.

Vox populi

1 Algunos chairos priistas x aqui criticando a Ramos y desviando el verdadero tema que es la corrupción de la esposa de la botarga epn. Freiheit D.F.

2 Renunciaaaaaa peeeeña Renucia rataaaaaa!!! Alicia c. Queretaro.

3 Lo que importa es el fondo. Tenemos a otro presidente corrupto, a quien le están sacando todas sus tranzas en los medios. Corrupción al más alto nivel. Pedro Df.

4 Si Enrique Peña Nieto tuviera un poco de dignidad, Renunciaría de inmediato. El Pelele Dos El Canal de las Estrellas.

5 Este es un raro caso. Lamebotas de los gusanos pero “progre” al estilo gringo. Como su cómplice la señora Aristegui sirve a intereses de grupo, sin el menor respeto a la ética no los canones del periodismo serio. Jamás veremos a ninguno de estos dos denunciando la casa del Orate en La Toscana (aún más agraviante que la del de Los Pinos). A. Durán D. F.

6 Jorge Ramos, pocos a los que puede llamarse periodista. Informarse en Mexico es casi imposible, Televisa, tvazteca, notimex, radio, prensa CHAYOTERA, son los desinformadores. Ellos trabajan para los POLITICOS y sus narcoaliados. Ademas de Ramos esta Denisse DRESSER (ojo, no Merker), EDGARDO BUSCAGLIA, John M. Ackerman y SIN EMBARGO, donde puedes encontrar informacion y analisis sin CHAYOTE. Sinchayote Cozumel.

7 Si tuvieramos un tercio de estos con inteligencia, capacidad de analisis y sobre todo las amigdalas en su LUGAR, todo iria caminando bien. Pero ¡¿No?! Me estan oyendo los que ya sabemos. Que pena ser maquillista. De pie D.F.

8 ESO QUE DICE RAMOS ES DE ALGUIEN QUE TIENE LAS GONADAS EN EL LOBULO FRONTAL. AMO A MI PATRIA DE ORIGEN, PERO ME NUTRO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE GERMINA AQUI. SOY PERIODISTA PORQUE SOY IRREVERENTE Y SOY INTRANSIGENTE PORQUE DENUNCIO A LOS SATRAPAS, BANDIDOS Y SIMULADORES, QUE DETENTAN EL PODER, LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD PARA GOBERNAR. FELICITACIONES AL PRECLARO MEXICANO QUE HONRA SUS RAICES. MOLKAS INTERLOMAS.

9 Vaya, debe ser algun brujo que sabe como jalar el hilo negro. Es posible que a univision llego la noticia filtrada, porque aqui en Utopixtlan supimos que casa blanca era producto de la corrupcion al igual que las reformas energeticas y de educación, pero bueno, si alabarlo se trata, como lo veo, me uno a esta gran fiesta de halagos: wuau que certero, que periodistan tan preciso, seguramente seguramente lo van a despedir de Univision por sus comentarios tan fuertes. Utopicoxicano Utopixtlan México.

10 Bravo! Jorge Ramos, el mejor periodista de habla hispana hoy en dia! El UNICO que dice la verdad! No como las basuras de doriga y alatorre, vendidos! Bravo! Tuleño.

11 ¡Muy bien por Jorge Ramos!, de los pocos periodistas que habla por su país. Perro de asfalto D.F.

12 Demuestra una vez mas que el PRI nos vino a dar en la pura mama. Chin Chin el que vote por ellos en las intermedias del 2015. Aunque nos vendan sus megapaquetes de reformas, que bloquearon dos sexenios antes. Eso es su trabajo y por eso les pagamos. Y el que abusa o corrompe va para afuera!!! Fer Mexico.

13 Para los caritas del PRI hijos de Peña, ya con toda la boca rota pueden argumentar que el premio esta manipulado por el PRD y los fantasmas que estan en contra de las reformas y estado de derecho y y y y y arriba juarez. Premio Mexico.

14 RIP con todo y opinadores y SANT sigan opinando en todo las notas a favor de PRI, son los mismos mandados hacer contrapeso, por lo menos cambien de capucha, ya que escriben lo mismo y los mismos. Santo Mexico.

15 Tengo una pregunta, ¿por que instituciones con mucho poder y dinero (Aristegui Noticias, Revista Proceso y Periódico Reforma) y que tienen documentada todo aquello que demuestra corrupción y fraude en esto, porque no hacen una denuncia penal? Santa del Rio Distrito Federal.

16. ¿De verdad? Ciudadano Harto DF.

17. Qué bien se siente leer que 2 de cada 10 apoyan a peña ratero, alguien tiene que seguir lamiendo botas y comprando pri. Asco dr políticos. Lucas DF.

18. Pirruris, si no vas a aportar, mejor vete a ver tu telenovela en el canal 2. Vientos Ramos! Ip Mx.

19. Bravo, lástima que la mayoria aqui ya tiene el cerebro televisa-trofiado. Sigan viendo liguilla, novelas e informense con loret. Dan DF.

20. Felicidades a Ramos!! Ojalá en México pudieramos expresarnos así!! Aqui hablas y mandan a la pGR o al ejercito a desaparecerte. Es vergonzonzo. La población no puede más. Manuel Estado de México.

21. Tiene toda la razon jorge ramos felicidades! Jose DF.

22. Pejelover! Pirrurris DF.

23. Peña debe renunciar. DrFrux Periférico Sur.

24. Es una pena que en Mexico no se investigen esos delitos. Ya ni mencionar la deshonra a toda institucion que solo vive de apariencias. Pobres de los mexicanos que no defienden sus derechos nidignidad. Presidencia corrupta, gobierno sucio y comprado. Mexico, ya basta!!

25. Al fin! Uno que dice toda la verdad…! Verdad Tuleño.

26. Emigrante vociferante. Caleb Mexico D.F.

27. Mugrosos y apantallabobos priistas que chambean en los blogs defendiendo al indefendible y cinico ratero de los Pinos. Mamerto D.F.

28. La pura verdad y con lo que siguen a este periodista en EUA la reputación ya de por si baja de peña es peor ahora. Lucas DF.

29. La verdad no peca, pero incomoda. El refranero México.

30. Mugroso, apantallabobos. Opinador DF.

31. Felicidades Jorge Ramos, ojala hubiera mas periodistas como tu y Carmen Aristegui, Jorge Villoro, Denisse Dresser y el monero Trino. En cambio Lopez Doriga tiene que comentar las cajas chinas que le obligan a decir Azcarraga y productores que le acompañan. Quienes atacan a este Sr Ramos ó son unos serviles ó unos bobos. Baggio San Antonio Tex.

32. Mugroso. Paco Houston.

33. Tratar de defender lo indefendible hunde mas al ofensor, quizas tratan de defender a EPN, pero el efecto que logran es el inverso al que buscan. Nemesis df.

34. Muy buen Periodista es por eso que lo corrí a Él y a su hermana ya que me estaban poniendo en aprietos. Felicidades Jorge porque en México Yo no te hubiera dado chance de hacer lo que haces. Azcárraga New York.

35. Todo mi respeto y admiracion por Jorge Ramos!!!! Javier Martinez Los Angeles, CA.

36. Jorge Ramos es un mugroso. Fisgon DF.

37. Zovek, paralanchin… El cuate tiene una trayectoria impecable en investigacion, no se si entendiste que estaba recibiendo un premio… A lo mejor lo unico que tu te has ganado es una estmpa en un gansito… Si no sabes shhhhh. Pobre mexico Df.

38. Zovek: Ojala los mexicanos tuvieran los huevos de ramos con 1 par de millon de mexicanos bastaria para cambiar esto. Ciudadano harto Miguel hidalgo, lomas.

39. Juan pueblo: Si juan estoy de acuerdo es un palero, la casa la pago la primera dama con su trabajo en teleisa y el presidente EPN no es corrupto ni lo apañaron en su negocio del tren Mexico queretaro ni en otros que todos sabemos y el rollo de los 43 estudiantes desaparecidos es mentira del PRD. Juan, ¿estas tomando? ¿O en que planeta vives? Ciudadano harto Miguel hidalgo, lomas.

40. Aguas con este parlanchín… Zovek DF.

41. Ojala y en el Congreso mexicano hubiera muchos Jorge Ramos. Que orgullo que sea mexicano! Que verguenza lo que pasa en Mexico. Tenemos un Gobierno que da asco. Gallo DF.

42. Este vato es palero de un empresario que esta en contra del gobierno actual. juan pueblo Polanco.

44. ¡Felicidades! Sr. Jorge Ramos. México necesita más periodistas honestos, como usted, que hablen con la verdad. Contra los Corruptos DF.

45. Esto nos demuestra que todavia hay periodistas que honran a su profesion, no como el palero de Lopez Doriga y televisa que denigran a su profesion. Ojala hubiera mas como Jorge Ramos, Aristegui ,Dresser y varios mas reconocimiento por su profesionalismo! Observador San Rafael.

46. Claro que si! Ese asunto apesta trafico de influencias, conflicto de intereses corrupción y lo que es peor nadie aclara nada todos quieren distraer la atencion por ejem no a la violencia, nos quieren destastabilizar etc. pobreza de argumentos. Pesima imagen del presidente a nivel nacional e internacional y del pais Estado fallido, mafia de estado y muchos mas, lastima de pais! Carlos R San Rafael.

47. Bien por Jorge Ramos. JAR Qro.

48. Seguro a Lopez Doriga le daran un premio en el PRI. Muy pocos periodistas en Mexico no son paleros del poder politico. Buen periodista Ver.

49. Claro que hay corrupcion al mas alto nivel !!!…y lo peor es ….que la corrupcion esta en todo el sistema de gobierno !!! Mariela Rodriguez. San Miguel Allende.

Advierten riesgos de la corrupción

Cd. de México (02 diciembre 2014).- Cuando la corrupción se instala como sistema en la sociedad, los países se destruyen, advierte el profesor titular de gestión pública de Harvard, Steve Kelman.

“Es demasiado sencillo decir ‘yo no tengo nada’ y que lo tenga todo el marido o esposa de uno”, ejemplificó en entrevista el autor de numerosos libros y artículos sobre el proceso de formulación de políticas y la mejora de la gestión de las organizaciones gubernamentales.

“Mi mujer trabaja para el Gobierno federal y, cada año, tenemos que rellenar un montón de documentos sobre ingresos y rentas que no son sólo relativos a ella sino a mí, que soy profesor”, afirma el también miembro de la Academia Nacional de Administración Pública de Estados Unidos.

Cuando en una sociedad el ascenso social depende de tus conexiones más que de tu talento, esa sociedad peligra, insistió Kelman citando el libro “Por qué fracasan los países”, de Daron Acemoglu y James Robinnson.

“Si creces en una sociedad en la que quieres hacerte rico y la forma más simple no es producir algo o desarrollar algún servicio sino tener amigos en el Gobierno, la gente elegirá esta segunda opción.

“Eso destruye un país, cuando la gente inteligente demuestra su ambición teniendo amigos y conectes en el Gobierno”, señaló en entrevista con REFORMA.

Kelman visitó la Ciudad de México para hablar del curso “Oportunidades y desafíos del futuro de México, estrategias de liderazgo y desempeño” que la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey y la Universidad de Harvard celebrarán del 11 al 16 de enero en Cambridge, Massachusetts.

La impunidad y la falta de transparencia son dos de los principales motores de la corrupción. En ese sentido, lamentó Kelman, incluso en China hay más avance que en México.
“En los últimos 20 o 30 años, ¿cuántos Ministros, Gobernadores o Presidentes Municipales han ido a la cárcel en México por cuestiones de corrupción? Creo que muy pocos. Sin embargo, en China, por ejemplo, dos de los siete miembros más poderosos del Partido Comunista han sido arrestados en los últimos tiempos”, señala.

Ante el escándalo de la llamada “Casa Blanca” de Angélica Rivera, el profesor estadounidense considera que el Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene la gran oportunidad de crear mejores leyes.

“El Gobierno debe proveer más información. Me parece que el caso de la casa de la esposa de Peña Nieto es una buena oportunidad que tiene para mejorar la legislación sobre transparencia y pedir a los políticos de cierto nivel que, cada año, hagan públicas sus cuentas”, dijo.

Para abatir una corrupción como la que prevalece en México, destacó, es necesario que la sociedad se adueñe del proceso de cambio.

“Cuando en Estados Unidos se combatió la corrupción entre los años 1870 y 1900, que era una época en la que la gente se hacía rica muy rápidamente, se corrió el riesgo de caer en un capitalismo crónico fruto de la corrupción. Pero la gente luchó para que eso no sucediera. Y los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en eso”., asegura.
Por ello, sostiene que, más allá de lo que el Gobierno pueda hacer, la gente y los medios tienen que alzar la voz para decir que quieren un país moderno que siga los mejores modelos internacionales, que quieren estar orgullosos de sí mismos porque la corrupción los avergüenza.

“Cuando muchos mexicanos van a Estados Unidos, incluso como turistas, empiezan a comportarse de manera diferente. No piden mordidas, no tiran basura en la calle…”, ejemplifica.
Para combatir la descomposición de las estructuras gubernamentales, Kelman también recomienda que el Gobierno federal se concentre en los ministerios y áreas en las que es crucial eliminar la corrupción, como los reguladores de energía, los departamentos de compras de Gobierno y de obras públicas.

A discusión

Sobre el curso que tendrá lugar en enero, y al que asistirán 40 mexicanos provenientes del mundo empresarial y político, Kelman dice que esta es la primera vez que hablarán de corrupción.
“Hasta ahora no habíamos hablado de ello en este programa, lo estamos haciendo este año por primera vez porque consideramos que se trata de un asunto muy importante en casi todos los países en vías de desarrollo, no sólo México”.

Del mismo modo, abordarán la cuestión del uso de las pruebas y los datos para elaborar políticas públicas.

“En lugar de hacer política en función de lo que los políticos quieren o no o en las sensaciones que tengan, hay que hacer política basada en datos.

“Por ejemplo, el ex Alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, aplicó sus técnicas como CEO para gestionar la ciudad. Enviaba a gente a las calles para ver cuántos baches había y publicaron esa información. Si un ciudadano llamaba diciendo ‘hay un bache en mi calle’, medían cuánto tiempo se tardaba, de media, en arreglarlo.

“Antes de eso, el Alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, comenzó haciendo mediciones para combatir el crimen y el resultado fue que, en los últimos 25 años, la ciudad redujo el número de homicidios en 80 por ciento”, resalta Kelman.

También enseñarán a desarrollar las habilidades negociadoras.
Vox populi

1 El libro citado en el articulo es muy atinado, preciso y claro, le recomiendo a todos los que quieren entender a Mexico que lo lean, Why Nation Fail o Por Qué Fallan Las Naciones. Realmente bueno.

Ricardo D.F.

2 Sr.Profesor creame que desgraciadamente la mayoria de los Mexicanos sin ser Genios sabemos esto, pero el diseño de nuestro sistema politico nos impide influir. Arturo D.F

3 No esta descubriendo el hilo negro! Incredulo Df.

4 Lo que en Harvard se llama “corrupción” aquí se llama “política nacional”. Toledano Ozumba.

5 Es cultural, en México la corrupción es cultural dice el fo,osofo de Tlacomulco. por eso no importan los casos de lideres sindicales, banqueros infiltrados, deudas de gobierno para beneficio personal, adjudicaciones sin claridad, como es cultural, suonene que es “natural”. Ojalá un día nos visite este profesor, sería interesante. Suspicacia u DF.

6 Mas Claro ni el Agua. Viva el DF DF ctuoso.

Sin avances. TI

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/mexico-sin-avances-significativos-corrupcion-transparencia-internacional-1058973.html

Reprueban a País por corrupción

Berlín, Alemania (03 diciembre 2014).- Aún sin el efecto de Ayotzinapa, Tlatlaya o la Casa Higa, los mexicanos no perciben ningún avance en materia de corrupción.
Con encuestas a empresarios y especialistas hasta julio pasado, Transparencia Internacional (TI) publicó ayer su Índice de Percepción de la Corrupción 2014.

De un total de 175 países, México se encuentra en el lugar 103, empatado con Níger, Moldavia y Bolivia.

Con 35 puntos sobre 100 posibles, el País se conserva en el rango inferior que ha mantenido desde 2010.

“No mejorar en tantos años es una muy mala noticia para México”, señaló Alejandro Salas, director para el Continente Americano de la organización.

En años anteriores tuvo el lugar 106 con 34 puntos (2013), 105 con 34 puntos (2012), 100 con 3 puntos sobre 10 (2011); y 98 con 3.1 sobre 10 (2010).

“A México lo vemos así en los resultados de este índice por el aire de optimismo que había traído Peña Nieto con su discurso de reformas y el manejo de la imagen de disminución de crimen”, advirtió Salas, quien destacó que el índice aún no contempla los últimos escándalos ocurridos en el País.

En cambio, incluso tras los escándalos de corrupción del consorcio petrolero Petrobras, con 43 puntos Brasil obtiene mejor calificación que México en el índice de TI.

En general, los países conocidos como BRICs (Brasil, Rusia, India y China), así como los MINTs (México, Indonesia, Nigeria y Turquía), que son los que han gozado recientemente de fama por sus economías pujantes, no están tan bien parados en cuanto a corrupción.

“China y Turquía son de los que más cayeron, pero no sorprende mucho. Una cosa es que sus economías vayan bien, pero en muchos de estos países vemos cómo sus gobiernos restringen libertades y, como en el caso turco, sus líderes están en casos de corrupción”, indicó Salas.

Dinamarca se sitúa en la primera posición de 2014, con una puntuación de 92, mientras que Corea del Norte y Somalia comparten el último lugar, con apenas 8 puntos.

Dos tercios a la baja

Transparencia Internacional presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que incluye 175 países.

De ellos, más de dos terceras partes obtuvieron una puntuación inferior a 50 puntos, en una escala de 0 -percepción de altos niveles de corrupción- a 100 puntos -percepción de bajos niveles de corrupción-.

México obtuvo una calificación de 35 puntos, que lo ubica en la posición 103 junto con Bolivia, Moldavia y Níger.

“Con base en la metodología de este instrumento, Transparencia Internacional considera que existe un cambio significativo solamente cuando hay un aumento o una disminución de 4 o más puntos.

“En esta edición, sólo 11 países cambian. Los siete países que mejoraron fueron: Afganistán, Costa de Marfil, Egipto, Jordania, Malí, San Vicente y las Granadinas y Swazilandia. Al contrario, los países donde empeoró la percepción de corrupción fueron Angola, China, Malawi, Ruanda y Turquía.

“México no presenta cambio a pesar del aumento de un punto en comparación con el año anterior”, indica el reporte.

Vox populi

1 Esto nos lleva inevitablemente a un retroceso cada vez más acelerado. Victor Ochoa DF.

2 Triste pero cierto, es cultural y educacional mientras tengamos tan bajos indices de educacion asi vamos a seguir! Incredulo Df.

3 Zatrapas. Santiago Pacheco Sayavedra.

4 La corrupcion es una confucion humana no de pais. A quien no le gusta el dinero. Opinador DF.

5 La corrupción es cultural, que quiere decir que es “natural”, inherente a los mexicanos. Asi somos dice Peña mientras sonrie al pagar en efectivo el depa en Miami que podrían pagar en 35 años, pero mejor ahora que hay… Ya me cansé DF.

6 Ua no den lana Mexicanos, acostumbrense a hacer las cosas bien. La corrupcion la inician la ip, los empresarios, los ciudadanos. Ciudadano harto Miguel hidalgo, lomas.

7 Como no vamos a ser los más corruptos si casi todos los políticos y algunos pseudoempresarios de este país son corruptos, sinverguenzas, cínicos. Carlos Hernández D.F.

8 Ahora sí, todos somos 103. El lugar 103 en corrupción. #TodosSomos103. Pedro DF.

9 Y lo peor es que seguro dimos una lana para no quedar taaaaan abajo! ciudadano X.

10 Y todo gracias a nuestro presidente y a la gaviota. Agustin DF.

11 Tal cual, como país africano: empatados con Níger. Pensante Mex.

12 Que verguenza, queremos ser de 1er mundo con practicas de hace 500 años. Es una verguenza, muertos de hambre quienes reciben sobornos y quienes los dan. Marc Satelite.

BUSCAGLIA! Video

http://aristeguinoticias.com/0312/mexico/en-una-democracia-en-serio-se-investigaria-al-presidente-por-la-casa-blanca-buscaglia/?code=reforma

La corrupción para nombrar al Fiscal Anticorrupción

Sin criterios objetivos de selección, con 15 minutos de exposición, sin pasar exámenes de conocimientos y ni de control de confianza, tendremos un Fiscal Anticorrupción que cuente con el visto bueno del presidente para ser empleado del procurador Jesús Murillo Karam.

Nombrar un Fiscal Anticorrupción a modo para seguir protegiendo los intereses de la clase política es corrupción y así está diseñado el proceso de selección.

El pasado 19 de noviembre, el Senado emitió la convocatoria para iniciar el proceso para nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, bajo los siguientes términos y condiciones:

·         La Fiscalía no será independiente sino que será una unidad administrativa adscrita a la Oficina del Procurador General de la República,

·         El titular de la “Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción” será electo con el voto de dos terceras partes de los Senadores.

·         El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento.

·         El titular de la Fiscalía podrá ser removido libremente por el Procurador General de la República

·         El Procurador General de la República hará el nombramiento de los titulares de las unidades administrativas a cargo del Fiscal Anticorrupción.

La convocatoria deba un plazo de apenas siete días hábiles para que los interesados pudieran inscribirse. Sin embargo, los requisitos no eran muchos:

1.      Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

2.      Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;

3.      Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

4.      Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;

5.      Acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción;

6.      No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación.

Se inscribieron 33 candidatos. Acá la lista.

El siguiente paso será que comparezcan ante la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, presidida por el senador Pablo Escudero. En la comparecencia tendrán un tiempo máximo de 5 minutos para realizar una exposición libre, relacionada con su idoneidad para ocupar el cargo como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y 10 minutos más para preguntas y respuestas. Una vez pasadas las comparecencias, la Comisión del Senado elegirá a las y los “mejores” y someterá la lista al pleno del Senado para la elección del Fiscal.

Entonces y resumiendo, sin criterios objetivos de selección, con 15 minutos de exposición, sin pasar exámenes de conocimientos y ni de control de confianza, tendremos un Fiscal Anticorrupción que cuente con el visto bueno del Presidente para ser empleado del Procurador Jesús Murillo Karam.

Los ciudadanos no podemos participar en las comparecencias ni mucho menos hacer preguntas a los candidatos, pero ojalá a algún senador se le ocurriera hacer las siguientes preguntas:

·         ¿Por qué participa en un procedimiento de elección que no establece criterios objetivos para la asignación del cargo?

·         Para su nombramiento usted requiere del visto bueno del Presidente. ¿Cree usted que este requisito genere conflicto de interés a la hora de investigar los nexos entre el Grupo Higa y la casa blanca, propiedad de la familia del Presidente de la República, para determinar si se cometió el delito de cohecho?

·         El Procurador José Murillo Karam no ha ejercido acción penal en contra del ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna por abuso de autoridad en el caso de Florence Cassez y la doble muerte de Nazario Moreno “El Chayo”. Al no ejercer acción penal, el mismo Procurador puede ser responsable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público además de otros delitos contra la administración de justicia. Como su subalterno, ¿piensa usted que tendrá la libertad para iniciar un procedimiento penal contra el Procurador?

Sin elección transparente ni autonomía para actuar es difícil pensar que el o la nueva titular de la Fiscalía Anticorrupción desempeñará sus funciones con independencia, vigilando, fiscalizando y ejerciendo acción penal incluso contra los servidores públicos que le pusieron en el cargo. La Fiscalía está diseñada para ser un paliativo, una medicina que no cura, un “logro” más en el discurso presidencial.

http://www.animalpolitico.com/blogueros-la-maquina-de-hacer-pajaros/2014/12/05/la-corrupcion-para-nombrar-al-fiscal-anticorrupcion/

¿Fiscalía fantoche?

Denise Dresser

En México desde hace muchos años existen peces gordos. Pero en este país no son pescados o atrapados. Siguen allí, engordando en el estanque. Miembros de un bestiario surreal poblado por los políticos del país. Con sus casas y sus terrenos y sus cuentas y sus “donaciones” y sus elecciones multimillonarias. Con sus evasiones y sus “casos cerrados”, como dicen que está el de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Y para ello han propuesto castigarse a sí mismos con una Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con la Corrupción. Una entidad que, ahora sí: “Investigará y perseguirá los hechos de corrupción de competencia federal, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público federal en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”. El reto es que para ser creíble, esa Fiscalía tendría que comenzar con la piraña principal en el estanque: el propio Presidente.
Porque desde hace años México padece la erupción de la corrupción y lo peor de su impacto. El país parece más democrático pero también más kleptocrático. Más abierto pero también más maloliente. Más competitivo pero también más corrompido. Antes las fortunas de los políticos eran un chisme compartido; hoy son una realidad denunciada. Antes las mansiones de millones de dólares eran un secreto guardado; ahora son un escándalo publicado. Lodo va y lodo viene; propiedades van y propiedades vienen. La vida pública como ruta para el enriquecimiento privado, finalmente evidenciada. Expuesta. Aireada. Generando una indignación necesaria. Produciendo un enojo saludable. Engendrando una población furibunda que para poder creer de nuevo en las instituciones, tendrá que comprobar que cumplen con su cometido. Por ello la Fiscalía prometida servirá de poco si no investiga esa pecera nebulosa que es la Casa Blanca.

Una residencia sobre la cual nadie en la clase política quiere hablar y nadie en el Cámara de Diputados o en el Senado quiere investigar. Pero es un síntoma de tanto que nos aqueja: instituciones débiles, rendición de cuentas inexistente, conflictos de interés que hacen posible el capitalismo de cuates. Para lidiar con esos males mexicanos se requerirá una Fiscalía autónoma y un fiscal que también lo es. Y lamentablemente todo indica que no será así. Que, de nuevo, el diseño institucional y el proceso de selección van a ser usados para ocultar en lugar de evidenciar. Que la entidad y quien la dirige van a ser utilizados para tapar el problema en vez de encararlo. Que la institución y quien la propia clase política nombre para estar frente de ella estarán condenados al fracaso deliberado. Porque sólo así se comprende que la Fiscalía Anti-Corrupción propuesta dependa de la Procuraduría General de la República. Sólo así se entiende que el fiscal nombrado pueda ser vetado por el Presidente. Señales evidentes de que la autonomía indispensable para llevar a cabo su función sólo será aparente. Señales obvias de que cuando el presidente del PRI, César Camacho, dice que su partido “va con todo” contra la corrupción, sólo está bromeando.

Bromeando porque para poder funcionar eficazmente la Fiscalía Anti-Corrupción tendría que tener los dientes que no le han dado, la autonomía que no le han asegurado, el presupuesto que no le han otorgado, el mandato que no le han ampliado. Bromeando porque para poder crear fiscales anti-corrupción exitosos como lo fueron Falcone y Borsellino y sus herederos institucionales en Italia, la versión mexicana debería contar con una capacidad de investigación y con unos estatutos jurídicos y con una independencia política y con unas facultades amplias que el Congreso, el Senado y el Presidente no le quieren dar. Bromeando porque en Brasil y Colombia, fiscales independientes han logrado sentenciar e inhabilitar a políticos de todos los partidos, y en México tanto el PRI como el PAN como el PRD como el Partido Verde no quieren que eso ocurra, jamás.

Y si no es así que lo prueben en los próximos días. Demostrando que están dispuestos a fiscalizarse a sí mismos. Preguntando en el Senado a los candidatos para dirigir la Fiscalía Anti-Corrupción si su primer caso a investigar sería el de la Casa Blanca. Si el siguiente sería Arturo Montiel o los “moches” en la Cámara de Diputados. Si el fiscal potencial cree que su proceso de selección es lo suficientemente transparente y autónomo como para no convertirse en una Fiscalía fantoche. Porque de ser así, México terminará -otra vez- creando instituciones y empoderando personas que prometen apresar peces gordos pero sólo ofrecen charales.

Dexiocracia

Jesús Silva-Herzog Márquez

La crisis de México es, también, el mayor desafío para la crítica del poder. Las categorías, las ideas, los cuentos que nos hemos hecho para entender nuestro presente no parecen útiles para comprender la dimensión de nuestro aprieto histórico. Hay que pensar de nuevo. La crisis que vivimos no se detiene en el desplome de la credibilidad de un presidente, no es simplemente un brete del gobierno es, estrictamente, una crisis de régimen. El arreglo político que emergió de una larga secuencia de reformas electorales, eso que llamamos “la transición” parió una criatura grotesca que hoy resulta inaguantable. Es cierto que el paisaje cambió: el partido hegemónico perdió elecciones, los gobiernos locales se liberaron del control central, la izquierda gobierna desde hace lustros la capital de la república, se expandió en ciertos lugares la crítica. Nada de eso es espejismo y, sin embargo, nada de eso es suficiente para lograr una política que asiente la paz, que permita convivencia y que se controle a sí misma.

El encendedor de las elecciones no fue suficiente para implantar un régimen que merezca calificativo de democrático. Tal vez ahí estuvo nuestra ingenuidad. Creer que la alfombra electoral puede extenderse en una casa sin piso. Desenrollar el tapete de las elecciones sobre el vacío del Estado, la burla de la ley y el paño roto de la comunidad. Llegamos a la competencia partidista sin haber cimentado un orden basado en el derecho. Las rivalidades partidistas han instaurado una disputa cínica o bárbara por los dividendos de la política. Dejo el plural para asumir la primera persona del singular al hablar de la ingenuidad de la película imaginada. Pensé que el dispositivo de la competencia instalaría una dinámica virtuosa que tarde o temprano reacomodaría el poder para servir a los electores y para limitar los abusos. No imaginé el paraíso pero sí el ensanchamiento de la representatividad y el control. Ahora entiendo que lo que veía como tareas pendientes de la democracia mexicana eran en realidad, defectos de nacimiento.

Pluralismo sin ley, competencia sin contrapesos, arbitrariedad descentralizada, poderes sin responsabilidad, plutocracia alternante. ¿Qué nombre describe el régimen que padecemos? Dexiocracia, tal vez. Siguiendo la pista de Gabriel Zaid, quien imaginaba para gloria de México una ciencia de la corrupción, podríamos nombrar con esa palabra nuestro acomodo político contemporáneo. Si democracia viene del griego, este régimen puede tomar prestadas palabras del mismo idioma: dexis: mordida; cratos: gobierno. El gobierno de la corrupción, del soborno, de la ilegalidad, de la confusión de los intereses. Y la corrupción, naturalmente, como el nido donde se aparean crimen y gobierno.

Después de siete décadas de ejercer un poder sin restricciones institucionales, el PRI heredó una estructura carcomida por la ilegalidad. Lejos de ser un monopolio empleado para fincar Estado, el autoritarismo mexicano sirvió para propagar complicidades. Una política dedicada a alimentar la ilegalidad. La perversa herramienta de gobierno se volvió régimen, regla y hábito. La política mexicana no se sirve de la trampa, sirve a la trampa. Como el régimen porfiriano, el priismo tejió amistades para no construir instituciones. Al dejar el poder, los priistas entregaron al PAN un calendario de extorsiones por vencer. Los panistas pagaron puntualmente la cuota, dando segunda vida al régimen de la corrupción. Lo llamo régimen para subrayar que envuelve a la sociedad y al gobierno, a la izquierda y a la derecha, a la federación y al municipio. La ruptura que no hubo fue esa: la corrupción ha sido la cuerda intocada de la política mexicana.

La salida de esta crisis no está en la “superación de dolor” como dijo el presidente Peña Nieto. No está tampoco en la aceleración de sus reformas. Está en la instauración de lo elemental que es, entre nosotros, inédito: la ley. Y como la ley ha de colocarse como tabla de confianza, debe empezar por el principio, por lo ejemplar. Para ser creíble, debe comenzarse por la activación de los canales institucionales que la complicidad ha tapado. El Congreso mexicano debe refundar su legitimidad asumiendo su función democrática. Establecer ya las comisiones de investigación que aclaren o castiguen el conflicto de interés en el que, presumiblemente, está envuelto el Jefe del Estado mexicano. Si ellos quieren pasar página, habría que exigir que, primero, se lea completa. La salvación de nuestro precario pluralismo está en el conflicto.

LA CORRUPCIÓN REQUIERE UNA SOLUCIÓN COMPLEJA: MAX KAISER

Para el autor de “El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México” se requiere todo un sistema liderado por un órgano autónomo que combata todos los delitos de corrupción.

http://www.milenio.com/politica/Max_Kaiser_corrupcion-sistema_anticorrupcion-solucion_a_la_corrupcion_0_424757817.html

Revienta PRI legislación anticorrupción

Cd. de México (12 diciembre 2014).- Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados no concretaron el acuerdo para sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción.
Diputados del PAN y del PRD acusaron al PRI de provocar que la reforma se cayera, al proponer un Sistema Nacional de Integridad Pública, con un consejo nacional presidido por el Ejecutivo federal y con la participación de los Gobernadores.

Advirtieron que con la reforma tampoco se fortalece a la Auditoría Superior, no incluye más atribuciones para la Secretaría de la Función Pública ni la extinción de dominio en caso de enriquecimiento ilícito, entre otras omisiones.

Para el coordinador del PAN, José Isabel Trejo, hay una “negativa casi oficial” a que se apruebe un sistema autónomo.

“Evidentemente es una negativa de la bancada del PRI”, expuso.

“La mesa de trabajo está prácticamente suspendida y esto es preocupante, porque nosotros tenemos el compromiso de que en este periodo tendríamos este Sistema Nacional Anticorrupción, con la iniciativa que hicimos y que estaría terminada para ir al Constituyente Permanente”, agregó.

El también panista Fernando Rodríguez Doval acusó al Presidente Peña Nieto de no cumplir su compromiso de impulsar el sistema anticorrupción.

“En este predictamen, que el PAN desconoce y no acepta, se empodera a un Consejo Nacional para la Integridad Pública, presidido por el Ejecutivo federal y por los Gobernadores. Lo cual nos parece una simulación”, condenó.

La propuesta de AN, dijo, considera un Sistema Nacional Anticorrupción, con un comité que coordine la ejecución de las políticas públicas en prevención, control y sanción de hechos de corrupción.

El proyecto que promueve el PRI, dijo, no consideró este comité y dio las atribuciones de ejecución al Consejo Nacional de Integridad Pública.

El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, se sumó al rechazo al plan del PRI, por considerar inviable y poco serio que el Presidente participe en tal Consejo, cuando es uno de los entes que tienen que ser vigilados y auditados por el sistema.

“No es serio lo que se propone. No compartimos que en el Consejo Nacional estén quienes van a ser los entes a auditar, a fiscalizar. El Consejo a nivel nacional presidido por el Presidente, el Consejo a nivel estatal presidido por el Gobernador, entonces, ¿cuál órgano anticorrupción va a funcionar?”, expuso.

La propuesta de incluir la extinción de dominio, dijo, es para inhibir prácticas de corrupción de los servidores públicos.

La bancada priista justificó que la reforma de un sistema nacional anticorrupción no salió porque el PAN se negó a negociar y está pensando en las elecciones del 2015.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador del tricolor, afirmó que su partido no acepta pretextos ni responderá a caprichos del PAN.

Héctor Gutiérrez de la Garza indicó que ya se había aceptado modificar la integración del consejo nacional, pero los panistas reventaron la negociación.

“Hay puntos que pudieron mejorar, pero con esa actitud hay una intención política atrás y no precisamente de transparencia”, aseguró.

Alfonso Zarate, comentarista de Televisa.com, sobre exoneración de Raúl Salinas de Gortari

https://www.facebook.com/video.php?v=932560930095316&fref=nf

Festín!

http://www.eluniversalmas.com.mx/cartones/2014/12/13699.php

Corrupción

http://www.milenio.com/firmas/jorge_castaneda/Corrupcion_18_432136835.html

“En México, la corrupción es el Estado mismo”: Pablo Gómez

https://www.youtube.com/watch?v=hhfc2rwQMBc

Castiga Edil a quienes no pagan moche

https://www.facebook.com/video.php?v=10152996725263827&fref=nf

‘Gobierno legal’

Denise Dresser

Reforma, 26 enero 2015.

. En México la fortuna inexplicable de Raúl Salinas de Gortari es legal.

· Que el hermano de un Presidente cobre comisiones para asegurar contratos con el gobierno es legal.

· El Moreiragate, con el cual el ex gobernador endeudó y desfalcó a su estado, es legal.
· La acumulación de casas por parte de Arturo Montiel en México y en el extranjero es legal.

· El secuestro de sus hijos, en violación de la Convención de la Haya, es legal.

· Que los contratos gubernamentales se hagan cada vez más por adjudicación directa es legal.

· Que las privatizaciones de los 80 y los 90 hayan beneficiado a los amigos del gobierno en lugar de a los mejores operadores es legal.

· Que el ex secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, haya firmado contratos que beneficiaron a su familia siendo presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados es legal.

· Que Televisa haya armado un montaje televisivo con la ayuda de Genaro García Luna, violando así la presunción de inocencia y el debido proceso en el caso de Florence Cassez, es legal.

· Que la Suprema Corte haya declarado que las violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho fueron “poco graves” es legal.

· Que la Suprema Corte haya declarado que los ciudadanos no teníamos “interés legítimo” en conocer qué estados fueron beneficiados con la condonación fiscal del Congreso -en el caso “Yo Contribuyente”- es legal.

· Que Juan Molinar haya renovado el contrato de subcontratación de la Guardería ABC a pesar del reporte sobre la inseguridad del recinto es legal.

· La transferencia de recursos no fiscalizados por parte del gobierno federal al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana es legal.

· El Monexgate es legal.

· La riqueza de Carlos Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo y tantos líderes sindicales más es legal.

· La repartición de tarjetas Soriana es legal.

· La compra por parte del Presidente de una casa a un constructor que después ganó lucrativos contratos en el Estado de México es legal.

· La existencia de un contrato entre TV Promo/Radar (empresa vinculada a Televisa) y Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, para comprar cobertura favorable y entrevistas a modo es legal.

· La participación de la familia de Pedro Joaquín Coldwell en contratos y licitaciones que involucran a Pemex, siendo secretario de Energía, es legal.

· La Casa Blanca de la Primera Dama/Higa, comprada con recursos que todavía no ha comprobado, es legal.

· La compra de la casa de Luis Videgaray en un club de golf en Malinalco, con un préstamo a una tasa de interés aún desconocida, provisto por una inmobiliaria beneficiada por el gobierno -Grupo Higa-, es legal.

· La licitación del tren rápido México-Querétaro es legal.

· La cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro es legal.

· La participación accionaria del 80% de César Camacho, dirigente nacional del PRI, en una empresa que ha ganado contratos en el Estado de México es legal.

· La compra de un banco en Chihuahua, con recursos no comprobados, por parte del gobernador César Duarte es legal.

· Que un delegado use carro prestado por un proveedor es legal.

· Que funcionarios públicos no expliquen a cabalidad sus declaraciones patrimoniales ni hagan públicas sus declaraciones de impuestos ni revelen posibles conflictos de interés es legal.

· La presentación incompleta de la declaración patrimonial de Miguel Mancera y su equipo, argumentando cuestiones de “seguridad”, es legal.

· Que un delegado deje su puesto seis meses antes de haber cumplido su periodo, para buscar una candidatura, es legal.

· Los “moches” no investigados ni sancionados son legales.

· El desvío de fondos de gobiernos de izquierda para financiar las actividades proselitistas de Andrés Manuel López Obrador es legal.

· Que el Partido Verde viole descaradamente la legislación electoral y reciba tan sólo una amonestación del INE es legal.

· Que el “Niño Verde” haya sido captado en un video negociando un soborno para permitir la construcción de un hotel en una reserva ecológica y, aún así, siga siendo dirigente de su partido es legal.

· Que el Sistema Nacional Anti-Corrupción haya sido frenado por el PRI en el Congreso es legal.

· Que el Presidente y su gobierno sigan incurriendo en conductas que la revista The Economist llama “inaceptables” es legal.

· Que ni una sola figura pública haya rendido cuentas o renunciado por los escándalos de conflicto de interés que estallan día tras día es legal.

· Ergo, en México la corrupción es legal.

Corrupción: acciones erráticas

Jornada, 4 feb. 2015.

El presidente Enrique Peña Nieto anunció ayer en un mensaje al país la adopción de diversos procedimientos administrativos para prevenir la corrupción y designó a Virgilio Andrade titular de la Secretaría de la Función Pública, dependencia que permanecía acéfala desde el 30 de noviembre de 2012.

El principal elemento de contexto, citado por el gobernante, es el conjunto de revelaciones periodísticas sobre los inmuebles comprados por el propio titular del Ejecutivo, por su esposa y por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a dos contratistas prominentes del estado de México y, posteriormente, del gobierno federal.

Tales informaciones han dado pie a señalamientos por posibles conflictos de intereses y han deteriorado en forma significativa la imagen de la administración peñista, incluso en medios extranjeros que hasta hace poco la elogiaban.

Aunque la Presidencia, Angélica Rivera y el titular de la Secretaría de Hacienda dieron ya sus versiones de la forma en que tales propiedades fueron adquiridas, las explicaciones correspondientes no resultaron suficientes para despejar las sospechas públicas. Cierto, no bastaban: se requiere una investigación independiente que establezca de una vez por todas si los señalados incurrieron o no en conflicto de intereses.

En respuesta, el titular del Ejecutivo instruyó a la SFP investigar y resolver si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compra-ventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor, y enumeró, como ya se ha dicho, una serie de medidas para prevenir casos similares.

Lamentablemente, no parece probable que tales acciones basten para esclarecer las sospechas. La SFP fue desmantelada durante la administración calderonista y el actual gobierno se mostraba, hasta ayer, partidario de sustituirla por una comisión nacional anticorrupción, cuya fundación no se ha concretado a la fecha; la decisión de sacar de su letargo al organismo de la función pública habría parecido procedente de haber ocurrido antes de las revelaciones referidas, pero adoptada después de ellas corre el riesgo de ser vista como una medida de control de daños.

Por lo demás, resulta manifiestamente improcedente que un gobernante nombre a un funcionario subordinado para que lo someta a investigación, pues ello coloca al nominado como juez y parte. El espíritu republicano señalaría que el esclarecimiento, para ser verosímil, ha de corresponder a un poder independiente: el Legislativo o el Judicial.

En otro sentido, resulta preocupante que el gobierno decida situar la pesquisa bajo la tutela de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues ello constituye una inadmisible cesión de soberanía y una tácita admisión de que las instituciones mexicanas no son capaces de enfrentar y combatir por sí mismas los fenómenos de corrupción y conflictos de intereses.

En suma, no parece probable que las acciones anunciadas ayer consigan restañar el descrédito que experimenta la presidencia actual ni contrarrestar la erosión institucional en curso. Y sin instituciones sólidas y dotadas de credibilidad y autoridad moral no será posible hacer frente con éxito a la grave circunstancia que enfrenta el país.

México: Cultura del Engaño

COLABORADOR INVITADO / Jacques Rogozinski

“Cómo me gustaría estar libre de pecado para poder agarrarlos a pedradas”. Dicho de un amigo

En México somos expertos en encontrar culpables de nuestros males, saliendo nosotros siempre invictos.

Hace algunos años, analistas y académicos sugerían que la corrupción disminuiría con el PRI fuera del poder. La alternancia llegó y sin embargo la predicción de nuestros “gurús” no se dio. Datos de Transparencia Internacional indican que entre 1998 y 2012, la percepción de corrupción aumentó: México pasó del puesto 55 al 105.
¿Qué pasó? Los “expertos” encontraron una explicación: resulta que no sólo era necesaria la alternancia sino que ahora nos dicen que es la falta de un estado de derecho.
Desde mi punto de vista, en los próximos años, veremos una más estricta aplicación de la ley y una disminución de la impunidad; pero, ¿acaso eso disminuirá la corrupción y nos pondrá en los primeros lugares de transparencia? Mi predicción: no. Ésta se sofisticará.

Los expertos reducen el problema a incentivos. Esto es, si a los corruptos se les aplicara la ley y fueran a la cárcel, sería suficiente. Pero la ley por sí sola no siempre funciona, pues los factores culturales pesan aún más que las consecuencias legales.
Por ejemplo, si fuera por incentivos, hace rato que habría disminuido el consumo de drogas en los Estados Unidos, pero aun con récords históricos de convictos, el consumo de estupefacientes se incrementó. En cambio, el consumo de tabaco se redujo: el fumador es considerado cada vez más un criminal social, mientras que, como predije en mi libro Mitos y Mentadas de la Economía Mexicana, la producción, comercialización y el consumo de mariguana serán legales en los próximos dos años.

Pretender reducir la corrupción en México solo a través de la ley no resolverá el problema, porque atacaría los síntomas, pero no las causas. Sería como tratar de disminuir el cáncer de pulmón, extirpando los tumores de los enfermos, sin combatir la verdadera causa: el consumo del cigarro.

La corrupción mexicana reconoce diversas raíces, pero dos destacan: primero, la deshonestidad generalizada de la población. Corrupción y deshonestidad no son términos intercambiables. La primera es el abuso de una posición pública para obtener ganancias privadas; la segunda, en cambio, es la violación sistemática de las normas, sean públicas o privadas, se esté o no en función de poder, sean o no legales.
Ejemplos de esta raíz abundan: bebidas alcohólicas adulteradas, litros que no son de litro, garantías que no se respetan, sobornos para eludir sanciones, moches entre privados. Hasta el famoso “dígale que no estoy” y la muy alabada “casa chica”. Todo esto y más lo aprendemos desde la niñez.

Por supuesto, un grupo que permanece demasiado tiempo en el poder tiene una alta probabilidad de facilitar y participar de la corrupción, reforzando un problema serio. Pero una sociedad deshonesta puede prolongar por mucho más tiempo los comportamientos nocivos.

No menos importante es la segunda raíz: la masculinidad acentuada. B.W. Husted, en Wealth, Culture and Corruption, sugiere que, entre otros factores, cuanto más masculina es una cultura, mayor es el nivel de corrupción. El contra ejemplo prueba la tesis, dicen A. Swamy y otros autores en Gender and corruption: cuantas más mujeres haya en el gobierno y el mercado laboral, menor corrupción.

Tome nota: deshonestidad y machismo no se combaten con leyes sino con cambios culturales. Tenemos un largo camino.

El autor es director de Nafinsa.

Ética y Política Video

https://www.youtube.com/watch?v=MGZd1V3l0GA

Primer Plano – Lunes 09 de febrero de 2015

El inframundo de la corrupción Bernardo Barranco V.

http://www.jornada.unam.mx/2015/02/11/opinion/021a1pol

                                         SIN ELLOS, NO HABRÁ JUSTICIA       

Miguel  Carbonell

En la tarea de hacer justicia el Estado emplea un número cuantioso de medios humanos y materiales. El año pasado los tribunales federales tuvieron un presupuesto de más de 43 mil millones de pesos y emplearon 31 mil 113 servidores públicos con sueldos bastante decorosos.

La carga de trabajo que tienen es también abundante. A lo largo de 2014 el Poder Judicial Federal recibió más de un millón de nuevos asuntos, de los cuales 280 mil 608 fueron en materia penal. Esa carga de trabajo se desahoga en buena medida por nuestros 355 jueces de distrito y los 214 tribunales colegiados de circuito que trabajan a lo largo y ancho del territorio nacional.

Y es ahí, precisamente, donde parece estar uno de sus mayores retos. La reforma penal, tan profunda y compleja, parece estar navegando a un paso bastante lento dentro del ámbito de competencia de nuestra justicia federal. Pese a que se tenían que comenzar a tomar medidas desde 2008, apenas a finales de 2014 comenzaron a funcionar los nuevos juicios orales en materia penal, pero solamente en dos entidades: Puebla y Durango. Para marzo de 2015 deberán iniciar en otras dos entidades.

Esto supone que a casi 7 años de que comenzaron los trabajos de la reforma penal, la Federación solamente la habrá podido implementar en 4 entidades federativas y tendrá apenas un año y medio para hacerla funcionar en otros 28 estados. La lentitud con que se ha trabajado hasta es evidente. Uno se podría preguntar de qué manera van a lograr que la reforma funcione en apenas 18 meses dentro de 28 estados, cuando se tardaron 7 años en lograr que funcione en 4. Las cuentas no son fáciles de cuadrar, por lo que se ve.

El nombramiento de prestigioso magistrado Juan José Olvera como titular de la Unidad de implementación de la reforma penal al interior del Consejo de la Judicatura Federal arroja un rayo de esperanza, pero las resistencias que todavía deben vencerse son muchas. Lo cierto es que el mayor obstáculo se encuentra (todavía hoy, aunque parezca increíble) en la mente de mucho jueces y magistrados, que se siente muy cómodos trabajando como lo han hecho toda su vida, y se resisten con uñas y dientes al cambio de una justicia más transparente y también -por eso mismo- mucho más exigente para todos sus actores.

La demora enorme que llevamos acumulada no debe disimular un hecho evidente: sin el concurso, la voluntad y hasta la pasión por hacer bien las cosas que le pongan los jueces, magistrados y ministros, la reforma penal no saldrá adelante.

Se trata de actores fundamentales del proceso, tanto por lo que se refiere a los juicios orales ordinario como por lo que respecta a los indispensables criterios que a través de la resolución de amparo tendrán que ir fijando a los tribunales de más alto nivel. Sin ustedes no habrá una buena (y renovada) justicia penal, señoras y señores jueces.

México los necesita hoy más que nunca. Ojalá todos lo entendieran.

Para estar bien y a tiempo en junio de 2016 (como lo ordena la Constitución), el Poder Judicial necesita avanzar en 3 pistas: construcción de la infraestructura para que se celebren las audiencias orales (tanto las preliminares como las de juicio), capacitación del personal que se hará cargo del nuevo sistema y preparación de la logística interna con la que se va a trabajar (es decir, la parte administrativa del nuevo sistema, que no es poca cosa).

El reloj sigue corriendo. Pronto llegará el 18 de junio de 2016 y entonces sabremos si los jueces se decidieron a cumplir con la Constitución o bien si optaron por la trágica actitud de resignarse a violarla. Muchos de nosotros apostamos por lo primero. Ojala no nos equivoquemos.

Investigador del IIL de la UNAM.

@MiguelCarbonell

FALTA ÉTICA E INTEGRIDAD EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS: AUDITORÍA

En el reporte de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación expone que estas carencias son las que generan que el servicio público tenga una imagen negativa ante la sociedad.

MILENIO DIGITAL18/02/2015 03:33 PM

Ciudad de México

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó importantes ausencias en las instituciones públicas para garantizar la integridad como un factor decisivo para el cumplimiento de sus labores.

De acuerdo con la ASF “existe una carencia de sensibilización de los mandos superiores respecto de la ética e integridad”.

Con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, la ASF realizó un estudio a través del cual detectó que las acciones emprendidas para fortalecer la integridad son desarticuladas entre las propias unidades administrativas y que no hay personal especializado en temas de administración de riesgos a la integridad y acciones anticorrupción.

En el trabajo titulado “Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público” la ASF concluyó que es necesario que todas las instituciones públicas cuenten con códigos de ética y conducta debidamente formalizados y que se revisen periódicamente.

En el reporte de fiscalización de la Cuenta Pública 2013, la ASF considera que se requiere fortalecer el papel de los órganos de auditoría interna de las instituciones públicas como elementos profesionales e independientes, preventivos de actos irregulares en el sector público, debido a que encontró que “el nivel de desarrollo de actividades de promoción de valores y fortalecimiento de la cultura de integridad es incipiente”.

La ASF considera importante diseñar y aplicar programas orientados a fortalecer los servicios de carrera de los servidores públicos hacia un compromiso ético de servicio.

De acuerdo con la ASF esta falta de ética e integridad en las instituciones públicas son las que han generado que el servicio público tenga una imagen negativa ante la sociedad.

Desvíopalooza 2015

No es tan grave la cosa-Fisgón

http://www.jornada.unam.mx/2015/02/26/cartones/1

Los Intocables

COLABORADOR INVITADO / Jacques Rogozinski

Reforma, 26 febrero2015. Recientemente dos influyentes periódicos, The New York Times y Le Monde diplomatique, publicaron sendos “descubrimientos” de cómo, a través de sofisticados esquemas financieros e inmobiliarios, se oculta dinero en Estados Unidos y Suiza.

Llaman la atención estos “descubrimientos”, dado que siempre han sido públicas, en todo el mundo, las metodologías que se utilizan en los paraísos fiscales para esconder fortunas.

Permítanme recordárselos:

Hay al menos 82 naciones que utilizan el secreto financiero y los paraísos fiscales para esconder dinero ajeno. Al facilitar la existencia de cuentas secretas y sofisticados esquemas inmobiliarios, esos estados operan como enablers, facilitadores de un proceso de corrupción ampliado.

Nacido en 2009, el Financial Secrecy Index (http://www.financialsecrecyindex.com/) muestra cuán importantes son los países en función a cuánto secreto financiero poseen. En 2013, en dicho índice aparece Suiza a la cabeza, seguida por Luxemburgo y Hong Kong y, no muy lejos, en sexto lugar, Estados Unidos. Por supuesto no podrían faltar países como Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Francia. Hay también varias naciones latinoamericanas (Panamá, Brasil, Uruguay), pero México, con todos sus problemas, no está en la nómina. Uno puede discutir sobre todas nuestras fallas, pero es seguro que México no es un tax haven y esto debería resaltarse.

Las leyes de secreto financiero y otros esquemas han sido vitales para el crecimiento de Suiza y otros paraísos fiscales. Desde hace más de ochenta años los emplean políticos, empresarios, narcotraficantes, militares, delincuentes y criminales de todo el mundo. Es en parte por eso que el promedio anual del PIB per cápita real de esos países ha crecido al 3.3% entre 1982 y 1999, mientras que en el resto de los países crecía al 1.4%, dice James R. Hines Jr. en Do Tax Havens Flourish?
Alrededor de los paraísos fiscales ha crecido una industria de captación de fondos. El vínculo es claro, dice John Christensen en The Hidden Trillions, un trabajo sobre corrupción internacional: quien toma sobornos debe encontrar canales financieros seguros para atesorar sus ganancias mal habidas y quien proporciona el soborno puede ayudar a hallarlos y lavar el dinero. “Muchos de los mayores bancos del mundo”, dice Christensen, “todos los cuales tienen sedes en países industrializados, son usados en el lavado global de dinero”.

Según un estudio realizado para el Center for International Policy, un organismo independiente de estudios políticos de Washington, hasta 1 billón de dólares (un millón de millones) sale ilegalmente al año de países en desarrollo rumbo a cuentas secretas.
También Nicholas Shaxson recuerda en Treasure Islands, un libro que muestra cómo la banca offshore y los paraísos fiscales dañan las economías, que los rankings internacionales de transparencia ponen a naciones como las africanas entre las más corruptas de la tierra, pero dan alta nota a los corruptores del Primer Mundo. “Algo está mal aquí”, dice el autor, y vaya si tiene razón.

Ahora surge la pregunta: ¿Cómo es que con toda esta información pública, hasta ahora el New York Times encontró el hilo negro?

Entiendo perfectamente por qué la OCDE, sus países fundadores y la prensa “samaritana” de estos, que se benefician con el ocultamiento de fortunas, no han querido hablar de este tema. Pero lo que no entiendo es por qué columnistas, analistas y académicos mexicanos, ni uno solo, hable sobre esta faceta importante del ocultamiento de fondos en el que nuestro México NO participa. Ojalá alguien me lo pudiera explicar.

Si de verdad la OCDE está tan interesada en implementar transparencia en todos sus países miembros, debería de liderar este tema de modo que se legisle para prohibir y sancionar dichas prácticas.

Y también resaltar que México es el único país miembro que no aparece en el Índice de Secrecía Financiera.

El autor es director de Nafinsa.

La reforma anticorrupción en 10 puntos

Conoce los puntos principales de las modificaciones a la Constitución que se aprobaron en la Cámara de Diputados para prevenir y sancionar actos de corrupción.

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ26/02/2015 03:27 PM

Ciudad de México

La Cámara de Diputados aprobó este jueves las reformas a la Constitución en materia de combate a la corrupción entre las que destacan la ratificación del secretario de la Función Pública por el Senado, la posibilidad de la Auditoría Superior de la Federación de fiscalizar los recursos del ejercicio fiscal en curso y la obligatoriedad para los servidores de presentar una declaración de intereses además de la patrimonial.

Estos son los 10 principales puntos de la reforma:

1.- Servidores sí tendrán que presentar una declaración de intereses además de la de su patrimonio. Hacerlas públicas seguirá siendo opcional.

El dictamen establece que los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

No se otorgan facultades a las autoridades para verificar y validar la información presentada como exigían organizaciones de la sociedad civil.

Únicamente se establece que las declaraciones deben presentarse “bajo protesta de decir verdad”.

2.- Los titulares de los órganos internos de control ya no serán nombrados por el titular de la dependencia, sino por la Cámara de Diputados.

El dictamen establece que los titulares de los órganos internos de control que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

3.- Los órganos internos de control tendrán más facultades de revisión.

El dictamen establece que los órganos internos de control deberán prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

También podrán aplicar sanciones, cuando no sean competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Deberán de revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales.

Y habrán de presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Las dependencias públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal contarán con órganos internos de control que tendrán las mismas atribuciones que los órganos federales.

4.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sancionará a los servidores y particulares por actos de corrupción.

El dictamen establece que deberá imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

El Tribunal estará compuesto por dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones.

El Presidente de la República designará a los magistrados que deberán ser ratificados por las dos terceras partes del Senado.

5.- La Auditoría Superior de la Federación podrá revisar el ejercicio fiscal en curso y anteriores.

El dictamen establece que derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores.

También para sus trabajos de planeación de auditorías podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.

6.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales destinados a los estados y municipios.

El dictamen establece que fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.

Cuando los préstamos de los estados y municipios cuenten con garantías de la Federación, podrá fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.

Fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.

Se precisa que la fiscalización se deberá hacer sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

7.- No se acelera la presentación, ni revisión de la cuenta pública.

Las organizaciones de la sociedad civil pedían adelantar los tiempos de presentación y revisión de la cuenta pública los cuales en el dictamen permanecen sin cambios.

8.- Se especifican las sanciones a las que se podrán hacer acreedores los responsables de actos de corrupción.

El dictamen establece que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados mediante juicio político cuando incurran en actos u omisiones en perjuicio de los intereses públicos.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito

Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

9.- Los delitos de corrupción prescribirán a los 7 años.

El dictamen establece que cuando los actos u omisiones administrativas fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

Las organizaciones de la sociedad pedían que esta prescripción fuera de por lo menos 15 años.

10.- El Sistema Nacional Anticorrupción será el encargado de coordinar la prevención, detección y sanción de actos de corrupción.

El dictamen establece que el Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; del presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Se establece que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley

Entre sus facultades de coordinación estará:

El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales.

El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Se establece también que las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

¿Dónde ponemos el pasado?

Juan E. Pardinas

01 Mar. 2015

Toda sociedad que vive un terremoto de cambios acelerados tiene que enfrentar una pregunta sin consensos, ni respuestas cómodas: ¿Qué hacemos con la historia? Alemania y Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa del Este con el colapso del comunismo, América del Sur en el ocaso de las dictaduras militares, Sudáfrica después del apartheid. Cada una de estas geografías y naciones tuvieron circunstancias incomparables e irrepetibles, pero todos estos países tuvieron que encontrar alguna forma de exorcismo para lidiar con sus respectivos pasados. El México de hoy está marcado por dos heridas antiguas y vigentes: los derechos humanos y la corrupción. La respuesta que se ofrezca para ambos desafíos determinará, en gran medida, la prestancia con la que nuestro país podrá mirar al porvenir. La ruta de nuestro futuro estará marcada por el lugar que encontremos para ubicar al pasado.

En materia de derechos humanos, hay dos cifras que forman una bruma imposible de disipar para poder mirar la verdad histórica de los últimos sexenios. La primera cifra es 194, esas son el número de personas desaparecidas atribuibles a autoridades municipales, estatales o federales de acuerdo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El segundo número es 23 mil, la suma de nombres en el Registro Nacional de Personas Extraviadas. 194 y 23 mil son dos magnitudes muy distintas al cuantificar la escala de una tragedia humana. La cifra de tres dígitos no es pequeña, pero representa una investigación judicial muy distinta que averiguar la suerte individual de las víctimas de un genocidio. Resolver la incertidumbre entre estas cantidades no es sólo una necesidad de justicia, sino una manera de definir nuestra identidad colectiva: ¿somos un país donde 23 mil familias quedaron enlutadas en la más pavorosa incertidumbre o somos una nación que tiene que resolver 194 casos de desapariciones forzadas? La gobernabilidad de México pasa en gran medida por aclarar esta terrible incertidumbre.

La periodista Denise Maerker publicó un texto con una pregunta desagradable y oportuna sobre nuestro pasado persistente: “¿Amnistía para los políticos corruptos?” (El Universal, 24-II-2014). La disyuntiva provoca náuseas, pero el pragmatismo tiene su razón de ser: un sólido sistema de instituciones anticorrupción pondría en riesgo la impunidad de un número importante de autoridades de los principales partidos políticos. Los propios coyotes serán los encargados de implementar el sistema de sanciones para proteger a las gallinas.

Esta semana, la Cámara de Diputados dio un paso importante para aprobar un Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo aún falta mucho. El Senado debe aprobar la iniciativa y luego la mayoría de los congresos estatales deberán ratificar los cambios a la Constitución. Posteriormente se abre un plazo de un año para aprobar la ley secundaria en la materia. Durante este proceso pesarán las sombras de muchos escándalos conocidos o por conocer. La reforma anti-corrupción tiene entre sus enemigos a varios de los políticos más encumbrados de México.

Para romper con su pasado, muchos países decretaron amnistías e indultos para torturadores, violadores y asesinos. ¿Qué debe hacer México para enfrentar una práctica donde el poder político se ejerce como una forma de patrimonio personal? No tengo estómago para proponer una respuesta, pero la pregunta está escrita con letras mayúsculas sobre los muros gigantes de todas las casas financiadas por hipotecas Higa. Como dice William Faulkner, el pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado.

 

¿Importa la corrupción?

Luis Rubio

01 Mar. 2015

La corrupción fue un asunto de profunda reflexión cuando los “padres fundadores” de la nación norteamericana discutían los elementos que debían incorporarse en su nueva constitución. Hamilton argumentaba que si se le purga al modelo constitucional heredado de los británicos “sus fuentes de corrupción y si se le da igualdad de representación al poder popular, se creará un gobierno disfuncional: como está en el presente, con todos sus supuestos defectos, es el mejor sistema de gobierno que jamás existió”. Para Hamilton la corrupción era un costo inevitable de la vida pública. Al final Hamilton perdió, quedando el sistema integral de pesos y contrapesos que postulaba Madison.

230 años después, la argumentación pública en México es casi idéntica. Pulula la noción de que, primero, así ha sido siempre y, por lo tanto, así seguirá. Segundo, que en la medida en que la corrupción permite que las cosas funcionen, su costo es menor. Aunque hay mediciones que sugieren un costo incremental (más de 1% del PIB anual), es evidente que ésta ha ido mutando y que lo que pudo haber sido válido en el pasado no necesariamente lo es ahora.

Más allá de las características específicas del fenómeno y de cómo ha cambiado, lo que debería preocuparnos a todos no es el hecho mismo de que un funcionario se enriquezca en el poder (algo usual), sino el hecho de que la corrupción se ha ido generalizando, sumando a todos los partidos políticos y penetrando de manera incremental a toda la sociedad. Si antes fue un factor que permitía atenuar conflictos o acelerar la implementación de proyectos, sobre todo la obra pública, fuente ancestral de corrupción, hoy se vive un fenómeno de metástasis que podría acabar paralizando no sólo al gobierno sino al país en general.

En su excelente ensayo en Nexos de febrero, Luis Carlos Ugalde describe la naturaleza y dimensiones del fenómeno, ilustrando la forma en que la corrupción piramidal de la era del presidencialismo autoritario se ha ido “democratizando” al incorporarse todos los niveles de gobierno, partidos y poderes públicos. Lo que antes era concentrado y un instrumento de cohesión política se ha convertido en un mecanismo de control político en manos de un creciente número de actores. Peor, su ubicuidad ha generado un amplio repudio en la sociedad, enojo que ha llegado a convertirse en odio.

La democratización de la corrupción ha generado un efecto ejemplo que, combinado con la impunidad, se ha propagado hacia otros ámbitos de la sociedad. Mientras que la corrupción de antes era típica de la disponibilidad de información privilegiada dentro del gobierno (por ejemplo para comprar terrenos a sabiendas de que ahí se construiría una carretera), del uso del gasto público para fines privados o de la interacción entre actores públicos y privados (como las compras gubernamentales), hoy la corrupción es frecuente en transacciones entre actores privados (como la compra de publicidad) y se ha enquistado en la definición de reglas de comportamiento (por ejemplo hospitales) que exigen estudios innecesarios que engrosan los cargos a los pacientes.

Racionalizar a la corrupción como algo ancestral y cultural permite generar y alimentar clientelas políticas. Los propios partidos se han dedicado a incorporar regulaciones cada vez más extremas (y absurdas) para el financiamiento de las campañas, mismas que son los primeros en violar: un cálculo sugiere que la campaña promedio cuesta veinte veces más de lo que la legislación permite.

Más que un fenómeno exclusivamente monetario, la corrupción ha alterado el léxico, el discurso y el modus operandi: podría parecer que se trata de un mero cambio semántico, pero lo que en realidad implica es que deja de concebirse a la corrupción como un “mal necesario” para pasar a ser la única forma de conducir la vida pública. Ese “pequeño” paso implica que deja de haber límites y que todo se vale: todo vestigio de comunidad, sociedad organizada o reino de la ley desaparece y se torna inasequible. La historia demuestra que ese es el mejor caldo de cultivo para liderazgos mesiánicos, populistas y autoritarios.

La mayor parte de las propuestas de solución no atacan más que los síntomas. La legislación en materia de transparencia se ha atorado en un conjunto de excepciones que diversas entidades del gobierno han intentado interponer, algunas más lógicas que otras. Pero la dinámica de esa discusión es reveladora en sí misma: todo el esfuerzo se concentra en transparentar y fiscalizar (importante), no en eliminar las causas del fenómeno. El título mismo del instrumento que se ha propuesto para combatirla es sugerente de sus limitaciones: “sistema nacional anti-corrupción”.
El problema de todas las recetas que se han presentado para combatir la corrupción es que no se atreven a reconocer el fondo, sobre todo la razón, por la cual ésta se ha “democratizado”. En una palabra, nuestro problema no es de corrupción, violencia, criminalidad o drogas. Nuestro problema es la ausencia de un sistema de gobierno profesional. Pasamos de un patrimonialismo autoritario de corrupción controlada a un desorden patrimonialista en que la corrupción hizo metástasis. Nada va a cambiar mientras no se construya un sistema moderno de gobierno, con una burocracia profesional y apolítica, anclado en el reino de la legalidad.
En tanto eso no ocurra, la descomposición persistirá y la economía seguirá arrojando resultados mediocres. Las reformas son necesarias, pero sin gobierno y sin ley nada cambiará.

No sé en qué país estoy viviendo: Del Paso

El autor de “Noticias del imperio” recuperó la voz para expresar: “No puedo quedarme callado ante tantas cosas que se nos han quebrado”

http://www.milenio.com/cultura/pais-viviendo-Paso_0_477552242.html

LA PODREDUMBRE ES TAL, QUE COMPRA HASTA SOCIEDAD CIVIL: BUSCAGLIA

marzo 11, 2015

¿Por qué más democracia significa más corrupción?

1 FEBRERO, 2015

Luis Carlos Ugalde

México, el segundo país con más altos índices de impunidad (sólo debajo de Filipinas)

El Índice de Impunidad Global revela que en México, la impunidad es “estructural y funcional”. Una de las observaciones es que no se necesita invertir más dinero en policías, sino en verificar que sean eficientes.

ABRIL 20, 2015Redacción Animal Político

Junto con Filipinas, Colombia, Turquía y Rusia, México está en la lista de las naciones con los índices más altos de impunidad, y ésta es funcional y estructural en el país, de acuerdo con el Índice de Impunidad Global, presentado este lunes 20 de abril.

El reporte detalla que México tiene dos prioridades que atender en materia de impunidad:

– La funcionalidad del sistema de seguridad; es decir, no se necesita invertir más recursos en el número de policías, sino en los procesos que garanticen la eficacia de los que ya hay.

– La estructura del sistema de justicia. En este sentido, el Índice “retrata perfectamente los esfuerzos gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México, 355 policías por cada 100 mil habitantes, cifra que se encuentra muy pegado al promedio de la proporción de policías que es de 332 por cada 100 mil habitantes”.

El estudio, realizado en 59 países que cuentan con estadística confiable, también concluyó que nuestro país y 11 más “están a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia“, de acuerdo con el documento del informe desarrollado por Centro de estudios sobre impunidad y Justicia (CesiJ), de la Universidad de las Américas Puebla.

Asimismo, el Índice reveló que México necesita más jueces. “Esta acción impactaría inmediatamente sobre los juicios, ya que al aumentar el número de éstos se podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación de las cárceles”, indicó.

Abajofirmante

http://www.eluniversalmas.com.mx/cartones/2015/05/14000.php

OHL: CONFLICTO DE INTERÉS CONFIRMADO

Hablar de OHL en España es sin lugar a duda ejemplificar la corrupción.

RICARDO MEJÍA BERDEJA | OPINIÓN | 2015-08-02 00:00:00

Las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Peña Nieto y el Pacto por México lejos de llevar al paraíso a nuestro país, como anunciaba la propaganda oficial bajo el enunciado de “el momento de México”, en realidad han implicado para nuestra nación un verdadero tormento. Tormento que sufren día con día los ciudadanos que han reprobado la gestión del actual Titular del Ejecutivo a tal grado que sólo el 34 por ciento lo aprueba, como lo dio a conocer la más reciente encuesta de Reforma.

El país tiene dos millones de pobres más que al arranque de la presente administración, según cifras del CONEVAL; sigue la inseguridad y la impunidad con la fuga de El Chapo Guzmán, como el caso más reprobable de la inoperancia e infiltración de la delincuencia en los cuerpos de seguridad del país; y la economía sigue sin levantar, con nuestra moneda que pierde terreno cotidianamente con un tipo de cambio cercano a los 17 pesos por dólar. En este contexto de reformas fallidas, devaluación y crisis la corrupción, el tráfico de influencias y la opacidad siguen siendo las características dominantes en la administración pública.

Dos casos son ilustrativos de la corrupción y los privilegios del actual gobierno federal: OHL y Juan Armando Hinojosa, contratistas predilectos del actual gobierno.

Hablar de OHL en España es sin lugar a duda ejemplificar la corrupción empresarialpolítica, es tocar la relación oscura entre la derecha que enarbola el capitalismo de cuates y la voracidad de los oligopolios privados españoles que por muchos años han sido beneficiados con los contratos públicos más jugosos que se han licitado y ejecutado por las instituciones de ese país.

Juan Miguel Villar Mir, presidente y dueño desde hace 27 años de la constructora Obrascón Huarte y Lain, conocida mejor por sus siglas como OHL ha estado involucrado en los últimos años en el país ibérico en diversas investigaciones de corrupción, una de ellas la de las famosas “Libretas Bárcenas” que no eran otra cosa más que las aportaciones empresariales a una red de financiamiento irregular que controlaba el tesorero del partido en el poder (Partido Popular) Luis Bárcenas quien en sus registros tenía aportaciones del señor Villar Mir por cerca de 530 mil euros, la mayoría de ellos dados en efectivo y utilizados por personajes como el ahora jefe de Gobierno Español Mariano Rajoy, para pagarles sobresueldos y beneficios personales.

Se puede consultar lo anterior en: 

Ruz acredita 18 años de caja b del PP

Villar Mir niega donaciones al PP y reconoce “alguna aportación” a FAES

Papeles de Barcenas: Villar Mir fue el principal beneficiado por obras del PP

Este tipo de actitudes de funcionarios públicos españoles emanados del Partido Popular son un juego de niños en comparación a las prácticas y cabilderos del poder que ha utilizado el mismo Villar Mir en México.

Basta sólo con mencionar el nombre de José Andrés de Oteyza, presidente de OHL México, quien como secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el gobierno de José López Portillo fue el artífice intelectual de la crisis generada en 1982 cuando cayeron los precios del petróleo a nivel mundial, aconsejándole al entonces presidente no bajar los precios de la mezcla mexicana causando un déficit público de funestas consecuencias para la economía nacional.

Desde el año 2002 que fue nombrado presidente del consejo de administración de OHL México, de Oteyza, ha disparado la adjudicación de contratos públicos para OHL, principalmente en el ramo de carreteras tanto para el gobierno federal, como para las entidades federativas, pero destaca en particular el Estado de México ya que desde la adjudicación del circuito exterior mexiquense cuando gobernaba Arturo Montiel dicha entidad y Peña Nieto era el secretario de administración, OHL se convirtió junto con HIGA de Juan Armando Hinojosa Cantú, en las constructoras consentidas del grupo de Atlacomulco.

En todas estas relaciones perversas se encuentran involucrados personajes de las más altas esferas tecnocráticas del poder, que en su momento fueron alumnos y discípulos del ex secretario de hacienda salinista Pedro Aspe, tal es el caso de Luis Videgaray, secretario de Hacienda del Gobierno Federal y por supuesto Emilio Lozoya Austin, ex consejero de OHL hasta octubre del 2012, hoy director general de Petróleos Mexicanos.

Las nuevas grabaciones que salieron a la luz pública que involucran al presidente de OHL México y sus tratos privilegiados con funcionarios del gobierno federal, ligado a los contratos alcanzados por esta empresa, vienen a confirmar el escandaloso tráfico de influencias que se ha venido dando para beneficiar a esta empresa en forma corrupta.

En uno de esos audios José Andrés de Oteyza presume haber obtenido un bono de 40 millones de pesos de OHL por los contratos que la filial de México ha obtenido como resultado de su trabajo como cabildero y traficante de influencias con funcionarios del gobierno federal. En una segunda conversación se escucha que Oteyza está esperando al director general de Petróleos Mexicanos y ex consejero de OHL, Emilio Lozoya, a las afueras de las oficinas centrales de Comisión Federal de Electricidad para posteriormente entrar a las instalaciones a una audiencia con el director general de CFE, Enrique Ochoa. La pregunta obligada es: ¿En qué papel acudió Lozoya a esa reunión? ¿Cómo representante de OHL o de PEMEX? Estos hechos sin duda alguna dan pie al inicio de una investigación por posibles actos de corrupción de este alto funcionario.

En el ejercicio de mis funciones como diputado federal siempre cuestione a Lozoya el hecho que nunca en la historia de PEMEX, OHL había obtenido un solo contrato con la petrolera. Sin embargo esto terminó con su llegada a la dirección general, a tan solo tres meses de dejar el consejo de administración de la firma española para incorporarse a Petróleos Mexicanos (en octubre del 2012)OHL obtuvo dos contratos por cerca de 170 millones de dólares en marzo del 2013.

Esto se lo recordé y se lo dije a Emilio Lozoya en mis diferentes intervenciones, tanto en la Comisión de Investigación de los Contratos Celebrados por Petróleos Mexicanos (Pemex), sus Empresas Subsidiarias y Filiales de 2006 a la fecha como en las reuniones de trabajo en la Comisión de Energía, dentro del marco del proceso de discusión de la reformas secundarias en materia energética el año pasado. De igual manera cuestione su conflicto de interés en este tema, su relación estrecha con OHL.

Siempre negó el conflicto de interés, no obstante el tiempo me dio la razón ya que con los audios hechos públicos esta semana se puede aseverar que desde el más alto nivel del gobierno federal existe una red de corrupción y tráfico de influencias de proporciones inimaginables a favor de contratistas privilegiados como OHL e Hinojosa, en el cual se negocian jugosos contratos con sus respectivas comisiones, tanto para ejecutivos de empresas como para servidores públicos. Por esas razones es claro que el Sistema Nacional Anticorrupción nació muerto.

http://lasillarota.com/ohl-conflicto-de-interes-confirmado#.Vb97Mvmqqko

INAUGURA BANGKOK MUSEO DE LA CORRUPCIÓN

AFP Bangkok, Tailandia (17 septiembre 2015).- Bangkok inauguró un museo sobre la corrupción en Tailandia, con estatuas en tamaño real de funcionarios condenados en casos recientes, esculturas de bolsas llenas de dinero en metálico o cuadros de corruptos entre rejas.

“Tailandia es un país con una cultura del clientelismo. Varias generaciones se han enfrentado ya a la corrupción y la gente está acostumbrada”, explicó Mana Nimitmongkol, de la Organización de Lucha contra la Corrupción, que concibió la muestra.

Los tailandeses guardan una relación compleja con esta lacra que gangrena la política, el sistema judicial y el mundo de los negocios del reino que ocupa el puesto 85 en la lista de 175 países elaborada por Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción.

“Queríamos crear este museo para contar a los tramposos que las cosas que han hecho son malas. Quedarán grabados en la historia de Tailandia y el pueblo tailandés nunca podrá olvidar ni perdonarlos”, agregó.

Las esculturas y estatuas se refieren a casos concretos de la historia tailandesa. En medio de una habitación, el busto de un hombre tragando decenas de pilares de construcción lleva por título “La deliciosa comida de comisarías de Policía”.

Hace algunos años se gastaron 160 millones de dólares en la construcción de cerca de 400 comisarías de la Policía que nunca vieron la luz. La investigación señaló a Suthep Thaugsuban, viceprimer Ministro en el momento en el que se licitó el contrato.

Thaugsuban fue uno de los protagonistas de la sublevación del año pasado contra el Gobierno de Yingluck Shinawatra, quien también está personificado en el museo detrás de un saco de arroz.

Sus oponentes políticos lo acusan de corrupción por la puesta en marcha de un sistema de subvenciones para los productores de arroz que le ha costado un proceso judicial.

Según los opositores, este sistema, que pagaba a los agricultores el doble de lo que el mercado les daba por sus cosechas, estaba plagado de corrupción y costó a la Hacienda tailandesa miles de millones de dólares en pérdidas y subsidios inflados.

El asunto implicó la creación de un movimiento ciudadano que llevó al derrocamiento de Yingluck el año pasado por el Ejército.

Con esta exposición, las organizaciones esperan impresionar al público.

“Cada escultura ilustra un caso nacional de corrupción que me molesta, pues todos han causado enormes daños”, explicó Tatpitcha Khanumsee, una visitante de 19 años.

Al alcanzar el poder en mayo de 2014, la junta tailandesa prometió luchar contra la corrupción y llevar ante la justicia a los corruptos.

Otro visitante, Anon Adhan, de 30 años, alabó la exposición por usar el arte para llevar a cabo una campaña seria.

“No queremos corrupción. Por eso apoyo esta campaña, visitándola, tomando fotos y compartiéndolas en las redes sociales”, añadió.

Vox populi

1 Que lo construyan HIGA y OHL. Ponerle el nombre va a ser muy dificil, pero una encuesta nos ayudará a decidir: Carlos salinas, raturo montiel, miguel aleman, enrique peña, raturo escobar, humberto moreira, rodrigo medina, juan sabines, granier, lorenzo cordova, maños baños, javier duarte, fidel herrera, etc. Va a estar difícil. O se puede sortear, méritos les sobran a todos, y a los que no resulten favorecidos por el sorteo se les puede poner su nombre a las muchas salas que debe tener. Gran proyectoDF

2 Ya sé que hacer con el terreno del aeropuerto cuando se desocupe! TerrenoDF

3 Hagan lo que hagan digan lo que digan este Gobierno de EPN quedara marcado por la impunidad y corrupcion y daria material suficiente para un Gran Museo de la Corrupcion e Impunidad. Ciudadano DF

4 En Mexico seria el Museo mas grande del pais , se requeriría mucho espacio y la sala mas garnde seria la de los Gobiernos del PRI y el actual de EPN daria mucho material junto con HIGA, OHL, Casa Blanca , etc. Ciudadano DF

5 En México llenaríamos de imágenes uno tan grande como el de Antropología.Juan DF

Ya chole con la corrupción

Jorge Ramos Ávalos

24 Oct. 2015

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está cansado de las quejas de los mexicanos. Por eso produjo y difundió en la internet un comercial llamado “Ya chole”. Las críticas en las redes sociales fueron tantas que rápidamente lo sacaron de su página web. Pero fue una decisión tonta. Nada desaparece de la internet. El comercial sigue viviendo en YouTube (y aquí está: http://bit.ly/1kvERfQ).

Pero lo que Peña Nieto debe saber es que los mexicanos también están cansados de él y de su temor a tomar decisiones fuertes. Parece que en los temas más graves, el Presidente desaparece. Tomemos el caso de la corrupción.

Primero la verdad, aunque duela. México es uno de los países más corruptos del mundo. La organización Transparencia Internacional puso a México el año pasado en el lugar 103 de un total de 175 países y territorios. Este índice mide la percepción de corrupción dentro del sector público de cada país. Traducción: los mexicanos creen que su gobierno es muy corrupto. (Aquí está la lista: https://www.transparency.org/cpi2014/results).

Eso, desafortunadamente, no es noticia. Lo grave está en que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha decidido no hacer nada significativo contra la corrupción. La política oficial es dejar que todo siga igual.

La percepción de corrupción e impunidad viene desde arriba. Un ejemplo ya muy trillado. Si la esposa del Presidente, Angélica Rivera, compró una casa de siete millones de dólares de un contratista del gobierno -al igual que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray- y no pasó nada, entonces ¿qué se puede esperar del resto del gabinete y de otros funcionarios públicos?

La realidad es que la esposa del Presidente y su principal colaborador se beneficiaron por su relación con una empresa que gana millones de dólares en contratos con el gobierno. Ellos dicen que todo es legal. Sin embargo, ¿por qué todos los mexicanos no tienen acceso al mismo tipo de financiamiento y condiciones que recibieron la señora Rivera y el señor Videgaray para comprar sus casas?

El otro problema de corrupción vino con la investigación. El presidente Peña Nieto puso a un subalterno -Virgilio Andrade- a investigar y, por supuesto, absolvió de cualquier culpa a la esposa de su jefe y a su principal asesor económico.

¿Qué más podemos hacer?, se pregunta el gobierno mexicano. Mucho, mucho más. Y los ejemplos están en Guatemala y en Nigeria.

Si de verdad el gobierno de Peña estuviera interesado en luchar contra la corrupción, haría un acuerdo con Naciones Unidas -como lo hizo Guatemala- para crear una comisión investigadora, internacional e independiente. En Guatemala el Presidente y la vicepresidenta fueron obligados a renunciar por acusaciones de corrupción. Peña Nieto nunca se atrevería a dejar que Naciones Unidas lo investigara. ¿Por qué? Porque esa investigación no la podría controlar.

El otro ejemplo viene de Nigeria, que estaba en el lugar 136 de la lista de Transparencia Internacional. Ahí el nuevo presidente, Muhammadu Buhari, ordenó una revisión de casi todos los contratos gubernamentales, creó una comisión anticorrupción y arrestó al ministro y al ex ministro de la empresa estatal de petróleo, según reportó The New York Times.

Nigeria, como México, es un país petrolero. Pero si México siguiera el ejemplo de Nigeria, pondría a revisión todos los contratos hechos por Pemex en los últimos tres años. Además, investigaría a fondo cualquier contrato por más de un millón de dólares o los otorgados sin concurso en cualquier Secretaría. (Nada más de pensarlo, muchos están mojando de sudor esta página del diario o se les está resbalando el celular).

Es decir, si México de verdad quisiera hacer algo contra la corrupción y la impunidad, podría perfectamente seguir los ejemplos de Nigeria y Guatemala. Pero, a propósito, el gobierno de Peña Nieto ha decidido no invitar a investigadores de Naciones Unidas ni poner a revisión todos los contratos gubernamentales cuestionables.

Así que, aunque duela, hay que decirlo. México es un país muy corrupto y lo seguirá siendo durante el gobierno de Peña Nieto. El Presidente no ha demostrado ninguna voluntad para cambiar prácticas muy viejas. Si lo hiciera, los más cercanos a él serían los más afectados.

Y mientras nada cambie, los mexicanos tienen todo el derecho de quejarse y de decir: “Ya chole con la corrupción”.

REPRUEBA MÉXICO EN ÍNDICE DE CORRUPCIÓN

Cd. de México (27 enero 2016).- La corrupción se mantiene como un problema sistémico en México y en Latinoamérica.

Según el último Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, el País mantuvo en 2015 su puntaje reprobatorio de 35 puntos, con lo que ocupa el puesto 95 de 168 países.

En 2014, México tuvo el mismo puntaje, y los dos años previos su calificación fue de 34 puntos.

La organización señala que el desafío ahora será abordar las causas sistémicas que permiten la corrupción y será posible si se emprenden profundas reformas institucionales.

El informe añade que aun cuando sean medidas oportunas, juzgar a políticos o empresarios actuales no impedirá que nuevas personas corruptas se enriquezcan a expensas de los ciudadanos.

Muchos de los países en las posiciones inferiores del índice cuentan con vastos recursos naturales, como México, sin embargo, la corrupción arraigada ha redundado en una acuciante falta de inversiones en seguridad, educación y salud.

“Mientras no se aborden estas falencias, la corrupción continuará siendo la norma y no habrá mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos”.

En el estudio, basado en la percepción de expertos del sector privado sobre la corrupción en el público, destaca este año el caso de Brasil, el país que más descendió en el índice mundial, con cinco puntos, tras salir a la luz el escándalo de Petrobras.

También bajó cuatro puntos Guatemala, con la caída del Presidente Otto Pérez Molina, y Chile, ejemplo tradicional de limpieza en la región, perdió dos puntos en un año en el que el hijo de la Mandataria Michelle Bachelet se vio envuelto en un caso de corrupción.

A pesar de ello, el director de las Américas de Transparencia Internacional, Alejandro Salas, señaló que 2015 debería ser considerado como un año muy interesante, ya que salieron a la luz grandes escándalos en distintos países y personas, que parecían intocables apenas doce meses antes, acabaron en la cárcel o ante la justicia.

Frente al estancamiento de los últimos años, subrayó, comienzan a verse movimientos y novedades, con millones de personas en las calles de Guatemala, Honduras o Brasil pidiendo que se ponga freno a la corrupción.

El índice global de 2015 mantiene a Dinamarca como el país más transparente de los 168 analizados, mientras que Somalia y Corea del Norte siguen como los estados con los sectores públicos más corruptos.

En la región latinoamericana, Uruguay sigue a la cabeza como el país más transparente y ocupa el puesto 21 de la tabla, con 74 puntos del máximo de 100, que denotaría la ausencia total de corrupción.

MÉXICO ES EL PAÍS “MÁS CORRUPTO” DE LA OCDE

SEGÚN DATOS DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, MÉXICO ES EL PAÍS MÁS CORRUPTO EN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS ACUERDOS COMERCIALES QUE HA FIRMADO A NIVEL INTERNACIONAL.

MIRIAM CASTILLO

26/01/2016 10:02 PM

Ciudad de México

México es el país más corrupto en prácticamente todos los acuerdos comerciales que ha firmado a nivel internacional. Según el índice de percepción de la corrupción en 2015 difundido por Transparencia Internacional, las cifras de evaluación de nuestro país no se han modificado respecto al año pasado y sigue ocupando los últimos lugares entre los países de las alianzas comerciales que tiene.

De los 100 puntos posibles que se podían obtener en las evaluaciones, México obtuvo sólo 35 puntos. La evaluación más alta la tuvo Dinamarca con 91 puntos, mientras que en las más bajas se ubican Corea del Norte y Somalia, que lograron sólo 8 puntos de los 100 posibles.

Los datos de Transparencia Internacional ubican a México en el lugar 34 de los 34 países que conforman la OCDE; 7 de los nueve países que conforman los BRICS; 17 de los 19 países que conforman el G20 (porque la unión europea no se evalúa como país) y el décimo país de los 11 que conforman el Acuerdo Transpacífico.

Transparencia Mexicana consideró que en comparación con el índice anterior no hubo cambios significativos en la posición que ocupa México, pues si bien en términos generales subió posiciones, se debe a que siete países quedaron fuera de la evaluación.

México tiene niveles de corrupción similares a los que tienen países como Filipinas, Armenia y Mali.

Países como Trinidad y Tobago, Jamaica, Panamá, Perú, Brasil y Colombia tienen  mejores evaluaciones que las de México debido a mejores controles, sistemas de castigo y monitoreo.

Según las mediciones hechas por la organización Transparencia Internacional, no hay un solo país en todo el mundo que esté 100 por ciento libre de corrupción.

De hecho, las cifras son alarmantes. Más de seis billones de personas viven en países con serios problemas de corrupción.

Dos de cada tres países tienen evaluaciones que denotan serios problemas de corrupción.

A excepción de los países de la unión europea, el resto del mundo tiene una evaluación que llega a menos de 50 puntos de los 100 posibles.

La región de Europa del Este, Asia Central y África Subsahariana tienen sólo 33 puntos en promedio.

En África, el 87 por ciento de los países tuvieron menos de 50 puntos de las evaluaciones. El más alto fue Botswana con 63 puntos, mientras que Somalia apenas sumó 8, quedando en último lugar por segundo año consecutivo.

En América, el país con mejor ranking fue Canadá al sumar 83 puntos de 100 posibles, los más bajos fueron Haití y Venezuela con sólo 17 puntos.

Resaltan los casos de Brasil que se enfocaron en lograr un avance en el abatimiento de la corrupción, aunque los sistemas de justicia no necesariamente resultaron satisfactorios.

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